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Aumentó el gasto público durante la precampaña, según economista.
En mil 196 millones aumentó durante la precampaña el gasto público en la República Dominicana, según el economista José Rijo Presbot.
El profesional de la economía aseguró que el gobierno central aumentó el gasto en septiembre en alrededor de mil 296 millones de pesos en renglones como combustible, publicidad, viáticos nacionales, alimentos y bebidas, nominillas y compra de vehículos.
El economista sostuvo que durante ese mes la precampaña política para escoger los candidatos a cargos de elección popular fue el único hecho excepcional que podría explicar ese aumento del “gasto clientelar”.
En las primarias compitió con el apoyo del presidente Danilo Medina el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo contra el expresidente Leonel Fernández en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). “No ha habido algo excepcional que pueda justificar un incremento de gasto en estas partidas tan exorbitante y para mí no hay una explicación presupuestaria”, sostuvo.
Según un análisis del especialista, el gobierno central incrementó el gasto en publicidad y propaganda de 361 millones de pesos en agosto a 496 en septiembre para un aumento de 90%; en remuneraciones al personal transitorio el gasto pasó de 870 millones en agosto a mil 52 en septiembre para incremento de 182 millones y en combustibles y lubricantes el incremento fue de 14 millones más en septiembre al pasar de 424 millones en agosto a 437 el siguiente mes.
Según Rijo, en compra de vehículos en agosto el gobierno invirtió 282 millones de pesos y en septiembre el gasto en ese renglón fue de 519 millones con una diferencia de 238 millones y un valor porcentual de 84% más. En viáticos dentro del país se invirtieron en septiembre 169 millones 51 millones más que en agosto que alcanzó 119 millones de pesos.
El economista plantea que mientras en los meses de enero-agosto el gasto promedio en alimentos y bebidas fue de 322 millones de pesos en septiembre se incrementó a 362 millones, es decir 102 millones adicionales.
José Rijo también señaló que en el mes anterior a las primarias del 6 de octubre el gasto en ayudas y donaciones a personas pasó de mil 350 millones en promedio a mil 454 millones en septiembre, es decir 102 millones adicionales.
En un desglose por instituciones, Rijo señala que la Presidencia de la República pasó de 42 millones en agosto a 60 millones de pesos en septiembre y en remuneraciones al personal transitorio de 66 millones de pesos 88 millones 900 mil pesos en septiembre y en viáticos dentro del país pasó de pasó de 5 millones 800 mil pesos a 36 millones 400 mil pesos en septiembre, mientras que el aumento en combustible fue de 12 millones al pasar de 20 millones 300 mil pesos a 33 millones.
De acuerdo con los datos proveidos, el Ministerio de Interior y Policía aumentó el gasto en combustible en el mes de septiembre en diez millones al pasar de 113 millones en agosto a 124 millones de pesos para un alza de 10.4%.
En el Ministerio de Educación se registró un incremento en la publicidad de 11% al pasar de 23 millones en agosto a 34 en septiembre, en esa institución el gasto en viáticos dentro del país pasó de 43 millones en agosto a 52 al siguiente mes.
Durante la precampaña el desborde de promoción a favor de la candidatura de Castillo generó una avalancha de críticas dentro y fuera del PLD. Igualmente, la integración de los funcionarios del gobierno para coordinar la campaña del ahora candidato presidencial del partido oficial generó críticas en la oposición interna y fuera del partido morado.
El exministro de Obras Públicas por siete años de los gobiernos de Medina fue de los principales promotores de la reforma a la Constitución para que el presidente se presentara como candidato para un tercer periodo. El presidente Medina anunció que no se embarcaría en ese proceso el 21 de julio y una semana después Castillo se había convertido en el elegido del gobernante para competir contra Fernández en las primarias. El proceso estuvo marcado por las críticas por el supuesto uso de recursos del Estado para favorecerlo.
Del total de mil 296 millones de pesos que presentó Rijo, en compra de vehículos en el mes de septiembre hubo una inversión de 448 millones de pesos; publicidad y propaganda 236 millones; becas y viajes de estudios 227 millones; remuneración al personal transitorio 187 millones y 160 millones en carreteras y obras menores. En combustibles y lubricantes el gasto fue de 27 millones de pesos y 12 millones en viáticos en actividades locales. Según José Rijo, en el caso del Ministerio de Obras Públicas el incremento del gasto agosto-septiembre fue de 146 millones millones 806 mil pesos. Rijo sostuvo que el gobierno tendría que explicar las razones del aumento del gasto en esos reglonenes que denomina “clientelares” porque en el mes de septiembre no ocurrió nada que explique un aumento de mil 296 millones en el gasto en los renglones que detalló en su informe sobre el tema.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Atención Permanente de Santiago, que preside la jueza Wendy Altagracia Tavárez, impuso este lunes tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un dominicano que fue deportado desde los Estados Unidos, involucrado en al menos siete homicidios en Santiago.
Andry Josué Vargas Núñez, conocido como Juan Bosch, debe cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pino, en La Vega.
La medida fue impuesta al imputado por el asesinato a tiros de Diovel Leonel Fernández Pérez (Guccy), durante un incidente ocurrido en marzo del 2022 en el sector La Yagüita de El Ejido, en las proximidades del Parque Central de Santiago.
Al procesado también lo acusan por sus vínculos, en noviembre de ese mismo año, a una balacera donde murieron cinco personas en la misma barriada.
De acuerdo a la investigación, Vargas Núñez, de 26 años, escapó a Estados Unidos tras participar en esos casos. Fue detenido este año en esa nación y deportado al país el pasado mes de octubre.
Otros hechos delictivos
Además de los homicidios, Vargas Núñez figura en el sistema policial con dos registros por atracos, en enero y marzo del año 2018.
Santo Domingo, R.D.-La importación de alimentos sin aranceles en caso de emergencia o de pandemia podrá ser posible por la recién aprobada Ley de Seguridad Alimentaria, que busca modificar una normativa promulgada en el año 2016, que abriría las puertas para que un consejo de funcionarios pueda recomendar al Poder Ejecutivo la referida medida.
En la gestión del presidente Luis Abinader, el Congreso aprobó una ley para liberar de impuestos más de 60 alimentos y estudió sin éxito otro proyecto que permitiría importar sin aranceles el azúcar.
La pieza que aprobó el jueves la Cámara de Diputados establece que el Consejo Nacional para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan) tendrá, entre sus nuevas funciones, la atribución de recomendar al presidente «la suspensión de las obligaciones arancelarias» para importar alimentos en momentos de emergencia.
Según la iniciativa, las medidas especiales solo serían aplicadas en caso de que el producto sea impactado adversamente, cuando se perjudique la seguridad alimentaria y nutricional del país y cuando se pueda afectar la seguridad económica y los intereses esenciales del Estado.
Otros aspectos
Aparte de la importación de alimentos, la pieza también busca el cumplimiento en la calidad de los alimentos que se consumen en el país, el acceso a la comida, la estabilidad de la oferta sin fluctuaciones y la disponibilidad de alimentos.
«La seguridad alimentaria solo se cumple cuando todas las personas tienen acceso físico y económico a los alimentos nutritivos e inocuos para satisfacer sus necesidades alimentarias», establece el proyecto depositado por el presidente Abinader.
Aunque fue aprobado sin ningún obstáculo por la mayoría que ostenta el PRM en ambas cámaras, los opositores no votaron por la pieza por considerar que «lesiona» las funciones del Congreso.
El vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara baja, Rafael Castillo, expresó que el proyecto le quita funciones al Congreso que, según dijo, es el órgano facultado para recomendar o autorizar la importación de alimentos sin aranceles.
Santo Domingo, R.D.-Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Isis Muñiz, Luis Omar Jiménez y Delio Germán, deliberaban esta noche para decidir la suerte de la solicitud de variación de medida de coerción hecha por el exdirector del Intrant, Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S y Transcore Latam; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
Se espera que esta noche los magistrados adopten una decisión sobre la solicitud presenta, en la que estos piden una medida de coerción menos gravosa a la prisión preventiva. El Ministerio Público, en cambio, solicita mantener la coerción ya dictada.
El pasado 10 de octubre, los involucrados en el llamado caso Intrant fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres de San Cristóbal con 18 meses de prisión preventiva por supuestamente ejecutar de forma fraudulenta el contrato de 1,317 millones de pesos para instalar la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Gómez, Beras y Padovani son señalados por el Ministerio Público de pertenecer a una supuesta red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Las presuntas irregularidades en la licitación giran en torno al contrato para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, el cual fue adjudicado a la empresa Transcore Latam, de Jochi Gómez.