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Ministros en campaña podrían ser llevados al TSE por la Junta Central Electoral.

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Presidente JCE

Julio César Castaños Guzman, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), advirtió hoy a los ministros que participan en la campaña del precandidato presidencial del PLD Gonzalo Castillo que ese organismo podría querellarse por ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) en caso de que se determine que utilizaron recursos del Estado.

La máxima autoridad del órgano electoral  dijo que la JCE no es tribunal ni la jurisdicción encargada para conocer esos asuntos sino el TSE, pero que sí podría interponer una querella si se determina que utilizaron recursos del Estado.

Por tal razón, les aconsejó tener prudencia en el uso de sus derechos públicos que tienen como ciudadanos, tras recordarle que “la figura de las licencias es una figura que está en la tradición de la democracia dominicana. “La ley 15-19 establece que el funcionario público que administra recursos, no debe prevalerse de su cargo y no debe utilizar los recursos del Estado”, manifestó Castaños Guzmán, entrevistado por los periodistas al término de un desayuno en la casa del expresidente Hipólito Mejía, a quien informó sobre el simulacro que hizo la JCE.

Manifestó que una de las particularidades que tiene la precampaña es que hay topes de gastos que son iguales para todos los precandidatos y que deben presentar un informe donde digan lo que han gastado y el origen de esos fondos.
Manifestó que a partir de ahí se inicia un proceso importante a cargo de la JCE, en donde si se determina que hubo la inversión de recursos ilícitos, se podría presentar un querellamiento ante el TSE.

Explicó que el uso de recursos del Estado en la campaña a favor de un candidato implicaría el uso de un ilícito, que podría terminar con un querellamiento.

Sostuvo que ese tipo de hecho es castigado por la Ley con el pago del duplo de la cantidad que se usó y con otras penas al margen de otras leyes.

“La Junta Central Electoral sí podría, si encuentra las evidencias y los hechos de que se han utilizado recursos del Estado, ser querellante, pero también cualquier parte interesada puede proceder al querellamiento”, declaró de manera textual el presidente de la JCE.

La Ley 41-08 castiga con la suspensión de 90 días en sus funciones, sin disfrute de sus salarios, a los funcionarios públicos que incursionen en actividades políticas.

El artículo 80, numeral 9 de la Ley 41-08, indica que a los servidores públicos les está prohibido participar en actividades oficiales en las que se traten temas sobre los cuales tengan intereses particulares económicos, patrimoniales o de índole política que en algún modo planteen conflictos de intereses.

Mientras que el numeral 13 del citado artículo indica que a los funcionarios públicos les está prohibido “servir a intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político, o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución”.

En tanto, el artículo 83, numeral 9, precisa que “son faltas de segundo grado cuya comisión da lugar a la suspensión de funciones por hasta noventa (90) días, sin disfrute de sueldo, realizar actividades partidistas”.

 

 

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Abinader tras violación de la Constitución se autocalifica como un presidente del centro y socialdemócrata.

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Santo Domingo, R.D.-Tras la promulgación de una ley que viola la Constitución para buscar eliminar las candidaturas independientes, el presidente Luis Abinader aseguró que se ha guiado —y que pretende seguir guiándose— por una visión de “centro” en su gestión, al tiempo que defendió un modelo que combina desarrollo económico, impulso a la inversión privada y políticas sociales orientadas a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida.

Abinader habló durante un conversatorio de Café Político con estudiantes de la PUCMM, donde fue consultado directamente sobre la “filosofía política” que ha orientado “estos primeros seis años de gobierno” y la que guiaría “los últimos dos años” restantes.

“Es tan difícil ahora catalogarse, o ponerse o colocarse en una línea política, y especialmente en el caso nuestro”, respondió el mandatario, antes de referirse a la manera en que distintos sectores han intentado encasillar a su administración. Según explicó, a su gobierno lo han descrito en distintas ocasiones como “de derecha”, “de centro”, “de izquierda”, e incluso bajo fórmulas intermedias. “A mí me han puesto a veces ‘Gobierno de centro izquierda’, a veces ‘Gobierno de centro’ y a veces ‘Gobierno de centro derecha’. Yo he visto las tres categorías”, afirmó.

Sin embargo, Abinader buscó cerrar el debate con una definición propia: “Nosotros somos un Gobierno de centro”.

Para explicar esa ubicación, el presidente apeló a una referencia internacional: la socialdemocracia europea, particularmente en los países nórdicos y Alemania. En ese marco, sostuvo que se trata de una corriente que “cree en el desarrollo económico”, “cree en la inversión privada” y también entiende que “hay que fortalecer la inversión privada”. A la vez, subrayó que ese crecimiento debe ir acompañado de “una mejoría y una base social” que garantice un camino “hacia la eliminación y la disminución de la pobreza” y hacia la “mejoría de la calidad de vida”.

“Exactamente eso es lo que nosotros hemos conseguido en estos seis años”, dijo, al reivindicar los resultados de su gobierno bajo esa lógica de equilibrio entre dinamismo económico y políticas sociales. No ofreció cifras ni detalles de programas en su respuesta, pero insistió en que la orientación general de la gestión ha sido consistente con ese enfoque.

El mandatario también enmarcó su planteo en un período que describió como particularmente adverso por el contexto internacional. Recordó que llegó al poder “en el medio de la crisis del COVID” y que, cuando el país comenzaba a salir de la pandemia, sobrevino la “crisis de Ucrania”. “Y ahora ya ustedes saben…”, añadió, en alusión a un escenario global que —según su relato— ha continuado sumando presiones.

En un giro coloquial, Abinader resumió la sensación de gobernar en medio de crisis encadenadas con una frase que provocó reacción en el auditorio: “A veces yo digo: ‘Dame, échame algo bendito… A ver si tenemos más suerte’”. Acto seguido, insistió en que esos desafíos han sido parte del terreno que su administración ha tenido que enfrentar.

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Presidente de la SCJ insiste en los supuestos avances en la justicia dominicana.

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Santo Domingo, R.D.-Como una forma de cuidarse en salud en  virtud de que se le vence su tiempo en el cargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial destacó los supuestos avances en la justicia dominicana en los últimos años, logros que, afirmó, son «frutos de una obra colectiva» de todos los sectores políticos y sociales.

Durante el acto de apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2026, Molina subrayó que estos progresos han sido reconocidos tanto por indicadores nacionales como por estudios internacionales, al tiempo que exhortó a preservar estas conquistas y evitar cualquier retroceso.

Entre los principales logros resaltó una mayor confianza, la eliminación de la mora en la Suprema Corte de Justicia, que incluye una transformación del recurso de casación, que —según explicó— dejó de ser un mecanismo que retrasaba derechos, reduciendo su tiempo de tramitación de 107 a 27 días.

«Así que ahora nadie puede decirme que un expediente se pierde o se queda en una gaveta»Henry MolinaPresidente de la SCJ y del Consejo del Poder Judicial

Sostuvo que el acceso digital permite a más de 33 mil abogados y ciudadanos acceder gratuitamente a sus casos sin traslados y sin intermediarios, asistir a audiencias virtuales, en los procesos civiles, y consultar sus expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.

«La confianza se gana, se construye con resultados, se sostiene con coherencia y se pierde cuando se detiene la transformación. ¿Y ustedes saben por qué? Porque lo que está en juego es el desempeño del sistema y con ello la confianza de la gente»Henry MolinaPresidente de la SCJ
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El presidente de la República, Luis Abinader, conversa con los de la Cámara de Diputados y del Senado, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos. 

En la actividad de inauguración de la conferencia participaron el presidente de la República, Luis Abinader, así como los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, junto a representantes del sector empresarial, la judicatura y diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas al ámbito jurídico.

Molina, quien cumplió el periodo de siete años como presidente de la SCJ y será sometido a evaluación próximamente por el Consejo Nacional de la Magistratura, expuso que el Poder Judicial ha procurado moverse al mismo ritmo que lo ha hecho el crecimiento económico en los últimos treinta años y que para lograrlo se crearon tres objetivos concretos.

En ese sentido, aseveró que la conferencia constituye el espacio rector del Plan de Justicia del Futuro 20-34 para revisar los avances y “corregir el rumbo cuando la circunstancia lo aconseja”, as í como renovar compromisos y voluntades.

La conferencia se desarrollará desde este jueves 9 de abril hasta el sábado 11.

El acto inaugural también contó con la participación del expresidente de la República Leonel Fernández; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; los legisladores Omar Fernández y Tobías Crespo, y la jueza Nancy Salcedo, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.

Asimismo, los expresidentes de la SCJ, Jorge Subero Isa y Mariano Germán.

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Infografía
El presidente de la República, Luis Abinader, y el de la Suprema Corte, Henry Molina, entregan un reconocimiento a la jueza Olga Herrera Carbuccia.

En la inauguración de la Conferencia de Justicia 2026, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el de la República, Henry Molina y Luis Abinader, entregaron un reconocimiento a la magistrada Olga Herrera Carbuccia por su papel en la creación y consolidación de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo.

“Constituyó un ejemplo de gestión judicial al convertir una idea en una institución organizada, eficiente y referente en materia penal, aún en contextos desafiantes”, se dijo al momento de hacérsele entrega a la placa con la que se le reconoció su labor.

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Aumento sueldos en Camara de Cuentas sería otra violación a la Constitución.

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Santo Domingo, R.D.-En medio de una serie de interrogantes tras la circulación de una resolución que plantea un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, abrió dudas sobre si el órgano se aprobó un incremento salarial en violacion de la Constitución de la República.

Sin embargo, una fuente de la institución negó la veracidad del documento que circula en medios de comunicación bajo el número de resolución ADM-2026-017, y dijo que la realidad es que hubo un aumento de salarios a los empleados que no excluye a los miembros del pleno de la institución.

A pesar de que en la página web de la Cámara de Cuentas están publicadas resoluciones con números posteriores, mas no la señalada.

El documento en cuestión corresponde a la resolución número ADM-2026-017, fechada el 13 de marzo de 2026. En su contenido se establece la modificación del «Manual unificado de políticas de compensación, derechos y beneficios del servidor público de la Cámara de Cuentas«.

El texto en debate indica un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno, bajo el argumento de reconocer «dedicación exclusiva y jornadas extraordinarias». También plantea que la medida tendría carácter retroactivo a febrero de 2026.

De aplicarse, el incremento impactaría directamente a los actuales integrantes del órgano. Según los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, la presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, mientras que el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.

De ser veraz la resolución, la disposición entra en conflicto con el artículo 140 de la Constitución, que regula los aumentos de remuneraciones en el sector público.

El texto establece: «Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados».

Al tratarse de un aumento aprobado por los propios miembros para su período vigente, la resolución podría ser objeto de cuestionamientos de constitucionalidad. La Constitución también establece que el incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a la ley.

De acuerdo con los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, los miembros del pleno reciben las siguientes remuneraciones:

La presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.

Con el nuevo esquema, las compensaciones podrían aumentar en más de 211,000 pesos mensuales en el caso de la presidencia y en alrededor de 189,000 pesos para los demás miembros, dependiendo de la aplicación del tope del 50 %.

La resolución también elimina el bono por antigüedad y suspende el bono vacacional. La medida se sustenta en que estos beneficios no estaban vinculados a criterios de desempeño o productividad institucional.

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