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Cuota de género plantea situación compleja a nivel de diputados para el PLD y PRM.
La cuota de género ha creado una situación inmanejable a nivel de diputaciones de los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno, ya que Luego de su celebración de las primarias simultáneas de ambas organizaciones se verán en la encrucijada de decidir sobre algunas candidaturas debido al mandato de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos que obliga a otorgar no menos del 40 por ciento, por demarcación, al género femenino o al masculino.
En provincias como Pedernales, Independencia, Santiago Rodríguez, San José de Ocoa, Elías Piña, Dajabón, Hato Mayor, El Seibo, Hermanas Mirabal, Bahoruco, Samaná y Montecristi estos partidos deberán decidir sobre aquellos legisladores a los que les fueron reservadas sus candidaturas o aquellos en que los ganadores de las dos plazas vacantes son de un mismo género, debido a que serían contrarias al artículo 43 de la Ley de Partidos.
A cada una de estas provincias les corresponden dos curules en la Cámara de Diputados debido a que poseen una población igual o inferior a los 53,063 habitantes necesarios para la asignación de un diputado.
De acuerdo a la resolución 28-2019 de la Junta Central Electoral (JCE), que establece la distribución de la cuota de equidad de género en las candidaturas a regidores, suplentes de regidores, vocales y diputados en las elecciones ordinarias generales del año 2020 en aquellas provincias con dos diputados la boleta electoral de cada partido deberá estar compuesta por un hombre y una mujer.
Por ejemplo en El Seibo, el PRM reservó la candidatura del actual diputado Jean Luis Rodríguez, mientras que Valerio Leonardo Palacio ganó las primarias con 1,896 votos, lo que podría dejar a uno de los dos candidatos fuera de concurso, de aplicarse el mandato de la Ley de Partidos.
Asimismo en Elías Piña fue reservada la boleta del PRM para el diputado Rafael Ernesto Arias Ramírez, mientras Israel Porfirio Bienvenido Mañón Alcántara ganó en las primarias con 1,979 votos.
En tanto que por el PLD en Elías Piña resultaron electos Juan Alberto Aquino Montero con 6,104 votos y Calletano Oderto Cubilete Medina 3,928 votos.
Situación igual se presentó en Bahoruco donde ganaron Rafael Cuevas Jiménez, que obtuvo 6,021 votos y Anderson Manuel Ferreras Méndez con 5,591 votos en el PLD.
También en Santiago Rodríguez, en el PLD, ganaron Esteban Antonio Cruz con 8,893 votos y Miguel Raúl Báez Estevez con 3,178 votos.
La situación del PRM con las reservas se repite en Hato Mayor, donde fue proclamado como ganador de las primarias Santiago Vilorio Lizardo con 4,891 votos y la reserva fue para el actual diputado Ronald Sánchez.
En Montecristi resultó ganador en las primarias del PRM Ramón Antonio Pimentel Gómez con 4,753 votos, mientras que se reservó la candidatura del diputado Bernardo Alemán.
En Pedernales, las primarias de octubre las ganó el perremeísta Secundino Velásquez Pimentel con 1,052 votos y el actual diputado Israel Terrero fue reservado.
Pero en el PRM también hay casos como en Hermanas Mirabal donde ganaron las primarias Félix Santiago Hiciano Almánzar con 2,821 votos y Miguel Cristino Cartagena Sánchez con 1,247 votos.
De igual manera en la provincia Duarte, cuyo diputado perremeísta Franklin Romero aspira a senador, pasaron en las primarias Nicolás Hidalgo Almánzar con 5,706 votos y Eriberto Antonio Miranda Then con 2,427 votos.
La resolución 28-2019 de la JCE dispuso que para las elecciones del 2020, los partidos políticos deberán presentar al menos 93 hombres o mujeres y un máximo de 137 hombres o mujeres en total, “aplicado a cada demarcación o circunscripción electoral”.
Santo Domingo. – A partir del primero de agosto la Junta Central Electoral (JCE) tendrá nuevos horarios de atención en los Centros de Cedulación de Servicio Extendido (anteriormente denominados Centros de Servicios Continuos).
El Pleno de la JCE dispuso que los centros de servicio extendido ofrecerán atención a la ciudadanía de lunes a domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche.
La medida aplicará a los centros ubicados en Barahona, Herrera, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.
En ese sentido, la JCE precisó que los ciudadanos con citas programadas en el horario de la madrugada (de 12:00 a. m. a 07:00 a. m.), podrán presentarse en cualquiera de los centros de cedulación, según el horario de servicio correspondiente, sin importar el mes de cumpleaños.
Santo Domingo.- Una accion directa de inconstitucionalidad sometió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el Tribunal Constitucional una contra el artículo 310 del recién modificado Código Penal.
El recurso fue encabezado por Trajano Potentini, presidente del gremio, quien considera que su contenido entra en contradicción con garantías esenciales del orden constitucional, particularmente el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad del ejercicio profesional del derecho.
Potentini acudió a la sede de la jurisdicción constitucional acompañado de miembros de la directiva del gremio, presidentes de seccionales y de expresidentes del Colegio de Abogados, en una manifestación institucional con la que la organización procura defender no solamente las prerrogativas de los profesionales del derecho, sino también las garantías que asisten a toda persona que requiere representación y asistencia jurídica efectiva.
El presidente del CARD explicó que la acción constitucional tiene como propósito que el Tribunal Constitucional examine la compatibilidad del artículo impugnado con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución dominicana, especialmente aquellos vinculados al libre y pleno ejercicio del derecho de defensa.
Dijo que cualquier regulación penal que pueda incidir sobre la actuación profesional de los abogados debe ser examinada con especial rigor constitucional, debido a que el abogado constituye una pieza esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Sostuvo que la defensa técnica no puede ser concebida como una concesión del Estado ni como una función secundaria dentro del sistema de justicia. Por el contrario, representa una garantía indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente sus derechos frente a una investigación, acusación o proceso judicial.
En ese contexto, el CARD considera necesario preservar un marco normativo que permita a los abogados ejercer sus funciones con independencia, seguridad jurídica y respeto a la naturaleza de su profesión.
Señaló que la controversia planteada trasciende los intereses particulares de los abogados. Según Potentini, cuando se afecta la independencia o la dignidad de quienes ejercen la defensa técnica también pueden verse comprometidos los derechos de los ciudadanos representados por esos profesionales.
Potentini destacó que la Constitución reconoce el debido proceso y el derecho de defensa como garantías fundamentales que deben observarse en toda actuación judicial y administrativa. En consecuencia, afirmó que las normas deben interpretarse de manera compatible con esos postulados.
La acción solicita la intervención del Tribunal Constitucional en su condición de órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Corresponderá a esa alta corte examinar los argumentos y determinar la conformidad o no de la disposición cuestionada con la Carta Sustantiva.
El CARD informó que dará seguimiento al curso procesal de la acción y reiteró su confianza en que el debate jurídico permitirá delimitar adecuadamente el alcance de la disposición impugnada conforme a los principios del Estado social y democrático de derecho.
Santo Domingo, R.D.-En franca violacion del mandato constitucional del plazo de 48 horas para someter ante un juez competente a una persona detenida se produce con casos que tienen que sufrir que se tiempo de extienda por didas, semanas e incluso en meses, segun denuncia de muchos afectados.
Y cuando finalmente un tribunal ordena la libertad, salir del destacamento tampoco ocurre de inmediato.
La situación ha quedado evidenciada con los 13 ciudadanos que permanecen más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido sometidos al control de un juez y sin que existiera registro de un proceso penal en su contra.
Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su libertad inmediata, varios días después la decisión aún se encuentra en proceso de ejecución.
La decisión legal de la liberación de los 13 detenidos ocurrió después de que una inspección de la Defensa Pública encontrara a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece llevaban más de un mes detenidas sin haber comparecido ante un juez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con esas personas.
Según relataron, los agentes explicaron que el retraso obedecía a la falta de vehículos para trasladarlo hasta la fiscalía.
Sin embargo, cuando consultaron el sistema del Poder Judicial, descubrieron que tampoco existía una solicitud de medida de coerción depositada y ante esa situación, interpusieron un nuevo hábeas corpus.
Para la Defensa Pública, la ausencia de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más frecuentes para justificar los retrasos.
«No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos», explicó Figuereo.
La defensora sostuvo que esa situación no solo afecta a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también las audiencias de medidas de coerción.
«Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado«, aseguró.
El hábeas corpus tampoco acelera siempre la libertad.
Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.
Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.
«La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida», afirmó.
El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.
Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.
Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.
«Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas«, señaló la defensora pública Dilenny Morel.
La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.
Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.
Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.