Luis Henry Molina
Santo Domingo, RD. -Los abogados de la defensa de los seis implicados en el caso Odebtecht buscan inhabilitar al presidente de la Suprema Corte Justicia, Luis Henry Molina, del conocimiento del juicio de fondo, bajo el alegato de que fue jefe de campaña del senador Tommy Galán.
La defensa del legislador solicitó a Henry Molina inhibirse del conocimiento del proceso alegando que hay sectores que tienen una campaña para que este sea inhabilitado para conocer el caso, alegando que el juez y el senador hacen política juntos. A ese pedimento, se sumó la defensa de varios de los imputados.
Ante la negativa del presidente de la Suprema de inhibirse del proceso, alegando que ninguna de las causales de inhibición podría señalarse como elemento que lo vincule como juzgador, a título personal, con ninguno de los imputados, la defensa de Víctor Díaz Rúa, procedió a recusarlo, conjuntamente con otros tres jueces de la Segunda Sala Penal de ese órgano.
Ante ese pedimento, el Pleno de la Suprema Corte recesó para hoy miércoles a las 3:00 de la tarde la audiencia donde se decidirá sobre la recusación que hiciera la defensa de Díaz Rúa a Henry Molina y los jueces Frank Soto, Francisco Jerez Mena y Vanesa Acosta.
En la audiencia también fue recusado el juez Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, ya que en la fase inicial del proceso judicial, presentó calidades a nombre del diputado Alfredo Pacheco, quien fue excluido del proceso por la Procuraduría General de la República, al disponer el archivo del expediente.
Con relación a Frank Soto, se alega que el magistrado conoció en tres ocasiones de los hechos del caso y en el caso de Jerez Mena, presidente de la Segunda Sala Penal y de Vanesa Acosta, miembro, se señala que estos participaron en una apelación y oposición.
Los abogados de la defensa alegan que para fallar la recusación tienen que subir dos jueces de la Corte de Apelación, ya que con el rechazo a cinco magistrados está incompleto y tienen que ser 12 los que deben integrar el tribunal.
Los doctores Miguel Valerio y Ramón Núñez señalaron que el juicio que se sigue a los implicados en el caso Odebrecht no será justo y lo plantearán cada vez que sea necesario.
Se desvincula
De su lado, el presidente de la Suprema, al rechazar la inhibición, consideró que tiene la certeza de no encontrarse en ninguna de las condiciones requeridas para que sea acogida la solicitud de inhibirme, de alguna de las partes.
Señaló, además, que la inhibición es un deber personal de abstención voluntaria que tiene el juzgador frente a los casos en que se verifique alguna de las causales previstas en el artículo 78 del Código Procesal Penal.
Manifestó que no existe, ni ha existido ni existirá elemento alguno que, en buen Derecho, y en cumplimiento de la Constitución y las leyes, pueda señalarse como causa que vulnere la imparcialidad o independencia que le comprometen con la función judicial.
“Tengo la certeza de no estar afectado por ninguno de los motivos o causales de inhibición, por lo tanto, mi decisión es no apartarme del conocimiento de este proceso”, indicó el también presidente del Consejo del Poder Judicial.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-El nuevo juicio contra el pelotero dominicano Wander Franco por abuso sexual en perjuicio de una adolescente comenzará este viernes 20 de febrero en el distrito judicial de Puerto Plata, luego de que un tribunal de alzada anulara la sentencia de primera instancia que lo había condenado a dos años de prisión suspendida.
La decisión fue adoptada por la Corte de Apelación de la Cámara Penal del distrito judicial de Puerto Plata, que ordenó la celebración de un nuevo proceso tras acoger los recursos interpuestos por las partes contra la sentencia emitida el 27 de junio de 2025 por el Tribunal Colegiado de esa jurisdicción.
El tribunal de alzada, integrado por los jueces Onasis Pelegrín, Xiomara Tineo y Juan Suardi, dispuso reiniciar el conocimiento del caso desde la etapa de juicio, para que nuevos magistrados valoren las pruebas y apliquen el derecho correspondiente.
En el nuevo proceso también participará Martha Vanessa Chavalier, madre de la víctima, cuya condena de 10 años de prisión fue igualmente anulada. En la sentencia original había sido declarada culpable de explotación sexual comercial y lavado de activos.
En primera instancia, Franco fue condenado por violar el artículo 396, literales b y c, del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, contenido en la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes.
Tras la sentencia inicial, el Ministerio Público apeló al considerar insuficiente la pena impuesta a Franco, mientras que tanto el pelotero como Chavalier recurrieron el fallo por no estar conformes con la decisión. Como resultado, la Corte de Apelación dispuso la celebración de un nuevo juicio.
La audiencia está programada para comenzar a partir de las 9:00 de la mañana, conforme al calendario establecido por el tribunal.
Santo Domingo. – Los abogados del exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Solano Augusto, rechazaron las afirmaciones del Ministerio Público, que mediante una nota de prensa atribuyó a la defensa la presentación de incidentes con fines dilatorios en el proceso judicial que también involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez.
Los juristas Manuel Sierra e Ybo René Sánchez Díaz aclararon que, durante la audiencia celebrada el pasado 18 de febrero, la jueza del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, no emitió reproches contra los abogados defensores, sino que exhortó a las partes a sintetizar sus exposiciones con el propósito de agilizar el conocimiento del caso, dada su complejidad y volumen.
“El Ministerio Público miente al denunciar supuestas tácticas dilatorias. Se trata de la exposición de medios de defensa que el propio tribunal autorizó mediante la resolución 00034/25 a favor de los acusados”, expresaron los togados.
La defensa recordó que la investigación fue iniciada el 20 de agosto de 2020 y que el caso ha atravesado diversas etapas judiciales desde entonces. Señalaron que la extensión del expediente, que supera las 12 mil páginas, ha incidido en la duración del juicio.
El Ministerio Público, por su parte, ha señalado en comunicaciones públicas que algunos incidentes presentados por las defensas han contribuido a retrasos en el desarrollo del proceso.
Asimismo, insistieron en que no se produjeron los alegados reproches por parte del tribunal y que la magistrada únicamente solicitó mayor síntesis en las exposiciones para facilitar el avance del juicio.
“Por tanto, no es cierto los alegados reproches para que los abogados organicen sus incidentes, y muchos los supuestos retrasos o dilaciones a cargo de los abogados. Se trata de una información distribuida mediante nota de parte del MP, de forma malintencionada con el fin de esconder sus fracasos en el caso Jean Alain Rodríguez”, expresaron Sierra y Sánchez.
Los juristas recordaron que, durante la audiencia preliminar celebrada en enero de 2023 ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el tribunal rechazó planteamientos similares sobre supuestas tácticas dilatorias atribuidas a la defensa.
El proceso continúa su curso ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se conocen las acusaciones del Ministerio Público y los argumentos de las defensas. Hasta el momento, no se ha emitido una decisión definitiva sobre el fondo del caso.
Santo Domingo, R-D–La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, calificó como prematuras las afirmaciones de la defensa de Gonzalo Castillo sobre una supuesta falta de pruebas y aseguró que el órgano persecutor «desmontará cada una de las falsedades» presentadas en el tribunal.
Puntualizó que el Ministerio Público aún no ha producido su réplica contra Castillo, proceso que tendrá lugar el próximo miércoles 25, ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas acusado de participar en entramado de corrupción durante su mandato. .Instagram
La magistrada señaló que, durante la jornada de este miércoles, el Ministerio Público presentó evidencias que detallan el entramado de corrupción que presuntamente operaba desde el Ministerio de Hacienda durante la gestión de Donald Guerrero.
Según Ortiz, el grupo de funcionarios bajo investigación utilizó una estructura, en parte dirigida por Ángel Lockward, para ejecutar pagos millonarios de forma irregular, los cuales superaban el 65 % de lo que supuestamente se adeudaba a los presuntos acreedores.
Para la Pepca, es evidente que el único objetivo de esta estructura era obtener dinero público de manera fácil y rápida a través de maniobras fraudulentas que, a juicio de Ortiz, han quedado plenamente demostradas con las evidencias presentadas ante el tribunal.
El proceso se reanudará el miércoles 25, fecha en la que el Ministerio Público presentará su réplica contra los alegatos de la defensa de Gonzalo Castillo.
