La Junta Central Electoral asegura que ya está montada la logística para primarias.
Santo Domingo, RD.-El contribuyente dominicana pagará por las primarias a celebrarse el próximo domingo la suma de 2,416 y 845 mil 800 pesos, recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación.
La explicación es sencilla: del monto total, la Junta Central Electoral (JCE) aportará más de 1,167 millones 736 mil 424 pesos, correspondientes a la asignación presupuestaria que recibe del Poder Ejecutivo.
Mientras el PLD y el PRM aportarán 241 millones 109 mil 375.04 pesos, que corresponde al 40 por ciento de la contribución económica que les concede el Estado. Como se observa, el origen de estos recursos también son de los ingresos del Estado.
La ley otorga a la JCE la facultad de organizar y dirigir los procesos internos con la modalidad de primarias simultáneas, en la que los partidos políticos escogerán a los candidatos que postularán en cargos electivos.
Las primarias simultáneas que celebrarán las dos principales organizaciones políticas del país se celebrarán el próximo domingo, 6 de octubre, y se asemejan a unas elecciones generales en cuanto al costo que implica, logística para su montaje y las expectativas en la población que ha generado.
Pero además, pese a ser un evento de una precampaña, los aspirantes a las nominaciones de candidaturas han llenado el país de propaganda política, y copado los medios de comunicacion y redes sociales de publicidad como si estuvieran en juego los puestos electivos.
Propaganda y montaje
La Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos limitaba la propaganda durante la precampaña a lo interno de las organizaciones, pero esas restricciones fueron eliminadas por sentencia del Tribunal Constitucional (TC) , por lo que se dio libertad a los aspirantes de promoverse en todos los espacios.
El TC también validó el origen de los recursos para el montaje de las primarias, al rechazar una acción de inconstitucionalidad en contra del texto legal que dispuso que serán organizadas con recursos de la contribución económica que otorga el Estado a los partidos y aportes de la JCE en equipos y logística.En cuanto a la logística, está montada como unas elecciones generales, en cuanto la cantidad de recintos y mesas de votación y personal que trabajará en el proceso y las medidas que ha tenido que adoptar la Junta para garantizar el orden, la seguridad y la transparencia.
En el caso del PLD, las primarias serán abiertas, ya que podrán votar todos los inscritos en el padrón general de la JCE, integrado por 7 millones 422 mil 416 ciudadanos.
Mientras en el PRM solo podrán hacerlo un millón 296 mil 483 electores, debido a que eligió la modalidad de primarias cerradas, es decir, que solo pueden votar los inscritos en el padrón de ese partido.
Un total de 11,427 personas fueron inscritas en la JCE como precandidatos presidenciales, congresionales y municipales, de los cuales 6,710 por el PLD y 4,717 por el PRM.
A partir de la reforma de la Constitución en el 2010, y la aprobación de la Ley de Partidos en el 2018, a la JCE le compete montar tres procesos electorales en menos de un año: las primarias de los partidos en este mes; las elecciones municipal, para elegir los alcaldes, regidores, directores municipales y sus vocales en febrero del 2020, así como las elecciones presidenciales y congresuales de mayo de ese mismo año.
A este complejo proceso habría que agregar, que si el nivel presidencial no se decide en primera vuelta, a la JCE le corresponderá montar otro proceso para junio.
Ese día quedó abierta de manera oficial la precampaña en la que participan los aspirantes a cargos de elección popular.
Fue la fecha límite para que los partidos inscribieran en la JCE sus precandidatos, aunque la institución concedió un plazo de 10 días para hacer corrección en las listas.
El próximo domingo los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno realizarán sus primarias simultáneas, mientras las demás organizaciones que escogieron otras modalidades de elección para seleccionar su candidatos tendrán plazos hasta el 27 de este mes.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.
