Editorial
Un evento poco democrático, aunque formalmente se considere lo contrario.
Este domingo se celebran las primarias abiertas y cerradas de los dos partidos que son los únicos que tienen reales posibilidades de continuar o de asumir por primera vez el poder en la República Dominicana.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) inauguran una nueva forma de escogencia de sus candidatos a los diferentes cargos electivos, cuya metodología parece muy democrática, pero en realidad no es así.
En lo que respecta al PLD, el aspirante del litoral oficialista, Gonzalo Castillo, se sirve con la cuchara grande con el uso de los recursos públicos, el clientelismo y la más descarada malversación de los dineros de las arcas nacionales.
Tanto ha sido así, que este pre-candidato a copado prácticamente todos los medios de comunicación social, desde la televisión, los periódicos y las emisoras de radio convencionales, hasta los digitales.
Fue algo realmente avasallante, aplastante, sin que en lo inmediato se pueda evaluar el alcance del gasto público en una pre-campaña en la que se han invertido miles de millones de pesos, principalmente por parte del aspirante del Gobierno.
En el otro litoral, el que preside Leonel Fernández, no es para menos, porque este aspirante cuenta con una serie de personajes muy corrompidos, con fortunas hechas sobre la base de la llamada acumulación originaria a través de la corrupción administrativa, cuya capacidad de inversión económica no tiene ningún otro político de los que se observan en el escenario nacional.
Ambos aspirantes ya no representan una solución a los problemas que padece la República Dominicana, porque sus compromisos son más con valores anti-democráticos y con una precaria institucionalidad, generadora de todas las diabluras imaginables y no imaginables.
Ni Gonzalo ni Leonel constituyen una garantía de un desarrollo que represente la más mínima posibilidad para construir una nueva República Dominicana, donde los jóvenes no tengan que irse del país para poder sobrevivir o por lo menos tener un empleo digno.
En lo que tiene que ver con el PRM, éste también no ha demostrado que represente un cambio ético en el manejo de la cosa pública, porque no se comporta bien con la administración de los dineros entregados por la Junta Central Electoral, por lo que menos lo va hacer con los pertenecientes al presupuesto nacional.
El PRM, hijo legítimo del PRD, sólo se diferencia en los colores y los rostros de sus dirigentes, pero su conducta frente al patrimonio público es el mismo, ambos con personajes que representan una amenaza para las riquezas nacionales.
Entonces, siendo así, el dominicano está prácticamente huérfano de cualquier cambio real en la conducción de un Estado disfuncional, que adolece de tantos males que en realidad no le permite instaurar un régimen de institucionalidad y decencia nacionales que convierta el país en otro referente.
Las primarias no han sido más que una reafirmación de las distorsiones y las debilidades de que adolece la democracia en un país del tercer mundo llamado República Dominicana, donde todo se vale sin que se tema a un régimen de consecuencia.
No es verdad que este certamen sea un evento democrático como se ha querido vender, sino de la legitimación de la corrupción y la prostitución de prácticamente todos los órganos del Estado, cuyos funcionarios usan sus recursos medalaganariamente sin que pueda ser tomado en cuenta para dar un ejemplo en el ámbito jurisdiccional del sistema de justicia.
Ya terminó la fiesta, no democrática como muchos quieren argumentar, sino del despilfarro y malversación del patrimonio del pueblo dominicano, cuya mayoría sufre una serie de precariedades que prácticamente le impide vivir con decencia y dignidad.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.