Editorial
El Estado dominicano puede hacer más por su gente que vive en el exterior.
Siempre hemos tenido la tesis que un Estado, no importa de que lugar del mundo o que grande o pequeño sea, promueve valores o anti-valores y en lo que respecta a los dominicanos esta línea de pensamiento tiene mucho asidero.
Aunque hay que estar convencido que es muy difícil que el Estado dominicano pueda hacer en favor del que vive fuera del país lo que no hace con el que permanece en el territorio nacional.
Sin embargo, se debía insistir en la conveniencia de que los gobiernos dominicanos a través del Estado puedan diseñar políticas para fortalecer y promover un mayor crecimiento del criollo que se ha ido hacia el exterior en contra de su propia voluntad y que ello constituye, sin lugar a dudas, una acción en favor del crecimiento de la propia República Dominicana.
Que interesante sería que a partir del criterio que prevalece en el sentido de que la comunidad que vive en los Estados Unidos es una especie de provincia de ultramar, lo cual se concretó con la creación de tres circunscripciones congresionales que permite que el dominicano que vive fuera esté representado institucionalmente en el Estado.
Naturalmente, la distorsión de ese logro se observa en virtud de que la escogencia de esos funcionarios electos está determinada por la influencia dominante de los partidos, cuya mayoría está muy contaminada y en virtud de esa realidad no se le puede pedir peras al olmo.
Sin embargo, esa distorsión no le puede quitar el valor que ello tiene en virtud de los derechos que tiene la comunidad dominicana en el exterior para estar institucionalmente representada en el Estado dominicano.
Ello tampoco impide que el Estado dominicano desarrollo una serie de políticas para fortalecer y promover el crecimiento de su gente del exterior, como por ejemplo implementar un programa para convertirse en garante frente a los bancos de los Estados Unidos para crear un programa de préstamos con intereses blandos para los pequeños y medianos empresarios que allí viven.
Un ejemplo del impacto que eso tendría consiste en que en la medida que el dueño de un taller de mecánica, compañía de mudanzas o cualquier otra empresa recibe un préstamo, se genera un crecimiento en ellas que les permite aumentar su cantidad de empleados, cuya mayoría son también dominicanos.
Pero además ese dominicano que fue ayudado por el Estado con ese préstamo blando genera que él invierta en el país como siempre lo hace y se produzca una dinámica que beneficie a ese comunidad de dominicanos del exterior, a la República Dominicana y al propio Estado norteamericano, porque aumentaría a través de nuestra gente los ingresos fiscales.
Ahí nadie pierde, sólo falta que el Gobierno dominicano se arme de la suficiente voluntad política y de la visión que permita que cosas como estas puedan ocurrir, lo cual beneficia a los criollos que viven fuera, a los que están en el país y al Estado norteamericano.
Parece que no existe, primero la visión y segundo la voluntad para desarrollar una comunidad dominicana del exterior que crece vertiginosamente y que eso no parará hasta que el Estado dominicano garantice una mejor vida para su gente en todo el territorio nacional a fin de que no se vea como una solución para sobrevivir con dignidad emigrar hacia el exterior con todas las adversidades que ello implica.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.