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El TSE trabaja sin descanso en preservación del registro civil“, según publica Diario Libre
El tribunal Superior Electoral (TSE) a pesar de las limitaciones económicas y logísticas en cuanto al traslado del personal para la realización de trabajo de campo, ha logrado emitir en estos dos años un total de 18,913 sentencias en materia de rectificación de actas del Registro Civil.
Así lo informó Román Jáquez, presidente del TSE, al participar del Diálogo Libre donde además destacó que antes de la nueva conformación del tribunal el tiempo promedio para emitir una sentencia era de varios meses y que ahora lo hacen entre los 15 y 20 días de haber sido apoderados.
“Inspectoría se dedica a verificar y a determinar que la persona que va al Inacif sea realmente la persona que está solicitando”, refirió al destacar que ese departamento encargado de viajar a todo el país, cuenta con tres vehículos y a veces el personal tiene que disponer de sus propios recursos para realizar el trabajo.
Al destacar que han detectado casos en los que en vez de intentar corregir errores o falta en los documentos, las personas lo que buscan es cambiar de sexo o nacionalidad por lo cual “el tribunal está ojo avizor con lo que es la preservación del registro civil de las personas”.
Describió que en la medida en que la inspectoría se fortalece, se fortalece también el registro civil que viene de la Junta Central Electoral (JCE).
Jáquez explicó que de las 6,934 sentencias emitidas en el año 2017, solo en 296 se solicitó revisión. En 2018 aunque el número de decisiones emitidas era mayor: 7,727, solo 216 fueron impugnadas ante ese órgano mientras que en lo que va de este año 2019, se han recurrido 89 de las 4,252.
Al referir que el 98% de casos se conocen en cámara de consejo, salvo aquellos que por su naturalezarequieran realizar audiencias, dijo que el número de fallos emitidos son el significado de que el tribunal está haciendo la debida diligencia.
Describió que en la mayoría de casos, las personas solicitan rectificar por errores respecto al lugar, fecha de nacimiento y apellidos y como la JCE lo que hace son correcciones administrativas, elementales, cuando son errores materiales, éstos deben judicializarse ante ese organismo.
El magistrado consideró que esa Alta Corte no solo debería ser responsable de rectificar los actos del Estado Civil sino también de ratificarlos.
El presidente del Electoral explicó que en cuanto a la materia contenciosa electoral hay una marcada diferencia en entre los años no electorales con el pre y electoral. En los períodos no electorales se conocen y emiten menos sentencias.
Esta situación se debe a que, según explicó, de conformidad con la ley y el reglamento del TSE los expediente son declarados de urgencia y los plazos se reducen.
“En el 18, fueron 33 sentencias contenciosas, años no electorales. Ahora en este año 2019 llevamos 73 sentencias contenciosas electorales. Se duplicó no solamente a lo que se hace en un año, sino que superamos sumando el 17 y el 18”, argumentó.
La Alta Corte ha tomado en cuenta la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo para la elaboración de su estrategia de desarrollo 2019 al 2023, describió Román Jáquez. De igual manera, indicó que desde el año 2018 constituyó su Centro de Investigación y Capacitación de Justicia Electoral y Democracia desde donde se trabaja con cuatro ejes estratégicos: sensibilización, capacitación y formación y divulgación. Sobre ese último eje destacó que ya se ha puesto a disposición de los abogados el diccionario electoral. Al igual que el año pasado, para este 2019 están organizando el Segundo Congreso de Justicia Electoral, el cual se enfocará en lo que tiene que ver con la desinformación y noticias falsas en las redes sociales.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.