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Izquierdo niega contrato del Fonper estableza RD$500 MM para abogados
SANTO DOMINGO. El exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), José Augusto Izquierdo, negó que los contratos suscritos durante su gestión (que culminó hace varios días) con una firma de abogados, apoderada de dos querellas contra las generadoras de electricidad, Haina (EGE-Haina) e ITABO (EGE-ITABO), estableciera un monto de RD$500 millones y aseguró que estos fueron conocidos por el Consejo.
«Nosotros no contratamos con monto de dinero, el contrato no establece monto de dinero. Yo no sé de dónde sacaron esa información, pero el contrato no establece monto. El contrato lo que establece es que de los recursos que recuperare el Fonper, en un porcentaje que está establecido en una tabla, se le daría, pero nosotros no establecimos monto», dijo.
En su edición de hoy, DL publicó que el alegado pago de más de RD$500 millones lo recibiría la firma jurídica Edward Veras-Vargas & Co., de acuerdo con la escala progresiva acumulativa porcentual establecida en estos contratos de cuota-litis y en correspondencia con el monto por el cual el Fonper se había querellado en contra de las dos generadoras.
«El abogado lo contratamos en febrero, no fue ahora en transición, el Consejo lo conoció en cuatro oportunidades. El Consejo me dio luz verde para tomar las decisiones de lugar a fin de hacer las reclamaciones de momento; las actas están ahí, yo tengo las actas en mi poder. Es posible que alguna gente, yo sé, internamente, han estado buscando la forma de encontrar la debilidad de este, pero lo importante es que nosotros lo tratamos en el Consejo, lo tratamos en instancias del gobierno que en su momento saldrán», afirmó Izquierdo.
Según la información que tiene DL, los contratos, asentados en el Registro Civil y Conservaduría de Hipoteca de la Capital, establecen que en caso de revocación por decisión unilateral de Fonper, el abogado apoderado deberá ser indemnizado con el 10% de los valores en que supuestamente ha sido perjudicada la institución estatal, es decir, RD$350 millones, y un 15% del monto reclamado a EGE-Haina, o sea, RD$211 millones.
«Si tu tienes una oficina de abogados que va a meterse en una cosa tan seria como esta, ¿se va a involucrar sin que el Fonper le ponga un peso y ellos van a generar esto? Es obvio que esto no es a lo loco, porque si mañana el Fonper desistiera de eso, lo que está establecido en el contrato es que se le daría un porcentaje de lo que estamos reclamando», explica Izquierdo.
El exfuncionario aclaró que el sometimiento a la justicia se hizo en el periodo de transición gubernamental por prudencia política por la campaña presidencial para las elecciones de mayo pasado.
«Creo que hay una respuesta de sectores interesados que están respondiendo en ese sentido para desviar la atención, de que el tema no se trata de un fraude. Lo que quieren es desvirtuar el tema y poner monto para sugerir cosas. En ese sentido, a mi no me preocupa, el problema para mí no es la firma de abogados, ni creo que para el país, sino un fraude de más de 10 mil millones de pesos contra el Estado que yo pienso que nosotros debíamos actuar en consecuencia para reclamar esos recursos», dijo.
Nuevo director se pone al tanto
El nuevo director del Fonper, Fernando Rosa, dijo hoy a DL que se está reuniendo con los departamentos correspondientes de la institución para documentarse del proceso de demanda en contra de las generadoras, así como el contrato con los abogados.
Aseguró que en su momento dará a conocer a la opinión pública el curso que se seguirá con el caso.
La Fiscalía del Distrito Nacional investiga la acusación que le hace el Fonper a EGE-Haina y EGE-ITABo, a las que sometió a la justicia por presunta estafa, fraude, dolo y desfalco al Estado dominicano.
En el caso de EGE ITABO, la suma reclamada asciende a RD$3,500 millones y en cuanto a EGE-Haina, totaliza RD$1,413 millones.
Diario Libre
Santo Domingo, R.D.-Fue aplazado para el 9 de mayo por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el juicio de fondo que se le sigue a casi treinta militares y policías acusados en el caso de corrupción Operación Coral que se habría gestado en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) en los pasados gobiernos.
El tribunal tomó la decisión por la asistencia de dos acusados sin representación legal, entre estos la sociedad comercial Único Real State e Inversiones, que tiene «como gerente, beneficiaria final y socia mayoritaria a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez«, la pastora.
La pastora, acusada de asociación de malhechores, lavado de activos y de testaferro, tiene como abogado un defensor público, quienes tienen prohibido defender empresas. Varias vistas han sido postergadas por esta presentarse sin un togado.
El caso de corrupción está encabezado por los exjefes del Cusep y Cestur, ahora Politur, el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre y el general Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente.
La primera audiencia del juicio de fondo al caso de malversación, que asciende a 4,500 millones de pesos, se fijó para el 26 de octubre y a seis meses todavía el Ministerio Público no ha podido iniciar la lectura del expediente de la acusación.
Declaran en rebeldía
Las juezas Gissell Méndez, presidenta del tribunal, Jisselle Naranjo y Tania Yunes, también declararon este jueves en rebeldía a la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, cuyo representante tampoco estuvo en audiencia a pesar de estar citado.
El representante legal que tenía la entidad religiosa es José Erneso Pérez Morales, poder que le dio el pastor José Cueto, que es su presidente.
Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional le dio un plazo de tres días al encartado Epifanio Peña Lebrón para que escoja un abogado para que lo asista, porque también estuvo sin uno.
Las juezas rechazaron una reposición de plazos solicitado por Ortega Polanco.
Santo Domingo, R.D.-Concluyó este miércoles por parte de la Junta Central Electoral (JCE) la entrega a nivel nacional de certificados a los candidatos que resultaron ganadores en las pasadas elecciones, quienes de inmediato fueron proclamados como nuevas autoridades municipales.
Los actos de entrega de certificados a las nuevas autoridades locales se realizaron en las sedes de las distintas juntas electorales en los 158 municipios. Las proclamaciones incluyeron a las autoridadese electas en los 235 distintos distritos municipales del país.
La JCE dijo que con estos actos se cumplió con el mandato de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, y del artículo 47 letra «e» que instruye a expedir certificados de elección e inmediata proclamación de los candidatos electos a cargos municipales.
En las pasadas elecciones municipales de febrero se eligieron 3,849 cargos municipales vinculados a los 157 municipios, el Distrito Nacional y los 235 distritos municipales en una relación de 316 alcaldías e igual cantidad de vicealcaldías; 2,328 regidurías, con sus respectivas suplencias; 470 direcciones y subdirecciones distritales; y 735 vocalías.
La JCE también resaltó que en el pasado proceso electoral para elegir las autoridades municipales, «el escrutinio y divulgación de resultados se alcanzó en un tiempo récord» en la historia de la institución, incluyendo la revisión de los votos nulos y observados.
Santo Domingo, R.D.-Una serie de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos solicitaron a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, realizar una “exhaustiva investigación” en torno al asesinato de Francisco Ortiz Báez, ambientalista de Constanza.
Altagracia Paulino, quien habló a nombre de las organizaciones, dijo que en el crimen existen autores intelectuales distintos de las personas que lo perpetraron, razón por lo que pidió una investigación exhaustiva.
Las entidades demandan que el crimen sea castigado con todo el peso de la ley y que el castigo alcance a todos los autores, tanto materiales como los intelectuales.
Consideraron que la “ineficiencia de las autoridades de Medio Ambiente en proteger los recursos naturales y las áreas protegidas, obliga a que la ciudadanía asuma las responsabilidades abandonadas por estas autoridades, convirtiéndose en blanco de los depredadores y de sus sicarios”.
Expresaron el temor de que crímenes como este se repitan en el futuro próximo, dado que en el país se multiplican impunemente los desmanes contra los recursos naturales y las áreas protegidas, y la ciudadanía los enfrenta armada solo con su conciencia.
Francisco Ortiz Báez fue asesinado por oponerse a la extracción ilegal de materiales del río Tireo de Constanza y la Policía Nacional, por el hecho, arrestó a Reynaldo Cruz Castillo y Andy Joel Payano (a) El Guardia, a quienes acusa además de haber enterrado su cadáver en la Cueva de San Juan de la Maguana.
La instancia fue firmada por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, (INSAPROMA); el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC); Red Socioambiental Nacional; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD); Movimiento Laudato Si en RD y la Fundación Ecológica Tropical (FUNDETROP).
También participaron en la actividad la Coordinadora Popular Nacional, la Articulación Nacional Campesina, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, el Frente de Agricultores Unidos por el Progreso.
Igualmente, la Asociación de Ganaderos de la Cuenca Alta de Yamasá, el Frente Agropecuario Unidos (FEDAUPRO); la Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente, RedAfros y la Fundación Voces del Camú.