Nacionales
La guerra de las encuestas en la pre-campaña peledeísta y perremeísta
Lo precandidatos Gonzalo Castillo y Leonel Fernández.
La guerra de las encuestas con miras a las elecciones primarias continúan y las mismas son manipuladas por todos los participantes. Este Martes, la firma Sigmados República Dominicana entregó una medición que afirma que Gonzalo Castillo, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuenta con un mayor porcentaje de votos frente a su principal contendor, Leonel Fernández, quien compite por la misma organización.
La encuesta asegura que el exministro de Obras Públicas y candidato del danilismo cuenta con un 40.6% de los sufragios, frente a un 34.7%, que se decantaría por votar por Fernández.
Un 20.2% dijo que no votaría y un 4.5 dijo no saber o no contestó ante la pregunta Y si los candidatos solo fueran Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, ¿por quién votaría usted?, dice el documento sobre la encuesta.
La encuesta midió otros puntos, como la pregunta de si se consideraba que Castillo pudiera hacerle un aporte al país. Los resultados fueron un 55.8% que sí y 33.6 que no. 10.6% no contestó y/o dijo no saber. La misma pregunta se le hizo a los encuestados con relación a la figura de Fernández con los siguientes resultados: 52.3% cree que no frente a un 41.7% que piensa que si (6.0 expresó no saber o no quiso contestar).
También arrojó que 44.3% considera que una gestión presidencial de Castillo sería buena para el país (23.1, mucho y 21.2%, bastante), mientras que un 43.4% entiende que no sería buena (dividida en 20.5, con poco, y 22.9%, con nada). 12.3% dijo NS y/o NC.
Con la misma pregunta, un 59.2% dijo que un gobierno de Fernández no sería bueno (21.2%, poco y 38.0, nada), frente a un 35.2% que lo valoraría como positivo. 5.6 no contestó o dijo no saber,, de acuerdo a la encuesta.
Dice, además, que un 55.4% de los encuestados dijo tener intenciones de votar en las primarias del PLD y un 39.9 indicó que no. 4.7 expresó no saber si lo haría u optó por no contestar.
De acuerdo a la encuesta, el partido de gobierno (PLD) tiene una simpatía de un 49.9%; el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ocupa el segundo lugar con un 32.8%; le sigue el Partido Revolucionario dominicano (PRD), aliado al Gobierno, con un 4.1%; luego el Reformista Social Cristiano (PRSC), con 1.3% y alianza País con un .6%. Un 8% indicó que su simpatía está en otra organización sin precisar cuál; 6.8 dijo que ninguno y 3.6 respondió NS/NC.
Sobre la valoración y conocimiento de Castillo y Fernández, la encuesta indica que el primero cuenta con un 4.83 de valoración y 76.5% de conocimiento. En cambio, el expresidente Fernández obtuvo un 4.74% en el renglón valoración y 95.6% en conocimiento.
Sigmados dijo que la encuesta se aplicó a nivel nacional con una muestra de 1,200 entrevista mayores de 18 años con cédula electoral. Subrayó que la medición tiene un error general de +2,8%, “para un nivel de confianza del 95%.
Dijo que el cuestionario utilizado fue estructurado, que la selección fue aleatoria, que la entrevista fue personal y que el trabajo de campo se hizo del 19 al 21 de septiembre.
La medición llevó por nombre “Posicionamiento de los precandidatos presidenciales para las primarias del PLD”.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.