Editorial
Un evento poco democrático, aunque formalmente se considere lo contrario.
Este domingo se celebran las primarias abiertas y cerradas de los dos partidos que son los únicos que tienen reales posibilidades de continuar o de asumir por primera vez el poder en la República Dominicana.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) inauguran una nueva forma de escogencia de sus candidatos a los diferentes cargos electivos, cuya metodología parece muy democrática, pero en realidad no es así.
En lo que respecta al PLD, el aspirante del litoral oficialista, Gonzalo Castillo, se sirve con la cuchara grande con el uso de los recursos públicos, el clientelismo y la más descarada malversación de los dineros de las arcas nacionales.
Tanto ha sido así, que este pre-candidato a copado prácticamente todos los medios de comunicación social, desde la televisión, los periódicos y las emisoras de radio convencionales, hasta los digitales.
Fue algo realmente avasallante, aplastante, sin que en lo inmediato se pueda evaluar el alcance del gasto público en una pre-campaña en la que se han invertido miles de millones de pesos, principalmente por parte del aspirante del Gobierno.
En el otro litoral, el que preside Leonel Fernández, no es para menos, porque este aspirante cuenta con una serie de personajes muy corrompidos, con fortunas hechas sobre la base de la llamada acumulación originaria a través de la corrupción administrativa, cuya capacidad de inversión económica no tiene ningún otro político de los que se observan en el escenario nacional.
Ambos aspirantes ya no representan una solución a los problemas que padece la República Dominicana, porque sus compromisos son más con valores anti-democráticos y con una precaria institucionalidad, generadora de todas las diabluras imaginables y no imaginables.
Ni Gonzalo ni Leonel constituyen una garantía de un desarrollo que represente la más mínima posibilidad para construir una nueva República Dominicana, donde los jóvenes no tengan que irse del país para poder sobrevivir o por lo menos tener un empleo digno.
En lo que tiene que ver con el PRM, éste también no ha demostrado que represente un cambio ético en el manejo de la cosa pública, porque no se comporta bien con la administración de los dineros entregados por la Junta Central Electoral, por lo que menos lo va hacer con los pertenecientes al presupuesto nacional.
El PRM, hijo legítimo del PRD, sólo se diferencia en los colores y los rostros de sus dirigentes, pero su conducta frente al patrimonio público es el mismo, ambos con personajes que representan una amenaza para las riquezas nacionales.
Entonces, siendo así, el dominicano está prácticamente huérfano de cualquier cambio real en la conducción de un Estado disfuncional, que adolece de tantos males que en realidad no le permite instaurar un régimen de institucionalidad y decencia nacionales que convierta el país en otro referente.
Las primarias no han sido más que una reafirmación de las distorsiones y las debilidades de que adolece la democracia en un país del tercer mundo llamado República Dominicana, donde todo se vale sin que se tema a un régimen de consecuencia.
No es verdad que este certamen sea un evento democrático como se ha querido vender, sino de la legitimación de la corrupción y la prostitución de prácticamente todos los órganos del Estado, cuyos funcionarios usan sus recursos medalaganariamente sin que pueda ser tomado en cuenta para dar un ejemplo en el ámbito jurisdiccional del sistema de justicia.
Ya terminó la fiesta, no democrática como muchos quieren argumentar, sino del despilfarro y malversación del patrimonio del pueblo dominicano, cuya mayoría sufre una serie de precariedades que prácticamente le impide vivir con decencia y dignidad.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.