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Heredero del propietario del aeropuerto de La Habana demanda a American Airlines y LATAM

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EFE

MIAMI, EEUU.- Las compañías aéreas American Airlines y LATAM han sido demandadas bajo la ley Helms-Burton por un despacho de abogados de Miami por operar en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

La demanda fue presentada en nombre de José Ramón López Regueiro, hijo de quien fue el propietario del aeropuerto habanero hasta su expropiación por la revolución cubana de 1959.

Una fuente de la firma Rivero Mestre LLP  dijo a Efe que la demanda puede llegar a incluir a otras compañías que operan en dicha terminal aérea y han sido notificadas ya de la intención de Regueiro de buscar compensación.

Vehículo que el 20 de marzo de 2016 recorre el aeropuerto José Martí de La Habana (Cuba) llevando en su interior al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. 

El título III de la Ley Helms-Burton de 1996, que el Gobierno de Donald Trump puso en vigor en mayo pasado después de haber permanecido en suspenso durante más de 20 años, faculta a los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades en Cuba fueron confiscadas tras la revolución a demandar en tribunales de EE.UU. a las empresas que se beneficien de esos activos.

José Ramón López Regueiro, único heredero del empresario José López Vilaboy, quien también era dueño de Cubana de Aviación entre otras empresas y propiedades, dijo en una rueda de prensa que lleva 60 años esperando que «se haga justicia» por el «robo» del que fue víctima su familia después del triunfo de la revolución en 1959.

Lo que le mueve es eso, aunque también espera ser compensado económicamente, según respondió a una pregunta de Efe en una rueda de prensa celebrada en la sede del despacho de abogados Rivero Mestre, en Coral Gables (condado de Miami Dade).

El abogado Andrés Rivero indicó que, según estimaciones, el valor actual del aeropuerto habanero puede llegar a mil millones de dólares y su cliente, de acuerdo a la ley Helms-Burton, tiene derecho a solicitar una compensación por el total.

Pero, además, la compensación a pagar sería en este caso triple, como corresponde, según la Ley Helms-Burton, cuando la notificación enviada para advertir de que deben cesar sus actividades ilícitas en un plazo de 30 días no tiene respuesta de los notificados.

Esta demanda, que podría ampliarse más adelante a otras compañías que operan «ilícitamente» en el aeropuerto de La Habana -Rivero Mestre ha notificado a unas 50, incluidas las dos demandadas-, ha sido posible merced a que el título III de la Ley Helms-Burton de 1996, que estuvo en suspenso durante más de 20 años, fue puesto en vigor el pasado 2 de mayo por decisión del Gobierno de EE.UU.

Ese título faculta a los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades en Cuba fueron confiscadas después del triunfo de la revolución en 1959 a demandar en tribunales de EE.UU. a las empresas que se beneficien de esos activos.

Desde su entrada en vigor son muchas las empresas demandadas, entre ellas las del sector turístico Carnival, Expedia, Booking, Trivago, Meliá, Barceló, Iberostar, Accor y Blue Diamond, así como el banco Société Générale, pero hasta ahora no ha habido fallos judiciales.

El abogado Rivero opinó que los tribunales federales de Miami se van a mover «con rapidez» en el trámite de estas demandas y calculó que en este caso concreto el proceso puede durar entre uno y dos años.

En respuesta a una pregunta de los periodistas dijo que solo dos de las aerolíneas notificadas respondieron en el plazo fijado, pero no para indicar que cesaban sus operaciones en el aeropuerto habanero sino para pedir más información a los abogados, por lo que su situación es la misma que la de las demás.

Rivero y el también abogado Manuel Vázquez rehusaron informar sobre las otras compañías notificadas, pero finalmente mencionaron entre las estadounidenses a Jet Blue y Delta.

«Todas son compañías no cubanas de sociedades capitalistas que tienen la capacidad de dejar de operar» en el aeropuerto José Martí para evitar la demanda, dijo Rivero.

También dijo el abogado miamense que incluso aunque el actual presidente de EE.UU., Donald Trump, u otro que le suceda en la Casa Blanca decidiese dejar en suspenso el título III de la ley Helms-Burton, las demandas ya presentadas seguirían su curso.

El demandante, que salió de Cuba a los seis años y hoy tiene 66 años, subrayó que a pesar de que era muy niño todavía recuerda los «21 registros» que sufrieron en su casa habanera por parte de agentes del Gobierno castrista que buscaban las escrituras de las propiedades familiares, incluido la del aeropuerto José Martí.

López Vilaboy no fue compensado por la expropiación por los dirigentes de la revolución de 1959, que dio lugar a un régimen que sesenta años después sigue gobernando Cuba.

Preguntado por los efectos negativos que estas demandas pueden tener en los ciudadanos cubanos, Andrés Rivero, dijo que la responsabilidad recae exclusivamente en quienes «robaron» propiedades de otros cubanos y en quienes ilegalmente hacen negocio con ellas.

Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, las autoridades estadounidenses han «certificado» 5.913 casos de ciudadanos y empresas que pueden acogerse al Título III por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.

La demanda de López Regueiro no entra en las certificadas, en razón de que López Regueiro no se radicó en Estados Unidos cuando su familia dejó Cuba en los años 60 del siglo XX, sino en España y el demandante no se trasladó a este país hasta 2009.

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Candidato de Trump a fiscal general defiende la gestión del caso Epstein ante el Senado

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Washington, (EFE).- El fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, nominado por el presidente, Donald Trump, para ocupar el cargo de manera permanente, defendió este miércoles la gestión del Departamento de Justicia en la divulgación de los papeles del caso de Jeffrey Epstein, durante su sesión de confirmación ante el Senado.

Ante las críticas de senadores demócratas sobre la censura de algunos documentos, Blanche reconoció que si bien hubo problemas en la publicación de miles de pruebas contra el fallecido delincuente sexual, estos fueron abordados y corregidos.
«Se realizaron grandes esfuerzos en aplicar las censuras adecuadas, se cometieron errores y, por tanto, aproximadamente el 1 % de las censuras tuvieron que corregirse después de que publicáramos los archivos de Epstein», indicó el que fuera abogado personal de Trump.

Subrayó que «no hay investigaciones cerradas» y que, aunque no existen de momento pruebas nuevas, revisarán la nueva información que surja.

«Si nos enteramos hoy, la semana que viene o el mes que viene de que existe un individuo al que podamos investigar, imputar y procesar a raíz de los archivos de Epstein, tengan por seguro que lo haremos», prometió Blanche, quien agregó que «jamás» dejarán de escuchar a las víctimas.

También insistió en que los papeles del caso Epstein fueron publicados gracias al compromiso de la Administración Trump con la transparencia.

La polémica sobre el caso del financiero y examigo de Trump, estalló después de que el Departamento de Justicia informara hace un año que no publicaría más información sobre el pederasta y asegurara que este no contaba con una lista de clientes famosos a los que chantajeaba, como afirman varias teorías conspirativas.

Aunque en un principio se mostró furioso con quienes pedían la publicación de todos los documentos, el mandatario rectificó y firmó la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein tras comprobar el fuerte apoyo del Congreso.

Primero como fiscal general adjunto y luego como titular interino tras la salida de Pam Bondi en abril, Blanche ha estado involucrado en la gestión del caso y la publicación de estos papeles, en los que el mandatario aparece mencionado más de mil veces.

También fue el encargado de encabezar un interrogatorio en prisión con Ghislaine Maxwell, expareja y principal colaboradora de Epstein.

Blanche también fue interrogado sobre el polémico fondo multimillonario para compensar a sus aliados de Trump que fueron investigados durante el Gobierno de su predecesor, Joe Biden.

«El fondo para investigar el uso partidista de las instituciones ha muerto. No va a seguir adelante», aseguró el fiscal general interino.

Tras la sesión de este miércoles, el Comité Judicial del Senado deliberará si recomendar su candidatura para un voto en el pleno.

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Más de 113 millones de personas en riesgo por el peor día de la ola de calor en Estados Unidos

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Agencia EFE

Estados Unidos vive este miércoles el peor día de la ola de calor con más de 113 millones de personas en riesgo «mayor» o «extremo», especialmente en el norte y el noreste del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

La autoridad meteorológica advirtió en su último boletín de «calor y humedad anómalos» en el norte y medio oeste de EE.UU., que se extenderá hacia el noreste en los próximos días y dejará temperaturas de entre 32 y 38 grados centígrados.

Además, emitió este miércoles un aviso de calor «mayor» que afecta a las 113,8 millones de personas que residen en una amplia franja de terreno desde las Dakotas hasta Virginia, incluyendo a metrópolis como Chicago o Nueva York. Puntos aislados de California y Florida también están afectados.

Casi dos millones de personas, en las Dakotas, viven esta jornada bajo aviso «extremo«, que extiende el peligro a las infraestructuras y durante la noche.

El organismo prevé que las condiciones de calor abandone los núcleos más poblados a partir del jueves, día en que ambos avisos afectarán a 95 millones de habitantes, mientras que esa cifra se reducirá a 66 millones el viernes y a 33 millones el sábado, principalmente en el sureste del país.

Aparte del calor, regiones de Texas, Nuevo México y Montana se encuentran hoy bajo alerta por inundaciones, a causa de fuertes tormentas.

En Texas, el NWS advierte de «acumulaciones totales de entre 6 y 8 pulgadas (entre 15 y 20 centímetros), con la posibilidad de superar las 10 pulgadas (25 centímetros) en algunas zonas durante los próximos días«, con riesgo de «peligrosas inundaciones repentinas».

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Corte Suprema mantiene la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

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Agencia EFE

Estados Unidos.-La Corte Suprema de Estados Unidos consideró este martes ilegal la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, para limitar la ciudadanía de personas nacidas en territorio estadounidense como hijos de padres indocumentados o con visados temporales, un derecho que la corte considera consagrado en la Constitución.

El dictamen reconoce que «los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están ‘sujetos a la jurisdicción'» por lo que «son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda».

La decisión fue adoptada por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados que componen la corte y mantiene una interpretación de la Constitución que durante más de 150 años considera estadounidense a casi cualquier persona —existen excepciones como los hijos de funcionarios diplomáticos— que nazca dentro de la nación.

Otros tres jueces considerados conservadores disintieron del voto de la mayoría al no reconocer la ciudadanía por nacimiento «totalmente» automática.

Trump había prometido en campaña limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares, una medida que firmó el mismo día en que asumió su segundo mandato, el 20 de enero de 2025 y que inauguró un periodo de restrictivas políticas antimigratorias.

Trump acudió el pasado mes de abril a la sesión pública de la Corte Suprema en la que se debatió la legalidad de la orden, la primera vez que un mandatario estadounidense en ejercicio presencia argumentos orales ante el alto tribunal.

El mandatario estadounidense ha argumentado que la Decimocuarta Enmienda se ha malinterpretado y ha asegurado que EE. UU. es el único país que otorga el derecho de ciudadanía de manera automática cuando en su suelo, un argumento falso, puesto que una treintena de países en todo el mundo también reconocen ese derecho.

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