Análisis Noticiosos
Temen que estalle guerra de papeletas y violencia en la primaria del PLD
Por Juan Bolívar Díaz
La caldera sigue calentándose en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cada vez con mayores descalificaciones entre los grupos del presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández que se disputan las candidaturas y el liderazgo definitivo de esa organización política que ha gobernado cinco de los últimos seis períodos constitucionales.
Sin nadie que asuma el arbitraje interno del partido y con casi todos los altos funcionarios dirigiendo la campaña del precandidato Gonzalo Castillo, definido como el delfín del presidente Danilo Medina, aumentan los riesgos de división o de que queden tantos heridos que requieran mucho tiempo para restañar los traumas y restablecer la unidad.
Los temores expresados
Los temores de un estallido de violencia en la elección primaria de los peledeístas, que se manejaban en silencio, han saltado a los comentarios públicos y llegaron hasta el presidente de la Junta Central Electoral, quien consideró necesario formular un llamado al entendimiento, cuando le preguntaron el miércoles sobre una propuesta de pacto para acatar los resultados formulada por el precandidato Castillo. El doctor Julio César Castaños recordó que así se hizo en el pasado, y añadió que “es una aspiración de todos que tengamos una precampaña sin violencia”.
El mismo día el grupo peledeísta “Fuerza Boschista” propuso una reunión cumbre antes del 6 de octubre entre Medina y Fernández “para bajar la tensión y evitar violencia durante el proceso”. Mientras informes provenientes del interior del país registran una elevación de las confrontaciones entre precandidatos de las dos facciones que se disputan las candidaturas y el control del partido gobernante. Ayer un sacerdote y dos dirigentes sociales de El Seibo dijeron por Teleantillas que allá funcionarios están entregando $100 mil a los precandidatos.
El espectro de los 4 muertos y una decena de heridos en la anterior elección de candidatos peledeístas, en diciembre del 2015, planea sobre el actual proceso. Aquella vez ya habían pasado 6 meses del acuerdo para la repostulación del presidente Medina, de los senadores y la mayoría de los diputados y alcaldes, por lo que la elección fue casi solo para regidores y vocales. Y la votación era con padrón cerrado, es decir, solo los miembros del partido. El 6 de octubre estarán en juego todas las candidaturas, y ahora con derecho de cualquier ciudadano a votar.
Una guerra de papeletas
La elección de todas las candidaturas del PLD con padrón universal no tiene precedente en el país y se realiza en contadas naciones del mundo democrático, en América Latina solo en Argentina, Colombia, Honduras y Uruguay. Aquí con el inconveniente de que es grave la compra de votos, como lo acaba de documentar el Barómetro Global de la Corrupción, de Transparencia Internacional, según el cual el 46% de los dominicanos han recibido ofertas para comprarle el voto. Solo por debajo del 50% en México, en toda América Latina.
Hay convicción de que elementos de todos los partidos han apelado a esa práctica delictual y los medios de comunicación han difundido personas con letreros preguntando cuánto le daban para votar. Lo han registrado también las observaciones electorales de Participación Ciudadana. Si en las elecciones nacionales vota en promedio 70% de los empadronados y en las congresuales y municipales del 1998 al 2010 promediaron 50%, en las primarias podría ser 33-35%, lo que deja dos tercios de la población a merced de los compradores.
De hecho, en todos los partidos se ahorran recursos para “llevar los ciudadanos a votar”, lo que en principio implica el transporte, pero se extiende a comidas, bebidas y dinero en efectivo, en sumas que oscilan entre 200 y mil pesos. El temor en las primarias es que la corrupción genere enfrentamientos entre compañeros de partidos, y no solo disputándose votos para los precandidatos presidenciales, sino también para los legisladores, alcaldes, regidores, directores municipales, regidores y vocales.
La puja del danilismo durante dos años por el padrón abierto fue atribuida a que dispondrían de más recursos que nadie “para llevar gente a las urnas”, y un peledeísta bien informado señaló que eso ha determinado que los leonelistas hayan sido austeros en la propaganda pagada, porque están reservando pan y no para mayo, sino para el 5-6 de octubre próximo. En la reciente declaración a la JCE los ingresos de Gonzalo y Leonel totalizaron $538.5 millones, repartidos 54 a 46%, respectivamente, y los gastos $447.0, para un 60 a 40%.
Desconfianza generalizada
La desconfianza se extiende más allá del partido gobernante, pues esta semana, el Foro Permanente de Partidos Políticos, seis de los cuales declararon apoyo a Leonel, denunció el resurgimiento de “la vieja práctica de comprar cédulas para evitar que los contrarios voten”. La leonelista Coalición para Defensa de la Constitución pidió esta semana a la JCE que el conteo de los votos para los candidatos presidenciales se haga manualmente, lo que luego fue asumido el jueves por el delegado político del leonelismo ante el organismo, Rubén Maldonado.
La propuesta ha tenido amplio rechazo, porque todos los partidos habían aceptado la automatización, y por tardía, pues ya la JCE debe tener hasta impreso el manual operativo para las mesas de votación. Pero además luce innecesaria si, como está programado, se hará conteo manual en una muestra del 20% de las mesas electorales, que seleccionadas aleatoriamente y bajo discreción es hasta excesivo, pues los conteos rápidos de Participación Ciudadana en varias elecciones generales resultaron casi exactos al resultado oficial y solo involucraron el 8% de las mesas. También hubo denuncia de contratación de expertos, por un lado para desarrollar campaña sucia, y del otro informáticos israelíes y rusos para hackear la automatización, lo que rechaza la JCE porque lo considera imposible con 7,372 computadoras que solo se conectarán a la red al transmitir el resultado.
La propuesta leonelista fue un error táctico, pues permitió que se le atribuyera a que “se sienten perdidos”, aunque refleja la enorme desconfianza entre las dos facciones peledeístas, que tuvo otra expresión en el tajante rechazo del mismo Leonel Fernández a la propuesta de pacto de acatamiento de los resultados formulada por Gonzalo, recordando que los danilistas violaron en agosto el pacto de alternancia en la presidencia de la Cámara de Diputados. Mientras el ministro Ramón Peralta aconsejaba al leonelismo “guardar las lágrimas para después del 6 de octubre”.
El metamensaje del coronel
Con Gonzalo Castillo casi solo con enorme propaganda por todos los medios, hasta la saturación y generando burlas en las redes, y cuando el principal partido de oposición, el PRM, intimaba formalmente a los altos funcionarios designados jefes de la campaña de Gonzalo, para que tomaran licencia o renunciaran, bajo amenaza de ser llevados a la justicia, se produjo el jueves el escándalo sin precedente del coronel que exhortó a elegir al delfín del presidente.
Fue un mensaje audiovisual de 20 minutos, subido a las redes, con escenografía que incluía la bandera nacional, cámara profesional, leído en teleprompter, que incluyó citas de Cicerón y San Agustín, protagonizado por el teniente coronel Jaime Ramón Reynoso Martínez, quien se autodefinió militar de carrera y abogado en ejercicio (sic), por lo que debe asumirse que estaba consciente de que violaba la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y la Ley del Régimen Electoral, además de la Constitución de la República.
El coronel defendió el gobierno de Medina con argumentos y estadísticas, como si fuera Roberto Rodríguez Marchena el director de comunicaciones de la presidencia, para motivar el apoyo a Gonzalo porque seguiría las realizaciones de “su mentor el presidente Medina”, tras advertir sobre “momentos tenebrosos” y para impedir el triunfo de “avariciosos”, exhortó a los reservistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional apoyar su causa.
La ocurrencia fue tan escandalosa que el Ministro de las Fuerzas Armadas reunió inmediatamente a su Estado Mayor y pidió la cancelación del oficial, y el vocero de Gonzalo Castillo lo desligaba del video y pedía determinar su origen. Pero en el aire quedaron muchas especulaciones sobre el objetivo de una acción tan desacertada, sin que faltaran los que la asumieran como demostrativa de que “el poder es absoluto y no se le desafía” como se dijo recientemente. Otro metamensaje, que se “hará lo que sea necesario para que Leonel no gane”.
Costo de la incertidumbre
En ámbitos empresariales crecen las preocupaciones por el costo que puede arrojar la incertidumbre política y la confrontación en el seno del gobierno y no solo por el gasto en la precampaña y el que se vislumbra para las elecciones generales, sino también en las actividades productivas y la confianza, en medio de una tanda de apagones e inexplicada escasez de fuel oil para generar electricidad. Por de pronto el mercado cambiario sigue en sobresaltos con el dólar ya sobre 53 pesos y los bancos limitando las ventas individuales a 500 dólares, aunque el Banco Central ha inyectado al mercado en septiembre 170 millones de dólares.
Tampoco han tenido suficiente demanda los pesos descontados por el Banco Central del encaje legal de los bancos para préstamos que reactiven la economía, aún con la reducción de la tasa de créditos. Mientras se informa de cierre temporal de hoteles y la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) denuncia la suspensión de 10 mil trabajadores del sector. Se mantiene en silencio la dimensión real de las cancelaciones de reservas hoteleras para la próxima temporada de invierno y el año próximo, tan alta que hasta los críticos prefieren no revelarla.
Lo que ya se define como la mayor crisis del sector turístico dominicano habría estuvo determinado por la muerte no suficiente ni oportunamente aclaradas de varios turistas, por el atentado donde quedó al borde de la muerte el astro beisbolero David Ortiz, por escándalos de narcotráfico y la difusión de noticias y gráficas sobre la militarización que afectó al Congreso Nacional cuando se intentaba la fracasada reforma constitucional que pretendía abrir paso a otra reelección del presidente Medina.
Análisis Noticiosos
El Caribe lleva la delantera en legislación contra el plástico en América Latina.
Legislar contra el plástico en América Latina: el Caribe lleva la delantera y Centroamérica se queda atrás
Bogotá.-El plástico es uno de los materiales más ubicuos de nuestra sociedad. Está en los celulares, en la ropa y en los empaques en los que llegan los domicilios. Es tanta su ubicuidad que, en forma de microplásticos, también se ha identificado en el hígado, el intestino y el cerebro humano, y en la fosa de las Marianas, a 6.800 metros de profundidad en el océano Pacífico. La relación con el plástico encaja perfectamente en lo que es una “relación tóxica”: contamina ecosistemas terrestres y marinos, afecta la salud humana y, pese a esto, en 2023, según la Organización de las Naciones Unidas, su producción mundial alcanzó los 436 millones de toneladas métricas.
A pesar de la evidencia, no hemos podido terminar esa relación. En 2025, casi cuatro años después de que los países acordasen crear un tratado global contra la contaminación por plástico, las negociaciones entraron en un paréntesis: se suspendieron en agosto y Luis Vayas-Valdivieso, el ecuatoriano que las presidía, renunció. El 7 de febrero de 2026, tras una votación en Ginebra (Suiza), el cargo volvió a quedar en manos de un latinoamericano: en las del chileno Julio Cordano, director de la División de Medio Ambiente de la Cancillería y de quien, se espera, le pueda dar un nuevo aire a las negociaciones. “Tenemos el reto de lograr consensos que sean realistas, pero ambiciosos, algo crucial para el éxito del acuerdo”, señaló en un comunicado Cornado tras ser elegido.
“La lucha contra los plásticos ha sido una con un sello latinoamericano desde el origen”, comenta Alberto Quesada, experto internacional en contaminación marina y gestión de residuos plásticos, y que ha participado como observador de las negociaciones desde su inicio. “Perú, de la mano de Ruanda, fue la que presentó la resolución para el tratado”. De forma más lenta de lo que requiere la emergencia —una que se empezó a anunciar desde los años 60—, los países de América Latina y el Caribe también han creado leyes para regular el plástico, una necesaria carrera en la que las islas del gran Caribe van liderando.
Caribe a la vanguardia, Centroamérica atrás
La avalancha de plásticos no es ajena a América Latina y el Caribe. En los años 80, el consumo promedio anual por habitante era de 7 kilogramos, pero actualmente alcanzó los 35. Aunque es una cifra por debajo del promedio global (50 kilogramos), las proyecciones indican que, si no cambian las tendencias, en dos décadas será de entre 60 y 80 kilogramos. Los cálculos son de la Alianza Global de Alternativas a la Incineración (GAIA) y Break Free From Plastics (BFFP), organizaciones que también hicieron el ejercicio de rastrear si los países de la región tienen alguna ley o marco que los regule.
De 34 países –y para mediados de 2025–, 23 tenían alguna legislación nacional específica, tres contaban con normas departamentales o estatales, y solo siete (el 20%) estaban en blanco. Pero si se tiene en cuenta el reciente decreto federal de Brasil que, entre otras cosas, exige un contenido mínimo de material reciclado en envases de plástico, empezando porque sea del 22% desde 2026 y aumente gradualmente a 2040, el número de países con legislación actual es de 24. Mientras en el Caribe todos los países han aprobado alguna normal nacional, en Centroamérica y México solo lo han hecho el 38% y, en Sudamérica, un 50%.
Legislación contra los plásticos en América Latina y el Caribe
En el Caribe, por estar conformado de islas, donde el mar es cercano, el exceso de plásticos evidente, y el cambio climático golpea fuerte (el petróleo es la principal materia prima para la fabricación de la mayoría de plásticos), los países han sabido actuar más pronto. Como recuerda Quesada, en 2007 se convirtieron en uno de los primeros lugares en crear un plan regional sobre basura marina. Pocos años después, en 2012, Haití fue pionero en el subcontinente al prohibir ciertos productos plásticos de un solo uso, aunque, como señala el reporte, “la puesta en práctica de la legislación enfrenta desafíos significativos”. Con diversas leyes, además, Antigua y Barbuda dio la parada para hacer las normas más estrictas. Desde 2018 prohibió los recipientes de poliestireno expandido (conocido como icopor, unicel, telgopor y plumavit), así como los plásticos de un solo uso. Algo que no han logrado muchos.
En América Latina y el Caribe, los productos que más se han prohibido son las bolsas plásticas (88%), las pajillas, popotes o pitillos (63%), el poliestireno expandido (51%) y los contenedores de alimentos (43%).
Prohibición específica de productos plásticos en América Latina y el Caribe
Adméas, a través de metodologías que se han realizado para otros artículos científicos, el trabajo de Rodríguez apunta que, en la región, la producción primaria de resinas plásticas se concentra casi en su totalidad en cinco países asociados a la existencia de la industria petrolera: Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela. Hacerle trazabilidad a la botella de plástico que llega a nuestras manos no es fácil: tiene varias materias primas y no hay transparencia desde los sectores en decir desde dónde vienen los insumos. Esa falta de información pública se suma a la lista de por qué no hemos sido capaces de cortar la relación con los plásticos.
elpais.com
Análisis Noticiosos
La jurisdicción contenciosa administrativa, una caricatura del sistema de justicia.
Por José Cabral.
En una sociedad como la dominicana, donde los antivalores aparecen en todos los escenarios, fruto de una herencia histórico- cultural fundamentada en el caudillismo, el machismo, el patriarcado, el amiguismo, entre otras distorsiones, es lo que explica que el país haya caído en dictaduras férreas como las de Pedro Santana, Ulises Heureaux (Lilí y la de Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Esta vocación dictatorial todavía perdura en muchos dominicanos, ya que, aunque se salió de esos gobiernos violadores de derechos humanos fundamentales, pero aún perdura la tendencia en el país, máxime cuando una persona adquiere cierta autooridad a través de la administración pública, la inclinación por las arbitrariedades que provienen del poder.
Entonces, a partir de esa premisa se puede decir que la jurisdicción contenciosa administrativa juega un papel de primer orden en el sistema de justicia nacional, porque tiene la sagrada misión de juzgar a la administración frente a los abusos que se cometen en contra del administrado.
Los avances en esta rama del derecho que se observan en los textos de las leyes 13-07 y 107-13, las cuales son una continuación de lo que consignan los artículos 164 y 167 de la Constitución de la Republica, no parecen que jueguen su papel en el marco del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país desde el año 2010.
La jurisdicción contenciosa administrativa parece que se ha quedado estacionaria en lo que disponía la Ley 1494 de que a través de ella la administración se juzgaba a sí misma, mediante la llamada justicia tenida, ya que sus sentencias son una especie de bochorno y evitan que el ciudadano pueda recurrir en contra de la conducta abusiva del funcionario público.
Las sentencias de los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa son la principal frustración y negación del proceso de constitucionalización del derecho, cuyas ponderaciones dejan mucho que desear y son decepcionantes para que el administrado logre sobreponerse a los atropellos de la administración que ya no encajan en el contexto del neo-constitucionalismo.
Naturalmente, hay que decir que el fenómeno no es exclusivo de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino de todo el sistema de justicia, en el que se observa que se producen graves violaciones a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, así como de principios como el de celeridad procesal, el plazo razonable que devienen en justicia tardía, que no es otra cosa que denegación de justicia.
Todo este cuadro dice claramente que en el país todavía no se ha superado la denominada constitución de fachada, es decir, que la misma es muy bonita en el papel, pero que la práctica es una negación de ella, lo cual deja muy mal parada a la democracia nacional.
Sin embargo, hay que ratificar que lo que se observa en la jurisdicción contenciosa administrativa llena de vergüenza a los que de alguna manera abogan por una mejor administración de justicia, cuyas principales decisiones casi siempre terminan en nulidad mediante los recursos de revisión en esta materia elevados ante el Tribunal Constitucional (TC)
Lo interesante de las debilidades que se observan en todo el sistema de justicia es que en los discursos de los que lo representan, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el país camina tan bien en esta materia que habría que compararlo con las naciones donde el estado de derecho tiene un real y contundente empoderamiento.
¿Percepción o realidad?
Por José Cabral
En la República Dominicana se estila hablar de que en el país se ha avanzado en lo referente al Estado Social Democrático de Derecho, lo cual sólo existe en la cabeza de los que se la pasan proyectando una percepción que nada tiene que ver con la realidad.
Puede decirse que el proceso de constitucionalización del derecho se produce en el papel, pero no en la realidad, lo que crea una serie de incertidumbres en la sociedad.
La jurisdicción contenciosa administrativa es una que no hay forma de que tenga un desempeño en función de una buena administración de justicia, porque si el funcionario público incurre en graves violaciones de los derechos fundamentales, peor pasa con los jueces de la misma, quienes no hay forma de que demuestren que se manejan en función del impacto de los valores y principios constitucionales en sus decisiones, lo cual es definitivamente una negación de los supuestos avances en esta materia.
Las sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa son una especie de caja de resonancia de los pedidos en sus conclusiones de la Procuraduría General Administrativa, cuyos contrasentidos jurídicos son el pan de cada día en las audiencias de sus diferentes salas, lo que impacta negativamente al ciudadano.
Por el momento quiero reproducir una carta enviada al presidente del Tribunal Superior Administrativa ante una decisión tomada en virtud de la solicitud de una medida cautelar frente a los abusos que comete la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE) en contra de los usuarios.
Sin embargo, la falta de razonabilidad y racionalidad de los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA), principalmente de su presidente, causa más indignación que los atropellos que comete el órgano del Estado que maneja la referida empresa.
A continuación reproduzco la carta enviada al presidente del TSA a propósito de su sentencia mediante la cual niega una medida cautelar, cuyo razonamiento, aparte de ridículo, revela hasta donde en el país se cuenta con una Constitución de fachada, cuyo respeto a los derechos fundamentales sólo existe en el texto, pero no en la realidad.
Señor
Magistrado Diomedes Y. Villalona G.
Presidente del Tribunal Superior Administrativo
Magistrado Villalona:
La presente es para dejar sentada mi indignación por la reiteración de decisiones que dejan muy mal parada a la jurisdicción contenciosa administrativa en la República Dominicana, cuyo desempeño deja mucho que desear, a pesar de que se enarbola que su base de sustentación es el nuevo constitucionalismo que se rige por valores y principios.
El mejor ejemplo de que la jurisdicción contenciosa administrativa se maneja con un nivel de razonabilidad y de racionalidad que no supera lo que ocurre en los juzgados de paz o tribunales inferiores, donde las decisiones son generalmente muy superficiales y carentes de una aceptable ponderación, es la sentencia emitida y que genera la presente comunicación.
La última joya del presidente del Tribunal Superior Administrativo ante los abusos cometidos por la Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), la cual ha incurrido en una serie de atropellos que revelan que los derechos de los consumidores y de los administrados están en manos de juzgadores que sólo sirven como caja de resonancia de los funcionarios públicos que actúan al margen de la Ley 13-07 y de la 107-13, así como de la 1494, ya que su misión no parece ser otra que imponer una carga procesal y económica que se agrava cuando finalmente se emite un fallo carente de toda lógica jurídica en detrimento del impetrante y en favor del impetrado..
En este sentido, he querido dejar sentado mi rechazo al comportamiento y el daño que genera esta jurisdicción contenciosa administrativa en detrimento de un buen derecho, de una buena administración de justicia, que deteriora la imagen del sistema de justicia en la República Dominicana, dado que en el fallo se establece qué tan grande es su falta de razonabilidad al negar una medida cautelar en virtud de un corte del servicio de electricidad que lleva varios meses bajo el argumento de que no se aportaron pruebas de que el recurrente no tiene el referido servicio, pese a que la propia ley ofrece la respuesta al respecto.
Cómo se puede entender semejante decisión, ya que es un contrasentido que el recurrente diga que se le cortó arbitrariamente el servicio de energía eléctrica y que mediante la medida cautelar solicite la reconexión del mismo, pero que, en un choque con cualquier razonamiento lógico, máxime cuando la parte recurrida no ha invocado lo contrario de lo alegado por el cliente, el tribunal niegue el pedido sustentándose en que no se aportaron las pruebas al respecto, sobre todo cuando el órgano se niega a entregar documentos que comprometan su irresponsabilidad e ilegalidad.
La realidad es que ese desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa es una vergüenza ante el proclamado empoderamiento del neoconstitucionalismo, que se basa en la aplicación de valores y principios que van de las manos con los derechos humanos fundamentales.
La decisión tomada en torno a la medida cautelar es una especie de anuncio anticipado de que el recurso que tiene que ver con el fondo también será fallado en contra, en razón de que, como digo más arriba, la decisión tomada deja muy claro que las acciones de cualquier administrado es un esfuerzo perdido por los criterios con que se maneja la jurisdicción contenciosa administrativa en el país, convirtiéndose en una vergüenza para el derecho comparado, interamericano e internacional.
El mejor consejo para cualquier administrado abusado por la administración es desistir de buscar justicia en la jurisdicción contenciosa administrativa por representar una vergüenza para el sistema de justicia nacional, ya que como lo dije más arriba sus decisiones están determinadas por los contrasentidos jurídicos que invoca generalmente la Procuraduría General Administrativa, cuyos procesos para lo único que sirven es para aumentar la carga procesal y costos económicos en desfavor del ciudadano a través de notificaciones arbitrarias y abusivas.
Este desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual todavía está estacionaria en la llamada justicia retenida, mediante la cual la administración se juzga a sí misma y cuyos jueces eran designados por el Poder Ejecutivo, igual que el que preside la Procuraduría General Administrativa, llena de vergüenza a cualquier buen dominicano, dado que se supone que el Tribunal Superior Administrativa está bajo el control y la tutela de la Suprema Corte de Justicia en virtud del mandato de la Ley 13-07.
Evidentemente que la decisión de negar la medida cautelar tiene el propósito de condenar al fracaso la demanda principal en razón de que impone que el recurrente tenga que negociar con EDENORTE para restablecer el servicio y de ese modo disponer la inadmisibilidad de la misma por existir un acuerdo que deja sin sentido el pedido principal de la parte recurrente que, entre otras cosas, busca una indemnización por los daños morales y materiales causados.
No está de más recordar que el artículo 22 de la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas ante la Administración y el derecho a la defensa establece que la administración debe probar sus alegatos. El procedimiento sancionador obliga a la administración a sustentar la validez de sus actos y pruebas, además que existe la carga de la prueba que en los procedimientos sancionadores la administración pública tiene la obligación de probar los hechos que fundamentan sus decisiones contra un ciudadano en función del principio de legalidad, ya que el funcionario público está limitado por las normas de procedimiento y la Constitución, no pudiendo actuar sin sustento probatorio, ya que la presunción de validez no es absoluta. Otro principio violado por la jurisdicción contenciosa administrativa es el de celeridad, consignado en el artículo 19 de la Ley 107-13, en cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podrá superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el órgano correspondiente, salvo que la legislación sectorial indique un plazo mayor. En especial, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos. La medida cautelar solicitada por el impetrante fue fallada en contra de lo que dispone al articulo 7 de la Ley 13-07, Orgánica del Tribunal Superior Administrativo, la cual se conoció el 16 de diciembre y fue fallada el 22 de enero, pese a que se habla de cinco días después de la celebrada la audiencia en la que las partes plantean sus conclusiones, principalmente cuando hay una afectación mayor, porque el recurrente no tiene servicio de energía eléctrica y que en consecuencia todas las labores comerciales y empresariales están paralizadas y la reactivación está determinada por el fallo de la misma.
Este es un ejemplo de que en el país existe una Constitución de fachada que niega los supuestos avances y fortalecimiento del Estado Social Democrático de Derecho, lo cual es una explicación de que República Dominicana es una sociedad que vive más de la percepción que de la realidad.
Sin otro particular,
José Antonio Cabral Salcedo.