Análisis Noticiosos
Luce imposible alianza PRM-Leonel que a ninguno de los dos convendría
Por Juan Bolívar Díaz
La propuesta de alianza electoral entre el nuevo partido del ex-presidente Leonel Fernández, La Fuerza del Pueblo (LFP), y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) es rechazada como inconveniente por la dirección y el candidato presidencial del principal opositor que se beneficia de la división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Sin embargo, en los ámbitos del liderazgo perremeísta no se descarta la posibilidad de coincidir en algunas candidaturas senatoriales y de alcaldes que conciertan diversos partidos, incluyendo algunos de los que favorecen la candidatura presidencial de Fernández y a Alianza País que postularía a Guillermo Moreno, y en rechazar la irrupción del gobierno en la campaña.
Nuevo escenario electoral.
La salida de Leonel Fernández del PLD que llevó al poder y los términos de ruptura intercambiados con el presidente Danilo Medina, tras una votación primaria que los dividió a dos mitades, han creado un nuevo escenario de cara a las elecciones generales del 2020, dejando al PRM y su candidato presidencial Luis Abinader como primera opción. La táctica de no intervenir en la disputa por el control del PLD, dejando que sus dos líderes “se maten entre sí”, ha cambiado el panorama preelectoral en favor del PRM, con amplio espacio para seguir fortaleciéndose como alternativa ante el hastío generado por la prolongación del peledeísmo en el poder, sin poder resolver ni uno solo de los grandes problemas nacionales.
El PRM salió fortalecido de las primarias internas, que transitó en armonía y sin confrontaciones significativas, con una clara opción por el economista y empresario Luis Abinader, que en los últimos años se consolida en las encuestas más acreditadas, como Gallup y Mark Penn, donde ha aparecido como principal líder de la oposición y compitiendo con las opciones del PLD, Danilo Medina y Leonel Fernández.
Abinader, de 52 años, 6 menos que Gonzalo Castillo y 13 que Leonel, debutó en la candidatura presidencial en 2016, con el 35% de la votación, luchando contra un PLD unido y todos los abusos del Estado, y ahora podría beneficiarse de las grandes insatisfacciones que expresan las encuestas y que quedaron de manifiesto en el movimiento de la Marcha Verde. Ya en la última encuesta Gallup-HOY, en mayo, 58% favoreció un cambio de gobierno.
Las sorpresas de Quique
Apenas dos días después de la división del PLD, Federico Antún (Quique), presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) generó múltiples especulaciones al proponer una Unidad Nacional Opositora (UNO) pretendiendo unir a Leonel con el PRM y toda la oposición política al PLD y su gobierno, bajo casi el mismo programa de reformas que formuló el 22 de julio, dos días después que el presidente Medina resignara su proyecto de reelección. Antún reafirmó su velocidad, pero esta vez se cuidó de no incluir en su proyecto la reforma constitucional para que Danilo pueda volver a ser candidato presidencial a partir del 2024.
Como sus propuestas de julio, éstas no han sido aprobadas por su partido, que se suponía inclinado a pactar con el PRM, aunque el secretario general Rogelio Genao prefería hacerlo con el presidente Medina, y Antún se reservaba un acuerdo con Leonel, si éste ganaba la candidatura del PLD. Aunque el PRSC pidió una “pausa” en la mesa de concertación montada por la Coalición Democrática para la Regeneración Nacional, donde participan otros 5 partidos incluido el PRM, recientemente había reanudado negociaciones directas con los perremeístas, que la semana pasada esperaban concluirlas.
Fuentes de crédito aseguran que el PRM reaccionó negativamente cuando Quique le informó que había alcanzado acuerdo para postular a Leonel, donde por las actuales circunstancias los reformistas podrían conseguir una mayor cuota de candidaturas. Estaba descartado que pudieran participar solos, cuando las encuestas no le acercan al 5% mínimo que les permite recibir la misma contribución financiera del presupuesto nacional que los partidos dominantes. Este año fue 302 millones de pesos, que se duplicarán en el 2020.
Tampoco conviene a Leonel
Si no es bajo su hegemonía, imposible de aceptar por el PRM, para Leonel Fernández sería suicida caer en una incertidumbre, pues para mantener gran parte del apoyo que recibió en las primarias del PLD, tiene urgencia de partir como candidato en capacidad de disputar la primacía al delfín del presidente Medina, Gonzalo Castillo. Y necesita una rápida proclamación de candidato presidencial, para reducir la fuerza de atracción del gobierno sobre sus seguidores, lo que ocurriría este fin de semana no sólo por el PRSC, sino también de su nuevo partido, LFP, la FNP, PQDC, PUN, y BIS, seis en total.
Porque es casi seguro que tenga que llevar al Tribunal Superior Electoral y en última instancia al Tribunal Constitucional el reclamo de su derecho a ser candidato, limitado por las leyes de Partidos y del Régimen Electoral. Danilo dio por hecho que será candidato, y tal vez le convenga, porque bloquearlo victimándolo, beneficiaría al PRM en primera o segunda vuelta.
El PLD recuperaría mayor proporción de los leonelistas si estos vieran que su suerte dependería de quienes hasta ahora han sido sus mayores opositores e impugnadores. Lo que sí convendría al polo de Leonel es promover un acuerdo de toda la oposición, incluyendo al PRM, para exigir que el Estado se mantenga fuera de la campaña electoral, sobre todo después que el presidente Medina dijo esta semana que pidió a Gonzalo Castillo que no hablara en la asamblea de su partido “para protegerlo”, y proclamó que “yo gano las elecciones”.
Reducido el abuso del Estado para promover a un débil candidato, las posibilidades de Leonel aumentarían. Y si él no va a la segunda vuelta, tendría la llave para evitar la pela que le prometió Medina, inclinando los que le sigan hacia Abinader. Si le tocara a él la segunda ronda contra Gonzalo, los perremeístas no podrían inclinarse por el danilismo.
Fuerte rechazo en PRM
Se da por cierto que hubo reuniones de comisionados para escuchar las nuevas propuestas de Antún, pero en el PRM el rechazo ha sido casi absoluto, según las fuentes. Comenzando por el propio candidato Abinader que reaccionó molesto cuando Quique le comunicó su súbita preferencia por Leonel y su nuevo partido, “cuando ya esperaban cerrar acuerdos”. El sector que encabeza Hipólito Mejía por nada del mundo quiere saber del expresidente del PLD, al que ha rechazado públicamente en los últimos años.
La primera debilidad del plan de Quique es que partía enarbolando la candidatura de Leonel, la que estaría proclamando en su asamblea eleccionaria de este fin de semana, cuando al PRM, a punto de pactar con otros 5 partidos, ni remotamente le convenía abrir incertidumbre. La primera consecuencia es que tendría dificultades para explicar que pudiera hacer alianza con quien durante años responsabilizaba de la entronización de la corrupción y la dominación política del PLD y de la manipulación de todas las instituciones estatales y parte de las sociales.
De pactar con Leonel, a quien todas las encuestas dan una alta tasa de rechazo en el electorado no peledeísta, tanto que el presidente Medina peleó durante dos años hasta lograr el padrón universal para elegir las candidaturas del PLD, el PRM arriesgaría alienarse los sectores sociales que, como los que se expresaron en la Marcha Verde, tienen a los dos líderes peledeístas en el mismo sartén de rechazo. Sería una bomba en la mesa de la Coalición Democrática, donde se planea que aAbinader le corresponde seguir catalizando la insatisfacción y el cansancio del peledeísmo, mayor tras su ácida división. La salida del PRSC de su mesa de concertación le permitiría incrementar las candidaturas de líderes sociales y personalidades independientes y fortalecer el proyecto de “pacto político social para regenerar el país”.
Juegan a la muerte súbita
Los leonelistas tienen otro recurso, sumarse a concertaciones puntuales que los acerque a toda la oposición al Gobierno, buscando intercambiar apoyos para candidaturas senatoriales y a alcaldías, de personas inobjetables, en lo que están empeñados todavía algunos de sus aliados de Juntos Podemos, Alianza País y el PRM. Por ejemplo las candidaturas a senadores, ahora sin arrastre, de Antonio Taveras, Eduardo Estrella, Faride Raful, y a alcaldes como Manuel Jiménez, con variados apoyos partidistas. En esos niveles los leonelistas podrían buscar apoyos locales para impulsar algunas de sus figuras más potables y aliados. Tanto él como los perremeístas tendrían que afinar sus tácticas para dejar abiertas posibilidades de sumatoria en segunda vuelta.
Como en las eliminatorias deportivas de un solo partido, Leonel y Danilo juegan a la “muerte súbita”, el que gane predominará y el perdedor se tendría que ir para su casa, y probablemente de manera definitiva. Si los odios y resentimientos que exhiben siguen imponiéndose, pondrían hasta en peligro la estabilidad nacional y ahí podrían cosechar un rechazo bilateral, generando una corrida de Abinader, de éste manejarse con astucia pero también determinación, como la que exhibió el domingo al advertir que sin elecciones limpias se pondrá en juego la paz social.
Si alguna concertación es viable de inmediato y rentable para todos, es generar sinergias conjuntas capaces de motorizar apoyo social para contener los abusos del Estado, una especie de nuevo “pacto por la democracia”, y conseguir que la Junta Central Electoral cumpla la responsabilidad que le acuerdan los artículos 211 y 212 (párrafo IV) de que “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.-
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.