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Editorial

El Estado dominicano puede hacer más  por  su gente que vive en el exterior.

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Siempre hemos tenido la tesis que un Estado, no importa de que lugar del mundo o que grande o pequeño sea, promueve valores o anti-valores y en lo que respecta a los dominicanos esta línea de pensamiento tiene mucho asidero.

Aunque hay que estar convencido que es muy difícil que el Estado dominicano pueda hacer en favor del que vive fuera del país  lo que no hace con el que permanece en el territorio nacional.

Sin embargo, se debía insistir en la conveniencia de que los gobiernos dominicanos a través del Estado puedan diseñar políticas para fortalecer y promover un mayor crecimiento del criollo que se ha ido hacia  el exterior en contra de su propia voluntad y que  ello constituye, sin lugar a dudas, una acción en favor del crecimiento de la propia República Dominicana.

Que interesante sería que a partir del criterio que prevalece  en el sentido de que la comunidad  que vive en los Estados Unidos es una especie de provincia de ultramar, lo cual se concretó con la creación de tres circunscripciones congresionales que permite que el dominicano que vive fuera esté representado institucionalmente  en el Estado.

Naturalmente, la distorsión de ese logro se observa en virtud de que la escogencia de esos funcionarios electos está determinada por la influencia dominante de los partidos, cuya mayoría está muy contaminada y en virtud de esa realidad   no se le puede pedir peras al olmo.

Sin embargo, esa distorsión no le puede quitar el valor que ello tiene en virtud de los derechos que tiene la comunidad dominicana en el exterior para estar institucionalmente representada en el Estado dominicano.

Ello tampoco impide que el Estado dominicano  desarrollo una serie de políticas para fortalecer y promover el crecimiento de su gente  del exterior, como por ejemplo implementar un programa para convertirse en garante frente a los bancos de los Estados Unidos para crear un programa de préstamos con intereses blandos para los pequeños y medianos empresarios que allí viven.

Un ejemplo del impacto que eso tendría consiste en que en la medida que el dueño de un taller de mecánica, compañía de mudanzas o cualquier otra empresa recibe un préstamo,  se genera un crecimiento en ellas que les permite   aumentar su cantidad de empleados, cuya mayoría son también dominicanos.

Pero además ese dominicano que fue ayudado por el Estado con  ese préstamo blando genera que él  invierta en el país como siempre lo hace y se produzca una dinámica que beneficie a ese comunidad de dominicanos del exterior, a la República Dominicana y al propio Estado norteamericano, porque aumentaría a través de nuestra gente los ingresos fiscales.

Ahí nadie pierde, sólo falta que el Gobierno dominicano se arme de la suficiente voluntad política y de la visión que permita que cosas como estas puedan ocurrir, lo cual beneficia a   los criollos que viven fuera, a  los que están en el país y al Estado norteamericano.

Parece que no existe, primero la visión y segundo la voluntad para desarrollar una comunidad dominicana del exterior que crece vertiginosamente y que eso no parará hasta que el Estado dominicano  garantice una mejor vida para su gente en todo el territorio nacional a fin de  que no se vea como una solución para sobrevivir con dignidad emigrar hacia el exterior con todas las adversidades que ello implica.

 

 

 

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Editorial

Las candidaturas independientes: un callo en los zapatos de la partidocracia.

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Desde hace ya algunos meses que el Tribunal Constitucional emitió la sentencia sobre las candidaturas independientes, cuya decisión ha puesto en primer plano esta figura jurídica que hace la democracia nacional más participativa.

Las candidaturas independientes existen en el país desde hace muchas décadas, pero en realidad no ha surtido el efecto esperado y las mismas no han servido de nada para hacer la democracia más participativa y democrática.

Sin embargo, la sentencia del TC ha encendido la chispa para que muchas cosas nuevas y buenas puedan provenir a través de las candidaturas independientes, aunque naturalmente podría ser todo lo contrario, ya que todo va a depender de quiénes se acojan a esta figura para contribuir con el cambio que necesita el país.

Esta decisión de la alta corte pone a la República Dominicana en primer plano en lo que respecta romper con el monopolio electoral que tienen los partidos políticos en el país.

Naturalmente, esta trascendental decisión del TC jugará un papel de primer orden en la democracia nacional en la medida en que la misma sea acogida por el ciudadano que tiene preocupación por el curso que lleva el país.

Es un reto de trascendencia histórica y los buenos y malos resultados que salgan de la sentencia en referencia dependen de cómo el ciudadano asuma el asunto.

Por esa razón es, podría decirse vital, que las organizaciones sociales se incorporen al debate de las candidaturas independientes y que no dejen solos en el escenario a los que se oponen a ellas como los partidos políticos que son la fuente de la gran desgracia nacional.

La confrontación entre los que se oponen y los que defienden las candidaturas independientes está planteada en el escenario y la misma se inicia con la convocatoria de la Junta Central Electoral a los partidos políticos y  la misma debe ser extensiva a toda persona física y jurídica que también tenga una opinión sobre el tema.

Es posible que si hay una buena canalización del debate sobre las candidaturas independientes mediante el mismo se pueda demostrar  qué beneficiosas son para el sistema electoral dominicano y en consecuencia para la democracia, ya que nadie debe poner en dudas la crisis de credibilidad de la partidocracia, cuyo alto nivel de abstención en las elecciones nacionales ha dejado como resultado una cierta falta de legitimidad de las autoridades que hoy conducen los destinos nacionales.

Que nadie tenga dudas de que la gente está cansada de las travesuras cometidas por la partidocracia, la cual sólo sabe promover lo mal hecho y que sus actores se apropien del patrimonio nacional, cuya conducta podría implicar la desaparición de la nación.

¡La pelea está echada.

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Editorial

 Un atentado sospechoso.

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Desde hace mucho tiempo que se conoce que el alcalde de San José de las Matas se ha convertido en un verdadero cacique, que tiene el control del municipio y de todos sus distritos municipales.

Loa altos niveles de corrupción en este municipio se destacan por la forma como ocurren y la tolerancia con que los maneja la Sala Capitular que permite que una serie de irregularidades que tienen que ver con sus ingresos y egresos pasen inadvertidas.

El alcalde Reyes ha jugado en estos días un papel de primer orden tras el supuesto atentado a tiros en contra de la vicealcaldesa de San José de las Matas, cuyos supuestos responsables ya están detenidos y ya están formalmente sometidos a la acción de la justicia y se ha presentado una solicitud de medida de coerción ante el juez de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago.

Pero, la fase investigativa deja muchas suspicacias, dado que el Ministerio Público ha incurrido en acciones muy poco transparentes e incluso parece que ha tolerado que el principal imputado del hecho haya recibido golpes en violación de normas constitucionales al respecto y del derecho internacional y convencional de los que el país es signatario.

La investigación desarrollada por el Ministerio Público resulta muy sospechosa, porque quien presenta ante el órgano persecutor del crimen y el delito y de la Policía Nacional al principal acusado es el alcalde Reyes, el cual fue transportado en el vehículo del ejecutivo municipal, tras el imputado llegar a su residencia en el municipio de El Rubio,  lo cual constituye un  elemento que podría implicar algún tipo de componenda.

Porque cómo se explica que la persona responsable del supuesto atentado llegue a la residencia del alcalde de Sajoma en el Distrito Municipal de El Rubio para que se haga su entrega ante el Ministerio Público por el hecho imputado.

Lo otro es que ha trascendido que el alcalde de Sajoma también le puso un abogado al principal imputado del hecho, lo cual podría indicar que todo se trata de un montaje para perjudicar la imagen y sacar de circulación a quien representa una piedrecita en el camino de apropiarse del patrimonio del municipio.

En este caso este periódico La República entiende que hay una conducta muy comprometedora por parte, no sólo del alcalde, sino también del Ministerio Público, el cual ha presentado un expediente ante el juez de Atención Permanente de Santiago en el que se establece que el autor intelectual del atentado y prófugo lo es el regidor Collado.

Sin embargo, los abogados del regidor han ido en compañía de este periódico y de la Fundación Nacional Azul  en no menos de cuatro veces donde uno de  los fiscales que manejan el caso para entregar  al regidor Collado para que sea interrogado y éste se ha negado luego de hablar con los demás miembros del Ministerio Público que manejan el caso, que  se han negado a recibirlo y para colmo este joven en su esfuerzo por defenderse fue este jueves a la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción en contra del principal imputado y por un asunto de derecho procesal la jueza dijo que lo planteado por los abogados del edil no era procedente, ya que  sólo había presentada acusación  en contra del supuesto principal imputado del hecho.

El asunto se torna complicado y peligroso porque no se entiende el proceder del Ministerio Público, lo cual envía el mensaje de que el órgano persecutor del crimen y el delito trabaja en favor del poderoso alcalde de Sajoma.

Es un problema de una gravedad que lleva a la parte afectada, es decir, el regidor Collado, a acudir a organismos internacionales para que se respete  la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.

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Editorial

Un reto que puede ser un tiro fallido.

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El nuevo Procurador General de la República a ser escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es una especie de tiro fallido, porque por serio y eficiente que sea ese funcionario en este órgano se va encontrar con una realidad que difícilmente pueda recomponer.

Es que el problema del Ministerio Público es general y difícil de adecentar, porque la gran mayoría de los fiscales tienen compromisos con sectores que promueven lo mal hecho.

El asunto es mucho más grave de lo cualquiera se puede imaginar y parece que hay mucha resignación o los que tienen el mando en el Ministerio Público se han cansado, porque la verdad es que ahí no funciona nada.

El Ministerio Público sólo existe para combatir algunos asuntos y cumplir con vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.

La frustración de la gente con los fiscales adjuntos en todo el territorio nacional raya en lo desesperanzador, porque es  que ahí se podrían producir una situación de total descredito de un Estado como el dominicano en el que las cosas van de mal en peor.

Tal vez de la única manera que ese cuadro puede cambiar es si se produce una total erradicación de la mayoría de los fiscales nacionales, aunque esa solución puede que no sea la panacea.

Es que se trata de un problema integral, sistémico,  donde la podredumbre va de mayor a menor y lo contrario, es decir, que no parece que la solución esté a simple vista, que sea tan fácil.

El asunto toma mayor dimensión porque los que tendrían que trabajar para enderezar el Ministerio Público lucen cansados y resignados.

De manera, que es muy poco lo que se puede esperar, porque ojos que no ven, corazón que no siente.

 

 

 

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