Santo Domingo, RD.-La presencia de Leonel Fernández en el velatorio del padre del presidente Danilo Medina marcó una tregua en la actividad política del país y un reencuentro entre el liderazgo nacional y el jefe del Estado, principalmente de la oposición, pero que también ha enviado un mensaje de aprovechamiento de las circunstancias para poner en ejecución algún plan estratégico del ex-jefe de Estado. Nacionales
Sorprende presencia de Leonel en funeraria donde se desarrollaba el velatorio del padre del presidente Medina.
Santo Domingo, RD.-La presencia de Leonel Fernández en el velatorio del padre del presidente Danilo Medina marcó una tregua en la actividad política del país y un reencuentro entre el liderazgo nacional y el jefe del Estado, principalmente de la oposición, pero que también ha enviado un mensaje de aprovechamiento de las circunstancias para poner en ejecución algún plan estratégico del ex-jefe de Estado. No son pocos los que entienden que aunque el momento no era para menos, pero hay muchos otros que consideran que Leonel o desarrolla un plan estrátegico para quitarle fuerza a los esfuerzos del Gobierno para evitar que sea candidato presidencial o sencillamente el expresidente ha perdido la perspectiva, ya que las ofensas y las confrontaciones no son para presentarse en un momento que quien es su contrincante, no solo en el orden político, sino también personal, pasa por un gran dolor emocional por la muerte de su padre.
Uno de los momentos que provocó mayores expectativas entre los asistentes al velatorio de don Juan Pablo Medina en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, fue la presencia del expresidente Leonel Fernández, quien acudió anoche a expresar sus condolencias al presidente Medina y a sus familiares.
Medina y Fernández no se reencontraban desde la la reunión del Comité Político del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) celebrada el 2 de octubre pasado, previo a las primarias donde esa organización escogió a sus candidatos presidenciales, legislativos y municipales para las elecciones del 2020.
“Me permito expresar sentido pésame al presidente de la República, licenciado Danilo Medina, por el lamentable fallecimiento de su padre, don Juan Pablo Medina. Elevamos una plegaria al Todopoderoso para que conceda aliento a su familia en este momento de dolor. Paz a su alma”, había escrito previamente Fernández, en horas de la tarde en su cuenta de Twitter.
Fernández, quien renunció al PLD por diferencias con el presidente Medina, tras su derrota en las primarias frente a Gonzalo Castillo, había ordenado más temprano la suspensión de una actividad que tenía pautada para hoy, cuando cientos de dirigentes del PLD renunciarían a esa organización política y se integrarían al partido Fuerza del Pueblo, que lo postula a la Presidencia de la República para las elecciones del proximo año.
Ayer también expresaron su pesar por la muerte del padre del mandatario, el candidato presidencial del opositor Partido Revolucioanario Moderno (PRM), Luis Abinader, y el presidente de esa organización, la mayor de la oposición, el senador José Ignacio Paliza.
Asimismo, el presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, que postula también a Fernández como candidato presidencial, quien tuiteó: “En nombre del @partidoprsc, de mi familia y del mío propio, expreso mi más sentidas condolencias al amigo presidente de la República Lic. @DaniloMedina y a toda su familia por el triste fallecimiento de su padre Juan Pablo Medina. Que en Paz descanse su alma”.
El segundo nivel de la funeraria estuvo lleno, así como las capillas A, B y C, las cuales fueron unidas en un gran salón para la ocasión.
A don Juan Pablo Medina le sobreviven siete de ocho hijos que son Milcíades, Wilfredo, Magalis, Yodisa, Alexis, Yomaira, Aracelis y Danilo Medina Sánchez.
Tenía más de 60 años siendo practicante del evangélico pentecostal.
Los restos de don Juan Pablo Medina, quien tenía 101 años de edad, son expuestos desde las 4:00 de la tarde de ayer en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln y serán sepultados hoy a las 10:00 de la mañana en el cementerio Cristo Redentor.
Don Juan Pablo Medina, padre del presidente Danilo Medina, y de la diputada Yomaira Medina, estuvo casado con doña Amelia Sánchez (fallecida), con quien procreó seis hijos más en la comunidad de Arroyo Cano, en la provincia San Juan de la Maguana.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.