Análisis Noticiosos
Confrontación e incertidumbre en el PLD; armonía y aparente definición en el PRM
Por Juan Bolívar Díaz
Foto: Danilo Medina acudió a un acto y proclamó públicamente su apoyo a Gonzalo Castillo
El sistema político dominicano estrena mañana las elecciones primarias simultáneas con temores de que en vez de fortalecer la institucionalidad democrática, como se les proyectó, resulten en un imperio del dinero y de interferencia del Estado, especialmente en el mayoritario Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuya unidad parece estar en juego en el proceso.
Sin embargo, el principal opositor, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), llega a la elección de sus candidaturas sin mayores tensiones y con aparente definición de su candidato presidencial, de acuerdo con la generalidad de las encuestas, lo que podría determinar su fortalecimiento como real alternativa para el 2020.
La prueba de las primarias
Leonel Fernández y Margarita Cedeño, en una caravana la tarde de este viernes en el Malecón
En la jornada de mañana está a prueba en el país la elección primaria simultánea y en especial la de padrón abierto, a la que apenas se acogieron los dos partidos mayoritarios, de 27 reconocidos, tras la aprobación de la Ley de Partidos 33-18, en agosto del año pasado, que ya ostenta el récord nacional de cuatro contenidos declarados inconstitucionales.
Por de pronto no se han logrado los objetivos principales de la Ley de Partidos que eran acortar las campañas electorales, reducir el imperio del dinero en la competencia por las candidaturas, mayor equidad y fortalecer la democracia interna. Para no confrontar a los que se adelantaron más de un año a la precampaña, la Junta Central Electoral (JCE) fabricó un “periodo previo de precampaña”. Los topes de gastos para los precandidatos, hasta 519 millones de pesos para los presidenciales y 99 millones para senadores, fueron tan altos que mantienen las ventajas de los que disponen de mayor financiamiento, ya sea personal, empresarial o de actividades ilícitas, en detrimento de los ciudadanos más éticos. Y las primarias resultarán en un incremento de 2 mil 400 millones de pesos del subsidio estatal a solo dos partidos del sistema.
Es secreto a voces que candidatos de todos los niveles han estado acopiando recursos para “llevar ciudadanos a votar”, lo que incluye la compra de votos denunciada sistemáticamente en los procesos electorales dominicanos. Se teme que hoy, y en la misma jornada de votación de mañana, se generalice un mercado de compra y venta de votos, estimulada por la desconfianza y el arrebato que predomina en el partidismo político. Y ha sido evidente que el precandidato favorecido por el gobierno, Gonzalo Castillo, ha gastado en solo dos meses más dinero que todos los demás precandidatos presidenciales juntos. Solo él pagó páginas en todos los diarios e invadió la radio, televisión, periódicos electrónicos y las redes sociales, claramente al amparo del Estado, para proyectar una propuesta elaborada al vapor tras el fracaso del intento reeleccionista.
El PLD lo contamina todo
La crisis del partido gobernante, donde se disputa no solo las candidaturas para el 2020, sino también su control definitivo, ha contaminado todo el proceso de la elección primaria, cuyo éxito depende de que pueda saldarla sin violencia ni una temida división definitiva. Sus dos principales precandidatos presidenciales gastaron el 90 por ciento del total reportado a la JCE a fin de septiembre, incluyendo a los dos principales del PRM, 447 a 47 millones de pesos. Esas cifras pueden resultar ínfimas para lo que se espera en la víspera y en la jornada de votación.
Por demás, el apoyo del presidente Danilo Medina y más de una veintena de ministros y altos funcionarios que dirigen en todas las provincias la campaña del precandidato oficialista, con denunciadas presiones a los empleados públicos, atropella la equidad de la competencia y resalta la pobreza institucional y la adolescencia de la democracia dominicana, en flagrante violación de principios constitucionales y mandatos de las leyes de la Función Pública, de Partidos y del Régimen Electoral, sin que nadie pueda contenerlo. Hasta se han denunciado cancelaciones de leonelistas en la administración pública, como el director del Intabaco.
Luis Abinader se proyecta como el ganador de la convención del PRM
Si se mide por la propaganda en los medios de comunicación pareciera que solo hay una candidatura, en violación del principio de “libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”, consagrado en el párrafo IV del artículo 212 de la Constitución, puestos bajo vigilancia de la JCE. Lo más relevante es que el gobierno no respeta la equidad ni siquiera en la elección interna del propio partido, lo que amenaza la elección general del año próximo. La lucha sin cuartel ha dividido al presidente Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño, al bloque de 14 partidos aliados al gobierno y ha arrastrado a dirigentes de centrales sindicales y gremios de choferes y hasta a pastores evangélicos.
Danilo contra Leonel
Lo que más contamina la elección primaria es la decisión que se atribuye al presidente Medina de impedir a toda costa que el expresidente Leonel Fernández gane la candidatura presidencial del PLD. Fuentes de crédito aseguran que el mandatario se ha ocupado hasta de los detalles de la campaña de Castillo. Es una lucha feroz por el control del partido y ambos tienen sobrada experiencia en el abuso de recursos estatales para ganar elecciones; se recuerda el “me venció el Estado”, al perder la candidatura frente a Fernández en el 2007.
Esa confrontación mantiene incertidumbres en todos los ámbitos nacionales, especialmente en los empresariales, temerosos de una desestabilización política que repercuta en lo económico. Aunque los análisis arrojan alguna ventaja de Leonel Fernández sobre Gonzalo Castillo, nadie se atreve a cerrar apuestas por entender que todo dependerá de quien logre acarrear más votantes a las mesas electorales. El danilismo se empeñó durante más de un año en instituir el padrón abierto, asumiendo que Fernández tenía más posibilidades con el voto exclusivo de los peledeístas, que en gran proporción le agradecen haberlos llevado al poder y el bienestar acumulado en sus tres períodos de gobierno. Y para disponer de todo el electorado como objeto de manipulación, de incentivos o compra de votos.
En las últimas dos semanas se han publicado una decena de encuestas con resultados muy dispares, pero la de Mark Penn difundida esta semana arroja un empate a 46 por ciento de las simpatías entre Fernández y Castillo. Esa encuestadora es, junto a la Gallup, de las que tiene mayor crédito porque no ha sido patrocinada por partidos políticos y sus sondeos se han aproximado a los arrojados por las urnas en las últimas cuatro décadas. Su estrecho resultado incrementa los temores de exacerbación de la confrontación entre danilistas y leonelistas en la víspera y en la jornada misma de la votación.
Gran oportunidaddel PRM
Hipólito Mejía, ha sido coherente en su disposición de aceptar los resultados de las elecciones y convenciones en las que participa
Como principal alternativa, el PRM tiene una buena posibilidad de salir fortalecido y salvarle la cara a las primarias con su propio padrón de casi un millón 300 mil miembros, ya que llega a la elección de sus candidatos sin tensiones significativas y sus líderes se han manejado democráticamente, sin descalificaciones ni agresiones. Hipólito Mejía y Luis Abinader han competido con civilidad por la candidatura presidencial, han aparecido varias veces en actividades públicas y privadas, con armoniosas relaciones familiares que han cuidado celosamente.
El PRM sería beneficiario de una marcada inclinación de sus miembros a repetir la candidatura presidencial del economista Abinader, quien la ganó en abril del 2015 por 70 a 29%, frente al mismo Mejía. Todas las encuestas publicadas y conocidas que han medido las simpatías de los perremeístas colocan a Abinader por encima del 70 y a Mejía por debajo del 20%, lo que hace más remoto intentos de impugnaciones. La Gallup-HOY de mayo 78 a 10 y 82 a 7%, entre miembros y simpatizantes, y la Mark Penn esta semana 79 a 18%.
Pese a ello, el agrónomo expresidente hace gala de su extraordinario carisma y apuesta a dar una sorpresa, porque sus partidarios tienen la convicción de que fueron responsables de la inscripción de la mayoría de los empadronados que votarán. Ambos competidores han dicho que aceptarán el resultado. Así lo hizo Hipólito Mejía cuatro años atrás, y aun cuando siendo presidente de la República perdió en su intento reeleccionista del 2004. Reconoció la victoria de Leonel Fernández cuatro horas después de concluida la votación y antes del primer informe oficial de los resultados.
El rancho quedará ardiendo
Cualquiera que sea el resultado, sin descartar mayores confrontaciones personales en el territorio, los peledeístas aparecen perdiendo del proceso, y aunque puedan evadir la división necesitarán algún tiempo para recoger los heridos y restañar la unidad de acción. La virulencia les restaría energías para la próxima campaña electoral, especialmente de cara a los comicios municipales a 4 meses, con el período navideño por el medio. Por esa razón podrían insistir en el proyecto de reunificar estos con los presidenciales y congresuales de mayo.
Para el PRM sería vital conseguir que siquiera la mitad de sus miembros participe disciplinadamente en la elección de mañana, proyectando una imagen de orden y seguridad y salir rápidamente de la distracción interna, incorporar a los perdedores a su comando de campaña, trazar una única línea táctica que incluya su empeño por materializar una gran coalición político-social y dedicarse a aprovechar el desconcierto del PLD, con una oposición decidida y de fondo que persiga recoger las grandes insatisfacciones nacionales.
En la lucha interna los peledeístas han demostrado su gran capacidad para copiar recursos económicos y falta de escrúpulos para abusar del poder estatal, por lo que sus opositores tendrán que empeñarse en una coalición que no solo aporte votos, sino también en lo inmediato fuerza orgánica y moral para lograr contención de los excesos y mejorar las posibilidades de competencia. Porque si algo queda patente en estos días es que la democracia dominicana no llega todavía a la adolescencia, que se mantiene recentina y con fuertes discapacidades.-
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.