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Los partidos formalizan propuestas electorales de cara a las elecciones del 2020 este fin de semana.
Las ofertas de los partidos de la oposición inician su formalización este fin de semana, ya que se intensifican los esfuerzos para sacar del poder al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones del 2020.
El acto del que se tienen mayores expectativas es el del Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), ahora La Fuerza del Pueblo (LFP) que se llevará a cabo mañana. En su Convención Nacional proclamarán como candidato presidencial al expresidente Leonel Fernández, quien el pasado domingo renunció a la presidencia del PLD y a su militancia en el partido de gobierno, declarando que desde ese momento se pasaría a conformar una gran fuerza de oposición para sacar a los “engreídos del Palacio Nacional”.
Alineados con los planes de Fernández y del PTD, están el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), la Fuerza Nacional Progresista (FNP), el Partido de Unidad Nacional (PUN) y el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), que juntos conforman la coalición denominada Gran Alianza Nacional Renovadora (Ganar). Todas estas organizaciones celebrarán sus asambleas y convenciones entre el sábado y el domingo y presentarán al expresidente como su candidato a la Presidencia de la República para las elecciones del 17 mayo del 2020.
Con el mismo propósito de las organizaciones antes mencionadas se encuentra el Partido Revolucionario Moderno (PRM), a cuyo candidato presidencial, Luis Abinader, proclamarán hoy en su Convención Nacional de Delegados. Lo propio hará mañana con el aspirante del PRM el Partido Humanista Dominicano (PDH). Se dice que también lo hará el Frente Amplio y el partido Dominicanos por el Cambio (DxC).
El caso del PRSC aún está indeciso, puesto que su presidente, Federico Antún Batlle (Quique), formalizó el jueves la propuesta de conformar la Unión Nacional Opositora en una comunicación dirigida al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, al ex presidente de la República, Leonel Fernández, a los demás partidos opositores y a las fuerzas vivas de la sociedad dominicana, pero, contrario a él, el presidente en funciones del partido rojo, Eddy Alcántara, dice estar opuesto a que su institución proclame a Leonel, aunque sí está de acuerdo con que Abinader esté presente en su asamblea de mañana.
En las redes sociales circuló una imagen de Antún Batlle en el centro de la fotografía y a la derecha e izquierda se encontraban Luis Abinader y Leonel Fernández. De inmediato, el director de Comunicaciones de la campaña presidencial de Abinader, Daniel García Archibald, calificó de irrespetuoso el uso dado por el presidente del PRSC a la imagen del candidato del PRM en una serie de publicaciones en redes sociales promoviendo la alianza, con el fin de sacar al PLD del poder. Según García Archibald, “se trata de una vulgar manipulación que solo busca confundir al electorado dominicano, con el único fin de buscar posicionarse junto al único candidato que en estos momentos lidera de manera absoluta en la intención de voto de los dominicanos como lo es Luis Abinader, en cualquier escenario y contra cualquier otro candidato”.
Ante los cuestionamientos que ha tenido la eventual alianza del PRSC, dirigido por Quique Antún Batlle, con Leonel Fernández, el dirigente reformista declaró ayer que la historia no perdonaría a quienes “pudiendo cambiar este país no quieran” en la actual coyuntura política-electoral histórica que vive la República Dominicana. Afirmó, asimismo, que la historia tampoco perdonaría “a quienes por ambición personal tengan la oportunidad en sus manos de cambiar el destino de la nación de una vez por todas y se nieguen a hacerlo”.
Quique Antún sostuvo, en ese sentido, que a los únicos que le convendría la división de la Unión Nacional Opositora (UNO) “es a los que ostentan el poder económico y político”. “La UNO hará grande de nuevo a este país y el pueblo dominicano no perdonará a quienes no le escuchen en este momento histórico”, agregó, al tiempo que resaltó que ahora más que nunca, “la unidad y la victoria son sinónimos”.
El líder reformista llamó al liderato político de oposición a olvidarse de las sillas, el poder o los cargos públicos y tomar la decisión de unirse responsablemente por el bien del pueblo dominicano “porque ¡Juntos seremos Imparables!”
Destacó también que la delincuencia le ha robado la paz y la tranquilidad al pueblo dominicano, y que el 70% de los jóvenes está pensando en irse del país “porque no tiene empleo ni oportunidades”.
El presidente del PRSC aseguró que desde el jueves muchos de los dirigentes de los partidos llamados a formar parte de la Unión Nacional Opositora “ya se han puesto en contacto con nosotros queriendo colaborar, pero con miedo a que sus propias autoridades los sancionen si alzan la voz”. Precisó que a todos lo que lo han contactado le ha dicho que no tengan miedo “porque es la voz del pueblo dominicano la que habla, la que quiere unión y crecimiento y está agotada de enfrentamientos mientras ve que nada cambia”. Manifestó, además, que la voluntad unida de la mayoría de los dominicanos es la única que puede lograrlo, “y no hay límites. ¡Si queremos, podemos!”.
Fuerzas A Leonel lo apoyarán dos coaliciones: la Gran Alianza Nacional Renovadora y la Unión Nacional Opositora.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.