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Izquierdo niega contrato del Fonper estableza RD$500 MM para abogados
SANTO DOMINGO. El exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), José Augusto Izquierdo, negó que los contratos suscritos durante su gestión (que culminó hace varios días) con una firma de abogados, apoderada de dos querellas contra las generadoras de electricidad, Haina (EGE-Haina) e ITABO (EGE-ITABO), estableciera un monto de RD$500 millones y aseguró que estos fueron conocidos por el Consejo.
«Nosotros no contratamos con monto de dinero, el contrato no establece monto de dinero. Yo no sé de dónde sacaron esa información, pero el contrato no establece monto. El contrato lo que establece es que de los recursos que recuperare el Fonper, en un porcentaje que está establecido en una tabla, se le daría, pero nosotros no establecimos monto», dijo.
En su edición de hoy, DL publicó que el alegado pago de más de RD$500 millones lo recibiría la firma jurídica Edward Veras-Vargas & Co., de acuerdo con la escala progresiva acumulativa porcentual establecida en estos contratos de cuota-litis y en correspondencia con el monto por el cual el Fonper se había querellado en contra de las dos generadoras.
«El abogado lo contratamos en febrero, no fue ahora en transición, el Consejo lo conoció en cuatro oportunidades. El Consejo me dio luz verde para tomar las decisiones de lugar a fin de hacer las reclamaciones de momento; las actas están ahí, yo tengo las actas en mi poder. Es posible que alguna gente, yo sé, internamente, han estado buscando la forma de encontrar la debilidad de este, pero lo importante es que nosotros lo tratamos en el Consejo, lo tratamos en instancias del gobierno que en su momento saldrán», afirmó Izquierdo.
Según la información que tiene DL, los contratos, asentados en el Registro Civil y Conservaduría de Hipoteca de la Capital, establecen que en caso de revocación por decisión unilateral de Fonper, el abogado apoderado deberá ser indemnizado con el 10% de los valores en que supuestamente ha sido perjudicada la institución estatal, es decir, RD$350 millones, y un 15% del monto reclamado a EGE-Haina, o sea, RD$211 millones.
«Si tu tienes una oficina de abogados que va a meterse en una cosa tan seria como esta, ¿se va a involucrar sin que el Fonper le ponga un peso y ellos van a generar esto? Es obvio que esto no es a lo loco, porque si mañana el Fonper desistiera de eso, lo que está establecido en el contrato es que se le daría un porcentaje de lo que estamos reclamando», explica Izquierdo.
El exfuncionario aclaró que el sometimiento a la justicia se hizo en el periodo de transición gubernamental por prudencia política por la campaña presidencial para las elecciones de mayo pasado.
«Creo que hay una respuesta de sectores interesados que están respondiendo en ese sentido para desviar la atención, de que el tema no se trata de un fraude. Lo que quieren es desvirtuar el tema y poner monto para sugerir cosas. En ese sentido, a mi no me preocupa, el problema para mí no es la firma de abogados, ni creo que para el país, sino un fraude de más de 10 mil millones de pesos contra el Estado que yo pienso que nosotros debíamos actuar en consecuencia para reclamar esos recursos», dijo.
Nuevo director se pone al tanto
El nuevo director del Fonper, Fernando Rosa, dijo hoy a DL que se está reuniendo con los departamentos correspondientes de la institución para documentarse del proceso de demanda en contra de las generadoras, así como el contrato con los abogados.
Aseguró que en su momento dará a conocer a la opinión pública el curso que se seguirá con el caso.
La Fiscalía del Distrito Nacional investiga la acusación que le hace el Fonper a EGE-Haina y EGE-ITABo, a las que sometió a la justicia por presunta estafa, fraude, dolo y desfalco al Estado dominicano.
En el caso de EGE ITABO, la suma reclamada asciende a RD$3,500 millones y en cuanto a EGE-Haina, totaliza RD$1,413 millones.
Diario Libre
Santo Domingo, R.D.-La figura de la candidatura independiente se posiciona en el centro de atención de las organizaciones políticas y otros sectores sociales a partir de la sentencia emitida recientemente por el Tribunal Constitucional (TC), que declaró inconstitucional los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral.
De manera específica, el pleno del TC hizo, además, un análisis de las reformas desarrolladas a este marco legal en los últimos 98 años, con la cual determinó que en “el único momento que, conceptualmente” las candidaturas independientes estuvieron alejadas de los partidos políticos fue hasta el año 1962. Desde este período, hasta este 2024, esta legislación ha resultado “extremadamente difícil y contraria” a la esencia misma de las candidaturas independientes.
Sin embargo, desde la publicación del dictamen el pasado 13 de diciembre, sobre este método de postulación a los puestos de los tres niveles de elección, parte de los representantes políticos aseguran que el sistema de partidos podría ser afectado con esta decisión en el futuro.
El veredicto del pleno de la Alta Corte ante la instancia depositada por Alberto Fiallo Billini fue declarar no conforme con la Constitución lo establecido en los artículos 167 y 157, situados en el capítulo titulado “De las candidaturas independientes”.
Este documento, que fue enviado a la Cámara de Diputados y al Senado, declaró la interpretación del pleno sobre la forma en la cual debe ser redactado en el texto de esos artículos.
Modificación legislativa
Estos artículos en la ley del Régimen Electoral vigente consideran como hábiles las candidaturas independientes que “surjan” a través de agrupaciones políticas. Asimismo, contiene en los requisitos la necesidad de conformar una organización de “cuadros directivos”, para que pueda ser sustentada la propuesta electoral independiente.
Pero, ¿Cuál es el origen de esta figura en la ley?
De acuerdo con la evaluación del pleno de la Alta Corte, la figura de las candidaturas independientes fue introducida en la legislación dominicana mediante el artículo 77 de la Ley 386,de 1926, en el que se establecía la existencia de dos tipos de candidatos: Los de partidos e independientes, los cuales podían presentarse para todas las posiciones electivas habilitadas. En esa ocasión, los requisitos para su postulación eran presentar una instancia motivada al órgano electoral que correspondiera, según la posición perseguida. Mientras que para la postulación de cargos de alcance nacional, el ciudadano debía ser respaldado por al menos 2,000 sufragantes.
Legislaciones.
En 1962 el Poder Legislativo efectuó una reforma, introduciendo la ley 5884, en la que se apertura un apartado especial para consignar este mecanismo. Con esta reforma a la ley electoral fue cambiado de manera “sustancial” este apartado, ya que “las candidaturas independientes debían ser propuestas por agrupaciones políticas accidentales” y conformar una estructura de cuadros directivos con el mismo esquema de los partidos políticos. Luego, en 1997, adiciona un mandato para que quienes opten por utilizar este derecho político fundamental presenten una agrupación política avalada por un porcentaje mínimo de inscritos en el registro electoral. Por último, fueron promulgadas las leyes 15-19 y 20-23, que mantienen una redacción idéntica en estos artículos.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), solicitó este martes a la Junta Central Electoral (JCE) convocar a los partidos políticos reconocidos para discutir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que autoriza a los dominicanos con aspiraciones a inscribir sus candidaturas sin necesitar el sustento de las organizaciones políticas.
Durante una entrevista en el programa matutino «El Sol de la Mañana», el también ministro de la Presidencia, considera que le corresponde al órgano electoral discutir con los partidos los métodos y fórmulas que deben implementarse en respuesta al dictamen del TC.
Paliza consideró que las entidades políticas deben reunirse en enero de 2025 para revisar y dialogar «detenidamente» el contenido de la medida ordenada por la Alta Corte.
Además de dirigentes políticos como Leonel Fernández, Sigmund Freud, Edy Olivares también ha fijado posición la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), entidad que mediante un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños, expresa su “preocupación”.
El jurista aseguró que la sentencia podría desvirtuar los esfuerzos realizados para fortalecer la democracia interna de los partidos políticos.
Por Jhonny Trinidad
SANTO DOMINGO.- La Corporación Latinobarómetro con sede en Santiago de Chile ubicó a la República Dominicana entre los países mejores posicionados de Latinoamérica.
Sobresalió como una de las naciones con mayor bienestar en su población.
84 % de 19,214 dominicanos entrevistos entre el 23 de agosto y el 9 de septiembre manifestó satisfacción con su estilo de vida, lo que coloca a su país entre las naciones más optimistas de la región, junto a México y Brasil, que registran entre 82 % y 84 %, respectivamente.
Solo Costa Rica, Uruguay, Guatemala y El Salvador superan esos niveles, alcanzando entre 89 % y 85 %.
Argentina obtuvo un 79 %, Chile, Perú, Honduras, Venezuela y Ecuador, consiguieron índices de entre 71 % y 77 %. Bolivia ocupa el último lugar con solo un 55 % de satisfacción.
72 % de la población de El Salvador percibe que su país está avanzando, al igual que el 50 % de los dominicanos, mexicanos, uruguayos y panameños.
Las cifras más bajas en esta categoría son atribuidas a Bolivia (5 %), Perú (11 %), Honduras (12 %) y Ecuador (13 %).
Según el informe, el 71 % de los dominicanos considera que su familia ha mejorado en los últimos 10 años, ubicando a República Dominicana entre los líderes regionales en este indicador, junto a Costa Rica (73 %).
El 68 % de los dominicanos también aprueba el desempeño de su gobierno, igual que el 87 % de los slavadoreños, 80 % de los panameños y el 75 % de los mexicanos.
Los presidentes más populares, según el estudio, son los de El Salvador (74 %), México (67%), Panamá (62%) y República Dominicana (60%).