Nacionales
Izquierdo niega contrato del Fonper estableza RD$500 MM para abogados
SANTO DOMINGO. El exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), José Augusto Izquierdo, negó que los contratos suscritos durante su gestión (que culminó hace varios días) con una firma de abogados, apoderada de dos querellas contra las generadoras de electricidad, Haina (EGE-Haina) e ITABO (EGE-ITABO), estableciera un monto de RD$500 millones y aseguró que estos fueron conocidos por el Consejo.
«Nosotros no contratamos con monto de dinero, el contrato no establece monto de dinero. Yo no sé de dónde sacaron esa información, pero el contrato no establece monto. El contrato lo que establece es que de los recursos que recuperare el Fonper, en un porcentaje que está establecido en una tabla, se le daría, pero nosotros no establecimos monto», dijo.
En su edición de hoy, DL publicó que el alegado pago de más de RD$500 millones lo recibiría la firma jurídica Edward Veras-Vargas & Co., de acuerdo con la escala progresiva acumulativa porcentual establecida en estos contratos de cuota-litis y en correspondencia con el monto por el cual el Fonper se había querellado en contra de las dos generadoras.
«El abogado lo contratamos en febrero, no fue ahora en transición, el Consejo lo conoció en cuatro oportunidades. El Consejo me dio luz verde para tomar las decisiones de lugar a fin de hacer las reclamaciones de momento; las actas están ahí, yo tengo las actas en mi poder. Es posible que alguna gente, yo sé, internamente, han estado buscando la forma de encontrar la debilidad de este, pero lo importante es que nosotros lo tratamos en el Consejo, lo tratamos en instancias del gobierno que en su momento saldrán», afirmó Izquierdo.
Según la información que tiene DL, los contratos, asentados en el Registro Civil y Conservaduría de Hipoteca de la Capital, establecen que en caso de revocación por decisión unilateral de Fonper, el abogado apoderado deberá ser indemnizado con el 10% de los valores en que supuestamente ha sido perjudicada la institución estatal, es decir, RD$350 millones, y un 15% del monto reclamado a EGE-Haina, o sea, RD$211 millones.
«Si tu tienes una oficina de abogados que va a meterse en una cosa tan seria como esta, ¿se va a involucrar sin que el Fonper le ponga un peso y ellos van a generar esto? Es obvio que esto no es a lo loco, porque si mañana el Fonper desistiera de eso, lo que está establecido en el contrato es que se le daría un porcentaje de lo que estamos reclamando», explica Izquierdo.
El exfuncionario aclaró que el sometimiento a la justicia se hizo en el periodo de transición gubernamental por prudencia política por la campaña presidencial para las elecciones de mayo pasado.
«Creo que hay una respuesta de sectores interesados que están respondiendo en ese sentido para desviar la atención, de que el tema no se trata de un fraude. Lo que quieren es desvirtuar el tema y poner monto para sugerir cosas. En ese sentido, a mi no me preocupa, el problema para mí no es la firma de abogados, ni creo que para el país, sino un fraude de más de 10 mil millones de pesos contra el Estado que yo pienso que nosotros debíamos actuar en consecuencia para reclamar esos recursos», dijo.
Nuevo director se pone al tanto
El nuevo director del Fonper, Fernando Rosa, dijo hoy a DL que se está reuniendo con los departamentos correspondientes de la institución para documentarse del proceso de demanda en contra de las generadoras, así como el contrato con los abogados.
Aseguró que en su momento dará a conocer a la opinión pública el curso que se seguirá con el caso.
La Fiscalía del Distrito Nacional investiga la acusación que le hace el Fonper a EGE-Haina y EGE-ITABo, a las que sometió a la justicia por presunta estafa, fraude, dolo y desfalco al Estado dominicano.
En el caso de EGE ITABO, la suma reclamada asciende a RD$3,500 millones y en cuanto a EGE-Haina, totaliza RD$1,413 millones.
Diario Libre
Nacionales
Gobierno de EEUU crea nuevas regulaciones para visas de estudiantes y de medios de comunicacion.
Reporte de ICE
Santo Domingo, R.D.-El Departamento de Seguridad Nacional a propósito del caso de Johan Efrain Sandoval Rodríguez, de 22 años, publicó este viernes una norma que elimina la «duración del estatus» de estudiantes extranjeros, visitantes de intercambio y representantes de los medios de comunicación, cuya decision afecta a profesionales del periodismo de todo el mundo.
Se recuerda que el joven dominicano fue detenido por el ICE en una “operación de control selectiva” tras presentar supuestos problemas con su visa de estudiante.
De acuerdo a la publicación, la nueva normativa establece un período fijo de admisión para los titulares de visas de no inmigrante de las categorías F, J e I.
Algunos de los cambios son los siguientes:
Cupos de admisión fijos: Los estudiantes no inmigrantes con visa F y los visitantes de intercambio con visa J serán admitidos por la duración de su programa específico, sin exceder un período máximo de cuatro años.
Prórrogas federales obligatorias: Los titulares de visa que necesiten tiempo adicional para completar un programa académico deben solicitar formalmente una prórroga de estadía directamente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
Esto implica que la supervisión pase del personal universitario a las autoridades federales y somete a los solicitantes a controles biométricos, verificación de antecedentes y detección de fraude.
Reducción del período de gracia para la salida: El tiempo permitido para que los estudiantes con visa F-1 se preparen para la salida, el traslado a otra institución educativa o el cambio de estatus después de la graduación se reduce de 60 días a 30 días.
Restricciones a los cambios de programa: La norma introduce limitaciones estrictas a los cambios académicos.
Los actuales titulares de visas de no inmigrante que residen en los EE. UU. bajo el marco anterior de «duración del estatus» pasarán automáticamente al nuevo sistema, y su estadía autorizada se limitará a cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigor de esta norma.
Agencia EFE
Redacción América.-Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de México, Claudia Sheinbaum, encabezan por segundo mes consecutivo la lista de mandatarios latinoamericanos mejor valorados por la ciudadanía, aunque ambos registran una caída en sus niveles de aceptación frente a junio, según un sondeo de CB Global Data, en el que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cae al último lugar.
Bukele lidera la tabla con un 67,4 % de favorabilidad y un 28,3 % de imagen negativa. Aunque conserva el primer lugar, su respaldo cayó 1,7 puntos porcentuales respecto a junio, cuando alcanzó el 69,1 %. El mandatario salvadoreño mantiene desde marzo de 2022 un régimen de excepción como eje de su política de seguridad contra las pandillas.
Sheinbaum, la primera mujer en gobernar México, ocupa el segundo lugar con una imagen positiva del 65,1 % y un 30,2 % de rechazo, 0,4 puntos porcentuales menos que el 65,5 % obtenido en junio. Durante el período evaluado, México fue anfitrión, junto con EE.UU. y Canadá, del Mundial de Fútbol de 2026.
Completa el podio Laura Fernández, quien asumió recientemente la Presidencia de Costa Rica, con un 55,5 % de favorabilidad frente a un 38,2 % de imagen negativa, 0,6 puntos porcentuales por debajo del 56,1 % registrado el mes anterior.
Además, fue la mandataria que más cayó en la medición de julio, al perder 6,8 puntos porcentuales respecto al 29,5 % de junio. Venezuela sufrió dos devastadores terremotos el 24 de junio que han dejado cerca de 5.000 muertos y miles de heridos, además de una compleja emergencia humanitaria y de reconstrucción.
En el penúltimo lugar está el mandatario interino de Perú, José María Balcázar, con un 23 % de aceptación y un 68,5 % de rechazo. No obstante, fue el presidente que más mejoró en la medición mensual, al ganar 4,8 puntos porcentuales respecto al 18,2 % de junio. Balcázar entregará el poder el próximo 28 de julio a la derechista Keiko Fujimori, vencedora de las elecciones presidenciales.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, completa el grupo de mandatarios peor valorados, con un 30,8 % de apoyo y un 63,4 % de imagen negativa, 2,3 puntos porcentuales menos que en junio, cuando registró un 33,1 % de favorabilidad.
En cuarto lugar figura el presidente de Paraguay, Santiago Peña, con un 51,2 % de imagen positiva y un 45,7 % de rechazo, tras mejorar respecto al 48,3 % de junio. Le sigue el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con un 50,6 % de favorabilidad y un 47,1 % de imagen negativa, por encima del 47,6 % registrado el mes anterior.
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia desde noviembre pasado, ocupa el sexto lugar con un 49,1 % de imagen positiva y un 47,7 % de rechazo, también por encima del 46,4 % que obtuvo en junio.
En la mitad de la tabla aparecen el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con un 48,7 % de favorabilidad y un 48,1 % de imagen negativa; el hondureño Nasry Asfura, con un 45,3 % de respaldo y un 50,3 % de rechazo; y el chileno José Antonio Kast, con un 44,6 % de aceptación frente a un 52,8 % de imagen negativa.
Les siguen el ecuatoriano Daniel Noboa, con un 41 % de apoyo y un 55,9 % de rechazo, y el copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien comparte el cargo con su esposa, Rosario Murillo, con un 40,2 % de favorabilidad y un 58,6 % de imagen negativa.
También integran la parte baja del sondeo el uruguayo Yamandú Orsi, con un 37,4 % de apoyo y un 57,5 % de imagen negativa; el argentino Javier Milei, con un 36,8 % de favorabilidad y un 61,3 % de rechazo; y el panameño José Raúl Mulino, con un 34,2 % de aceptación frente a un 61,2 % de imagen negativa.
El sondeo de CB Global Data fue realizado entre el 3 y el 8 de julio de 2026 a ciudadanos de 18 países de Latinoamérica, con muestras de entre 4.625 y 6.271 casos por país, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de entre ±1,2 % y ±1,4 %.
Santo Domingo, R.D.-El Séptimo Juzgado de Instruccion del Distrito Nacional, presidido por el juez Deiby Timoteo Peguero, fue apoderado para el conocimiento del juicio preliminar en contra de 14 personas físicas y jurídicas señaladas de integrar una red criminal que distribuyó sobornos por más de RD$108 millones para agenciarse contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
El apoderamiento fue realizado por la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, mediante sorteo aleatorio computarizado, en cumplimiento con el procedimiento establecido para la asignación de expedientes.
Con el caso ya en manos del magistrado, ahora corresponde que el juez Timoteo Peguero fije la fecha para la celebración de la audiencia preliminar, en la cual el Ministerio Público solicitará que se dicte auto de apertura a juicio en contra de los acusados.
También fueron acusadas las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez, así como Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, vinculadas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
De acuerdo con la acusación, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, exigidos y recibidos por encargados de seguridad institucional a cambio de mantener vigentes las contrataciones, agilizar trámites administrativos y permitir la ejecución de los contratos sin fiscalización efectiva.
Los acusados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, delitos que fueron identificados durante la Operación Lobo, puesta en marcha en julio de 2025, cuando el Ministerio Público arrestó a militares y civiles señalados de integrar la estructura delictiva.