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Honduras no es un país seguro para su gente y no lo sería para migrantes

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EFE
Tegucigalpa.-Honduras y EE.UU. avanzan en la negociación de un «acuerdo de asilo», un pacto para frenar la migración ilegal que Washington asegura que es muy diferente a la polémica figura de un «tercer país seguro» que, según analistas, el país centroamericano no puede garantizarle ni a su propia gente.

Expertos locales consultados por Efe consideran que EE.UU. sí ha presionado a Honduras para que sea considerado un «tercer país seguro» y que le ha amenazado con gravar las remesas familiares, que para este año, según las autoridades hondureñas, podrían superar los 5.000 millones de dólares.

La figura del «tercer país seguro» ha generado polémica en México y Centroamérica, pues permitiría a EE.UU. enviar a esos países a los solicitantes de asilo que lleguen a sus fronteras para que pidan desde ahí ese amparo y no permanezcan en suelo estadounidense, bajo el argumento de que es más seguro para los migrantes.

Justamente ese término ha sido rechazado contundentemente por el canciller hondureño, Lisandro Rosales, quien el pasado 17 de septiembre dijo a Efe: «no sé de que tercer país seguro me habla, nosotros lo que estamos hablando con Estados Unidos es de un convenio bilateral de cooperación en temas migratorios».

De los acuerdos alcanzados hasta ahora no se conocen mayores detalles, solamente lo expresado en comunicados conjuntos en Washington y Tegucigalpa luego de reuniones celebradas durante las últimas dos semanas en ambas capitales.

En una escueta declaración conjunta del viernes, indicaron que representantes de los Gobiernos de los dos países «se reunieron esta semana en Tegucigalpa para conversar sobre cómo «mejorar la colaboración en las áreas de aplicación de la ley y el intercambio de información, reforzar la seguridad fronteriza regional, fortalecer las protecciones migratorias y aumentar las oportunidades de empleo temporal en los Estados Unidos».

El tema es cuestionado por sectores hondureños que, al margen de que Honduras acepte o no ser «tercer país seguro», creen que el país no le puede garantizar seguridad a migrantes suramericanos, cubanos y de otras nacionalidades que, por miles, todos los años cruzan por el país con la idea de llegar a EE.UU.

La preocupación de algunos sectores es porque consideran que Honduras podría verse en problemas para atender eventualmente a miles de migrantes que se estarían viendo obligados a solicitar asilo desde allí, por exigencias de Estados Unidos.

Eso sería similar a lo sucedido en los años 80, cuando el país albergó a más de 75.000 refugiados, en su mayoría salvadoreños, nicaragüenses y en menor número guatemaltecos y haitianos.

La presencia de miles de migrantes en Honduras tendría un coste que alguien tendría que pagar, que expertos consideran que debe recaer en Estados Unidos porque es el país más interesado en el tema migratorio.

El analista Víctor Meza dijo a Efe que son «tres compromisos» los que autoridades hondureñas «han firmado con Estados Unidos» en las últimas semanas «que convierten a Honduras no solamente en un país llamado tercer país seguro, siendo uno de los países más inseguros del mundo».

«Lo quieren convertir por medio de un convenio en el país seguro», además que se habrían firmado «acuerdos para reforzar las patrullas fronterizas, los controles, las políticas de fronteras, es una cosa seria», añadió Meza.

En opinión del obispo de San Pedro Sula, norte de Honduras, Ángel Garachana, lo que quiere el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es «ir bajando los controles» migratorios, de tal manera «que no sea él quien tenga que dar la condición de refugiado político, sino que sean México, Guatemala y Honduras».

El religioso dijo a periodistas que es «lamentable» que Estados Unidos gravara las remesas familiares en caso de que Honduras no accediera a las exigencias migratorias de la nación del norte.

Garachana, quien además preside la Conferencia Episcopal de Honduras, afirmó que «país seguro», Honduras «ahora ni siquiera lo es para los hondureños» y que, por tanto, no se puede hablar de «país seguro para los inmigrantes transeúntes».

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ha dicho que «Honduras debe ser un país seguro en la medida que evitemos que se aglomere o pueda crecer una ola enorme de extranjeros en territorio nacional, puesto que estamos luchando para que nuestra gente tenga más y mejores oportunidades; sería más difícil, por ejemplo, con una carga de 70.000 personas que vengan de África o de Cuba».

«Se debe llegar a un acuerdo bilateral con Estados Unidos, que nuestras fronteras, Nicaragua-Honduras, Guatemala-Honduras, sean fronteras seguras, se tenga presencia allí, se pueda cumplir con las obligaciones internacionales, entre otros temas», acotó.

El asesor especial de Trump y director principal de la División de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., Mauricio Claver-Carone, dijo el jueves en una teleconferencia desde Washington que los «acuerdos» que se buscan son «de cooperación de asilo», los que en su opinión, «son diferentes a los acuerdos de tercer país seguro».

A manera de ejemplo citó que si una persona que esté huyendo de persecución política en Cuba transita por Honduras, «entonces esa persona ya no sería perseguida por el régimen cubano en Honduras» y que igual sería «con un nicaragüense o con un venezolano que esté transitando por El Salvador».

La situación no es fácil para Honduras, que además de la violencia, que a diario deja entre diez y catorce muertos, enfrenta una crisis política y social que se agudizó luego de la reelección del presidente Hernández en los comicios generales del 26 de noviembre de 2017, en los que según la oposición, hubo fraude.

Desde entonces la oposición ha venido exigiendo la salida del poder del gobernante hondureño.

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Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida

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Agencia Efe

Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.

El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.

La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la IndiaChina y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.

Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.

El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.

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Putin ordena suspender tres días los ataques a Kiev tras la llegada de los emisarios de EE.UU.

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Efe

Berlín.- El presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado cesar durante tres días los ataques contra la capital ucraniana debido al viaje a Moscú y Kiev de los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, según informó hoy el Kremlin.

«El presidente ruso, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Vladímir Putin, ordenó a partir de la medianoche de hoy y durante tres días no lanzar ataques contra Kiev. Esto está relacionado con los preparativos de los contactos de los (enviados) estadounidenses en Kiev», explicó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a las agencias locales.

Peskov también confirmó que Kiev había informado a Moscú de la decisión del presidente ucraniano, Volodími Zelenski, de suspender los ataques a Rusia durante la presencia en ambos países de Witkoff y Kushner.

Al menos 27 muertos y 42 heridos en un ataque ruso contra un almacén cerca de Kiev

Washington había exigido a ambos bandos en conflicto garantías de seguridad, tras lo que el Kremlin negó en un primer momento el viernes un posible acuerdo al respecto con Ucrania.

’Rusia debe hacer lo mismo (…) Nuestro objetivo es que la visita y las negociaciones con la parte estadounidense sean lo más constructivas y sustanciales posible», comentó Zelenski anoche en su tradicional alocución a la nación.

Zelenski había amenazado esta semana a Rusia con hacer «imposibles» las comunicaciones aéreas en su territorio, por lo que llamó a las cancillerías occidentales y a las aerolíneas extranjeras a reaccionar en consecuencia.

Putin recibirá hoy a ambos mediadores

A su vez, el portavoz ruso confirmó que Putin recibirá hoy a ambos mediadores, que no viajaban a Moscú desde enero pasado. «Efectivamente, habrá reunión. Por regla general, hasta ahora han sido bastante prolongadas», dijo.

Con todo, llamó también a no precipitarse acerca de los posibles resultados de la reunión, ya que -recordó- «el propio presidente (de EE.UU., Donald) Trump dijo ayer que no se trataba de nuevas ideas» para el arreglo del conflicto.

En cuanto al motivo de que, por primera vez, Witkoff y Kushner también viajen a Kiev, instó a los reporteros a hacerles esa misma pregunta a los enviados estadounidenses.

Trump confirma que sus enviados viajan a Rusia y Ucrania para reavivar las negociaciones

El avión especial de EE.UU. con ambos emisarios entró en el espacio aéreo ruso desde Finlandia menos de dos semanas después de que visitara Moscú por primera vez desde el comienzo de la guerra en Ucrania el director de la CIA, John Ratcliffe.

Trump reconoció anoche que sus enviados «llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra. Porque yo puse fin a ocho guerras».

Putin se mostró esta semana dispuesto a recibir a Witkoff y Kushner, pero ha rechazado por el momento tanto un alto el fuego prolongado como una posible cumbre tripartita con EE.UU. y Ucrania, a no ser que sea para firmar la paz definitiva.

Las negociaciones ruso-ucranianas están estancadas desde febrero pasado, cuando comenzó la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Veinticinco años después del 11 de septeimbre, el «cerebro» del atentado aún espera juicio para 2028

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Efe

Washington, EEUU.-Veinticinco años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el presunto cerebro y otros tres acusados siguen a la espera de un juicio, que se prevé comience el próximo 5 de junio de 2028 después de pasar más de una década estancado en su fase preliminar.

El complejo caso conjunto contra Jalid Sheij Mohamed, quien habría propuesto la idea a Osama bin Laden y luego supervisado la operación, Ammar al Baluchi, Walid bin Attash y Mustafa al Hawsawi, se tramita ante las comisiones militares creadas en la base naval de Guantánamo.

En su enclave militar al este de Cuba, EE.UU. llegó a retener a unos 780 hombres, de los que hoy quedan 15 prisioneros considerados de alto riesgo o en un limbo legal. La prisión continúa en funcionamiento a pesar de los intentos del expresidente demócrata Barack Obama por clausurarla.

Prisioneros de alto perfil

Sheij Mohamed, su sobrino Al Baluchi (conocido también como Ali Abdul Aziz Ali), Bin Attash y Al Hawsawi permanecen recluidos en instalaciones de máxima seguridad en Guantánamo, tras años en cárceles clandestinas de la CIA y después de ser sometidos a técnicas de interrogatorio consideradas tortura, como el ahogamiento simulado («waterboarding», en inglés).

El prisionero de mayor valor en la base naval y sus cómplices se enfrentan a la pena de muerte por el asesinato de 2.977 personas en Nueva York, Washington y Pensilvania, en los peores atentados terroristas en la historia de Estados Unidos.

En julio de 2024, Sheij Mohammed y otros dos acusados llegaron a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales militares a cambio de evitar la pena de muerte por condenas de cadena perpetua, un intento por cerrar el expediente que luego fracasó.

Años de retraso

Los cargos contra los acusados fueron presentados por primera vez ante una comisión militar en 2008, tras lo cual el procedimiento se suspendió por varios años y fue reformulado bajo nuevas normas en 2012.

Además de las acusaciones contra el supuesto ideólogo del 11S, Bin Attash está señalado por dirigir la selección y el entrenamiento de varios de los atacantes, mientras que Al Baluchi y Al Hawsawi supuestamente enviaron ayuda monetaria y se encargaron de varios preparativos en la operación.

En 2023, un juez militar separó a un quinto acusado, Ramzi bin al Shibh, del caso original por incapacidad mental.

Desde su reinicio, el proceso ha estado plagado de demoras logísticas debido a la lejanía de Guantánamo del territorio estadounidense, denuncias por escuchas a la defensa, junto a debates para esclarecer si las confesiones de los acusados están «manchadas» por las torturas de la CIA y pueden ser usadas en una corte.

También ha habido retrasos por imprevistos técnicos y los cuidadosos procedimientos para evitar revelar identidades e información delicada en un caso donde todavía muchas de las evidencias permanecen selladas al público e incluso a varios miembros de la defensa.

Una fecha para el juicio

Estos años de estancamiento han provocado la frustración de los supervivientes y los familiares de las víctimas, que exigen que se haga justicia y denuncian la lentitud de un proceso que, según afirmaron varios de ellos a EFE, debía haberse celebrado en tribunales de Nueva York o Washington.

Sin embargo, a fines de agosto pasado, el juez militar Michael Schrama determinó que el juicio contra Sheij Mohamed y sus cómplices comenzaría el próximo 5 de junio de 2028 con la selección del jurado en las salas de las comisiones militares en Guantánamo, casi 27 años después de los atentados.

Inicialmente la Fiscalía había solicitado que el juicio comenzara en enero de 2027, pero Schrama -el quinto magistrado asignado al caso desde 2012- consideró que esta no era una fecha realista.

A pesar de tener ya plazo previsto, el proceso debe aún resolver numerosas cuestiones previas y depende del cumplimiento de plazos fijados por el tribunal, por lo que expertos no descartan nuevas demoras en el calendario del caso, visto a menudo como un claro ejemplo de la lentitud de la justicia militar estadounidense.

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