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Cuota de género plantea situación compleja a nivel de diputados para el PLD y PRM.

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La cuota de género ha creado una situación inmanejable a nivel de diputaciones de los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno, ya que Luego de su celebración de las primarias simultáneas  de ambas organizaciones se verán en la encrucijada de decidir sobre algunas candidaturas debido al mandato de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos que obliga a otorgar no menos del 40 por ciento, por demarcación, al género femenino o al masculino.

En provincias como Pedernales, Independencia, Santiago Rodríguez, San José de Ocoa, Elías Piña, Dajabón, Hato Mayor, El Seibo, Hermanas Mirabal, Bahoruco, Samaná y Montecristi estos partidos deberán decidir sobre aquellos legisladores a los que les fueron reservadas sus candidaturas o aquellos en que los ganadores de las dos plazas vacantes son de un mismo género, debido a que serían contrarias al artículo 43 de la Ley de Partidos.

A cada una de estas provincias les corresponden dos curules en la Cámara de Diputados debido a que poseen una población igual o inferior a los 53,063 habitantes necesarios para la asignación de un diputado.

De acuerdo a la resolución 28-2019 de la Junta Central Electoral (JCE), que establece la distribución de la cuota de equidad de género en las candidaturas a regidores, suplentes de regidores, vocales y diputados en las elecciones ordinarias generales del año 2020 en aquellas provincias con dos diputados la boleta electoral de cada partido deberá estar compuesta por un hombre y una mujer.

Por ejemplo en El Seibo, el PRM reservó la candidatura del actual diputado Jean Luis Rodríguez, mientras que Valerio Leonardo Palacio ganó las primarias con 1,896 votos, lo que podría dejar a uno de los dos candidatos fuera de concurso, de aplicarse el mandato de la Ley de Partidos.

Asimismo en Elías Piña fue reservada la boleta del PRM para el diputado Rafael Ernesto Arias Ramírez, mientras Israel Porfirio Bienvenido Mañón Alcántara ganó en las primarias con 1,979 votos.

En tanto que por el PLD en Elías Piña resultaron electos Juan Alberto Aquino Montero con 6,104 votos y Calletano Oderto Cubilete Medina 3,928 votos.

Situación igual se presentó en Bahoruco donde ganaron Rafael Cuevas Jiménez, que obtuvo 6,021 votos y Anderson Manuel Ferreras Méndez con 5,591 votos en el PLD.

También en Santiago Rodríguez, en el PLD, ganaron Esteban Antonio Cruz con 8,893 votos y Miguel Raúl Báez Estevez con 3,178 votos.

La situación del PRM con las reservas se repite en Hato Mayor, donde fue proclamado como ganador de las primarias Santiago Vilorio Lizardo con 4,891 votos y la reserva fue para el actual diputado Ronald Sánchez.

En Montecristi resultó ganador en las primarias del PRM Ramón Antonio Pimentel Gómez con 4,753 votos, mientras que se reservó la candidatura del diputado Bernardo Alemán.

En Pedernales, las primarias de octubre las ganó el perremeísta Secundino Velásquez Pimentel con 1,052 votos y el actual diputado Israel Terrero fue reservado.

Pero en el PRM también hay casos como en Hermanas Mirabal donde ganaron las primarias Félix Santiago Hiciano Almánzar con 2,821 votos y Miguel Cristino Cartagena Sánchez con 1,247 votos.

De igual manera en la provincia Duarte, cuyo diputado perremeísta Franklin Romero aspira a senador, pasaron en las primarias Nicolás Hidalgo Almánzar con 5,706 votos y Eriberto Antonio Miranda Then con 2,427 votos.

La resolución 28-2019 de la JCE dispuso que para las elecciones del 2020, los partidos políticos deberán presentar al menos 93 hombres o mujeres y un máximo de 137 hombres o mujeres en total, “aplicado a cada demarcación o circunscripción electoral”.

 

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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.

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Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.

Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».

El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.

Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.

También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.

El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.

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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio

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Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.

Al Ministerio Público señalar “serias incongruencias” en la solicitud de medida de coerción en contra de Hazim, Valerio refiere que la supuesta falta de justificación de bienes, específicamente una villa en Casa de Campo y un apartamento, se encuentran “debidamente documentados” y justificados con un préstamo.

Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.

A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.

En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.

De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.

Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.

Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.

Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.

Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.

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Siete años de prisión por narcotráfico a general retirado.

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Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.

La condena de 87 meses, que fue dictada por la jueza Beth Bloom, será cumplida en una penitenciaría de Florida, tras una petición de Durán Jerez y que fue eventualmente concedida.

En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.

¿Cómo operaban?

De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.

Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.

Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.

La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.

Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.

Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.

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