Editorial
Un evento poco democrático, aunque formalmente se considere lo contrario.
Este domingo se celebran las primarias abiertas y cerradas de los dos partidos que son los únicos que tienen reales posibilidades de continuar o de asumir por primera vez el poder en la República Dominicana.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) inauguran una nueva forma de escogencia de sus candidatos a los diferentes cargos electivos, cuya metodología parece muy democrática, pero en realidad no es así.
En lo que respecta al PLD, el aspirante del litoral oficialista, Gonzalo Castillo, se sirve con la cuchara grande con el uso de los recursos públicos, el clientelismo y la más descarada malversación de los dineros de las arcas nacionales.
Tanto ha sido así, que este pre-candidato a copado prácticamente todos los medios de comunicación social, desde la televisión, los periódicos y las emisoras de radio convencionales, hasta los digitales.
Fue algo realmente avasallante, aplastante, sin que en lo inmediato se pueda evaluar el alcance del gasto público en una pre-campaña en la que se han invertido miles de millones de pesos, principalmente por parte del aspirante del Gobierno.
En el otro litoral, el que preside Leonel Fernández, no es para menos, porque este aspirante cuenta con una serie de personajes muy corrompidos, con fortunas hechas sobre la base de la llamada acumulación originaria a través de la corrupción administrativa, cuya capacidad de inversión económica no tiene ningún otro político de los que se observan en el escenario nacional.
Ambos aspirantes ya no representan una solución a los problemas que padece la República Dominicana, porque sus compromisos son más con valores anti-democráticos y con una precaria institucionalidad, generadora de todas las diabluras imaginables y no imaginables.
Ni Gonzalo ni Leonel constituyen una garantía de un desarrollo que represente la más mínima posibilidad para construir una nueva República Dominicana, donde los jóvenes no tengan que irse del país para poder sobrevivir o por lo menos tener un empleo digno.
En lo que tiene que ver con el PRM, éste también no ha demostrado que represente un cambio ético en el manejo de la cosa pública, porque no se comporta bien con la administración de los dineros entregados por la Junta Central Electoral, por lo que menos lo va hacer con los pertenecientes al presupuesto nacional.
El PRM, hijo legítimo del PRD, sólo se diferencia en los colores y los rostros de sus dirigentes, pero su conducta frente al patrimonio público es el mismo, ambos con personajes que representan una amenaza para las riquezas nacionales.
Entonces, siendo así, el dominicano está prácticamente huérfano de cualquier cambio real en la conducción de un Estado disfuncional, que adolece de tantos males que en realidad no le permite instaurar un régimen de institucionalidad y decencia nacionales que convierta el país en otro referente.
Las primarias no han sido más que una reafirmación de las distorsiones y las debilidades de que adolece la democracia en un país del tercer mundo llamado República Dominicana, donde todo se vale sin que se tema a un régimen de consecuencia.
No es verdad que este certamen sea un evento democrático como se ha querido vender, sino de la legitimación de la corrupción y la prostitución de prácticamente todos los órganos del Estado, cuyos funcionarios usan sus recursos medalaganariamente sin que pueda ser tomado en cuenta para dar un ejemplo en el ámbito jurisdiccional del sistema de justicia.
Ya terminó la fiesta, no democrática como muchos quieren argumentar, sino del despilfarro y malversación del patrimonio del pueblo dominicano, cuya mayoría sufre una serie de precariedades que prácticamente le impide vivir con decencia y dignidad.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.