Tegucigalpa.-Honduras y EE.UU. avanzan en la negociación de un «acuerdo de asilo», un pacto para frenar la migración ilegal que Washington asegura que es muy diferente a la polémica figura de un «tercer país seguro» que, según analistas, el país centroamericano no puede garantizarle ni a su propia gente.Internacionales
Honduras no es un país seguro para su gente y no lo sería para migrantes
EFE
Tegucigalpa.-Honduras y EE.UU. avanzan en la negociación de un «acuerdo de asilo», un pacto para frenar la migración ilegal que Washington asegura que es muy diferente a la polémica figura de un «tercer país seguro» que, según analistas, el país centroamericano no puede garantizarle ni a su propia gente.Expertos locales consultados por Efe consideran que EE.UU. sí ha presionado a Honduras para que sea considerado un «tercer país seguro» y que le ha amenazado con gravar las remesas familiares, que para este año, según las autoridades hondureñas, podrían superar los 5.000 millones de dólares.
La figura del «tercer país seguro» ha generado polémica en México y Centroamérica, pues permitiría a EE.UU. enviar a esos países a los solicitantes de asilo que lleguen a sus fronteras para que pidan desde ahí ese amparo y no permanezcan en suelo estadounidense, bajo el argumento de que es más seguro para los migrantes.
Justamente ese término ha sido rechazado contundentemente por el canciller hondureño, Lisandro Rosales, quien el pasado 17 de septiembre dijo a Efe: «no sé de que tercer país seguro me habla, nosotros lo que estamos hablando con Estados Unidos es de un convenio bilateral de cooperación en temas migratorios».
De los acuerdos alcanzados hasta ahora no se conocen mayores detalles, solamente lo expresado en comunicados conjuntos en Washington y Tegucigalpa luego de reuniones celebradas durante las últimas dos semanas en ambas capitales.
En una escueta declaración conjunta del viernes, indicaron que representantes de los Gobiernos de los dos países «se reunieron esta semana en Tegucigalpa para conversar sobre cómo «mejorar la colaboración en las áreas de aplicación de la ley y el intercambio de información, reforzar la seguridad fronteriza regional, fortalecer las protecciones migratorias y aumentar las oportunidades de empleo temporal en los Estados Unidos».
El tema es cuestionado por sectores hondureños que, al margen de que Honduras acepte o no ser «tercer país seguro», creen que el país no le puede garantizar seguridad a migrantes suramericanos, cubanos y de otras nacionalidades que, por miles, todos los años cruzan por el país con la idea de llegar a EE.UU.
La preocupación de algunos sectores es porque consideran que Honduras podría verse en problemas para atender eventualmente a miles de migrantes que se estarían viendo obligados a solicitar asilo desde allí, por exigencias de Estados Unidos.
Eso sería similar a lo sucedido en los años 80, cuando el país albergó a más de 75.000 refugiados, en su mayoría salvadoreños, nicaragüenses y en menor número guatemaltecos y haitianos.
La presencia de miles de migrantes en Honduras tendría un coste que alguien tendría que pagar, que expertos consideran que debe recaer en Estados Unidos porque es el país más interesado en el tema migratorio.
El analista Víctor Meza dijo a Efe que son «tres compromisos» los que autoridades hondureñas «han firmado con Estados Unidos» en las últimas semanas «que convierten a Honduras no solamente en un país llamado tercer país seguro, siendo uno de los países más inseguros del mundo».
«Lo quieren convertir por medio de un convenio en el país seguro», además que se habrían firmado «acuerdos para reforzar las patrullas fronterizas, los controles, las políticas de fronteras, es una cosa seria», añadió Meza.
En opinión del obispo de San Pedro Sula, norte de Honduras, Ángel Garachana, lo que quiere el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es «ir bajando los controles» migratorios, de tal manera «que no sea él quien tenga que dar la condición de refugiado político, sino que sean México, Guatemala y Honduras».
El religioso dijo a periodistas que es «lamentable» que Estados Unidos gravara las remesas familiares en caso de que Honduras no accediera a las exigencias migratorias de la nación del norte.
Garachana, quien además preside la Conferencia Episcopal de Honduras, afirmó que «país seguro», Honduras «ahora ni siquiera lo es para los hondureños» y que, por tanto, no se puede hablar de «país seguro para los inmigrantes transeúntes».
El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ha dicho que «Honduras debe ser un país seguro en la medida que evitemos que se aglomere o pueda crecer una ola enorme de extranjeros en territorio nacional, puesto que estamos luchando para que nuestra gente tenga más y mejores oportunidades; sería más difícil, por ejemplo, con una carga de 70.000 personas que vengan de África o de Cuba».
«Se debe llegar a un acuerdo bilateral con Estados Unidos, que nuestras fronteras, Nicaragua-Honduras, Guatemala-Honduras, sean fronteras seguras, se tenga presencia allí, se pueda cumplir con las obligaciones internacionales, entre otros temas», acotó.
El asesor especial de Trump y director principal de la División de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., Mauricio Claver-Carone, dijo el jueves en una teleconferencia desde Washington que los «acuerdos» que se buscan son «de cooperación de asilo», los que en su opinión, «son diferentes a los acuerdos de tercer país seguro».
A manera de ejemplo citó que si una persona que esté huyendo de persecución política en Cuba transita por Honduras, «entonces esa persona ya no sería perseguida por el régimen cubano en Honduras» y que igual sería «con un nicaragüense o con un venezolano que esté transitando por El Salvador».
La situación no es fácil para Honduras, que además de la violencia, que a diario deja entre diez y catorce muertos, enfrenta una crisis política y social que se agudizó luego de la reelección del presidente Hernández en los comicios generales del 26 de noviembre de 2017, en los que según la oposición, hubo fraude.
Desde entonces la oposición ha venido exigiendo la salida del poder del gobernante hondureño.
Washington (EFE).- Líderes y dignatarios de más de 20 países asistirán mañana jueves a la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para solucionar conflictos mundiales, comenzando por el de Gaza, confirmó este miércoles la Casa Blanca.
«El presidente inaugurará la reunión mañana con un discurso y, de alguna manera, presidirá formalmente el inicio de la cita antes de partir hacia el estado de Georgia», dijo en rueda de prensa la secretaria de Prensa de la Administración, Karoline Leavitt.
Leavitt indicó que pronto darán a conocer la lista oficial de participantes al evento, con sede en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre del republicano. «Sé que son más de 20 países. Sé que hay mucho interés», indicó.
La entidad también enviará a «miles de efectivos a la fuerza internacional de estabilización y a la policía local para mantener la seguridad y la paz de los habitantes de Gaza», agregó Leavitt.
PAISES FUNDADORES Y SUS ALIADOS
Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la Junta. Entre los 26 países fundadores, según publicó la cuenta oficial de la entidad en X, se incluyen Israel, Argentina, El Salvador, Paraguay, Arabia Saudí y Egipto. Otras naciones, como Francia, España y Suecia, han rechazado formar parte.
Los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña, anunciaron que viajarán a Washington para participar en la reunión.
También confirmaron su asistencia el mandatario indonesio, Prabowo Subianto, y los líderes de Camboya, Hun Manet; y de Vietnam, To Lam. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no estará presente en la capital estadounidense y en su lugar enviará a su ministro de Exteriores, Gideon Saar.
México, Rumanía, Italia y República Checa participarán como observadores, al igual que la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica.
Internacionales
Trump dice que Cuba es una «nación fallida» aunque no cree necesario un cambio de régimen
El presidente Donald Trump dijo el lunes que Cuba es una «nación fallida» y llamó a La Habana a hacer un acuerdo con Estados Unidos, aunque descartó una operación de cambio de régimen.
- «Cuba es ahora mismo una nación fallida«, declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One.
Sin embargo, al ser preguntado si Estados Unidos derrocaría al gobierno de Cuba, como Washington hizo cuando capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro, Trump dijo: «No creo que eso sea necesario».
Situación energética y económica en Cuba
Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo de Venezuela y ante la presión de Washington para evitar que otros países le vendan petróleo a la isla comunista.
«Es una amenaza humanitaria«, admitió Trump sobre la escasez de combustible.
Cuba, con 9,6 millones de habitantes, dejó de recibir petróleo de su principal aliado Venezuela luego de la caída de Maduro en una incursión militar estadounidense en Caracas el 3 de enero.
Agencia AP
Moscú, Rusia.-Los dolientes se reunieron en Moscú el lunes para conmemorar dos años de la muerte bajo custodia del líder opositor ruso Alexei Navalny, bajo la sombra de una represión del Kremlin y apenas dos días después que un nuevo análisis reforzara las sospechas de que fue asesinado mediante envenenamiento.
Navalny murió en una colonia penal del Ártico el 16 de febrero de 2024 cuando cumplía una condena de 19 años de prisión que muchos creían motivada políticamente. Su muerte a los 47 años dejó a la oposición rusa sin liderazgo y dividida, luchando por construir un frente eficaz o unido sin una de sus figuras más visibles y carismáticas.
En el segundo aniversario de la muerte de Navalny, analizamos la investigación más reciente sobre su causa y las repercusiones políticas que continúan, tanto dentro de Rusia como fuera de ella.
Partidarios de Navalny le rinden homenaje en toda Rusia
La madre de Navalny, Lyudmila Navalnaya, y la suegra del líder opositor, Alla Abrosimova, estuvieron entre los dolientes que depositaron flores en su tumba. Un montículo de ramos se elevaba por encima de los espesos bancos de nieve que cubrían el cementerio Borisovsky de Moscú.
Representantes de varias embajadas europeas también le rindieron homenaje, observados por una presencia de seguridad llamativamente alta. Más tarde, un pequeño coro se reunió para cantar junto a la tumba de Navalny.
Al dirigirse a la multitud, Lyudmila Navalnaya reiteró su convicción de que su hijo fue asesinado por las autoridades rusas, una hipótesis que también ha sido respaldada por varios países europeos en los últimos días.
“Sabíamos que nuestro hijo no simplemente murió en prisión”, afirmó. “Fue asesinado”.
El Kremlin ha negado las acusaciones y ha sostenido que Navalny murió por causas naturales.
También se depositaron flores en el monumento a las víctimas de la represión política en San Petersburgo. Más tarde, el acceso al lugar fue bloqueado con vallas temporales, reportaron medios locales.
Naciones europeas afirman que Navalny fue envenenado
El aniversario coincide con la publicación de una declaración conjunta de cinco países europeos que señaló que Navalny fue envenenado por el Kremlin con una toxina rara y letal que se encuentra en la piel de las ranas dardo venenosas.
Los ministerios de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y los Países Bajos indicaron el sábado que el análisis en laboratorios europeos de muestras tomadas del cuerpo de Navalny “confirmó de manera concluyente la presencia de epibatidina”. La neurotoxina secretada por ranas dardo en Sudamérica no se encuentra de forma natural en Rusia, añadieron.
La declaración conjunta afirmó: “Rusia tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrar este veneno”.
En un homenaje escrito a Navalny el lunes, el presidente francés Emmanuel Macron también vinculó al Kremlin con la muerte del líder opositor.
“Hace dos años, el mundo se enteró de la muerte de Alexei Navalny. Rindo homenaje a su memoria”, escribió Macron en redes sociales. “Dije entonces que creía que su muerte lo decía todo sobre la debilidad del Kremlin y su miedo a cualquier oponente. Ahora está claro que esta muerte fue premeditada.
“La verdad siempre prevalece, mientras esperamos que la justicia haga lo mismo”, añadió.
Moscú ha negado categóricamente su implicación en la muerte de Navalny, al afirmar que el político se sintió mal después de salir a caminar.
Al ser cuestionado por periodistas el lunes sobre las acusaciones, el portavoz presidencial señaló que el Kremlin “no acepta tales acusaciones”.
“Las consideramos sesgadas e infundadas. De hecho, las rechazamos de manera tajante”, manifestó.
El anuncio del sábado se produjo cuando la viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, asistía a la Conferencia de Seguridad de Múnich en Alemania. Ella dijo que estuvo “segura desde el primer día” de que su esposo había sido envenenado, “pero ahora hay pruebas”.
“Putin mató a Alexei con un arma química”, escribió en redes sociales, y describió al líder ruso como “un asesino” que “debe rendir cuentas”.
Navalny fue objetivo de un envenenamiento anterior en 2020, con un agente nervioso, en un ataque que atribuyó al Kremlin, que siempre negó su participación. Su familia y sus aliados lucharon para que fuera trasladado en avión a Alemania para recibir tratamiento y recuperarse. Cinco meses después, regresó a Rusia, donde fue arrestado de inmediato y encarcelado durante los últimos tres años de su vida.
Oposición rusa lucha por iniciar un nuevo capítulo
Los aliados más cercanos de Navalny, así como otros miembros clave de la oposición rusa, continúan ahora su lucha desde el exilio.
A muchos se les han impuesto largas condenas de prisión en ausencia en Rusia y no pueden regresar a casa. Algunos han sido designados “terroristas y extremistas” por las autoridades, una etiqueta que también se aplicó a Navalny en enero de 2022.
Sin embargo, la oposición rusa no ha logrado formar un frente unido ni un plan de acción claro contra el Kremlin. En su lugar, grupos rivales han intercambiado acusaciones que algunos ven como intentos de desacreditarse entre sí y disputar influencia.
En una pequeña victoria para los activistas opositores, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), principal organismo europeo de derechos humanos, anunció a finales de enero la creación de un nuevo órgano —la Plataforma de Diálogo con las Fuerzas Democráticas Rusas— encargado de dar voz a los rusos de la oposición y una plataforma formal para interactuar con legisladores europeos.
Se ha presentado como una victoria para los rusos contrarios a la guerra, pero también atrajo críticas, ya que el órgano no fue elegido democráticamente. Miembros de la organización anticorrupción de Navalny también están ausentes del grupo.
En una declaración para conmemorar la muerte de Navalny, miembros rusos de la APCE señalaron que su muerte fue “un eslabón inevitable en una cadena de crímenes sistémicos del régimen del Kremlin contra sus propios ciudadanos y los ciudadanos de Estados extranjeros”.
“Alexei Navalny dio su vida por una Rusia libre”, indicó la declaración. “Estamos obligados a garantizar que su muerte no haya sido en vano”.