Santo Domingo, RD.-Aunque el expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, hubiese ganado las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por un margen más o menos como el que obtuvo Gonzalo Castillo, de todas maneras habría perdido moralmente.Nacionales
Aun con una victoria Leonel hubiera perdido moralmente
Santo Domingo, RD.-Aunque el expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, hubiese ganado las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por un margen más o menos como el que obtuvo Gonzalo Castillo, de todas maneras habría perdido moralmente.Fernández, que la JCE dice que perdió las elecciones y ya se le considera así en medios de comunicación independientes, de la sociedad civil y las redes sociales, tuvo un pobre desempeño considerando que es el presidente del partido y la tabla de salvación de muchos.
Probablemente el mismo Fernández no habría creído que Castillo, quien reemplazó al presidente Medina cuando optó a última hora por no postularse, lo derrotaría visto aparte el apoyo estatal. Fernández anunció varias veces que lo derrotaría 70% a 30.
El expresidente no calibró el daño que hizo a sus relaciones con el presidente Medina su ataque acérrimo al decir que se encaminaba a la dictadura y su maridaje como estrategas de Roberto Rosario, expresidente de la JCE, y Fernando Fernández, exdirector de Aduanas.
El primero salió mal parado de la JCE. La auditoría que hizo la Cámara de Cuentas tras su gestión, lo obligó a presentar reparos y a buscar padrinos para que al final esa institución emitiera un veredicto salomónico que habría dejado con mal sabor a los auditores.
Fernández era un conocido en su zona electoral y posiblemente en el círculo de estudio. Trabajó por la candidatura del presidente Medina en las elecciones del 2016 pero su nombramiento sorpresivo en la Dirección General de Aduanas, no tuvo mayor entendimiento.
Tras llegar al importante puesto de recaudación echó de sus sitios a muchos empleados que tenían largo tiempo, llevó a la institución a miembros de su circunscripción electoral y, peor que eso, abochornó a ministros del Palacio Nacional, a quienes no ponía caso.
Cuando el político, ahora relevante estratega del doctor Fernández, fue removido del cargo de director de Aduanas, luego de tanta rogatoria al presidente Medina, tomó un duelo de disimulo, y en la segunda salida de Marcha Verde se unió a la lucha contra la corrupción.
El doctor Fernández levantó el puño contra Medina cuando muchos suponían que el gobernante iría a la reelección, al grito de “defensa a la Constitución”. Volvió a hacerlo frente al local de la JCE al grito de “fraude” tras el organismo dictar que había ganado Castillo.
Clama por revolución
En la última ocasión, acorado por la improvisación y el apoyo de una multitud que lo acompañó hasta la sede electoral, hizo la siguiente advertencia: “Cuando se obstaculiza el acceso democrático al poder la respuesta de los pueblos es la revolución”.
Muy discretos en sus juicios, algunos de su lado y otros tal vez asombrados por la referencia, los medios de comunicación, excepto algunas voces radicales, ni parecieron tomar nota de lo dicho por el tres veces gobernante, que traía al “momentum” una mala palabra.
Sin embargo, el público que opina por las redes sociales y en programas que admiten comentarios directos de oyentes y televidentes, la mención de la palabra revolución por parte del doctor Fernández, encontró muchas críticas.
Mientras el PLD se debate en su crisis, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) contemplaba proclamar mañana domingo a Luis Abinader, afortunado candidato presidencial que venció sin derramamiento de sangre o lágrimas al expresidente Hipólito Mejía.
¿Se va o no se va?
La salida del doctor Fernández del PLD para formar un nuevo partido que algunos han adelantado se llamaría La Fuerza del Pueblo, es objeto actualmente de las mayores disquisiciones en los mentideros de la política y en las salas familiares.
Pese a que según las encuestas el doctor Fernández ha tenido una elevada tasa de rechazo desde que abandonó el poder, fue en uñitas que Castillo le ganó las elecciones primarias, aunque sería una vergüenza para un líder estimado como inconmovible.
Ya sea que el doctor Fernández monte su tienda aparte, otro capítulo en las divisiones partidarias o que decida a último momento reconocer los dictámenes de la JCE, dando a Castillo ganancia de causa, su futuro en la presidencia del PLD nadie lo puede garantizar.
Quedar al frente de un partido cuya mayoría del Comité Político lo repudió y avaló que Castillo ganó las primarias, sería algo nunca visto en las pugnas y divisiones partidarias. El historial de esas divisiones y la presente, se prestaría a escribir un encarte político, que como la Encarta Africana reunió a toda la diáspora. Ni Olivorio Mateo quedó afuera.
Para el doctor Fernández su salida del PLD implicaría un comenzar de nuevo en un partido naciente, perjudicar su refugio de la Fundación Global y estar a merced de las buenaventuras del poder, que encarnaría Castillo y quien cuidaría la memoria de Medina.
Moderados y radicales
Moderados y radicales discuten qué pasará en el PLD. Mientras el estratega de Palacio, José Ramón Peralta aboga porque el partido no se divida y porque queden todos en su seno, Rosario ya ha advertido que si el presidente Fernández concilia, él se iría. Peralta dijo el jueves que su apuesta es por la unidad.
El candidato escogido por la mayoría del PLD de acuerdo con las cifras de la JCE, Castillo, tras aceptar el jueves la proclamación que hizo la alta dirección de su nombre y de los demás seleccionados dijo: “A todos ellos (los leonelistas) les digo aquí que cada quien tiene su espacio en las grandes tareas y acciones que emprenderemos”.
Las palabras de Castillo guardan relación con la moderación de su lenguaje durante la campaña eleccionaria, en contraposición al ataque del doctor Fernández, que a veces rayó en lo personal y urticante al llamarle “cualquiera” al exministro de Obras Públicas.
Fernández tiene la enorme presión de las decisiones de la JCE y de algunos políticos que apoyarían su fórmula nueva de La Fuerza o lo que decida hacer salvo tranzar con el oficialismo. Una revelación del voto disidente de un miembro del Tribunal Superior Electoral (TSE) vino a ayudarlo.
Se publicó ayer que el miembro del TSE, Ramón Madera Arias habría planteado ante ese organismo que casi todos los sectores del país han sufrido daños, porque el presidente de la JCE, Julio César Castaños Espaillat “no cumplió la ley al no suspender el cómputo de las primarias el pasado 6 y la proclamación de los ganadores hasta tanto sea realizada la auditoría forense” (que reclamó el doctor Fernández).
En un escrito furibundo como réplica a la decisión de la JCE de seguir adelante con el conteo de parte de los votos automatizados y luego del 100% manual, Madera Arias dice que “con la decisión se perjudicó a Leonel, a Castillo, al PLD, a los equipos automatizados, al sistema de partidos, a la democracia dominicana, a la modalidad de primarias y hasta a la JCE”.
listindiario.com
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.