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El uso o no del voto automatizado se sabrá el jueves.

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El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) tras dictar la proclama que dejó abierto el proceso electoral de cara a los comicios municipales del 2020 y asegurar que ese certamen se realizará el 16 de febrero tal como se ha pautado,  convocó para el próximo jueves a las 10:00 de la mañana a todos los actores políticos del país para debatir en una audiencia pública si es pertinente o no el uso del voto automatizado en ese proceso.

Julio Çésar Castaños Guzmán al concluir ayer el acto de proclama y de presentación del panorama electoral para las elecciones de febrero próximo, esbozó su parecer sobre lo complicado que se vislumbraría el escenario electoral con el uso de boletas físicas en los comicios del 2020 y volviéndose también al conteo a mano de los votos.

Mientras Castaños Guzmán expresó su punto de vista como titular del órgano electoral, a la vez dijo que aunque se decida volver al uso de boletas y al antiguo escrutinio de los votos, esa no sería la razón para detener las elecciones municipales del 2020.

Sostuvo que ante este escenario, la JCE, en un ejercicio de responsabilidad con el país, tiene que abocarse a una reunión pública en la que los partidos discutan los distintos pareceres en lo referente al voto automatizado, por considerar que la población no puede vivir de espaldas a las cosas que se hacen.

“El país, haciendo un ejercicio de responsabilidad, tiene que avocarse a tener la semana que viene una reunión donde se discuta públicamente el asunto del voto automatizado. Que se discuta públicamente y que los argumentadores que está en contra digan por qué y públicamente sean rebatidos por lo que está de acuerdo con él, el país no puede vivir de espaldas a las cosas que se hacen sin que el país tenga conocimiento y por eso estamos convocando formalmente a una audiencia de trabajo el día catorce de noviembre, que es el jueves de la semana que viene a las diez de la mañana”, manifestó.

Julio César Castaños Guzmán refirió enfáticamente que sería una irresponsabilidad de la Junta si no se dijera en este momento que las róximas elecciones suponen con este tipo de método “un auténtico desafío y reto”.

“Yo, según escuchaba al director de Elecciones (quien explicó el panorama de las elecciones municipales), con todo el respeto, yo pensaba dentro de mí que cómo va a ser eso, cómo dentro de cien días nosotros vamos a convetir una empresa de esa naturaleza. Nosotros seríamos unos irresponsables si no dijéramos hoy claramente que eso sería una empresa demandante y que en cien días, para una institución como esta, eso verdaderamente es un auténtico desafío y reto”, afirmó.

Finalizada la lectura de la proclama y de los detalles de organización del proceso venidero, el magistrado explicó que en elecciones pasadas no se tenía una situación como la que se tiene actualmente, respecto a los 235 espacios de cómputos, de discernimiento político y de soberanía municipal.

Posterior a la convocatoria del próximo jueves, la Junta pautó otro encuentro para el martes 12 de noviembre a las 3:00 de la tarde con los delegados técnicos y delegados de partidos políticos reconocidos a una reunión de trabajo, a los fines de tratar aspectos concernientes al inicio de los trabajos de la auditoría forense al sistema de voto automatizado que hará la empresa Deloitte, con quien la institución de comicios firmó el pasado jueves un contrato.

Los temas que la institución especificó para tratar, incluyen la planificación, inicio del Proyecto (Kick -off) y selección de la muestra del 5% de los equipos del Sistema de voto automatizado a auditar.

Al ser entrevistados al respecto, los distintos delegados y líderes de los partidos que asistieron a la audiencia solemne, expusieron los puntos de vistas de cada una de las organizaciones que representan.

El delegado político del PRM, Orlando Jorge Mera, dijo que la auditoría que se hará era un reclamo de distintos sectores de la vida nacional y por lo tanto saludó el contrato. Señaló que para que el sistema democrático de esta nación sea saludable es importante que se determine la verdad que despeje cualquier duda sobre el sistema.

De su lado, el delegado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Ramón Fadul (Monchy), reiteró el respaldo de su organización a la implementación del voto automatizado y a todo el accionar del órgano electoral.

En cambio, el delegado político del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Miguel Vásquez, vaticinó que si las organizaciones no se abocan a entender la modernización en el país se va a vivir una pesadilla muy seria, sobre todo en estas elecciones municipales. “Nosotros creemos que si no nos abocamos a entender la modernización, aunque se hagan algunos controles, vamos a tener una pesadilla muy seria, sobre todo en las elecciones municipales”, planteó.

La proclama electoral dictada por la JCE en una audiencia solemne estableció que “el día dieciséis (16) de febrero del año dos mil veinte (2020) se celebrarán las elecciones ordinarias generales municipales de la República Dominicana, y se reunirán al efecto en todo el territorio nacional las Asambleas Electorales para elegir el alcalde o la alcaldesa del Distrito Nacional y el vicealcalde o vicealcaldesa, los/as alcaldes/as municipales y sus vicealcaldes/as, los regidores de los Ayuntamientos y sus suplentes, así como los directores/as, subdirectores/as y vocales de los Distritos Municipales”.

Fue declarado abierto “el proceso electoral en la República Dominicana a partir de la presente de la presente Proclama, de manera exclusiva para los candidatos y candidatas del nivel municipal e igualmente los plazos relativos al depósito de pactos de alianzas o coaliciones municipales, así como candidaturas para este nivel de elección”, a la vez que la misma convoca a todas las organizaciones políticas reconocidas y a todos los ciudadanos dominicanos aptos para ejercer el sufragio, a concurrir y votar en las referidas elecciones, por las autoridades de los Ayuntamientos y juntas distritales, que ejercerán sus funciones durante el período constitucional 2020-2024.

Mario Núñez, director nacional de elecciones de la Junta Central Electoral, fue quien tuvo a cargo la presentación de lo que será el panorama electoral en términos de organización de las elecciones generales municipales del 16 de febrero de 2020, que involucra, hasta la fecha, que sean habilitados 16 mil 498 colegios electorales en 4 mil 324 recintos electorales.

Resaltó que los cargos electivos que se estarán definiendo en dichas elecciones incluyen 158 alcaldes/as, 158 vicealcaldes/as, 1,164 regidores, 1,164 suplentes, 235 directores/as, 235 subdirectores/as y 735 vocales, para un total de 3 mil 849 cargos electivos.

Núñez presentó los formatos preliminares para fines de discusión de las boletas electorales de las elecciones generales municipales de febrero de 2020, los cuales suman la cantidad de 399 formatos de demarcaciones municipales independientes. Hizo mención a los plazos legales concernientes al proceso de elecciones municipales que se encuentran establecidos en la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral.

A la vez, resaltó los criterios de implementación de la cuota de equidad de género que deben respetar las organizaciones políticas, de conformidad con las legislaciones antes mencionadas.Para las elecciones municipales del 2020 se habilitarán 16 mil 498 colegios electorales en 4 mil 324 recintos.
Para el certamen electoral del 16 febrero se definirán un total de 3 mil 849 cargos electivos a nivel nacional.
Las boletas electorales para los comicios municipales suman la cantidad de 399 formatos por demarcaciones.

 
 

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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.

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Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.

Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».

El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.

Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.

También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.

El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.

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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio

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Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.

Al Ministerio Público señalar “serias incongruencias” en la solicitud de medida de coerción en contra de Hazim, Valerio refiere que la supuesta falta de justificación de bienes, específicamente una villa en Casa de Campo y un apartamento, se encuentran “debidamente documentados” y justificados con un préstamo.

Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.

A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.

En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.

De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.

Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.

Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.

Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.

Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.

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Siete años de prisión por narcotráfico a general retirado.

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Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.

La condena de 87 meses, que fue dictada por la jueza Beth Bloom, será cumplida en una penitenciaría de Florida, tras una petición de Durán Jerez y que fue eventualmente concedida.

En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.

¿Cómo operaban?

De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.

Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.

Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.

La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.

Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.

Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.

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