Análisis Noticiosos
Confrontación e incertidumbre en el PLD; armonía y aparente definición en el PRM
Por Juan Bolívar Díaz
Foto: Danilo Medina acudió a un acto y proclamó públicamente su apoyo a Gonzalo Castillo
El sistema político dominicano estrena mañana las elecciones primarias simultáneas con temores de que en vez de fortalecer la institucionalidad democrática, como se les proyectó, resulten en un imperio del dinero y de interferencia del Estado, especialmente en el mayoritario Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuya unidad parece estar en juego en el proceso.
Sin embargo, el principal opositor, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), llega a la elección de sus candidaturas sin mayores tensiones y con aparente definición de su candidato presidencial, de acuerdo con la generalidad de las encuestas, lo que podría determinar su fortalecimiento como real alternativa para el 2020.
La prueba de las primarias
Leonel Fernández y Margarita Cedeño, en una caravana la tarde de este viernes en el Malecón
En la jornada de mañana está a prueba en el país la elección primaria simultánea y en especial la de padrón abierto, a la que apenas se acogieron los dos partidos mayoritarios, de 27 reconocidos, tras la aprobación de la Ley de Partidos 33-18, en agosto del año pasado, que ya ostenta el récord nacional de cuatro contenidos declarados inconstitucionales.
Por de pronto no se han logrado los objetivos principales de la Ley de Partidos que eran acortar las campañas electorales, reducir el imperio del dinero en la competencia por las candidaturas, mayor equidad y fortalecer la democracia interna. Para no confrontar a los que se adelantaron más de un año a la precampaña, la Junta Central Electoral (JCE) fabricó un “periodo previo de precampaña”. Los topes de gastos para los precandidatos, hasta 519 millones de pesos para los presidenciales y 99 millones para senadores, fueron tan altos que mantienen las ventajas de los que disponen de mayor financiamiento, ya sea personal, empresarial o de actividades ilícitas, en detrimento de los ciudadanos más éticos. Y las primarias resultarán en un incremento de 2 mil 400 millones de pesos del subsidio estatal a solo dos partidos del sistema.
Es secreto a voces que candidatos de todos los niveles han estado acopiando recursos para “llevar ciudadanos a votar”, lo que incluye la compra de votos denunciada sistemáticamente en los procesos electorales dominicanos. Se teme que hoy, y en la misma jornada de votación de mañana, se generalice un mercado de compra y venta de votos, estimulada por la desconfianza y el arrebato que predomina en el partidismo político. Y ha sido evidente que el precandidato favorecido por el gobierno, Gonzalo Castillo, ha gastado en solo dos meses más dinero que todos los demás precandidatos presidenciales juntos. Solo él pagó páginas en todos los diarios e invadió la radio, televisión, periódicos electrónicos y las redes sociales, claramente al amparo del Estado, para proyectar una propuesta elaborada al vapor tras el fracaso del intento reeleccionista.
El PLD lo contamina todo
La crisis del partido gobernante, donde se disputa no solo las candidaturas para el 2020, sino también su control definitivo, ha contaminado todo el proceso de la elección primaria, cuyo éxito depende de que pueda saldarla sin violencia ni una temida división definitiva. Sus dos principales precandidatos presidenciales gastaron el 90 por ciento del total reportado a la JCE a fin de septiembre, incluyendo a los dos principales del PRM, 447 a 47 millones de pesos. Esas cifras pueden resultar ínfimas para lo que se espera en la víspera y en la jornada de votación.
Por demás, el apoyo del presidente Danilo Medina y más de una veintena de ministros y altos funcionarios que dirigen en todas las provincias la campaña del precandidato oficialista, con denunciadas presiones a los empleados públicos, atropella la equidad de la competencia y resalta la pobreza institucional y la adolescencia de la democracia dominicana, en flagrante violación de principios constitucionales y mandatos de las leyes de la Función Pública, de Partidos y del Régimen Electoral, sin que nadie pueda contenerlo. Hasta se han denunciado cancelaciones de leonelistas en la administración pública, como el director del Intabaco.
Luis Abinader se proyecta como el ganador de la convención del PRM
Si se mide por la propaganda en los medios de comunicación pareciera que solo hay una candidatura, en violación del principio de “libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”, consagrado en el párrafo IV del artículo 212 de la Constitución, puestos bajo vigilancia de la JCE. Lo más relevante es que el gobierno no respeta la equidad ni siquiera en la elección interna del propio partido, lo que amenaza la elección general del año próximo. La lucha sin cuartel ha dividido al presidente Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño, al bloque de 14 partidos aliados al gobierno y ha arrastrado a dirigentes de centrales sindicales y gremios de choferes y hasta a pastores evangélicos.
Danilo contra Leonel
Lo que más contamina la elección primaria es la decisión que se atribuye al presidente Medina de impedir a toda costa que el expresidente Leonel Fernández gane la candidatura presidencial del PLD. Fuentes de crédito aseguran que el mandatario se ha ocupado hasta de los detalles de la campaña de Castillo. Es una lucha feroz por el control del partido y ambos tienen sobrada experiencia en el abuso de recursos estatales para ganar elecciones; se recuerda el “me venció el Estado”, al perder la candidatura frente a Fernández en el 2007.
Esa confrontación mantiene incertidumbres en todos los ámbitos nacionales, especialmente en los empresariales, temerosos de una desestabilización política que repercuta en lo económico. Aunque los análisis arrojan alguna ventaja de Leonel Fernández sobre Gonzalo Castillo, nadie se atreve a cerrar apuestas por entender que todo dependerá de quien logre acarrear más votantes a las mesas electorales. El danilismo se empeñó durante más de un año en instituir el padrón abierto, asumiendo que Fernández tenía más posibilidades con el voto exclusivo de los peledeístas, que en gran proporción le agradecen haberlos llevado al poder y el bienestar acumulado en sus tres períodos de gobierno. Y para disponer de todo el electorado como objeto de manipulación, de incentivos o compra de votos.
En las últimas dos semanas se han publicado una decena de encuestas con resultados muy dispares, pero la de Mark Penn difundida esta semana arroja un empate a 46 por ciento de las simpatías entre Fernández y Castillo. Esa encuestadora es, junto a la Gallup, de las que tiene mayor crédito porque no ha sido patrocinada por partidos políticos y sus sondeos se han aproximado a los arrojados por las urnas en las últimas cuatro décadas. Su estrecho resultado incrementa los temores de exacerbación de la confrontación entre danilistas y leonelistas en la víspera y en la jornada misma de la votación.
Gran oportunidaddel PRM
Hipólito Mejía, ha sido coherente en su disposición de aceptar los resultados de las elecciones y convenciones en las que participa
Como principal alternativa, el PRM tiene una buena posibilidad de salir fortalecido y salvarle la cara a las primarias con su propio padrón de casi un millón 300 mil miembros, ya que llega a la elección de sus candidatos sin tensiones significativas y sus líderes se han manejado democráticamente, sin descalificaciones ni agresiones. Hipólito Mejía y Luis Abinader han competido con civilidad por la candidatura presidencial, han aparecido varias veces en actividades públicas y privadas, con armoniosas relaciones familiares que han cuidado celosamente.
El PRM sería beneficiario de una marcada inclinación de sus miembros a repetir la candidatura presidencial del economista Abinader, quien la ganó en abril del 2015 por 70 a 29%, frente al mismo Mejía. Todas las encuestas publicadas y conocidas que han medido las simpatías de los perremeístas colocan a Abinader por encima del 70 y a Mejía por debajo del 20%, lo que hace más remoto intentos de impugnaciones. La Gallup-HOY de mayo 78 a 10 y 82 a 7%, entre miembros y simpatizantes, y la Mark Penn esta semana 79 a 18%.
Pese a ello, el agrónomo expresidente hace gala de su extraordinario carisma y apuesta a dar una sorpresa, porque sus partidarios tienen la convicción de que fueron responsables de la inscripción de la mayoría de los empadronados que votarán. Ambos competidores han dicho que aceptarán el resultado. Así lo hizo Hipólito Mejía cuatro años atrás, y aun cuando siendo presidente de la República perdió en su intento reeleccionista del 2004. Reconoció la victoria de Leonel Fernández cuatro horas después de concluida la votación y antes del primer informe oficial de los resultados.
El rancho quedará ardiendo
Cualquiera que sea el resultado, sin descartar mayores confrontaciones personales en el territorio, los peledeístas aparecen perdiendo del proceso, y aunque puedan evadir la división necesitarán algún tiempo para recoger los heridos y restañar la unidad de acción. La virulencia les restaría energías para la próxima campaña electoral, especialmente de cara a los comicios municipales a 4 meses, con el período navideño por el medio. Por esa razón podrían insistir en el proyecto de reunificar estos con los presidenciales y congresuales de mayo.
Para el PRM sería vital conseguir que siquiera la mitad de sus miembros participe disciplinadamente en la elección de mañana, proyectando una imagen de orden y seguridad y salir rápidamente de la distracción interna, incorporar a los perdedores a su comando de campaña, trazar una única línea táctica que incluya su empeño por materializar una gran coalición político-social y dedicarse a aprovechar el desconcierto del PLD, con una oposición decidida y de fondo que persiga recoger las grandes insatisfacciones nacionales.
En la lucha interna los peledeístas han demostrado su gran capacidad para copiar recursos económicos y falta de escrúpulos para abusar del poder estatal, por lo que sus opositores tendrán que empeñarse en una coalición que no solo aporte votos, sino también en lo inmediato fuerza orgánica y moral para lograr contención de los excesos y mejorar las posibilidades de competencia. Porque si algo queda patente en estos días es que la democracia dominicana no llega todavía a la adolescencia, que se mantiene recentina y con fuertes discapacidades.-
Análisis Noticiosos
Campañas Sucias, Posverdad y Redes Sociales: El Ataque a la Dignidad en la Era Digital.
Por Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
El presente estudio analiza las principales dobleces a la dignidad humana en los procesos políticos y electorales de la República Dominicana durante el período 2006–2026. Se examina el impacto de las campañas de desinformación, la posverdad y el uso de redes sociales como mecanismos de manipulación política, así como la vulneración del derecho al honor, la intimidad y la protección de los datos personales. Asimismo, se aborda la violencia política de género como una manifestación de discriminación que limita la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de representación política. El trabajo también evalúa el papel desempeñado por la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional en la protección de los derechos fundamentales mediante la aplicación de la Constitución y la legislación electoral vigente. Se concluye que, aunque el país ha fortalecido su marco jurídico e institucional para garantizar procesos electorales más democráticos, persisten prácticas estructurales como el clientelismo, el uso indebido de recursos públicos, la desinformación digital y la desigualdad de género, las cuales continúan afectando la dignidad humana y la calidad de la democracia dominicana.
La erosión de la integridad moral a través de la desinformación y el uso de robots.
El desplazamiento del debate político dominicano hacia las plataformas digitales durante el periodo 2006–2026 ha transformado radicalmente las estrategias de captación del voto, introduciendo severas amenazas a la dignidad personal de los actores políticos. Como señala Jorge Prats (2013), el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen forma parte del núcleo duro de la dignidad humana protegido por el artículo 44 de la Constitución dominicana. Sin embargo, la proliferación de campañas de posverdad y la difusión sistemática de noticias falsas (fake news) han sido utilizadas de manera recurrente para destruir la reputación de los adversarios.
Esta práctica se ha tecnificado mediante el uso de redes de cuentas automatizadas o robots. El objetivo de estas infraestructuras digitales no es debatir propuestas programáticas, sino saturar el espacio público virtual con discursos de odio y difamaciones personalistas. Al desviar la atención desde la competencia de ideas hacia el linchamiento moral del individuo, se violenta la dignidad del candidato quien es despojado de su derecho al debido proceso reputacional y se agrede la dignidad del electorado, al que se intenta manipular mediante el engaño masivo y la distorsión deliberada de la realidad (Espinal, 2018).
La vulneración de la intimidad y los datos privados con fines de chantaje
El entorno electoral de la última década ha evidenciado una preocupante tendencia hacia la instrumentalización de la vida privada de los ciudadanos y candidatos. En el contexto de la competencia interna y general de los partidos políticos en la República Dominicana, la filtración ilegal de audios, conversaciones privadas, historiales médicos o datos financieros se ha convertido en un arma de coacción política común.
Este fenómeno vulnera directamente la autodeterminación informativa y el derecho a la intimidad. Según los informes de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2020), la recolección no autorizada de datos personales y su posterior exposición pública con fines de chantaje o desacreditación electoral reducen al ser humano a un estado de vulnerabilidad absoluta frente al poder tecnológico de las maquinarias políticas. La dignidad se quiebra cuando el ciudadano o el aspirante a un cargo público pierde el control sobre su esfera íntima, quedando expuesto al escrutinio y al juicio social sumario bajo lógicas estrictamente utilitaristas y electoreras.
Violencia política de género y descalificación moral en el entorno virtual.
Una de las manifestaciones más lesivas de la descalificación en entornos digitales es la violencia política basada en el género, la cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres que aspiran a puestos de elección popular. A pesar de los avances normativos en materia de cuotas establecidos en la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos, la cultura patriarcal subyacente se traslada al entorno digital mediante ataques dirigidos específicamente a descalificar a las candidatas por razones de género.
Mientras que los candidatos masculinos suelen ser evaluados o atacados por su gestión o posturas políticas, los ataques hacia las mujeres tienden a centrarse en su apariencia física, su vida familiar, su moral sexual o supuestas incapacidades emocionales (ONU Mujeres, 2023). Esta asimetría en la agresión no solo constituye una violación directa a la dignidad de la mujer como ser humano, sino que opera como un mecanismo de exclusión fáctica. Al menoscabar su autoridad y credibilidad pública mediante estereotipos denigrantes, se limita su derecho fundamental a la participación política en condiciones de igualdad, perpetuando una brecha democrática que lesiona la estructura ética del sistema electoral.
El Rol Institucional y Jurisprudencial en la Tutela de la Dignidad Humana.
La Junta Central Electoral (JCE) y las tensiones en el control de las garantías básicas.
Durante el periodo 2006–2026, la Junta Central Electoral (JCE) ha transitado por un complejo proceso de reconfiguración institucional, impulsado por la presión ciudadana y las reformas legislativas de las leyes No. 33-18 de Partidos Agrupaciones y Movimientos políticos y No. 20-23 de Régimen Electoral en la Republica Dominicana. Como órgano de administración electoral de rango constitucional (artículo 212), la JCE tiene la obligación no solo de organizar la logística de los comicios, sino de salvaguardar el orden ético y la equidad que dignifican el voto.
No obstante, la actuación de la JCE ha estado marcada por tensiones estructurales entre su facultad reglamentaria y la resistencia de las cúpulas partidarias. Como señalan Cury y Zaglul (2019), los intentos de la JCE por establecer medidas cautelares contra la campaña a destiempo, el uso indebido de los símbolos del Estado y el desborde de los topes de gastos han chocado frecuentemente con lagunas normativas y una cultura de desacato político. El desafío para la JCE ha radicado en que, cada vez que el órgano electoral posterga o flexibiliza la fiscalización del gasto y la propaganda, se debilita la protección de los derechos de los electores y electoras frente al poder fáctico del dinero, permitiendo prácticas de propaganda invasiva que lesionan el decoro y la dignidad del espacio público (Junta Central Electoral [JCE], 2024).
El Tribunal Superior Electoral (TSE) y la defensa del debido proceso partidario.
La creación del Tribunal Superior Electoral (TSE) en la reforma constitucional de 2010 marcó un hito fundamental para la protección de la dignidad en el ámbito político-partidario dominicano. Antes de su puesta en funcionamiento en 2012, los militantes de base se encontraban en un estado de indefensión jurídica frente a las decisiones arbitrarias y autoritarias de las direcciones ejecutivas de los partidos políticos, las cuales manejaban las candidaturas y los procesos de disciplina de manera discrecional.
A través de una sólida línea jurisprudencial, el TSE ha operado como un escudo de los derechos fundamentales de la militancia. Fundamentando sus decisiones en el principio de que los partidos políticos son instrumentos públicos obligados a respetar la democracia interna (artículo 216 de la Constitución), el tribunal ha anulado asambleas, expulsiones sumarias y encuestas de selección de candidaturas que violaban el debido proceso (Tribunal Superior Electoral [TSE], 2021). De acuerdo con la doctrina de Jorge Prats (2022), esta tutela judicial efectiva dignifica al militante, al reconocerlo como un sujeto de derechos inalienables dentro de su propia organización y no como un subordinado prescindible a merced de los intereses de las élites partidarias.
La erradicación de las prácticas de exclusión mediante sentencias hito.
El diálogo jurisprudencial entre el TSE y el Tribunal Constitucional (TC) ha permitido desmontar mecanismos formales e informales de exclusión que atentaban contra la dignidad intrínseca de los aspirantes. Un ejemplo crítico ha sido la defensa de los derechos políticos de las mujeres frente a los intentos de los partidos de burlar las cuotas de género mediante asignaciones de candidaturas en demarcaciones tradicionalmente perdidas o a través de alianzas Inter partidarias que diluían su participación.
Tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Tribunal Superior Electoral (TSE) fijaron el criterio vinculante de que la cuota de género establecida entre el 40% y el 60% por la Ley No. 33-18 debe aplicarse por cada demarcación territorial y no a nivel nacional, evitando que las mujeres fueran confinadas a puestos marginales (Tribunal Constitucional TC/0104/20. Estas decisiones judiciales demuestran que la dignidad en los procesos políticos dominicanos no es un concepto pasivo; requiere una intervención jurisdiccional activa para nivelar el terreno de juego, garantizando que el acceso al poder del Estado se fundamente en la justicia distributiva, la equidad de género y la idoneidad moral de las personas.
Conclusiones.
El análisis evidencia que la dignidad humana constituye el eje transversal que debe orientar el funcionamiento del sistema político-electoral dominicano. Si bien las reformas constitucionales, la aprobación de las Leyes núm. 33-18 y 20-23, y la consolidación de la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional han fortalecido la protección de los derechos fundamentales, aún subsisten prácticas que comprometen la integridad del proceso democrático. El clientelismo, la compra de votos, la desinformación digital, la vulneración de la privacidad y la violencia política de género representan desafíos que trascienden el ámbito jurídico y requieren respuestas institucionales, educativas y culturales. En consecuencia, la consolidación de una democracia respetuosa de la dignidad humana demanda el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, la aplicación efectiva de sanciones, la promoción de la ética política y la educación cívica, así como el compromiso de los partidos políticos, las autoridades electorales y la sociedad en la construcción de procesos electorales transparentes, inclusivos y respetuosos de los derechos fundamentales.
El autor es abogado y Docente Universitario
Más de 800 incendios forestales que están activos en muchas partes de Canadá han generado alertas por mala calidad del aire en ese país y varios estados de Estados Unidos.
Canadá.-La situación afecta a Nueva York, donde el domingo se juega la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Pero hasta el momento no hay ninguna restricción para el partido.
Según el programa Índice de Calidad del Aire de EE.UU., la situación es «peligrosa» en gran parte de los estados de Michigan y Minnesota, en el norte del país, por lo que se recomienda a la población permanecer en interiores.
Las alertas abarcan la región del Alto Medio Oeste, la región de los Grandes Lagos y el noreste de EE.UU., según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NOAA, por sus siglas en inglés) en una actualización publicada este jueves.
En Canadá, un incendio en el norte de Ontario obligó a evacuar a los residentes de los pueblos nativos locales, mientras que la jefa de uno de ellos afirmó que su comunidad quedó «reducida a cenizas».
Actualmente hay 858 incendios activos en Canadá, incluyendo 30 nuevos registrados este jueves, según el Sistema Canadiense de Información sobre Incendios Forestales. La gran mayoría están fuera de control.
El gran conjunto de fuegos que afectan a las zonas noroccidentales de Ontario es responsable de que densas columnas de humo y una mala calidad del aire se extiendan por Thunder Bay y Toronto.
Esta última ciudad registró en un momento la peor calidad de aire del mundo este jueves, según el monitoreo de la firma suiza IQAir. Pero en el ránking también están entre las primeras cinco las estadounidenses Chicago, Detroit y Nueva York.
En Ontario, Canadá, se esperan tormentas eléctricas bastante generalizadas durante los próximos días, pero es posible que la lluvia no sea suficiente para marcar una gran diferencia.
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Nueva York afectada previo a la final del Mundial
En tanto, concentraciones más bajas de humo en las capas altas de la atmósfera se desplazan sobre los Grandes Lagos y sobre Nueva York, con cielos brumosos y amaneceres y atardeceres probablemente más rojizos.
En las regiones occidentales del estado de Nueva York, la calidad del aire este jueves se consideraba «muy insalubre», mientras que en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York la calidad del aire es «insalubre».
Nueva York ha ampliado sus planes de emergencia por calor y ha activado sus protocolos de emergencia por la calidad del aire, poniendo a disposición de toda la ciudad cientos de centros de refrigeración y mascarillas KN95.
El partido de la final del Mundial 2026 está programado para el domingo a las 15:00 hora local, un momento de mucha radiación solar. Pero aún no hay indicaciones de que la situación de este jueves pueda prolongarse hasta el día del partido.
Los vientos del noroeste seguirán arrastrando el humo hacia los estados del norte de Estados Unidos durante el resto de esta semana y hasta el fin de semana, lo que genera preocupación de que el humo llegue a Nueva Jersey, donde está el estadio sede de la final.
Un cambio en la dirección del viento para el lunes significa que el humo tenderá a desplazarse a través de Quebec, con una mejora en la calidad del aire más al sur, en Estados Unidos.
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Los legisladores republicanos del estado de Michigan han escrito una carta abierta al primer ministro de Canadá, Mark Carney, solicitando una mejor gestión de los incendios forestales del país y expresando su frustración por tercer año consecutivo.
«Ha pasado un año, la temporada ha vuelto y nada ha cambiado, salvo que nuestra paciencia se ha agotado», decía la carta, firmada por cuatro legisladores de la Cámara de Representantes estatal.
Pete Hoekstra, embajador de Estados Unidos en Canadá, adoptó un tono más diplomático en un comunicado emitido el miércoles, en el que elogió los esfuerzos de ambos países para combatir los incendios forestales.
En respuesta a las críticas de los legisladores estadounidenses, Carney declaró el jueves que ambos países tienen la responsabilidad de luchar contra el cambio climático.
Añadió que su gobierno está «en estrecha comunicación» con las provincias y las comunidades locales.
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Incendios cada vez más frecuentes
Los incendios forestales forman parte del ciclo natural de la vasta selva boreal de Canadá, pero se han vuelto más frecuentes desde 2015, afirmó Laura Chasmer, profesora de geografía y medio ambiente en la Universidad de Western Ontario.
«Esto está relacionado con algunos de los casos de calentamiento climático extremo que hemos estado observando y con el secado de la superficie atmosférica», indicó.
Según Chasmer, en el pasado los incendios eran más frecuentes en el oeste de Canadá, pero en los últimos años esa tendencia se ha desplazado hacia el este, con grandes incendios que ahora arden en Ontario, Quebec y las provincias atlánticas, lo que hace que el humo sea más visible en ciudades densamente pobladas como Toronto y Nueva York.
La profesora añadió que esto ha puesto a prueba los esfuerzos de extinción de incendios en Canadá, cuyo principal objetivo es evitar que las llamas se propaguen a las poblaciones cercanas.
Extinguir los incendios por completo es «muy difícil», señaló la experta, debido a su magnitud e intensidad.
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Mientras tanto, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, desestimó las críticas a la gestión de su gobierno ante los incendios, señalando que más de 150 equipos de bomberos se encuentran sobre el terreno combatiendo las llamas.
«Gastaremos lo que haga falta», dijo Ford.
Además del humo peligroso, los incendios forestales en el norte de Ontario han obligado a decenas de personas de las comunidades indígenas locales a evacuar, y algunos videos han mostrado a personas huyendo de la remota zona en embarcaciones.
La jefa de la Primera Nación Namaygoosisagagun, Helen Paavola, declaró al medio de comunicación local CityNews en una entrevista que un sobrevuelo aéreo mostró que su comunidad ha quedado «reducida a cenizas».
«Todas las casas han desaparecido», dijo este jueves. «No queda nada».
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Por José Cabral
Se ha vuelto un cliché en los tribunales de la República Dominicana las decisiones que toman los jueces referentes a las acciones de amparo, cuya figura casi siempre tiene como destino la inadmisibilidad.
Regularmente los jueces se acogen a lo que dispone el artículo 70 de la Ley 137-11 para declarar inadmisible las acciones de amparo.
Pero el destino de esta figura jurídica, que sirve para restablecer la violación de derechos fundamentales por parte de funcionarios públicos o particulares, es el de renegar de las razones que los originaron.
La tendencia con la acción de amparo ha creado la impresión en el ciudadano de que la misma sirve de poco, porque sea por el argumento que ahora se ha hecho muy general de que el sistema de justicia está saturado de tantas demandas de este tipo o porque es más fácil inclinarse por la inadmisibilidad para los juzgadores.
El artículo 72 de la Constitución de la República habla muy claro de las características del amparo y de igual modo la Ley 137-11, que es por la que se rige la figura jurídica, pero como se puede observar ya el mismo no cumple ni se ajusta espíritu de la figura, dado que más que proteger los derechos fundamentales se ha vuelto una vía para negar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
La inadmisibilidad del amparo crea tanta decepción en el justiciable que apoyarse en esta figura implica perder el tiempo, porque es la opcion más común de los jueces, aunque no haya razon para ello, tanto a nivel de primera instancia o de la jurisdiccion contenciosa administrativa y lo propio debe decirse del Tribunal Superior Electoral.
Lo que ocurre con el amparo también pasa con los recursos de casación, cuyos jueces después de la entrada en vigencia de la Ley 2-23 se inclinan por la vía mas fácil que es declarar inadmisible el mismo, a los fines de eliminar la desgraciada mora judicial.
La acción de amparo recorre el mismo camino de la crisis que se produce en todo el sistema de justicia nacional, en el que los jueces se van regularmente por la vía más fácil, porque de ese modo no tienen que ponderar el fondo de la demanda.
Lo que ocurre con la acción de amparo en la República Dominicana es sólo una muestra de un sistema de justicia en crisis, cuyo derecho constitucional existe sólo en el papel, pero no en la realidad.
La acción de amparo, una figura que crea sueños para el que busca que se restablezcan los derechos fundamentales violados, pero la verdad es que se trata de una quimera que genera descredito y desconfianza en el sistema de justicia nacional.