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Heredero del propietario del aeropuerto de La Habana demanda a American Airlines y LATAM
EFE
MIAMI, EEUU.- Las compañías aéreas American Airlines y LATAM han sido demandadas bajo la ley Helms-Burton por un despacho de abogados de Miami por operar en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
La demanda fue presentada en nombre de José Ramón López Regueiro, hijo de quien fue el propietario del aeropuerto habanero hasta su expropiación por la revolución cubana de 1959.
Una fuente de la firma Rivero Mestre LLP dijo a Efe que la demanda puede llegar a incluir a otras compañías que operan en dicha terminal aérea y han sido notificadas ya de la intención de Regueiro de buscar compensación.
El título III de la Ley Helms-Burton de 1996, que el Gobierno de Donald Trump puso en vigor en mayo pasado después de haber permanecido en suspenso durante más de 20 años, faculta a los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades en Cuba fueron confiscadas tras la revolución a demandar en tribunales de EE.UU. a las empresas que se beneficien de esos activos.
José Ramón López Regueiro, único heredero del empresario José López Vilaboy, quien también era dueño de Cubana de Aviación entre otras empresas y propiedades, dijo en una rueda de prensa que lleva 60 años esperando que «se haga justicia» por el «robo» del que fue víctima su familia después del triunfo de la revolución en 1959.
Lo que le mueve es eso, aunque también espera ser compensado económicamente, según respondió a una pregunta de Efe en una rueda de prensa celebrada en la sede del despacho de abogados Rivero Mestre, en Coral Gables (condado de Miami Dade).
El abogado Andrés Rivero indicó que, según estimaciones, el valor actual del aeropuerto habanero puede llegar a mil millones de dólares y su cliente, de acuerdo a la ley Helms-Burton, tiene derecho a solicitar una compensación por el total.
Pero, además, la compensación a pagar sería en este caso triple, como corresponde, según la Ley Helms-Burton, cuando la notificación enviada para advertir de que deben cesar sus actividades ilícitas en un plazo de 30 días no tiene respuesta de los notificados.
Esta demanda, que podría ampliarse más adelante a otras compañías que operan «ilícitamente» en el aeropuerto de La Habana -Rivero Mestre ha notificado a unas 50, incluidas las dos demandadas-, ha sido posible merced a que el título III de la Ley Helms-Burton de 1996, que estuvo en suspenso durante más de 20 años, fue puesto en vigor el pasado 2 de mayo por decisión del Gobierno de EE.UU.
Ese título faculta a los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades en Cuba fueron confiscadas después del triunfo de la revolución en 1959 a demandar en tribunales de EE.UU. a las empresas que se beneficien de esos activos.
Desde su entrada en vigor son muchas las empresas demandadas, entre ellas las del sector turístico Carnival, Expedia, Booking, Trivago, Meliá, Barceló, Iberostar, Accor y Blue Diamond, así como el banco Société Générale, pero hasta ahora no ha habido fallos judiciales.
El abogado Rivero opinó que los tribunales federales de Miami se van a mover «con rapidez» en el trámite de estas demandas y calculó que en este caso concreto el proceso puede durar entre uno y dos años.
En respuesta a una pregunta de los periodistas dijo que solo dos de las aerolíneas notificadas respondieron en el plazo fijado, pero no para indicar que cesaban sus operaciones en el aeropuerto habanero sino para pedir más información a los abogados, por lo que su situación es la misma que la de las demás.
Rivero y el también abogado Manuel Vázquez rehusaron informar sobre las otras compañías notificadas, pero finalmente mencionaron entre las estadounidenses a Jet Blue y Delta.
«Todas son compañías no cubanas de sociedades capitalistas que tienen la capacidad de dejar de operar» en el aeropuerto José Martí para evitar la demanda, dijo Rivero.
También dijo el abogado miamense que incluso aunque el actual presidente de EE.UU., Donald Trump, u otro que le suceda en la Casa Blanca decidiese dejar en suspenso el título III de la ley Helms-Burton, las demandas ya presentadas seguirían su curso.
El demandante, que salió de Cuba a los seis años y hoy tiene 66 años, subrayó que a pesar de que era muy niño todavía recuerda los «21 registros» que sufrieron en su casa habanera por parte de agentes del Gobierno castrista que buscaban las escrituras de las propiedades familiares, incluido la del aeropuerto José Martí.
López Vilaboy no fue compensado por la expropiación por los dirigentes de la revolución de 1959, que dio lugar a un régimen que sesenta años después sigue gobernando Cuba.
Preguntado por los efectos negativos que estas demandas pueden tener en los ciudadanos cubanos, Andrés Rivero, dijo que la responsabilidad recae exclusivamente en quienes «robaron» propiedades de otros cubanos y en quienes ilegalmente hacen negocio con ellas.
Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, las autoridades estadounidenses han «certificado» 5.913 casos de ciudadanos y empresas que pueden acogerse al Título III por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.
La demanda de López Regueiro no entra en las certificadas, en razón de que López Regueiro no se radicó en Estados Unidos cuando su familia dejó Cuba en los años 60 del siglo XX, sino en España y el demandante no se trasladó a este país hasta 2009.
Por EFE
WASHINGTON.- Los indultos al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y al congresista Henry Cuéllar son los dos últimos añadidos a la larga lista de polémicos indultos presidenciales de Donald Trump en el último año y que han puesto en tela de juicio el uso de esos perdones por razones de afinidad política o por la falta de coherencia en su campaña contra las drogas.
Según un análisis publicado este lunes por el Washington Post, el mandatario ha concedido clemencia a al menos 10 personas por delitos relacionados con las drogas desde el inicio de su segundo mandato, como al líder de una pandilla de Chicago Larry Hoover y al capo de la droga de Baltimore Garnett Smith.
Juan Orlando Hernández
El caso más reciente es el indulto total al expresidente hondureño, condenado a 45 años de cárcel por cargos de narcotráfico, con el argumento de que su procesamiento había sido una «trampa» de la administración del expresidente Joe Biden.
Críticos han cargado contra Trump por considerar «hipócrita» la liberación de una persona acusada de narcotráfico mientras eleva la presión en Latinoamérica con sus acciones contra las supuestas narcolanchas vinculadas al Tren de Aragua o al Cartel de los Soles.
Ross Ulbricht
El creador del mercado web ilegal Silk Road, Ross Ulbricht, había sido condenado a cadena perpetua en 2015 con cargos de narcotráfico, conspiración y fraude informático. A su regreso a la Casa Blanca, el republicano le concedió el indulto.
Liz Oyer, abogada de indultos bajo la Administración de Trump antes de que él la despidiera, aseguró al Washington Post que estos dos casos son una muestra de «la erosión de un sistema donde cada vez pesan más el dinero y la influencia política».
Pero en esta lista de nombres no solo se encuentran condenados por tráfico de drogas.
Henry Cuéllar
La supuesta persecución política de Biden también fue el motivo que el mandatario alegó para indultar la pasada semana al congresista demócrata de Texas Henry Cuéllar, acusado en mayo de 2024 de aceptar 600,000 dólares en sobornos de un banco mexicano.
Cuéllar, miembro del Congreso por el partido demócrata desde 2005, cargó abiertamente contra la política migratoria de Biden y se alineó con posturas más cercanas a las que ahora defiende Trump.
George Santos
En octubre pasado, el presidente conmutó la sentencia del excongresista republicano de Nueva York George Santos, condenado a más de siete años de prisión por fraude y robo de identidad agravado por el mal uso de fondos de campaña para disfrute personal.
Trump describió a Santos como alguien que suele ser «un poco pícaro» pero dijo que hay muchos pícaros en el país y que no por ello están obligados a pasar siete años en la cárcel. Santos es conocido por sus comentarios polémicos sobre corrupción y migración y acumula diversas denuncias en su carrera.
David Gentile
David Gentile, director ejecutivo de una empresa de capital privado condenado a siete años de cárcel por fraude de valores, acababa de entrar en prisión cuando también recibió la clemencia de la Casa Blanca.
El expropietario de GPB Capital Holdings fue sentenciado por estafar alrededor de 1,600 millones de dólares a más de 10,000 inversores.
Changpeng Zhao
Trump indultó el pasado 23 de octubre al cofundador de la plataforma de criptomonedas Binance Changpeng Zhao, condenado por blanqueo de dinero.
El caso tuvo especial relevancia ya que, desde el regreso del neoyorquino a la Casa Blanca, Binance se ha convertido en un importante apoyo para la empresa de criptomonedas World Liberty Financial, fundada por la familia de Trump.
Participantes en el ataque al Capitolio de 2021
El primer día de su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, Trump indultó a todos los condenados o pendientes de sentencia por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, incluidos aquellos acusados de sedición.
A estos polémicos indultos se suman casos como el de Joseph Shwartz, un magnate estadounidense condenado por fraude que, según informó el Washington Post, llegaría a pagar cerca de 1 millón de dólares a un lobby con la esperanza de obtener clemencia. La Casa Blanca le concedió el indulto, pero negó lazos con estos grupos de interés.
En manos del presidente, los perdones presidenciales, alrededor de 1,600 en 2025, se han convertido en una especie de termómetro del poder y, para muchos críticos, una práctica de «pago por clemencia» que sigue sumando nombres a la lista.
Londres (EFE).- América Latina tenderá a reforzar sus vínculos con China, ya consolidada como principal inversor de Sudamérica, si el Gobierno estadounidense de Donald Trump insiste en una política «punitiva» y sin incentivos para la región, declaró este martes a EFE Daniel Linsker, directivo de la consultora Control Risks.
Linsker evaluó el impacto del «meteorito Trump» en la presentación en Londres del informe ‘LatAm Outlook 2026’ del centro de estudios británico Canning House, que analiza los desafíos y oportunidades para el subcontinente.
El analista explicó que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Washington vuelve a colocar al «hemisferio oeste», o América, en el centro, pero no desde la cooperación sino desde la presión: sanciones, designación de carteles como terroristas y la exigencia de definir una política sobre China.
«Si EE.UU. no ofrece algo positivo, la región simplemente seguirá donde ya está: con China», afirmó.
El ‘shock’ de un ataque a Venezuela
El experto advirtió además de que un eventual uso de ataques aéreos selectivos contra Venezuela para desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro tendría un impacto psicológico y político «muy fuerte» en toda América Latina.
El informe subraya que el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marcó «un cambio significativo» en la política estadounidense hacia América Latina, con un enfoque «más asertivo».
Según el estudio, los líderes latinoamericanos respondieron de distintas maneras, dado que las divisiones internas impidieron una postura unificada.
Oportunidad en la diversificación
Ante las presiones de Trump y la creciente influencia de China, muchas naciones latinoamericanas buscan ahora «diversificar sus relaciones internacionales», con la mira en países del Golfo, India y el sudeste asiático, aunque el potencial para el intercambio comercial, por el tipo de productos, es limitado, indica el documento.
Al mismo tiempo, América Latina, rica en recursos alimentarios y energéticos, atrae inversión de otros países en vías de desarrollo, como Vietnam, lo que «refleja un cambio en la dinámica económica mundial».
Los autores subrayan que la región tiene «potencial para revitalizar su economía», impulsada por la demanda de alimentos y minerales estratégicos, así como por oportunidades vinculadas a la transición energética.
No obstante, el estudio alerta sobre la persistencia de riesgos de seguridad, con violencia organizada y grupos criminales en países como México, Colombia, El Salvador o Ecuador, lo cual, dicen, «dificulta la gobernabilidad y afecta la inversión».
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