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Izquierdo niega contrato del Fonper estableza RD$500 MM para abogados
SANTO DOMINGO. El exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), José Augusto Izquierdo, negó que los contratos suscritos durante su gestión (que culminó hace varios días) con una firma de abogados, apoderada de dos querellas contra las generadoras de electricidad, Haina (EGE-Haina) e ITABO (EGE-ITABO), estableciera un monto de RD$500 millones y aseguró que estos fueron conocidos por el Consejo.
«Nosotros no contratamos con monto de dinero, el contrato no establece monto de dinero. Yo no sé de dónde sacaron esa información, pero el contrato no establece monto. El contrato lo que establece es que de los recursos que recuperare el Fonper, en un porcentaje que está establecido en una tabla, se le daría, pero nosotros no establecimos monto», dijo.
En su edición de hoy, DL publicó que el alegado pago de más de RD$500 millones lo recibiría la firma jurídica Edward Veras-Vargas & Co., de acuerdo con la escala progresiva acumulativa porcentual establecida en estos contratos de cuota-litis y en correspondencia con el monto por el cual el Fonper se había querellado en contra de las dos generadoras.
«El abogado lo contratamos en febrero, no fue ahora en transición, el Consejo lo conoció en cuatro oportunidades. El Consejo me dio luz verde para tomar las decisiones de lugar a fin de hacer las reclamaciones de momento; las actas están ahí, yo tengo las actas en mi poder. Es posible que alguna gente, yo sé, internamente, han estado buscando la forma de encontrar la debilidad de este, pero lo importante es que nosotros lo tratamos en el Consejo, lo tratamos en instancias del gobierno que en su momento saldrán», afirmó Izquierdo.
Según la información que tiene DL, los contratos, asentados en el Registro Civil y Conservaduría de Hipoteca de la Capital, establecen que en caso de revocación por decisión unilateral de Fonper, el abogado apoderado deberá ser indemnizado con el 10% de los valores en que supuestamente ha sido perjudicada la institución estatal, es decir, RD$350 millones, y un 15% del monto reclamado a EGE-Haina, o sea, RD$211 millones.
«Si tu tienes una oficina de abogados que va a meterse en una cosa tan seria como esta, ¿se va a involucrar sin que el Fonper le ponga un peso y ellos van a generar esto? Es obvio que esto no es a lo loco, porque si mañana el Fonper desistiera de eso, lo que está establecido en el contrato es que se le daría un porcentaje de lo que estamos reclamando», explica Izquierdo.
El exfuncionario aclaró que el sometimiento a la justicia se hizo en el periodo de transición gubernamental por prudencia política por la campaña presidencial para las elecciones de mayo pasado.
«Creo que hay una respuesta de sectores interesados que están respondiendo en ese sentido para desviar la atención, de que el tema no se trata de un fraude. Lo que quieren es desvirtuar el tema y poner monto para sugerir cosas. En ese sentido, a mi no me preocupa, el problema para mí no es la firma de abogados, ni creo que para el país, sino un fraude de más de 10 mil millones de pesos contra el Estado que yo pienso que nosotros debíamos actuar en consecuencia para reclamar esos recursos», dijo.
Nuevo director se pone al tanto
El nuevo director del Fonper, Fernando Rosa, dijo hoy a DL que se está reuniendo con los departamentos correspondientes de la institución para documentarse del proceso de demanda en contra de las generadoras, así como el contrato con los abogados.
Aseguró que en su momento dará a conocer a la opinión pública el curso que se seguirá con el caso.
La Fiscalía del Distrito Nacional investiga la acusación que le hace el Fonper a EGE-Haina y EGE-ITABo, a las que sometió a la justicia por presunta estafa, fraude, dolo y desfalco al Estado dominicano.
En el caso de EGE ITABO, la suma reclamada asciende a RD$3,500 millones y en cuanto a EGE-Haina, totaliza RD$1,413 millones.
Diario Libre
Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.