Tegucigalpa.-Honduras y EE.UU. avanzan en la negociación de un «acuerdo de asilo», un pacto para frenar la migración ilegal que Washington asegura que es muy diferente a la polémica figura de un «tercer país seguro» que, según analistas, el país centroamericano no puede garantizarle ni a su propia gente.Internacionales
Honduras no es un país seguro para su gente y no lo sería para migrantes
EFE
Tegucigalpa.-Honduras y EE.UU. avanzan en la negociación de un «acuerdo de asilo», un pacto para frenar la migración ilegal que Washington asegura que es muy diferente a la polémica figura de un «tercer país seguro» que, según analistas, el país centroamericano no puede garantizarle ni a su propia gente.Expertos locales consultados por Efe consideran que EE.UU. sí ha presionado a Honduras para que sea considerado un «tercer país seguro» y que le ha amenazado con gravar las remesas familiares, que para este año, según las autoridades hondureñas, podrían superar los 5.000 millones de dólares.
La figura del «tercer país seguro» ha generado polémica en México y Centroamérica, pues permitiría a EE.UU. enviar a esos países a los solicitantes de asilo que lleguen a sus fronteras para que pidan desde ahí ese amparo y no permanezcan en suelo estadounidense, bajo el argumento de que es más seguro para los migrantes.
Justamente ese término ha sido rechazado contundentemente por el canciller hondureño, Lisandro Rosales, quien el pasado 17 de septiembre dijo a Efe: «no sé de que tercer país seguro me habla, nosotros lo que estamos hablando con Estados Unidos es de un convenio bilateral de cooperación en temas migratorios».
De los acuerdos alcanzados hasta ahora no se conocen mayores detalles, solamente lo expresado en comunicados conjuntos en Washington y Tegucigalpa luego de reuniones celebradas durante las últimas dos semanas en ambas capitales.
En una escueta declaración conjunta del viernes, indicaron que representantes de los Gobiernos de los dos países «se reunieron esta semana en Tegucigalpa para conversar sobre cómo «mejorar la colaboración en las áreas de aplicación de la ley y el intercambio de información, reforzar la seguridad fronteriza regional, fortalecer las protecciones migratorias y aumentar las oportunidades de empleo temporal en los Estados Unidos».
El tema es cuestionado por sectores hondureños que, al margen de que Honduras acepte o no ser «tercer país seguro», creen que el país no le puede garantizar seguridad a migrantes suramericanos, cubanos y de otras nacionalidades que, por miles, todos los años cruzan por el país con la idea de llegar a EE.UU.
La preocupación de algunos sectores es porque consideran que Honduras podría verse en problemas para atender eventualmente a miles de migrantes que se estarían viendo obligados a solicitar asilo desde allí, por exigencias de Estados Unidos.
Eso sería similar a lo sucedido en los años 80, cuando el país albergó a más de 75.000 refugiados, en su mayoría salvadoreños, nicaragüenses y en menor número guatemaltecos y haitianos.
La presencia de miles de migrantes en Honduras tendría un coste que alguien tendría que pagar, que expertos consideran que debe recaer en Estados Unidos porque es el país más interesado en el tema migratorio.
El analista Víctor Meza dijo a Efe que son «tres compromisos» los que autoridades hondureñas «han firmado con Estados Unidos» en las últimas semanas «que convierten a Honduras no solamente en un país llamado tercer país seguro, siendo uno de los países más inseguros del mundo».
«Lo quieren convertir por medio de un convenio en el país seguro», además que se habrían firmado «acuerdos para reforzar las patrullas fronterizas, los controles, las políticas de fronteras, es una cosa seria», añadió Meza.
En opinión del obispo de San Pedro Sula, norte de Honduras, Ángel Garachana, lo que quiere el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es «ir bajando los controles» migratorios, de tal manera «que no sea él quien tenga que dar la condición de refugiado político, sino que sean México, Guatemala y Honduras».
El religioso dijo a periodistas que es «lamentable» que Estados Unidos gravara las remesas familiares en caso de que Honduras no accediera a las exigencias migratorias de la nación del norte.
Garachana, quien además preside la Conferencia Episcopal de Honduras, afirmó que «país seguro», Honduras «ahora ni siquiera lo es para los hondureños» y que, por tanto, no se puede hablar de «país seguro para los inmigrantes transeúntes».
El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ha dicho que «Honduras debe ser un país seguro en la medida que evitemos que se aglomere o pueda crecer una ola enorme de extranjeros en territorio nacional, puesto que estamos luchando para que nuestra gente tenga más y mejores oportunidades; sería más difícil, por ejemplo, con una carga de 70.000 personas que vengan de África o de Cuba».
«Se debe llegar a un acuerdo bilateral con Estados Unidos, que nuestras fronteras, Nicaragua-Honduras, Guatemala-Honduras, sean fronteras seguras, se tenga presencia allí, se pueda cumplir con las obligaciones internacionales, entre otros temas», acotó.
El asesor especial de Trump y director principal de la División de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., Mauricio Claver-Carone, dijo el jueves en una teleconferencia desde Washington que los «acuerdos» que se buscan son «de cooperación de asilo», los que en su opinión, «son diferentes a los acuerdos de tercer país seguro».
A manera de ejemplo citó que si una persona que esté huyendo de persecución política en Cuba transita por Honduras, «entonces esa persona ya no sería perseguida por el régimen cubano en Honduras» y que igual sería «con un nicaragüense o con un venezolano que esté transitando por El Salvador».
La situación no es fácil para Honduras, que además de la violencia, que a diario deja entre diez y catorce muertos, enfrenta una crisis política y social que se agudizó luego de la reelección del presidente Hernández en los comicios generales del 26 de noviembre de 2017, en los que según la oposición, hubo fraude.
Desde entonces la oposición ha venido exigiendo la salida del poder del gobernante hondureño.
Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.
Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
La masacre de Fort Hood
Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.
El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.
Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.
El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.
El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.
Agencia AP
Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.
Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.
Pero Trump señaló en una publicación en redes sociales el jueves que Estados Unidos “no atacará a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en Estados Unidos el 3 de noviembre”.
Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.
Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.
El acuerdo firmado por Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian se derrumbó en cuestión de semanas en medio de renovadas acciones militares y disputas por el control del estrecho de Ormuz, la vía marítima crítica por la que antes de la guerra fluía una quinta parte del petróleo mundial.
Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.
Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.
Trump dijo el miércoles durante un mitin de campaña en San Antonio, Texas, que su enviado especial, Steve Witkoff, ha continuado negociaciones indirectas con funcionarios iraníes.
Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.
“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.
Trump cree que Estados Unidos está ganando influencia, ya que sus fuerzas están teniendo mayor éxito en ayudar a los petroleros a atravesar el estrecho de Ormuz y llevar al mercado el petróleo de los países árabes mientras un bloqueo de la Marina está paralizando las exportaciones de petróleo de Irán.
pérdida de los flujos de petróleo
Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.
Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.
Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.
Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.
La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.
La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.
El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.
El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.
Internacionales
La jueza sudafricana Navi Pillay gana el Premio Nobel de la Paz; bromea con compartirlo con Trump
Agencia AFP
Defendió a activistas contra el apartheid como Nelson Mandela y consiguió derechos fundamentales para los presos políticos, hasta el Tribunal Penal Internacional para Ruanda
a sudafricana Navi Pillay, defensora de Nelson Mandela y exjueza de la CPI, ganó este viernes el Nobel de la Paz por sus esfuerzos a favor del derecho internacional cuando, según el jurado, la justicia está «bajo ataque».
Navanethem «Navi» Pillay domina el arte de los casos difíciles. Abogada de origen indio en la Sudáfrica del apartheid, llegó a ser jueza y alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (2008-2014).
Su carrera la ha llevado desde los tribunales sudafricanos, donde defendió a activistas contra el apartheid como Nelson Mandela y consiguió derechos fundamentales para los presos políticos, hasta el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, pasando por la Corte Penal Internacional (CPI).
Presidió la comisión encargada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de investigar las violaciones de los derechos humanos en los territorios palestinos y en Israel.
Este es uno de los motivos por los que el Nobel de la Paz de este año posiblemente escueza al presidente estadounidense Donald Trump, quien desde su regreso a la Casa Blanca ha reiterado una y otra vez lo mucho que le gustaría que se lo dieran.
«Quizá comparta el premio con Trump»
«Si aplauden un poco más fuerte, quizá comparta el premio con Trump», bromeó este viernes Pillay. La galardonada el año pasado, la líder opositora venezolana María Corina Machado, regaló su medalla al mandatario estadounidense.
En el caso de Pillay, la primera reacción al conocer el galardón fue pensar que era una broma: «Como abogada y jueza, sigo queriendo verificarlo», afirmó.
La jurista mencionó su labor al frente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU.
Este órgano, que no habla en nombre de la ONU, concluyó el año pasado que Israel llevó a cabo un genocidio en Gaza en la campaña militar desplegada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Israel consideró el informe «sesgado y mentiroso».
«Lo último que hice fue presentar el informe sobre Gaza, en el que calificaba lo que está ocurriendo allí como genocidio», afirmó.
«Una de las principales reacciones a ese informe es rendirme homenaje por mi valentía. Y pueden imaginarse lo sorprendida que estaba, ¿por qué necesitaría valor para decir la verdad?», añadió ella.
Pero en las redes sociales también hay llamados pidiendo a Estados Unidos que la sancione, como hizo con una relatora de la ONU, con jueces de la CPI y con oenegés palestinas.
En 2024 la CPI emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza, y contra varios miembros del movimiento islamista palestino Hamás ya fallecidos.
Washington considera que es una institución «politizada», y en la pasada Asamblea General de la ONU, en septiembre, el presidente Trump pidió a todos los países miembros «retirarse oficial e inmediatamente».
El Comité Nobel marca distancias sin embargo con las conclusiones del informe sobre Gaza.
«No somos un tribunal»
«No somos un tribunal. Se trata de su informe, del informe de la comisión, y por supuesto tenemos una gran confianza en su profesionalismo y su integridad», dijo su presidente Jørgen Watne Frydnes, a la AFP.
El Comité Nobel Noruego dice haber otorgado el prestigioso premio a la sudafricana por «promover la paz y el derecho internacional».
«Ha sido fundamental para asegurar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos», afirmó el jurado, que alabó su «brújula moral».
En una época marcada por muchas guerras y conflictos el derecho internacional ya no es solo un complemento de la paz y la seguridad. «Es una necesidad absoluta», afirma el comité Nobel.
La justicia internacional «está bajo tremenda presión y sus instituciones bajo ataque», recalcó.
En la actualidad Navi Pillay es magistrada de la Corte Internacional de Justicia en el caso en el que se acusa a Birmania de genocidio.
El Nobel de la Paz otorgado a Navi Pillay da fe «de la necesidad y el valor» de los derechos humanos, destacó la ONU inmediatamente después del anuncio.
Para la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, el galardón reviste «una importancia especial» en un momento de «grandes desafíos para el orden jurídico internacional y el Estado de derecho».
El premio consiste en una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares.
Se entregará en una ceremonia oficial en Oslo el 10 de diciembre, cuando se conmemora el aniversario de la muerte, en 1896, del creador de los premios, el inventor y filántropo sueco Alfred Nobel.