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El PRM y su gran reto de cara a la sociedad dominicana.
Las elecciones son un reto importante para el principal partido de la oposición, el Revolucionario Dominicano, pero su mayor compromiso es asumir una conducta que se corresponda con las expectativas de cambios de la gente, cuya principal critica es en contra de la conducta de la clase política nacional.
El otro gran reto del PRM es jugar un papel de primer orden en las elecciones generales del 2020, lo cual estará determinado por su manejo durante todo el proceso electoral que arrancó el pasado domingo 6 de octubre cuando se realizaron en la República Dominicana las primarias simultáneas, donde participaron los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno. Durante este proceso, en el cual se implementó el voto automatizado, el partido oficialista logró acumular 1,795,954. Mientras que el PRM 382,385.
Para la contienda electoral, el PLD escogió la modalidad de padrón abierto, el cual daba la oportunidad de que cualquier persona pudiera votar por sus candidatos, sin importar que tuviesen otra afiliación política. Mientras el PRM decidió ir con el padrón cerrado.
Se resalta la masiva movilización del Partido de la Liberación Dominicana, en las recientes elecciones primarias, en las que incluso obtuvieron mayor cantidad de votos que los obtenidos por el PRM en las presidenciales de 2016, donde esa organización política logro convocar a un 1,724,222 personas a las urnas. En total 71,732 menos que el partido oficialista en las primarias del pasado domingo.
Según los resultados ofrecidos por la Junta Central Electoral (JCE), en las próximas elecciones del 2020, los candidatos del PLD y PRM serían Gonzalo Castillo y Luis Abinader respectivamente.
Sería la primera ocasión en que Castillo, de la corriente del presidente Danilo Medina, opta por un cargo electivo, y lo haría en medio de una profunda crisis interna de su partido. También, lo hará luego de ganar la nominación ante el expresidente Leonel Fernández, quien dijo que los resultados de las elecciones fueron alterados para así favorecer a su contrincante por la nominación de la candidatura presidencial por el PLD, Gonzalo Castillo.
Mientras, para Luis Abinader sería la cuarta ocasión en optar por un cargo electivo. En una primera ocasión, en 2005, fue como aspirante a senador de la provincia Santo Domingo, y luego a la vicepresidencia en 2012, acompañando en la boleta del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), al expresidente Hipólito Mejía, luego en 2012 y 2016, en busca de la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), organización de la que es miembro fundador.
Según explicó a Diario Libre el politólogo Daniel Pou, con su candidato para las elecciones del próximo año definido, el PRM debe empezar a definir los ejes fundamentales de lo que sería su propuesta política para el país, y empezar a divulgarla y discutirla con la sociedad dominicana. Sin esto, ese organismo político corre el riesgo de ser visto como un “partido que no ha sido capaz de consolidar una visión de país”.
Pou indicó que los conflictos internos del PLD, que presentan rasgos de una división, le permitirán al PRM captar parte de la militancia del partido oficialista.
“El debilitamiento del Partido de la Liberación Dominicana representaría una ventaja para Partido Revolucionario Moderno. Pero para aprovechar esta coyuntura hay que estar preparado y trabajar en definir bien la estrategia que debe asumir con miras al proceso electoral del 2020”, destacó Pou.
El día de ayer se difundió en los medios de comunicación el rumor de una posible reunión entre expresidente Leonel Fernández y el precandidato presidencial del PRM, Luis Abinader.
Según se difundió, ambos líderes políticos se habrían reunido en una torre ubicada en el Distrito Nacional. La información fue desmentida por Rafael Núñez, vocero del Leonel Fernández.
Más temprano el politólogo Daniel Pou dijo que ha recibido información extraoficial de que miembros del leonelismo se han acercado a Luis Abinader, en busca de negociar la candidatura vicepresidencial del PRM, a cambio del apoyo de Fernández.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.