Santo Domingo, RD.- Luís Abinader y Leonel Fernández encabezan la mayor íntención de votos para las primarias del 6 de octubre del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Partido de la Liberación Dominicana con 87 y 70 por ciento, respectivamente.Nacionales
Favoritos para primarias Abinader y Leonel por PRM y PLD
Santo Domingo, RD.- Luís Abinader y Leonel Fernández encabezan la mayor íntención de votos para las primarias del 6 de octubre del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Partido de la Liberación Dominicana con 87 y 70 por ciento, respectivamente.Según un estudio realizado por las firmas encuestadoras BerlandTeram-SISGLO, presentada por su presidente, Mike Berland, en la que establece que Fernández tiene 70%, versus Gonzalo Castillo, quien alcanza 29%.
“Cuando se pregunta en este segmento, “¿quien cree usted que finalmente va a ganar las elecciones primarias en el PLD?”, la mayoría, el 70%, cree que será Leonel Fernández. Mientras que 27% asegura que será Gonzalo Castillo”, explicó.
En tanto que para las primarias del PRM, Luis Abinader resulta el candidato favorito con 87% de intención del voto frente a Hipólito Mejía, con un 9%. David Collado logró 3% y 1% se abstuvo de contestar.
“Cuando se pregunta en este segmento, ¿quién cree usted que finalmente va a ganar las elecciones primarias en el PRM?, la mayoría, 82%, cree que será Luis Abinader, mientras que 11% asegura que será Hipólito Mejía. El 7% restante se reparte entre los otros candidatos y los indecisos”, detalló.
En la encuesta BerlandTeam-SISGLO, que fue patrocinada por el empresario Wilson Manuel López, al presentar Leonel Fernández por el PLD frente a Luis Abinader por el PRM, encontró que el primero alcanza un 51% y el segundo un 37%.
Berland explicó además que Fernández es visto como el ganador de las próximas elecciones presidenciales de 2020 por el 43% de los encuestados; mientras que 26% piensa que será Luis Abinader; un 18% afirma que será Gonzalo Castillo, seguido por Hipólito Mejía, 4%, y David Collado 2 por ciento.
“Existe un alto rechazo al uso de los recursos del Estado para beneficio de campañas electorales, pues uno de cada siete votantes, el 72%, se opone al uso de los recursos del Estado para campaña políticas”, agregó.
Dentro de los partidos del sistema, el PLD es la organización que acumula el mayor nivel de favoritismo con 59%, seguido por el PRM con 42%; mientras que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) disminuyó a un 18% y el Partido Reformista registra (PRSC) tiene un 11% de favorabilidad.
Mike Berland informó que de acuerdo a la encuesta, seis de cada diez dominicanos, el 62% considera que el país va en la dirección equivocada; mientras que un 37% afirma que va en la dirección correcta y un 1% se abstuvo de contestar.
“Los encuestados mostraron insatisfacción con el rumbo actual de la situación económica del país en un 65%, en tanto que el 35% afirma que está satisfecho con dicha situación”, agregó.
Detalló que según los encuestados, los cuatro principales problemas que enfrenta el país son la corrupción que alcanzó el 42%; la alta tasa de desempleo en un 14% de los encuestados; la inseguridad de los ciudadanos o delincuencia en un 12% de la población, y los niveles de pobreza un 6%. Estos cuatro problemas agrupan el 74% de las menciones.
“Otros problemas mencionados fueron los bajos salarios, los altos precios, la falta de agua, insuficiencia de servicios, calles en mal estado, entre otros”, dijo.
Al referirse a los problemas que más afectan en sus vidas, dijo que las personas encuestadas señalaron la inseguridad ciudadana, pasando a ocupar el primer lugar con un 18%; en segundo lugar, el desempleo o falta de trabajo en un 16%; en tercer lugar el costo de la vida en 11% de la población, y en cuarto lugar la corrupción que alcanzó un 10%.
La favorabilidad de la figura del presidente Danilo Medina se mantiene alta, pues el 54% tiene una opinión “muy favorable” hacia Medina; pero el 45% tiene una opinión contraria.
De igual manera, la evaluación de la gestión de gobierno es positiva, ya que el 57% aprueba la gestión de Medina, pero el 41% no lo aprueba y un 2% se abstuvo de contestar.
“Es interesante señalar que cuando se le pregunta que tan favorable o desfavorable es su posición frente a diferentes figuras políticas, en mayor proporción expresan favorabilidad hacia Margarita Cedeño y Danilo Medina en semejante medida (54%). El 51% expresa favorabilidad hacia el expresidente Fernández y el 48% se siente favorable hacia Abinader”, dijo.
Mike Berland, presidente de la firma encuestadora BerlandTeam, explicó que SISGLO condujo un estudio cuantitativo de viviendas, cara a cara, entrevistando a 1,240 dominicanos habilitados para votar.
95%
El experto destacó que la encuesta fue conducida a nivel nacional los días del 7 al 9 del presente mes, con un margen de error de 2.97 y un nivel de confianza del 95%.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.