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Aumentó el gasto público durante la precampaña, según economista.
En mil 196 millones aumentó durante la precampaña el gasto público en la República Dominicana, según el economista José Rijo Presbot.
El profesional de la economía aseguró que el gobierno central aumentó el gasto en septiembre en alrededor de mil 296 millones de pesos en renglones como combustible, publicidad, viáticos nacionales, alimentos y bebidas, nominillas y compra de vehículos.
El economista sostuvo que durante ese mes la precampaña política para escoger los candidatos a cargos de elección popular fue el único hecho excepcional que podría explicar ese aumento del “gasto clientelar”.
En las primarias compitió con el apoyo del presidente Danilo Medina el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo contra el expresidente Leonel Fernández en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). “No ha habido algo excepcional que pueda justificar un incremento de gasto en estas partidas tan exorbitante y para mí no hay una explicación presupuestaria”, sostuvo.
Según un análisis del especialista, el gobierno central incrementó el gasto en publicidad y propaganda de 361 millones de pesos en agosto a 496 en septiembre para un aumento de 90%; en remuneraciones al personal transitorio el gasto pasó de 870 millones en agosto a mil 52 en septiembre para incremento de 182 millones y en combustibles y lubricantes el incremento fue de 14 millones más en septiembre al pasar de 424 millones en agosto a 437 el siguiente mes.
Según Rijo, en compra de vehículos en agosto el gobierno invirtió 282 millones de pesos y en septiembre el gasto en ese renglón fue de 519 millones con una diferencia de 238 millones y un valor porcentual de 84% más. En viáticos dentro del país se invirtieron en septiembre 169 millones 51 millones más que en agosto que alcanzó 119 millones de pesos.
El economista plantea que mientras en los meses de enero-agosto el gasto promedio en alimentos y bebidas fue de 322 millones de pesos en septiembre se incrementó a 362 millones, es decir 102 millones adicionales.
José Rijo también señaló que en el mes anterior a las primarias del 6 de octubre el gasto en ayudas y donaciones a personas pasó de mil 350 millones en promedio a mil 454 millones en septiembre, es decir 102 millones adicionales.
En un desglose por instituciones, Rijo señala que la Presidencia de la República pasó de 42 millones en agosto a 60 millones de pesos en septiembre y en remuneraciones al personal transitorio de 66 millones de pesos 88 millones 900 mil pesos en septiembre y en viáticos dentro del país pasó de pasó de 5 millones 800 mil pesos a 36 millones 400 mil pesos en septiembre, mientras que el aumento en combustible fue de 12 millones al pasar de 20 millones 300 mil pesos a 33 millones.
De acuerdo con los datos proveidos, el Ministerio de Interior y Policía aumentó el gasto en combustible en el mes de septiembre en diez millones al pasar de 113 millones en agosto a 124 millones de pesos para un alza de 10.4%.
En el Ministerio de Educación se registró un incremento en la publicidad de 11% al pasar de 23 millones en agosto a 34 en septiembre, en esa institución el gasto en viáticos dentro del país pasó de 43 millones en agosto a 52 al siguiente mes.
Durante la precampaña el desborde de promoción a favor de la candidatura de Castillo generó una avalancha de críticas dentro y fuera del PLD. Igualmente, la integración de los funcionarios del gobierno para coordinar la campaña del ahora candidato presidencial del partido oficial generó críticas en la oposición interna y fuera del partido morado.
El exministro de Obras Públicas por siete años de los gobiernos de Medina fue de los principales promotores de la reforma a la Constitución para que el presidente se presentara como candidato para un tercer periodo. El presidente Medina anunció que no se embarcaría en ese proceso el 21 de julio y una semana después Castillo se había convertido en el elegido del gobernante para competir contra Fernández en las primarias. El proceso estuvo marcado por las críticas por el supuesto uso de recursos del Estado para favorecerlo.
Del total de mil 296 millones de pesos que presentó Rijo, en compra de vehículos en el mes de septiembre hubo una inversión de 448 millones de pesos; publicidad y propaganda 236 millones; becas y viajes de estudios 227 millones; remuneración al personal transitorio 187 millones y 160 millones en carreteras y obras menores. En combustibles y lubricantes el gasto fue de 27 millones de pesos y 12 millones en viáticos en actividades locales. Según José Rijo, en el caso del Ministerio de Obras Públicas el incremento del gasto agosto-septiembre fue de 146 millones millones 806 mil pesos. Rijo sostuvo que el gobierno tendría que explicar las razones del aumento del gasto en esos reglonenes que denomina “clientelares” porque en el mes de septiembre no ocurrió nada que explique un aumento de mil 296 millones en el gasto en los renglones que detalló en su informe sobre el tema.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.