Análisis Noticiosos
Confrontación e incertidumbre en el PLD; armonía y aparente definición en el PRM
Por Juan Bolívar Díaz
Foto: Danilo Medina acudió a un acto y proclamó públicamente su apoyo a Gonzalo Castillo
El sistema político dominicano estrena mañana las elecciones primarias simultáneas con temores de que en vez de fortalecer la institucionalidad democrática, como se les proyectó, resulten en un imperio del dinero y de interferencia del Estado, especialmente en el mayoritario Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuya unidad parece estar en juego en el proceso.
Sin embargo, el principal opositor, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), llega a la elección de sus candidaturas sin mayores tensiones y con aparente definición de su candidato presidencial, de acuerdo con la generalidad de las encuestas, lo que podría determinar su fortalecimiento como real alternativa para el 2020.
La prueba de las primarias
Leonel Fernández y Margarita Cedeño, en una caravana la tarde de este viernes en el Malecón
En la jornada de mañana está a prueba en el país la elección primaria simultánea y en especial la de padrón abierto, a la que apenas se acogieron los dos partidos mayoritarios, de 27 reconocidos, tras la aprobación de la Ley de Partidos 33-18, en agosto del año pasado, que ya ostenta el récord nacional de cuatro contenidos declarados inconstitucionales.
Por de pronto no se han logrado los objetivos principales de la Ley de Partidos que eran acortar las campañas electorales, reducir el imperio del dinero en la competencia por las candidaturas, mayor equidad y fortalecer la democracia interna. Para no confrontar a los que se adelantaron más de un año a la precampaña, la Junta Central Electoral (JCE) fabricó un “periodo previo de precampaña”. Los topes de gastos para los precandidatos, hasta 519 millones de pesos para los presidenciales y 99 millones para senadores, fueron tan altos que mantienen las ventajas de los que disponen de mayor financiamiento, ya sea personal, empresarial o de actividades ilícitas, en detrimento de los ciudadanos más éticos. Y las primarias resultarán en un incremento de 2 mil 400 millones de pesos del subsidio estatal a solo dos partidos del sistema.
Es secreto a voces que candidatos de todos los niveles han estado acopiando recursos para “llevar ciudadanos a votar”, lo que incluye la compra de votos denunciada sistemáticamente en los procesos electorales dominicanos. Se teme que hoy, y en la misma jornada de votación de mañana, se generalice un mercado de compra y venta de votos, estimulada por la desconfianza y el arrebato que predomina en el partidismo político. Y ha sido evidente que el precandidato favorecido por el gobierno, Gonzalo Castillo, ha gastado en solo dos meses más dinero que todos los demás precandidatos presidenciales juntos. Solo él pagó páginas en todos los diarios e invadió la radio, televisión, periódicos electrónicos y las redes sociales, claramente al amparo del Estado, para proyectar una propuesta elaborada al vapor tras el fracaso del intento reeleccionista.
El PLD lo contamina todo
La crisis del partido gobernante, donde se disputa no solo las candidaturas para el 2020, sino también su control definitivo, ha contaminado todo el proceso de la elección primaria, cuyo éxito depende de que pueda saldarla sin violencia ni una temida división definitiva. Sus dos principales precandidatos presidenciales gastaron el 90 por ciento del total reportado a la JCE a fin de septiembre, incluyendo a los dos principales del PRM, 447 a 47 millones de pesos. Esas cifras pueden resultar ínfimas para lo que se espera en la víspera y en la jornada de votación.
Por demás, el apoyo del presidente Danilo Medina y más de una veintena de ministros y altos funcionarios que dirigen en todas las provincias la campaña del precandidato oficialista, con denunciadas presiones a los empleados públicos, atropella la equidad de la competencia y resalta la pobreza institucional y la adolescencia de la democracia dominicana, en flagrante violación de principios constitucionales y mandatos de las leyes de la Función Pública, de Partidos y del Régimen Electoral, sin que nadie pueda contenerlo. Hasta se han denunciado cancelaciones de leonelistas en la administración pública, como el director del Intabaco.
Luis Abinader se proyecta como el ganador de la convención del PRM
Si se mide por la propaganda en los medios de comunicación pareciera que solo hay una candidatura, en violación del principio de “libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”, consagrado en el párrafo IV del artículo 212 de la Constitución, puestos bajo vigilancia de la JCE. Lo más relevante es que el gobierno no respeta la equidad ni siquiera en la elección interna del propio partido, lo que amenaza la elección general del año próximo. La lucha sin cuartel ha dividido al presidente Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño, al bloque de 14 partidos aliados al gobierno y ha arrastrado a dirigentes de centrales sindicales y gremios de choferes y hasta a pastores evangélicos.
Danilo contra Leonel
Lo que más contamina la elección primaria es la decisión que se atribuye al presidente Medina de impedir a toda costa que el expresidente Leonel Fernández gane la candidatura presidencial del PLD. Fuentes de crédito aseguran que el mandatario se ha ocupado hasta de los detalles de la campaña de Castillo. Es una lucha feroz por el control del partido y ambos tienen sobrada experiencia en el abuso de recursos estatales para ganar elecciones; se recuerda el “me venció el Estado”, al perder la candidatura frente a Fernández en el 2007.
Esa confrontación mantiene incertidumbres en todos los ámbitos nacionales, especialmente en los empresariales, temerosos de una desestabilización política que repercuta en lo económico. Aunque los análisis arrojan alguna ventaja de Leonel Fernández sobre Gonzalo Castillo, nadie se atreve a cerrar apuestas por entender que todo dependerá de quien logre acarrear más votantes a las mesas electorales. El danilismo se empeñó durante más de un año en instituir el padrón abierto, asumiendo que Fernández tenía más posibilidades con el voto exclusivo de los peledeístas, que en gran proporción le agradecen haberlos llevado al poder y el bienestar acumulado en sus tres períodos de gobierno. Y para disponer de todo el electorado como objeto de manipulación, de incentivos o compra de votos.
En las últimas dos semanas se han publicado una decena de encuestas con resultados muy dispares, pero la de Mark Penn difundida esta semana arroja un empate a 46 por ciento de las simpatías entre Fernández y Castillo. Esa encuestadora es, junto a la Gallup, de las que tiene mayor crédito porque no ha sido patrocinada por partidos políticos y sus sondeos se han aproximado a los arrojados por las urnas en las últimas cuatro décadas. Su estrecho resultado incrementa los temores de exacerbación de la confrontación entre danilistas y leonelistas en la víspera y en la jornada misma de la votación.
Gran oportunidaddel PRM
Hipólito Mejía, ha sido coherente en su disposición de aceptar los resultados de las elecciones y convenciones en las que participa
Como principal alternativa, el PRM tiene una buena posibilidad de salir fortalecido y salvarle la cara a las primarias con su propio padrón de casi un millón 300 mil miembros, ya que llega a la elección de sus candidatos sin tensiones significativas y sus líderes se han manejado democráticamente, sin descalificaciones ni agresiones. Hipólito Mejía y Luis Abinader han competido con civilidad por la candidatura presidencial, han aparecido varias veces en actividades públicas y privadas, con armoniosas relaciones familiares que han cuidado celosamente.
El PRM sería beneficiario de una marcada inclinación de sus miembros a repetir la candidatura presidencial del economista Abinader, quien la ganó en abril del 2015 por 70 a 29%, frente al mismo Mejía. Todas las encuestas publicadas y conocidas que han medido las simpatías de los perremeístas colocan a Abinader por encima del 70 y a Mejía por debajo del 20%, lo que hace más remoto intentos de impugnaciones. La Gallup-HOY de mayo 78 a 10 y 82 a 7%, entre miembros y simpatizantes, y la Mark Penn esta semana 79 a 18%.
Pese a ello, el agrónomo expresidente hace gala de su extraordinario carisma y apuesta a dar una sorpresa, porque sus partidarios tienen la convicción de que fueron responsables de la inscripción de la mayoría de los empadronados que votarán. Ambos competidores han dicho que aceptarán el resultado. Así lo hizo Hipólito Mejía cuatro años atrás, y aun cuando siendo presidente de la República perdió en su intento reeleccionista del 2004. Reconoció la victoria de Leonel Fernández cuatro horas después de concluida la votación y antes del primer informe oficial de los resultados.
El rancho quedará ardiendo
Cualquiera que sea el resultado, sin descartar mayores confrontaciones personales en el territorio, los peledeístas aparecen perdiendo del proceso, y aunque puedan evadir la división necesitarán algún tiempo para recoger los heridos y restañar la unidad de acción. La virulencia les restaría energías para la próxima campaña electoral, especialmente de cara a los comicios municipales a 4 meses, con el período navideño por el medio. Por esa razón podrían insistir en el proyecto de reunificar estos con los presidenciales y congresuales de mayo.
Para el PRM sería vital conseguir que siquiera la mitad de sus miembros participe disciplinadamente en la elección de mañana, proyectando una imagen de orden y seguridad y salir rápidamente de la distracción interna, incorporar a los perdedores a su comando de campaña, trazar una única línea táctica que incluya su empeño por materializar una gran coalición político-social y dedicarse a aprovechar el desconcierto del PLD, con una oposición decidida y de fondo que persiga recoger las grandes insatisfacciones nacionales.
En la lucha interna los peledeístas han demostrado su gran capacidad para copiar recursos económicos y falta de escrúpulos para abusar del poder estatal, por lo que sus opositores tendrán que empeñarse en una coalición que no solo aporte votos, sino también en lo inmediato fuerza orgánica y moral para lograr contención de los excesos y mejorar las posibilidades de competencia. Porque si algo queda patente en estos días es que la democracia dominicana no llega todavía a la adolescencia, que se mantiene recentina y con fuertes discapacidades.-
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.