Nacionales
Aumentó el gasto público durante la precampaña, según economista.
En mil 196 millones aumentó durante la precampaña el gasto público en la República Dominicana, según el economista José Rijo Presbot.
El profesional de la economía aseguró que el gobierno central aumentó el gasto en septiembre en alrededor de mil 296 millones de pesos en renglones como combustible, publicidad, viáticos nacionales, alimentos y bebidas, nominillas y compra de vehículos.
El economista sostuvo que durante ese mes la precampaña política para escoger los candidatos a cargos de elección popular fue el único hecho excepcional que podría explicar ese aumento del “gasto clientelar”.
En las primarias compitió con el apoyo del presidente Danilo Medina el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo contra el expresidente Leonel Fernández en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). “No ha habido algo excepcional que pueda justificar un incremento de gasto en estas partidas tan exorbitante y para mí no hay una explicación presupuestaria”, sostuvo.
Según un análisis del especialista, el gobierno central incrementó el gasto en publicidad y propaganda de 361 millones de pesos en agosto a 496 en septiembre para un aumento de 90%; en remuneraciones al personal transitorio el gasto pasó de 870 millones en agosto a mil 52 en septiembre para incremento de 182 millones y en combustibles y lubricantes el incremento fue de 14 millones más en septiembre al pasar de 424 millones en agosto a 437 el siguiente mes.
Según Rijo, en compra de vehículos en agosto el gobierno invirtió 282 millones de pesos y en septiembre el gasto en ese renglón fue de 519 millones con una diferencia de 238 millones y un valor porcentual de 84% más. En viáticos dentro del país se invirtieron en septiembre 169 millones 51 millones más que en agosto que alcanzó 119 millones de pesos.
El economista plantea que mientras en los meses de enero-agosto el gasto promedio en alimentos y bebidas fue de 322 millones de pesos en septiembre se incrementó a 362 millones, es decir 102 millones adicionales.
José Rijo también señaló que en el mes anterior a las primarias del 6 de octubre el gasto en ayudas y donaciones a personas pasó de mil 350 millones en promedio a mil 454 millones en septiembre, es decir 102 millones adicionales.
En un desglose por instituciones, Rijo señala que la Presidencia de la República pasó de 42 millones en agosto a 60 millones de pesos en septiembre y en remuneraciones al personal transitorio de 66 millones de pesos 88 millones 900 mil pesos en septiembre y en viáticos dentro del país pasó de pasó de 5 millones 800 mil pesos a 36 millones 400 mil pesos en septiembre, mientras que el aumento en combustible fue de 12 millones al pasar de 20 millones 300 mil pesos a 33 millones.
De acuerdo con los datos proveidos, el Ministerio de Interior y Policía aumentó el gasto en combustible en el mes de septiembre en diez millones al pasar de 113 millones en agosto a 124 millones de pesos para un alza de 10.4%.
En el Ministerio de Educación se registró un incremento en la publicidad de 11% al pasar de 23 millones en agosto a 34 en septiembre, en esa institución el gasto en viáticos dentro del país pasó de 43 millones en agosto a 52 al siguiente mes.
Durante la precampaña el desborde de promoción a favor de la candidatura de Castillo generó una avalancha de críticas dentro y fuera del PLD. Igualmente, la integración de los funcionarios del gobierno para coordinar la campaña del ahora candidato presidencial del partido oficial generó críticas en la oposición interna y fuera del partido morado.
El exministro de Obras Públicas por siete años de los gobiernos de Medina fue de los principales promotores de la reforma a la Constitución para que el presidente se presentara como candidato para un tercer periodo. El presidente Medina anunció que no se embarcaría en ese proceso el 21 de julio y una semana después Castillo se había convertido en el elegido del gobernante para competir contra Fernández en las primarias. El proceso estuvo marcado por las críticas por el supuesto uso de recursos del Estado para favorecerlo.
Del total de mil 296 millones de pesos que presentó Rijo, en compra de vehículos en el mes de septiembre hubo una inversión de 448 millones de pesos; publicidad y propaganda 236 millones; becas y viajes de estudios 227 millones; remuneración al personal transitorio 187 millones y 160 millones en carreteras y obras menores. En combustibles y lubricantes el gasto fue de 27 millones de pesos y 12 millones en viáticos en actividades locales. Según José Rijo, en el caso del Ministerio de Obras Públicas el incremento del gasto agosto-septiembre fue de 146 millones millones 806 mil pesos. Rijo sostuvo que el gobierno tendría que explicar las razones del aumento del gasto en esos reglonenes que denomina “clientelares” porque en el mes de septiembre no ocurrió nada que explique un aumento de mil 296 millones en el gasto en los renglones que detalló en su informe sobre el tema.
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.