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Aumentó el gasto público durante la precampaña, según economista.
En mil 196 millones aumentó durante la precampaña el gasto público en la República Dominicana, según el economista José Rijo Presbot.
El profesional de la economía aseguró que el gobierno central aumentó el gasto en septiembre en alrededor de mil 296 millones de pesos en renglones como combustible, publicidad, viáticos nacionales, alimentos y bebidas, nominillas y compra de vehículos.
El economista sostuvo que durante ese mes la precampaña política para escoger los candidatos a cargos de elección popular fue el único hecho excepcional que podría explicar ese aumento del “gasto clientelar”.
En las primarias compitió con el apoyo del presidente Danilo Medina el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo contra el expresidente Leonel Fernández en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). “No ha habido algo excepcional que pueda justificar un incremento de gasto en estas partidas tan exorbitante y para mí no hay una explicación presupuestaria”, sostuvo.
Según un análisis del especialista, el gobierno central incrementó el gasto en publicidad y propaganda de 361 millones de pesos en agosto a 496 en septiembre para un aumento de 90%; en remuneraciones al personal transitorio el gasto pasó de 870 millones en agosto a mil 52 en septiembre para incremento de 182 millones y en combustibles y lubricantes el incremento fue de 14 millones más en septiembre al pasar de 424 millones en agosto a 437 el siguiente mes.
Según Rijo, en compra de vehículos en agosto el gobierno invirtió 282 millones de pesos y en septiembre el gasto en ese renglón fue de 519 millones con una diferencia de 238 millones y un valor porcentual de 84% más. En viáticos dentro del país se invirtieron en septiembre 169 millones 51 millones más que en agosto que alcanzó 119 millones de pesos.
El economista plantea que mientras en los meses de enero-agosto el gasto promedio en alimentos y bebidas fue de 322 millones de pesos en septiembre se incrementó a 362 millones, es decir 102 millones adicionales.
José Rijo también señaló que en el mes anterior a las primarias del 6 de octubre el gasto en ayudas y donaciones a personas pasó de mil 350 millones en promedio a mil 454 millones en septiembre, es decir 102 millones adicionales.
En un desglose por instituciones, Rijo señala que la Presidencia de la República pasó de 42 millones en agosto a 60 millones de pesos en septiembre y en remuneraciones al personal transitorio de 66 millones de pesos 88 millones 900 mil pesos en septiembre y en viáticos dentro del país pasó de pasó de 5 millones 800 mil pesos a 36 millones 400 mil pesos en septiembre, mientras que el aumento en combustible fue de 12 millones al pasar de 20 millones 300 mil pesos a 33 millones.
De acuerdo con los datos proveidos, el Ministerio de Interior y Policía aumentó el gasto en combustible en el mes de septiembre en diez millones al pasar de 113 millones en agosto a 124 millones de pesos para un alza de 10.4%.
En el Ministerio de Educación se registró un incremento en la publicidad de 11% al pasar de 23 millones en agosto a 34 en septiembre, en esa institución el gasto en viáticos dentro del país pasó de 43 millones en agosto a 52 al siguiente mes.
Durante la precampaña el desborde de promoción a favor de la candidatura de Castillo generó una avalancha de críticas dentro y fuera del PLD. Igualmente, la integración de los funcionarios del gobierno para coordinar la campaña del ahora candidato presidencial del partido oficial generó críticas en la oposición interna y fuera del partido morado.
El exministro de Obras Públicas por siete años de los gobiernos de Medina fue de los principales promotores de la reforma a la Constitución para que el presidente se presentara como candidato para un tercer periodo. El presidente Medina anunció que no se embarcaría en ese proceso el 21 de julio y una semana después Castillo se había convertido en el elegido del gobernante para competir contra Fernández en las primarias. El proceso estuvo marcado por las críticas por el supuesto uso de recursos del Estado para favorecerlo.
Del total de mil 296 millones de pesos que presentó Rijo, en compra de vehículos en el mes de septiembre hubo una inversión de 448 millones de pesos; publicidad y propaganda 236 millones; becas y viajes de estudios 227 millones; remuneración al personal transitorio 187 millones y 160 millones en carreteras y obras menores. En combustibles y lubricantes el gasto fue de 27 millones de pesos y 12 millones en viáticos en actividades locales. Según José Rijo, en el caso del Ministerio de Obras Públicas el incremento del gasto agosto-septiembre fue de 146 millones millones 806 mil pesos. Rijo sostuvo que el gobierno tendría que explicar las razones del aumento del gasto en esos reglonenes que denomina “clientelares” porque en el mes de septiembre no ocurrió nada que explique un aumento de mil 296 millones en el gasto en los renglones que detalló en su informe sobre el tema.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.