Análisis Noticiosos
Temen que estalle guerra de papeletas y violencia en la primaria del PLD
Por Juan Bolívar Díaz
La caldera sigue calentándose en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cada vez con mayores descalificaciones entre los grupos del presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández que se disputan las candidaturas y el liderazgo definitivo de esa organización política que ha gobernado cinco de los últimos seis períodos constitucionales.
Sin nadie que asuma el arbitraje interno del partido y con casi todos los altos funcionarios dirigiendo la campaña del precandidato Gonzalo Castillo, definido como el delfín del presidente Danilo Medina, aumentan los riesgos de división o de que queden tantos heridos que requieran mucho tiempo para restañar los traumas y restablecer la unidad.
Los temores expresados
Los temores de un estallido de violencia en la elección primaria de los peledeístas, que se manejaban en silencio, han saltado a los comentarios públicos y llegaron hasta el presidente de la Junta Central Electoral, quien consideró necesario formular un llamado al entendimiento, cuando le preguntaron el miércoles sobre una propuesta de pacto para acatar los resultados formulada por el precandidato Castillo. El doctor Julio César Castaños recordó que así se hizo en el pasado, y añadió que “es una aspiración de todos que tengamos una precampaña sin violencia”.
El mismo día el grupo peledeísta “Fuerza Boschista” propuso una reunión cumbre antes del 6 de octubre entre Medina y Fernández “para bajar la tensión y evitar violencia durante el proceso”. Mientras informes provenientes del interior del país registran una elevación de las confrontaciones entre precandidatos de las dos facciones que se disputan las candidaturas y el control del partido gobernante. Ayer un sacerdote y dos dirigentes sociales de El Seibo dijeron por Teleantillas que allá funcionarios están entregando $100 mil a los precandidatos.
El espectro de los 4 muertos y una decena de heridos en la anterior elección de candidatos peledeístas, en diciembre del 2015, planea sobre el actual proceso. Aquella vez ya habían pasado 6 meses del acuerdo para la repostulación del presidente Medina, de los senadores y la mayoría de los diputados y alcaldes, por lo que la elección fue casi solo para regidores y vocales. Y la votación era con padrón cerrado, es decir, solo los miembros del partido. El 6 de octubre estarán en juego todas las candidaturas, y ahora con derecho de cualquier ciudadano a votar.
Una guerra de papeletas
La elección de todas las candidaturas del PLD con padrón universal no tiene precedente en el país y se realiza en contadas naciones del mundo democrático, en América Latina solo en Argentina, Colombia, Honduras y Uruguay. Aquí con el inconveniente de que es grave la compra de votos, como lo acaba de documentar el Barómetro Global de la Corrupción, de Transparencia Internacional, según el cual el 46% de los dominicanos han recibido ofertas para comprarle el voto. Solo por debajo del 50% en México, en toda América Latina.
Hay convicción de que elementos de todos los partidos han apelado a esa práctica delictual y los medios de comunicación han difundido personas con letreros preguntando cuánto le daban para votar. Lo han registrado también las observaciones electorales de Participación Ciudadana. Si en las elecciones nacionales vota en promedio 70% de los empadronados y en las congresuales y municipales del 1998 al 2010 promediaron 50%, en las primarias podría ser 33-35%, lo que deja dos tercios de la población a merced de los compradores.
De hecho, en todos los partidos se ahorran recursos para “llevar los ciudadanos a votar”, lo que en principio implica el transporte, pero se extiende a comidas, bebidas y dinero en efectivo, en sumas que oscilan entre 200 y mil pesos. El temor en las primarias es que la corrupción genere enfrentamientos entre compañeros de partidos, y no solo disputándose votos para los precandidatos presidenciales, sino también para los legisladores, alcaldes, regidores, directores municipales, regidores y vocales.
La puja del danilismo durante dos años por el padrón abierto fue atribuida a que dispondrían de más recursos que nadie “para llevar gente a las urnas”, y un peledeísta bien informado señaló que eso ha determinado que los leonelistas hayan sido austeros en la propaganda pagada, porque están reservando pan y no para mayo, sino para el 5-6 de octubre próximo. En la reciente declaración a la JCE los ingresos de Gonzalo y Leonel totalizaron $538.5 millones, repartidos 54 a 46%, respectivamente, y los gastos $447.0, para un 60 a 40%.
Desconfianza generalizada
La desconfianza se extiende más allá del partido gobernante, pues esta semana, el Foro Permanente de Partidos Políticos, seis de los cuales declararon apoyo a Leonel, denunció el resurgimiento de “la vieja práctica de comprar cédulas para evitar que los contrarios voten”. La leonelista Coalición para Defensa de la Constitución pidió esta semana a la JCE que el conteo de los votos para los candidatos presidenciales se haga manualmente, lo que luego fue asumido el jueves por el delegado político del leonelismo ante el organismo, Rubén Maldonado.
La propuesta ha tenido amplio rechazo, porque todos los partidos habían aceptado la automatización, y por tardía, pues ya la JCE debe tener hasta impreso el manual operativo para las mesas de votación. Pero además luce innecesaria si, como está programado, se hará conteo manual en una muestra del 20% de las mesas electorales, que seleccionadas aleatoriamente y bajo discreción es hasta excesivo, pues los conteos rápidos de Participación Ciudadana en varias elecciones generales resultaron casi exactos al resultado oficial y solo involucraron el 8% de las mesas. También hubo denuncia de contratación de expertos, por un lado para desarrollar campaña sucia, y del otro informáticos israelíes y rusos para hackear la automatización, lo que rechaza la JCE porque lo considera imposible con 7,372 computadoras que solo se conectarán a la red al transmitir el resultado.
La propuesta leonelista fue un error táctico, pues permitió que se le atribuyera a que “se sienten perdidos”, aunque refleja la enorme desconfianza entre las dos facciones peledeístas, que tuvo otra expresión en el tajante rechazo del mismo Leonel Fernández a la propuesta de pacto de acatamiento de los resultados formulada por Gonzalo, recordando que los danilistas violaron en agosto el pacto de alternancia en la presidencia de la Cámara de Diputados. Mientras el ministro Ramón Peralta aconsejaba al leonelismo “guardar las lágrimas para después del 6 de octubre”.
El metamensaje del coronel
Con Gonzalo Castillo casi solo con enorme propaganda por todos los medios, hasta la saturación y generando burlas en las redes, y cuando el principal partido de oposición, el PRM, intimaba formalmente a los altos funcionarios designados jefes de la campaña de Gonzalo, para que tomaran licencia o renunciaran, bajo amenaza de ser llevados a la justicia, se produjo el jueves el escándalo sin precedente del coronel que exhortó a elegir al delfín del presidente.
Fue un mensaje audiovisual de 20 minutos, subido a las redes, con escenografía que incluía la bandera nacional, cámara profesional, leído en teleprompter, que incluyó citas de Cicerón y San Agustín, protagonizado por el teniente coronel Jaime Ramón Reynoso Martínez, quien se autodefinió militar de carrera y abogado en ejercicio (sic), por lo que debe asumirse que estaba consciente de que violaba la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y la Ley del Régimen Electoral, además de la Constitución de la República.
El coronel defendió el gobierno de Medina con argumentos y estadísticas, como si fuera Roberto Rodríguez Marchena el director de comunicaciones de la presidencia, para motivar el apoyo a Gonzalo porque seguiría las realizaciones de “su mentor el presidente Medina”, tras advertir sobre “momentos tenebrosos” y para impedir el triunfo de “avariciosos”, exhortó a los reservistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional apoyar su causa.
La ocurrencia fue tan escandalosa que el Ministro de las Fuerzas Armadas reunió inmediatamente a su Estado Mayor y pidió la cancelación del oficial, y el vocero de Gonzalo Castillo lo desligaba del video y pedía determinar su origen. Pero en el aire quedaron muchas especulaciones sobre el objetivo de una acción tan desacertada, sin que faltaran los que la asumieran como demostrativa de que “el poder es absoluto y no se le desafía” como se dijo recientemente. Otro metamensaje, que se “hará lo que sea necesario para que Leonel no gane”.
Costo de la incertidumbre
En ámbitos empresariales crecen las preocupaciones por el costo que puede arrojar la incertidumbre política y la confrontación en el seno del gobierno y no solo por el gasto en la precampaña y el que se vislumbra para las elecciones generales, sino también en las actividades productivas y la confianza, en medio de una tanda de apagones e inexplicada escasez de fuel oil para generar electricidad. Por de pronto el mercado cambiario sigue en sobresaltos con el dólar ya sobre 53 pesos y los bancos limitando las ventas individuales a 500 dólares, aunque el Banco Central ha inyectado al mercado en septiembre 170 millones de dólares.
Tampoco han tenido suficiente demanda los pesos descontados por el Banco Central del encaje legal de los bancos para préstamos que reactiven la economía, aún con la reducción de la tasa de créditos. Mientras se informa de cierre temporal de hoteles y la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) denuncia la suspensión de 10 mil trabajadores del sector. Se mantiene en silencio la dimensión real de las cancelaciones de reservas hoteleras para la próxima temporada de invierno y el año próximo, tan alta que hasta los críticos prefieren no revelarla.
Lo que ya se define como la mayor crisis del sector turístico dominicano habría estuvo determinado por la muerte no suficiente ni oportunamente aclaradas de varios turistas, por el atentado donde quedó al borde de la muerte el astro beisbolero David Ortiz, por escándalos de narcotráfico y la difusión de noticias y gráficas sobre la militarización que afectó al Congreso Nacional cuando se intentaba la fracasada reforma constitucional que pretendía abrir paso a otra reelección del presidente Medina.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.