Editorial
El Estado dominicano puede hacer más por su gente que vive en el exterior.
Siempre hemos tenido la tesis que un Estado, no importa de que lugar del mundo o que grande o pequeño sea, promueve valores o anti-valores y en lo que respecta a los dominicanos esta línea de pensamiento tiene mucho asidero.
Aunque hay que estar convencido que es muy difícil que el Estado dominicano pueda hacer en favor del que vive fuera del país lo que no hace con el que permanece en el territorio nacional.
Sin embargo, se debía insistir en la conveniencia de que los gobiernos dominicanos a través del Estado puedan diseñar políticas para fortalecer y promover un mayor crecimiento del criollo que se ha ido hacia el exterior en contra de su propia voluntad y que ello constituye, sin lugar a dudas, una acción en favor del crecimiento de la propia República Dominicana.
Que interesante sería que a partir del criterio que prevalece en el sentido de que la comunidad que vive en los Estados Unidos es una especie de provincia de ultramar, lo cual se concretó con la creación de tres circunscripciones congresionales que permite que el dominicano que vive fuera esté representado institucionalmente en el Estado.
Naturalmente, la distorsión de ese logro se observa en virtud de que la escogencia de esos funcionarios electos está determinada por la influencia dominante de los partidos, cuya mayoría está muy contaminada y en virtud de esa realidad no se le puede pedir peras al olmo.
Sin embargo, esa distorsión no le puede quitar el valor que ello tiene en virtud de los derechos que tiene la comunidad dominicana en el exterior para estar institucionalmente representada en el Estado dominicano.
Ello tampoco impide que el Estado dominicano desarrollo una serie de políticas para fortalecer y promover el crecimiento de su gente del exterior, como por ejemplo implementar un programa para convertirse en garante frente a los bancos de los Estados Unidos para crear un programa de préstamos con intereses blandos para los pequeños y medianos empresarios que allí viven.
Un ejemplo del impacto que eso tendría consiste en que en la medida que el dueño de un taller de mecánica, compañía de mudanzas o cualquier otra empresa recibe un préstamo, se genera un crecimiento en ellas que les permite aumentar su cantidad de empleados, cuya mayoría son también dominicanos.
Pero además ese dominicano que fue ayudado por el Estado con ese préstamo blando genera que él invierta en el país como siempre lo hace y se produzca una dinámica que beneficie a ese comunidad de dominicanos del exterior, a la República Dominicana y al propio Estado norteamericano, porque aumentaría a través de nuestra gente los ingresos fiscales.
Ahí nadie pierde, sólo falta que el Gobierno dominicano se arme de la suficiente voluntad política y de la visión que permita que cosas como estas puedan ocurrir, lo cual beneficia a los criollos que viven fuera, a los que están en el país y al Estado norteamericano.
Parece que no existe, primero la visión y segundo la voluntad para desarrollar una comunidad dominicana del exterior que crece vertiginosamente y que eso no parará hasta que el Estado dominicano garantice una mejor vida para su gente en todo el territorio nacional a fin de que no se vea como una solución para sobrevivir con dignidad emigrar hacia el exterior con todas las adversidades que ello implica.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.