Santo Domingo, RD.-El sistema de partidos de la República Dominicana no ha manejado transparentemente los recursos que le entrega la Junta Central Electoral, según un estudio preparado por Participación Ciudadana.Nacionales
Imprecisiones, derroches y mala calidad del gasto revela informe financiero sobre recursos entregados a partidos políticos
Santo Domingo, RD.-El sistema de partidos de la República Dominicana no ha manejado transparentemente los recursos que le entrega la Junta Central Electoral, según un estudio preparado por Participación Ciudadana.Según los informes presentados por estos cuatro partidos que recibieron el 80% de los recursos destinados al financiamiento de las instituciones políticas reconocidos ante la JCE, estos justificantes de gastos una serie de fallas contables e imprecisiones.
“Por ejemplo, en los casos del PRM y del PRSC el informe del 2018 no se compara con el del año 2017, lo cual es de rigor en todo informe contable para ser auditado. De igual forma, en una misma cuenta se registran muchos tipos de gastos dispares, y hay subcuentas y partidas que se repite en varias cuentas como son: alquileres, dietas y viáticos, transporte, etc”, cita el informe.
“Hay varias cuentas y partidas difusas que se prestan para ocultar gastos no partidarios como “trabajos políticos”, “servicios prestados”, “contribuciones y ayudas”, entre otras. En el caso del PRD las ayudas llegaron a casi 6 millones de pesos y en el PLD a 5 millones”, dice el análisis.
El análisis cuestiona el hecho de que los partidos pidan préstamos a personas físicas, teniendo posteriormente que pagar altas sumas de dinero, y cita los casos del PRSC, quien pagó unos 13 millones de pesos en intereses, y el PRD más de 14 millones, este ultimó le tomó prestado 80 millones al señor Nelson Cerda, sobre el cual “no hay evidencia en los informes, a través de las notas aclaratorias de que esos préstamos han sido aprobados por el máximo organismo partidario como estipula la ley”.
Otro de los puntos que llama la atención, según las observaciones, es sobre el informe financiero del PRM, donde se registró en 2018 gastos de más de 6 millones de pesos correspondientes al 2011 y al 2012 cuando este partido no existía. “Esto debe ser explicado por los contadores y la dirigencia de ese partido”.
También criticaron los altos gastos en alimentación, refrigerios, dietas, viáticos y fiestas. Señalaron que el PLD, solo en alimentación para sus empleados (no en actividades políticas), se gastaron 10.3 millones de pesos. “Asumiendo que los empleados del PLD trabajan 265 días al año, están gastando unos RD$39,000.00 diarios en comida, lo que luce exagerado aun si el PLD tuviera una plantilla de 100 empleados fijos”. En el caso del PRM se gastaron en fiestas unos 5 millones de pesos, lo cual consideran es contradictorio a sus déficits acumulados de 120.4 millones de pesos.
Se destaca los bajísimos gastos en educación política que estos partidos realizan en las actividades de su membresía y ciudadanía en general. “El PRM gastó 2.7 millones de pesos para solo un 1.09% del gasto total. El PRD gastó 700 mil pesos, apenas un 0.27% del gasto total. El PRSC que fue el que más gastó, ya que es el único que tiene una escuela-instituto de formación política, ejecutó 4.5 millones de pesos para un 1.78%. El PLD, penosamente, sepultando su tradición fundacional, no registra un solo peso en gasto de actividades educativas”, plantea la investigación.
Recordaron que la ley 33-18, en su artículo 62 obliga a invertir, a partir del año 2019 un 10% de los fondos recibidos para educación, por lo que estos partidos tienen un gran reto para pasar de las “ínfimas” sumas de 2018 a destinar más de 25 millones de pesos, lo cual no se evidencia que esté sucediendo en este 2019.
En función de estos hallazgos, Participación Ciudadana exhorta a la Junta Central Electoral y a todos los partidos políticos a cumplir con sus responsabilidades legales y éticas en cuanto a la instalación, funcionamiento, supervisión y evaluación de un sistema contable moderno, confiable y transparente, el cual contribuya a disminuir la corrupción, la falta de integración ciudadana y a la institucionalización de la actividad política.
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
«Se agregó que al Indotel, actuar de forma imprudente y precipitada, independientemente de las consideraciones técnicas sobre la diferenciación entre frecuencias físicas y canales virtuales, vulnera los principios de seguridad jurídica y de respeto al debido proceso al anticiparse a una decisión jurisdiccional definitiva», concluye el documento.
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
Alfredo Pacheco y Amado Díaz, presidente de la Cámara Baja y vocero de los diputados perremeístas, respectivamente, propusieron que los peritos sean designados por el MP, mediante dictamen motivado, durante la etapa preparatoria, siempre que no se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba. En la legislación aprobada en primera lectura, el Pleno había quitado esta facultad al Ministerio Público, y fue devuelta.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.