Tegucigalpa.-Honduras y EE.UU. avanzan en la negociación de un «acuerdo de asilo», un pacto para frenar la migración ilegal que Washington asegura que es muy diferente a la polémica figura de un «tercer país seguro» que, según analistas, el país centroamericano no puede garantizarle ni a su propia gente.Internacionales
Honduras no es un país seguro para su gente y no lo sería para migrantes
EFE
Tegucigalpa.-Honduras y EE.UU. avanzan en la negociación de un «acuerdo de asilo», un pacto para frenar la migración ilegal que Washington asegura que es muy diferente a la polémica figura de un «tercer país seguro» que, según analistas, el país centroamericano no puede garantizarle ni a su propia gente.Expertos locales consultados por Efe consideran que EE.UU. sí ha presionado a Honduras para que sea considerado un «tercer país seguro» y que le ha amenazado con gravar las remesas familiares, que para este año, según las autoridades hondureñas, podrían superar los 5.000 millones de dólares.
La figura del «tercer país seguro» ha generado polémica en México y Centroamérica, pues permitiría a EE.UU. enviar a esos países a los solicitantes de asilo que lleguen a sus fronteras para que pidan desde ahí ese amparo y no permanezcan en suelo estadounidense, bajo el argumento de que es más seguro para los migrantes.
Justamente ese término ha sido rechazado contundentemente por el canciller hondureño, Lisandro Rosales, quien el pasado 17 de septiembre dijo a Efe: «no sé de que tercer país seguro me habla, nosotros lo que estamos hablando con Estados Unidos es de un convenio bilateral de cooperación en temas migratorios».
De los acuerdos alcanzados hasta ahora no se conocen mayores detalles, solamente lo expresado en comunicados conjuntos en Washington y Tegucigalpa luego de reuniones celebradas durante las últimas dos semanas en ambas capitales.
En una escueta declaración conjunta del viernes, indicaron que representantes de los Gobiernos de los dos países «se reunieron esta semana en Tegucigalpa para conversar sobre cómo «mejorar la colaboración en las áreas de aplicación de la ley y el intercambio de información, reforzar la seguridad fronteriza regional, fortalecer las protecciones migratorias y aumentar las oportunidades de empleo temporal en los Estados Unidos».
El tema es cuestionado por sectores hondureños que, al margen de que Honduras acepte o no ser «tercer país seguro», creen que el país no le puede garantizar seguridad a migrantes suramericanos, cubanos y de otras nacionalidades que, por miles, todos los años cruzan por el país con la idea de llegar a EE.UU.
La preocupación de algunos sectores es porque consideran que Honduras podría verse en problemas para atender eventualmente a miles de migrantes que se estarían viendo obligados a solicitar asilo desde allí, por exigencias de Estados Unidos.
Eso sería similar a lo sucedido en los años 80, cuando el país albergó a más de 75.000 refugiados, en su mayoría salvadoreños, nicaragüenses y en menor número guatemaltecos y haitianos.
La presencia de miles de migrantes en Honduras tendría un coste que alguien tendría que pagar, que expertos consideran que debe recaer en Estados Unidos porque es el país más interesado en el tema migratorio.
El analista Víctor Meza dijo a Efe que son «tres compromisos» los que autoridades hondureñas «han firmado con Estados Unidos» en las últimas semanas «que convierten a Honduras no solamente en un país llamado tercer país seguro, siendo uno de los países más inseguros del mundo».
«Lo quieren convertir por medio de un convenio en el país seguro», además que se habrían firmado «acuerdos para reforzar las patrullas fronterizas, los controles, las políticas de fronteras, es una cosa seria», añadió Meza.
En opinión del obispo de San Pedro Sula, norte de Honduras, Ángel Garachana, lo que quiere el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es «ir bajando los controles» migratorios, de tal manera «que no sea él quien tenga que dar la condición de refugiado político, sino que sean México, Guatemala y Honduras».
El religioso dijo a periodistas que es «lamentable» que Estados Unidos gravara las remesas familiares en caso de que Honduras no accediera a las exigencias migratorias de la nación del norte.
Garachana, quien además preside la Conferencia Episcopal de Honduras, afirmó que «país seguro», Honduras «ahora ni siquiera lo es para los hondureños» y que, por tanto, no se puede hablar de «país seguro para los inmigrantes transeúntes».
El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ha dicho que «Honduras debe ser un país seguro en la medida que evitemos que se aglomere o pueda crecer una ola enorme de extranjeros en territorio nacional, puesto que estamos luchando para que nuestra gente tenga más y mejores oportunidades; sería más difícil, por ejemplo, con una carga de 70.000 personas que vengan de África o de Cuba».
«Se debe llegar a un acuerdo bilateral con Estados Unidos, que nuestras fronteras, Nicaragua-Honduras, Guatemala-Honduras, sean fronteras seguras, se tenga presencia allí, se pueda cumplir con las obligaciones internacionales, entre otros temas», acotó.
El asesor especial de Trump y director principal de la División de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., Mauricio Claver-Carone, dijo el jueves en una teleconferencia desde Washington que los «acuerdos» que se buscan son «de cooperación de asilo», los que en su opinión, «son diferentes a los acuerdos de tercer país seguro».
A manera de ejemplo citó que si una persona que esté huyendo de persecución política en Cuba transita por Honduras, «entonces esa persona ya no sería perseguida por el régimen cubano en Honduras» y que igual sería «con un nicaragüense o con un venezolano que esté transitando por El Salvador».
La situación no es fácil para Honduras, que además de la violencia, que a diario deja entre diez y catorce muertos, enfrenta una crisis política y social que se agudizó luego de la reelección del presidente Hernández en los comicios generales del 26 de noviembre de 2017, en los que según la oposición, hubo fraude.
Desde entonces la oposición ha venido exigiendo la salida del poder del gobernante hondureño.
Internacionales
RD entre los “grandes lugares de tránsito o producción de drogas ilícitas», afirma Biden
Washington.- El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó que Bolivia y Venezuela no han cumplido durante los últimos doce meses con los acuerdos internacionales contra el narcotráfico e identificó a otra decena de países latinoamericanos como principales lugares de tránsito o producción de drogas.
En un memorando enviado al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, el mandatario demócrata define a una veintena de países, en su mayoría latinoamericanos y caribeños, como “grandes lugares de tránsito o producción de drogas ilícitas».
En la lista figuran Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.
Como contempla la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, el presidente de EE.UU. debe informar cada año de los países que considera que son importantes productores de droga o de tránsito de estupefacientes en el mundo.
Para configurar la lista se tiene en cuenta una “combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten que las drogas o los precursores químicos circulen o sean producidos, incluso si un Gobierno ha llevado a cabo estrictas medidas de control antinarcóticos».
El memorando precisa que la presencia de un país en ese listado “no es necesariamente un reflejo de los esfuerzos antidroga de su Gobierno o del nivel de cooperación con Estados Unidos”, y subraya que no se trata de “una sanción».
Bolivia y Venezuela, junto con Birmania, son los tres únicos países de los que se destaca que “han fracasado manifiestamente durante los últimos 12 meses en adherirse a sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales contra el narcotráfico».
Pese a ello, Biden subraya que el apoyo a los programas de ayuda a esas tres naciones es “vital” para los intereses estadounidenses. Aunque el Ejecutivo de Bolivia ha tomado pasos “positivos” contra el cultivo de coca, según el mandatario queda trabajo por hacer.
El memorando añade que, según datos provisionales del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos hubo en 2023 unas 107.543 muertes por sobredosis, una caída del 3 % respecto a 2022.
Biden se congratuló de que sea el primer descenso anual en muertes por sobredosis desde 2018 y lo atribuyó a los esfuerzos de su Administración, pero quiso hacer hincapié también en que solucionar el problema se trata de un esfuerzo global que requiere una respuesta internacional coordinada.
Establecer una relación a largo plazo y robusta con aliados “cruciales” como México, en su opinión, es imperativo para combatir de forma eficaz la epidemia de fentanilo y desmantelar las organizaciones criminales que se lucran con esa droga.
“Continuaremos nuestra estrecha colaboración con México para evitar el desvío de precursores químicos y equipos relacionados con las drogas, mejorar la prohibición, las investigaciones y los resultados de la justicia penal y (…) avanzar en la integración fronteriza”, dijo su nota.
Biden calificó a Colombia de socio fuerte y destacó que sigue trabajando estrechamente con el país para reducir la producción de cocaína, y consideró igualmente a Perú como un socio comprometido en esa labor.
Su memorando incluye una amplia referencia a China, de quien dice que aunque en el último año ha tomado pasos significativos para reducir el flujo de precursores químicos hacia productores de drogas ilícitas, es necesario una acción de regulación sostenida para rebajar significativamente su rol como fuente de precursores químicos.
Agencia Efe
Copenhague.- Copenhague acogerá a partir de mañana sábado la primera de una serie de subastas de la que podría ser la colección de monedas más cara del mundo, que había permanecido almacenada hasta ahora por voluntad de su fallecido dueño.
El magnate Lars Emil Bruun (1852-1923), que se hizo millonario exportando mantequilla a todo el mundo, acumuló durante más de seis décadas una amplia colección de medallas y monedas (cerca de 20.000) danesas, suecas y noruegas.
Impulsado por su pasión -fue cofundador de la Sociedad Numismática Danesa- e impresionado por los destrozos causados por la Primera Guerra Mundial, a su muerte dejó escrito en su testamento que sus monedas debían funcionar durante un siglo como una especie de reserva de emergencia de la colección nacional danesa.
«(…) Si esta fuese destruida de forma sustancial en un incendio o fuese robada o sufriese otro tipo de percance, mi colección debe ofrécersele al Estado como regalo», consta en su última voluntad.
En caso contrario, y transcurrido un siglo, la colección debía venderse en subasta pública y los beneficiados serían sus descendientes.
El plazo expiró el 21 de noviembre pasado y la colección, que ha estado depositada todo este tiempo en el castillo de Fredensborg (norte de Copenhague) y luego en un sótano del Banco Nacional, fue entregada a la casa de subastas estadounidense Stack’s Bowers, que la valora en unos 500 millones de coronas danesas (67 millones de euros).
En la primera subasta se ofrecerán más de 280 lotes que incluyen monedas de oro y plata de Dinamarca, Noruega y Suecia del siglo XV al XX, valoradas en unos 13 millones de dólares.
Se desconoce cuántos herederos se beneficiarán de la venta de la colección de Bruun, aunque en 2017 el diario Weekendavisen apuntó a dos hermanos residentes al norte de la capital danesa.
Uno de ellos, un hombre de entonces 64 años, reveló a ese medio que su ya fallecido padre había intentado cambiar el testamento de su antepasado en 1993 para venderle la colección al Estado antes de que pasaran los cien años, pero el Ministerio de Justicia rechazó la propuesta.
«Mi padre se interesó mucho por el tema, por todo el dinero que había ahí pero al que él no podía acercarse. Creo que hablaba demasiado de ello, yo he intentado hacer lo contrario», dijo en 2017 uno de los herederos de Bruun.
Internacionales
Confiscadas 12,000 consolas con 47 millones de videojuegos piratas «retro» en Italia
Agencia EFE
Roma.- La policía financiera italiana ha confiscado 12,000 videoconsolas, en las que se almacenaban ilegalmente más de 47 millones de videojuegos «piratas» con personajes de los años 80 y 90, que se vendían en centros comerciales de Turín, Milán, Venecia (norte) y Nápoles (sur), entre otras ciudades.
El material, con un valor de más de 47,5 millones de euros, fue incautado por agentes de la Guardia de Finanzas de Turín, a raíz de la investigación de la Fiscalía turinesa sobre la comercialización en todo el país de videoconsolas en las que se precargaban millones de videojuegos «pirateados» de las casas de software más conocidas del sector.
Los juegos estaban protagonizados por personajes conocidos del mundo de los videojuegos de los años 80 y 90, todos ellos protegidos por derechos de autor, y formaban parte del denominado fenómeno ‘retrogaming’, que está experimentando una fase de fuerte popularidad y expansión a nivel comercial, explicó la Guardia de Finanzas.
Las investigaciones llevadas a cabo desde finales de 2023 en localidades de las provincias de Turín, Vercelli, Milán, Bérgamo, Varese, Bolonia, Verona, Venecia, Nápoles, Caserta y Bari permitieron la identificación e incautación de dispositivos con los juegos precargados, todos muy populares en las dos últimas décadas del siglo pasado.
«Los dispositivos recordaban en forma y rasgos distintivos, sin poseer las licencias requeridas, a las icónicas ‘retroconsolas’ de los fabricantes oficiales, históricos fabricantes de videojuegos que en los últimos años han relanzado al mercado sus consolas producidas en las décadas pasadas, que a menudo reproducen a escala, con ciertas actualizaciones, las originales», se indica en un comunicado.
La investigación permitió reconstruir la cadena de distribución de las consolas, todas de origen chino, que se llevaba a cabo a través de los sitios de Internet de las empresas italianas presuntamente implicadas en el comercio ilícito o a través de la red física de puntos de venta de algunas de las mismas empresas.
Estos estaban situados en centros comerciales de las provincias de Turín, Milán, Varese, Bérgamo, Verona, Venecia, Bolonia, Nápoles y Caserta.
También fueron puestas a disposición judicial nueve personas por los delitos de comercialización de productos falsos, fraude en el ejercicio del comercio, receptación de mercancías robadas e infracción de derechos de autor, explicó la Guardia de Finanzas.