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Heredero del propietario del aeropuerto de La Habana demanda a American Airlines y LATAM
EFE
MIAMI, EEUU.- Las compañías aéreas American Airlines y LATAM han sido demandadas bajo la ley Helms-Burton por un despacho de abogados de Miami por operar en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
La demanda fue presentada en nombre de José Ramón López Regueiro, hijo de quien fue el propietario del aeropuerto habanero hasta su expropiación por la revolución cubana de 1959.
Una fuente de la firma Rivero Mestre LLP dijo a Efe que la demanda puede llegar a incluir a otras compañías que operan en dicha terminal aérea y han sido notificadas ya de la intención de Regueiro de buscar compensación.
El título III de la Ley Helms-Burton de 1996, que el Gobierno de Donald Trump puso en vigor en mayo pasado después de haber permanecido en suspenso durante más de 20 años, faculta a los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades en Cuba fueron confiscadas tras la revolución a demandar en tribunales de EE.UU. a las empresas que se beneficien de esos activos.
José Ramón López Regueiro, único heredero del empresario José López Vilaboy, quien también era dueño de Cubana de Aviación entre otras empresas y propiedades, dijo en una rueda de prensa que lleva 60 años esperando que «se haga justicia» por el «robo» del que fue víctima su familia después del triunfo de la revolución en 1959.
Lo que le mueve es eso, aunque también espera ser compensado económicamente, según respondió a una pregunta de Efe en una rueda de prensa celebrada en la sede del despacho de abogados Rivero Mestre, en Coral Gables (condado de Miami Dade).
El abogado Andrés Rivero indicó que, según estimaciones, el valor actual del aeropuerto habanero puede llegar a mil millones de dólares y su cliente, de acuerdo a la ley Helms-Burton, tiene derecho a solicitar una compensación por el total.
Pero, además, la compensación a pagar sería en este caso triple, como corresponde, según la Ley Helms-Burton, cuando la notificación enviada para advertir de que deben cesar sus actividades ilícitas en un plazo de 30 días no tiene respuesta de los notificados.
Esta demanda, que podría ampliarse más adelante a otras compañías que operan «ilícitamente» en el aeropuerto de La Habana -Rivero Mestre ha notificado a unas 50, incluidas las dos demandadas-, ha sido posible merced a que el título III de la Ley Helms-Burton de 1996, que estuvo en suspenso durante más de 20 años, fue puesto en vigor el pasado 2 de mayo por decisión del Gobierno de EE.UU.
Ese título faculta a los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades en Cuba fueron confiscadas después del triunfo de la revolución en 1959 a demandar en tribunales de EE.UU. a las empresas que se beneficien de esos activos.
Desde su entrada en vigor son muchas las empresas demandadas, entre ellas las del sector turístico Carnival, Expedia, Booking, Trivago, Meliá, Barceló, Iberostar, Accor y Blue Diamond, así como el banco Société Générale, pero hasta ahora no ha habido fallos judiciales.
El abogado Rivero opinó que los tribunales federales de Miami se van a mover «con rapidez» en el trámite de estas demandas y calculó que en este caso concreto el proceso puede durar entre uno y dos años.
En respuesta a una pregunta de los periodistas dijo que solo dos de las aerolíneas notificadas respondieron en el plazo fijado, pero no para indicar que cesaban sus operaciones en el aeropuerto habanero sino para pedir más información a los abogados, por lo que su situación es la misma que la de las demás.
Rivero y el también abogado Manuel Vázquez rehusaron informar sobre las otras compañías notificadas, pero finalmente mencionaron entre las estadounidenses a Jet Blue y Delta.
«Todas son compañías no cubanas de sociedades capitalistas que tienen la capacidad de dejar de operar» en el aeropuerto José Martí para evitar la demanda, dijo Rivero.
También dijo el abogado miamense que incluso aunque el actual presidente de EE.UU., Donald Trump, u otro que le suceda en la Casa Blanca decidiese dejar en suspenso el título III de la ley Helms-Burton, las demandas ya presentadas seguirían su curso.
El demandante, que salió de Cuba a los seis años y hoy tiene 66 años, subrayó que a pesar de que era muy niño todavía recuerda los «21 registros» que sufrieron en su casa habanera por parte de agentes del Gobierno castrista que buscaban las escrituras de las propiedades familiares, incluido la del aeropuerto José Martí.
López Vilaboy no fue compensado por la expropiación por los dirigentes de la revolución de 1959, que dio lugar a un régimen que sesenta años después sigue gobernando Cuba.
Preguntado por los efectos negativos que estas demandas pueden tener en los ciudadanos cubanos, Andrés Rivero, dijo que la responsabilidad recae exclusivamente en quienes «robaron» propiedades de otros cubanos y en quienes ilegalmente hacen negocio con ellas.
Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, las autoridades estadounidenses han «certificado» 5.913 casos de ciudadanos y empresas que pueden acogerse al Título III por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.
La demanda de López Regueiro no entra en las certificadas, en razón de que López Regueiro no se radicó en Estados Unidos cuando su familia dejó Cuba en los años 60 del siglo XX, sino en España y el demandante no se trasladó a este país hasta 2009.
Internacionales
EEUU anuncia endurecimiento de política de visados para América Latina y el Caribe
Agencia AFP
Washington, Estados Unidos.-Estados Unidos anunció este jueves un endurecimiento de su política de visados para América Latina y el Caribe que afecta en un primer momento a 26 personas, sin detallar nombres ni nacionalidades.
«Esta Administración negará a las potencias adversarias la capacidad de poseer o controlar activos vitales o de amenazar la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos en nuestra región», explica inicialmente el comunicado de prensa.
«En apoyo de este objetivo fundamental, el Departamento de Estado anuncia una expansión significativa de una política de restricción de visas ya existente», indicó.
El caso más sonado fue el del presidente colombiano Gustavo Petro, tras su presencia en una manifestación en las calles de Nueva York en septiembre al margen de la asamblea general de Naciones Unidas.
En plena pugna verbal entre Trump y Petro, el Departamento de Estado le retiró al mes siguiente su visado y anunció además sanciones contra él y miembros de su familia, por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Si bien en el caso del presidente colombiano el gobierno estadounidense brindó información pública, el Departamento de Estado ha destacado que no está obligado a dar nombres, por motivos de confidencialidad.
«No divulgaremos los nombres de individuos afectados por esta política de restricción de visas», explicó una fuente del Departamento de Estado a la AFP bajo anonimato.
«Para demostrar nuestro compromiso con esta política ampliada, hemos tomado medidas para imponer restricciones de visa a 26 personas en todo nuestro hemisferio que han participado en estas actividades», añadió, sin más precisiones.
«La Administración Trump utilizará todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional», explicó.
Estados Unidos levantó el miércoles las sanciones contra la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder después de que Washington derrocara a su predecesor, Nicolás Maduro, en una operación militar en enero.
Según una publicación en el sitio web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el nombre de Rodríguez fue eliminado de la «Lista de Nacionales Especialmente Designados».
Rodríguez celebró la decisión y escribió en X que formaba parte de la «normalización y fortalecimiento» de las relaciones bilaterales.
Las relaciones entre Washington y Caracas se han estrechado desde el derrocamiento de Maduro, y Rodríguez ha accedido a las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump de que Caracas abra su industria energética a las empresas estadounidenses.
Rodríguez despidió a López a mediados de marzo, pero ella ha tenido que mantenerse en una posición delicada entre las exigencias de Washington y las de sus propios partidarios desde el derrocamiento de Maduro.
Cabello, que sigue en el cargo, es considerada una de sus principales partidarias.
Según las autoridades venezolanas, la operación causó la m
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“Si cruzan el río, serán enjuiciados”: altavoces alertan a migrantes en travesía para entrar a EEUU
Texas, Estados Unidos.-“Atención: el río es una zona militarizada. Una regla de seguridad, de propiedad de defensa, que prohíbe la entrada por el río. Entrando por esta área constituye una violación de esta regla. Si cruzan el río, estarán entrando ilegalmente y serán enjuiciados”.
La advertencia irrumpe en el silencio del amanecer. Se transmite desde altavoces de alta potencia instalados en puntos estratégicos del Valle del Río Grande, en el sur de Texas. Su alcance es tal que puede escucharse desde territorio mexicano, a varios kilómetros de distancia.
El mensaje se repite cada minuto, sin parar. Su propósito es frenar a quienes intentan cruzar de manera irregular la frontera sur entre Estados Unidos y México.
Es jueves. Son las 7:11 de la mañana en Granjeno, Texas. El sol aún no sale. Un grupo de periodistas latinoamericanos, acompañado por agentes migratorios, observa uno de estos altavoces durante un recorrido por la frontera sur.
“Por aquí cruzan muchos (migrantes)”, dice la oficial Susana González, especialista de la Oficina Asuntos Públicos de la Patrulla Fronteriza.
Frontera sur de Estados Unidos.Sauro Scalella/ LD
Los altavoces están instalados en torres verticales sobre pequeños remolques.
Además de emitir ese tipo de alertas, las torres también funcionan como sistemas de rescate. Con solo presionar un botón rojo, se activa una señal hacia la Patrulla Fronteriza, mientras una voz automatizada responde en 10 idiomas —entre ellos español, inglés, mandarín y portugués—: “Por favor, mantenga la calma. La ayuda está en camino. Es importante que no se vaya”.
En total, hay 79 torres desplegadas en el sector, según datos oficiales.
El sistema está diseñado para asistir a cualquier persona en peligro, especialmente migrantes que enfrentan situaciones críticas como la deshidratación. En lo que va de 2026, la Patrulla Fronteriza ha encontrado al menos 15 cuerpos a lo largo del valle, una cifra que ya supera la registrada en todo el año fiscal 2025, cuando se localizaron ocho.
El sector del Valle del Río Grande ha sido durante muchos años uno de los principales puntos de entrada para migrantes provenientes de Centroamericana y Sudamérica.
Hace apenas tres o cuatro años, la Patrulla Fronteriza detenía entre 2,000 y 3,000 personas al día en esta zona, explica Rod Kise, portavoz de la Oficina de Asuntos Públicos de la agencia federal en ese sector.
Hoy, el panorama es distinto.
Tras el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, el flujo ha disminuido drásticamente.
El muro que construye la gestión del presidente Donald Trump es más alto y robusto que los anterioressauro scalella/ld.
“Ahora estamos viendo entre 50 y 70 migrantes diarios”, señala Kise. “Desde que esta administración comenzó, los números han bajado considerablemente”.
Aun así, el Valle del Río Grande continúa siendo el sector con mayor número de detenciones. En lo que va del año fiscal, las autoridades han arrestado a 5,832 migrantes en esta área, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La mayoría proviene de México.
Entre ellos, también hay dominicanos: al menos 28 han sido detenidos en el año fiscal 2026 tras intentar cruzar ilegalmente las aguas del río Bravo, según Kise.
Los periodistas también recorren un tramo abierto en la ribera del río Bravo, justo debajo del puente internacional McAllen-Hidalgo, que conecta con Reynosa, en Tamaulipas, México.
El paisaje es rural: hierba alta, matorrales y un camino marcado que desemboca en el río por donde migrantes ya han cruzado irregularmente, según las autoridades. En el suelo quedan rastros de ese cruce silencioso.
“Podemos observar aquí un poco de basura. Lo que normalmente las personas cargan: agua, algún tipo de comida, sueros. Esta es basura que queda de toda la actividad (migratoria) que vemos aquí”, explica González, mientras ilumina el área con un foco.
Susana González, especialista de la Oficina Asuntos Públicos de la Patrulla Fronteriza.Sauro Scalella/LD.
Al otro lado de la orilla, ya en territorio mexicano, González señala que, aunque algunas personas aparentan estar pescando o simplemente pasando el rato, en muchos casos “están vigilando el movimiento” de los agentes para “informar si va a cruzar un grupo” de migrantes.
Quienes logran cruzar el río Bravo se enfrentan a otro desafío. Del otro lado les espera un terreno seco y difícil, lleno de plantas con espinas y animales salvajes como víboras, insectos, garrapatas e incluso ocelotes.
En medio de ese entorno, los agentes de la Patrulla Fronteriza buscan señales que indiquen por dónde han pasado los migrantes. González lo explica: “Nos enfocamos en las ramitas de los árboles. Si está rota en una dirección. Son detalles que son parte de nuestro entrenamiento y los vamos mejorando día a día”.
Las huellas también son importantes. Por la forma y lo recientes que se vean, los agentes pueden saber si alguien pasó por algún lado hace poco. Pero muchos migrantes intentan evitar ser detectados colocando cartón en la suela de sus zapatos, para no dejar marcas en el suelo.
El río, sin embargo, cuenta con sensores de movimiento y gran parte del valle está cubierto por cámaras de vigilancia que operan las 24 horas. A esto se suma un sistema de monitoreo constante.
“Desde el primer nivel contamos con sensores a lo largo del monte que mandan la señal (de movimiento). Otro nivel viene siendo el sistema de cámaras ubicadas (por ejemplo) en el puente. También tenemos las torres (de vigilancia). Y también contamos con asistencia de helicópteros”, detalla González.
A nivel general, en todas las zonas fronterizas, las autoridades estadounidenses han detenido 27,879 migrantes durante el presente año fiscal, de los cuales 18,900 son mexicanos.
La visita de los reporteros internacionales formó parte de un programa de cobertura sobre inmigración organizado por el Departamento de Estado estadounidense y la firma de periodismo Inquire First, que se extendió por una semana.