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El TSE trabaja sin descanso en preservación del registro civil“, según publica Diario Libre
El tribunal Superior Electoral (TSE) a pesar de las limitaciones económicas y logísticas en cuanto al traslado del personal para la realización de trabajo de campo, ha logrado emitir en estos dos años un total de 18,913 sentencias en materia de rectificación de actas del Registro Civil.
Así lo informó Román Jáquez, presidente del TSE, al participar del Diálogo Libre donde además destacó que antes de la nueva conformación del tribunal el tiempo promedio para emitir una sentencia era de varios meses y que ahora lo hacen entre los 15 y 20 días de haber sido apoderados.
“Inspectoría se dedica a verificar y a determinar que la persona que va al Inacif sea realmente la persona que está solicitando”, refirió al destacar que ese departamento encargado de viajar a todo el país, cuenta con tres vehículos y a veces el personal tiene que disponer de sus propios recursos para realizar el trabajo.
Al destacar que han detectado casos en los que en vez de intentar corregir errores o falta en los documentos, las personas lo que buscan es cambiar de sexo o nacionalidad por lo cual “el tribunal está ojo avizor con lo que es la preservación del registro civil de las personas”.
Describió que en la medida en que la inspectoría se fortalece, se fortalece también el registro civil que viene de la Junta Central Electoral (JCE).
Jáquez explicó que de las 6,934 sentencias emitidas en el año 2017, solo en 296 se solicitó revisión. En 2018 aunque el número de decisiones emitidas era mayor: 7,727, solo 216 fueron impugnadas ante ese órgano mientras que en lo que va de este año 2019, se han recurrido 89 de las 4,252.
Al referir que el 98% de casos se conocen en cámara de consejo, salvo aquellos que por su naturalezarequieran realizar audiencias, dijo que el número de fallos emitidos son el significado de que el tribunal está haciendo la debida diligencia.
Describió que en la mayoría de casos, las personas solicitan rectificar por errores respecto al lugar, fecha de nacimiento y apellidos y como la JCE lo que hace son correcciones administrativas, elementales, cuando son errores materiales, éstos deben judicializarse ante ese organismo.
El magistrado consideró que esa Alta Corte no solo debería ser responsable de rectificar los actos del Estado Civil sino también de ratificarlos.
El presidente del Electoral explicó que en cuanto a la materia contenciosa electoral hay una marcada diferencia en entre los años no electorales con el pre y electoral. En los períodos no electorales se conocen y emiten menos sentencias.
Esta situación se debe a que, según explicó, de conformidad con la ley y el reglamento del TSE los expediente son declarados de urgencia y los plazos se reducen.
“En el 18, fueron 33 sentencias contenciosas, años no electorales. Ahora en este año 2019 llevamos 73 sentencias contenciosas electorales. Se duplicó no solamente a lo que se hace en un año, sino que superamos sumando el 17 y el 18”, argumentó.
La Alta Corte ha tomado en cuenta la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo para la elaboración de su estrategia de desarrollo 2019 al 2023, describió Román Jáquez. De igual manera, indicó que desde el año 2018 constituyó su Centro de Investigación y Capacitación de Justicia Electoral y Democracia desde donde se trabaja con cuatro ejes estratégicos: sensibilización, capacitación y formación y divulgación. Sobre ese último eje destacó que ya se ha puesto a disposición de los abogados el diccionario electoral. Al igual que el año pasado, para este 2019 están organizando el Segundo Congreso de Justicia Electoral, el cual se enfocará en lo que tiene que ver con la desinformación y noticias falsas en las redes sociales.
SANTO DOMINGO.- Parte de los imputados en el sonado caso SENASA han admitido ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional su participación en una supuesta trama para desfalcar a esa institución con miles de millones de pesos.
Durante la primera audiencia de medida de coerción, los acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo señalaron a Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución, como el cabecilla del presunto entramado, lo que complica la situación legal del exfuncionario.
El abogado Martín Rubiera, representante de otra imputada, confirmó que “ellos han manifestado todos lo mismo: que entregaron valores, dinero, a favor de él en este entramado. De 3-3 tiene él en contra hasta el momento, tres imputados que han confesado parte de la acusación y han manifestado una participación en la que afecta bastantemente a Hazim”.
De su lado, Surun Hernández, abogado de Read Estrella, dijo su defendido declaró ante el tribunal haber entregado mil millones de pesos a Hazim.
Según el Ministerio Público, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, Read Estrella recibió pagos que ascienden a más de RD$7,110 millones por contratos y adendas con SENASA.
Surun Hernández calificó el entramado como un “hecho de lesa humanidad cruel” y aseguró que el proceso cuenta con “abundancia de elementos probatorios, como pagos, transferencias y actuaciones de lavado de activos debidamente comprobadas».
ABOGADOS DE HAZIM SOLICITAN HABLAR DE ULTIMO
Tras los señalamientos directos que vinculan a Hazim con la recepción de sobornos, uno de sus abogados dijo que la defensa solicitó hablar de último ante el juez.
“La defensa del doctor Hazim pidió que fuera de último porque las imputadas dicen que a través de un señor apodado ‘el gordo’ eran que recibían sobornos,” declaró el abogado Marcos Valentín Contreras, uno de los abogados del exfuncionario.
Durante la audiencia, el Ministerio Público identificó a José Pablo Ortiz Giráldez (el Gordo) como la “mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a las empresas contratistas de SeNaSa.
HAZIM TENDRA SU TURNO ESTE VIERNES
Hazim tendrá este viernes su turno para defenderse ante el tribunal.
«Nosotros vamos a demostrar que el testigo estrella de la fiscalía es una persona dedicada a la corrupción, perdonado en otro expediente e involucrada en este caso, y eso obviamente tendremos que discutirlo», manifestó Miguel Valerio, otro de los abogados del exfuncionario.
Dijo que se demostró ante el tribunal que su cliente no guarda ninguna relación con Rafael Domínguez Hazim, otro de los implicados.
«A los empresarios los extorsionaron, pero ellos continuaron trabajando con Senasa. Esa es la extorsión más rara, porque al que extorsionan tienen que parar inmediatamente el trabajo, porque el trabajo no se paró nunca; incluso, el señor Hazim canceló ese contrato. Lo que nadie puede decir ahí es que el señor Hazim recibió ningún pago indebido», declaró.
jt-am
Santo Domingo, R.D.-La esposa del movimiento Ola, que apoyo durante la campaña electoral a Luis Abinader, Heidi Mariela Pineda Perdomo, ha sido vinculada al caso SENASA, aunque el Ministerio Público establece que la persona que controlaba la empresa Flavorheart Food Parts S.R.L era Manuel Enrique Ovalle Tapia, “conocido dentro de la organización por su activa participación y aportes económicos.
El órgano persecutor sostiene que a través de esta empresa Ovalle Tapia compró un reloj marca Rolex Daytona, valorado en USD$83,000.00, destinado al imputado Santiago Hazim.
Su esposa, Heidi Mariela Pineda Perdomo, admitió la noche del jueves su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó directamente a colaborar con las autoridades en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En el expediente de solicitud de medida de coerción a los implicados en este caso, se dice que su programa fue incorporado, a través del programa “Senasa Cuida de Ti”, en el que se le ofrecería complementos nutricionales para niños de 5 a 15 años y adultos en edad de 35 a 64 años.
Este programa “Nutrisalud” tenía un alcance de 55,741 afiliados del Régimen Subsidiado, con un costo por servicio al afiliado de RD$1,495.00. El mismo terminó ofreciendo servicios, supuestamente, a un total de 350,545 afiliados de diferentes regímenes.
El Ministerio Público establece que la empresa firmó el contrato con Senasa el 22 de julio de 2021. Este se firmó bajo la prestación farmacéutica para los servicios de emergencia, atención primaria. Esta empresa no contaba con licencia de servicio de consultoría de primer nivel de atención, además de que recibió del Ministerio de Salud Pública el “Certificado De Registro de Distribuidora”, un mes antes de la firma con Senasa.
De acuerdo al expediente a Falvorheart Food Parts S.R.L., se le pagó un monto aproximado de RD$1,606,924,076.95.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), indicó en sus informes que el producto nutricional suministrado era importado desde Europa, sin evidencia completa de registro sanitario nacional y que no existen estudios o evaluaciones que midan los resultados e impacto del programa, lo que impide comprobar su efectividad sobre la salud de los afiliados.
A esta empresa también Senasa le pagó la suma de RD$3,307,577.06, “bajo el concepto de «NO DEFINIDO», lo que sugiere que dichos pagos no fueron vinculados a ningún régimen”.
Santo Domingo, R.D.-Casi diez horas no fueron suficientes para que el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, pudiera concluir este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la presunta estructura criminal que, según el Ministerio Público, operó en el seguro estatal de salud para desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a funcionarios y allegados.
El magistrado recesó la audiencia y convocó para este viernes a las 2:00 de la tarde, cuando continuarán las exposiciones de las defensas y posteriormente la réplica del Ministerio Público.
La directora de Persecución, Mirna Ortiz, reveló que tres imputados (sin revelar sus nombres) admitieron su participación y han colaborado con el Ministerio Público.
Dijo que el monto de los supuestos sobornos pagados asciende a unos 2,000 millones de pesos.
Ortiz, en representación del Ministerio Público, informó que la acusación presentada este jueves incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y diversas pruebas periciales.
Aseguró que existen múltiples razones para que el caso sea declarado complejo. «Una de ellas es la pluralidad de víctimas. Estamos hablando de un seguro de salud que cubre a más de siete millones de dominicanos» señaló.
De su lado, el abogado Miguel Valerio, representante de Santiago Hazim, afirmó que en la audiencia se hicieron «pactos que no consideramos adecuados porque eran personas que, en dado caso, eran coautores o autores de soborno».
Valerio adelantó que este viernes desmontarán la credibilidad de uno de los principales testigos de la Fiscalía.
«Vamos a demostrar que el testigo estrella es una persona dedicada a la corrupción, perdonada en otro expediente, y que eso deberá discutir», dijo.
Agregó que Hazim aclaró en la audiencia que el imputado Martínez Hazim no es su familiar.
«Eso era importante porque se utilizó ese argumento para insinuar que había colocado a un sobrino en la institución, y no existe ningún vínculo familiar», indicó.
La solicitud de medida de coerción describe un supuesto entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos.
Según la investigación, la red fue encabezada por Santiago Hazim durante su gestión al frente del seguro estatal, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.