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El uso o no del voto automatizado se sabrá el jueves.

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El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) tras dictar la proclama que dejó abierto el proceso electoral de cara a los comicios municipales del 2020 y asegurar que ese certamen se realizará el 16 de febrero tal como se ha pautado,  convocó para el próximo jueves a las 10:00 de la mañana a todos los actores políticos del país para debatir en una audiencia pública si es pertinente o no el uso del voto automatizado en ese proceso.

Julio Çésar Castaños Guzmán al concluir ayer el acto de proclama y de presentación del panorama electoral para las elecciones de febrero próximo, esbozó su parecer sobre lo complicado que se vislumbraría el escenario electoral con el uso de boletas físicas en los comicios del 2020 y volviéndose también al conteo a mano de los votos.

Mientras Castaños Guzmán expresó su punto de vista como titular del órgano electoral, a la vez dijo que aunque se decida volver al uso de boletas y al antiguo escrutinio de los votos, esa no sería la razón para detener las elecciones municipales del 2020.

Sostuvo que ante este escenario, la JCE, en un ejercicio de responsabilidad con el país, tiene que abocarse a una reunión pública en la que los partidos discutan los distintos pareceres en lo referente al voto automatizado, por considerar que la población no puede vivir de espaldas a las cosas que se hacen.

“El país, haciendo un ejercicio de responsabilidad, tiene que avocarse a tener la semana que viene una reunión donde se discuta públicamente el asunto del voto automatizado. Que se discuta públicamente y que los argumentadores que está en contra digan por qué y públicamente sean rebatidos por lo que está de acuerdo con él, el país no puede vivir de espaldas a las cosas que se hacen sin que el país tenga conocimiento y por eso estamos convocando formalmente a una audiencia de trabajo el día catorce de noviembre, que es el jueves de la semana que viene a las diez de la mañana”, manifestó.

Julio César Castaños Guzmán refirió enfáticamente que sería una irresponsabilidad de la Junta si no se dijera en este momento que las róximas elecciones suponen con este tipo de método “un auténtico desafío y reto”.

“Yo, según escuchaba al director de Elecciones (quien explicó el panorama de las elecciones municipales), con todo el respeto, yo pensaba dentro de mí que cómo va a ser eso, cómo dentro de cien días nosotros vamos a convetir una empresa de esa naturaleza. Nosotros seríamos unos irresponsables si no dijéramos hoy claramente que eso sería una empresa demandante y que en cien días, para una institución como esta, eso verdaderamente es un auténtico desafío y reto”, afirmó.

Finalizada la lectura de la proclama y de los detalles de organización del proceso venidero, el magistrado explicó que en elecciones pasadas no se tenía una situación como la que se tiene actualmente, respecto a los 235 espacios de cómputos, de discernimiento político y de soberanía municipal.

Posterior a la convocatoria del próximo jueves, la Junta pautó otro encuentro para el martes 12 de noviembre a las 3:00 de la tarde con los delegados técnicos y delegados de partidos políticos reconocidos a una reunión de trabajo, a los fines de tratar aspectos concernientes al inicio de los trabajos de la auditoría forense al sistema de voto automatizado que hará la empresa Deloitte, con quien la institución de comicios firmó el pasado jueves un contrato.

Los temas que la institución especificó para tratar, incluyen la planificación, inicio del Proyecto (Kick -off) y selección de la muestra del 5% de los equipos del Sistema de voto automatizado a auditar.

Al ser entrevistados al respecto, los distintos delegados y líderes de los partidos que asistieron a la audiencia solemne, expusieron los puntos de vistas de cada una de las organizaciones que representan.

El delegado político del PRM, Orlando Jorge Mera, dijo que la auditoría que se hará era un reclamo de distintos sectores de la vida nacional y por lo tanto saludó el contrato. Señaló que para que el sistema democrático de esta nación sea saludable es importante que se determine la verdad que despeje cualquier duda sobre el sistema.

De su lado, el delegado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Ramón Fadul (Monchy), reiteró el respaldo de su organización a la implementación del voto automatizado y a todo el accionar del órgano electoral.

En cambio, el delegado político del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Miguel Vásquez, vaticinó que si las organizaciones no se abocan a entender la modernización en el país se va a vivir una pesadilla muy seria, sobre todo en estas elecciones municipales. “Nosotros creemos que si no nos abocamos a entender la modernización, aunque se hagan algunos controles, vamos a tener una pesadilla muy seria, sobre todo en las elecciones municipales”, planteó.

La proclama electoral dictada por la JCE en una audiencia solemne estableció que “el día dieciséis (16) de febrero del año dos mil veinte (2020) se celebrarán las elecciones ordinarias generales municipales de la República Dominicana, y se reunirán al efecto en todo el territorio nacional las Asambleas Electorales para elegir el alcalde o la alcaldesa del Distrito Nacional y el vicealcalde o vicealcaldesa, los/as alcaldes/as municipales y sus vicealcaldes/as, los regidores de los Ayuntamientos y sus suplentes, así como los directores/as, subdirectores/as y vocales de los Distritos Municipales”.

Fue declarado abierto “el proceso electoral en la República Dominicana a partir de la presente de la presente Proclama, de manera exclusiva para los candidatos y candidatas del nivel municipal e igualmente los plazos relativos al depósito de pactos de alianzas o coaliciones municipales, así como candidaturas para este nivel de elección”, a la vez que la misma convoca a todas las organizaciones políticas reconocidas y a todos los ciudadanos dominicanos aptos para ejercer el sufragio, a concurrir y votar en las referidas elecciones, por las autoridades de los Ayuntamientos y juntas distritales, que ejercerán sus funciones durante el período constitucional 2020-2024.

Mario Núñez, director nacional de elecciones de la Junta Central Electoral, fue quien tuvo a cargo la presentación de lo que será el panorama electoral en términos de organización de las elecciones generales municipales del 16 de febrero de 2020, que involucra, hasta la fecha, que sean habilitados 16 mil 498 colegios electorales en 4 mil 324 recintos electorales.

Resaltó que los cargos electivos que se estarán definiendo en dichas elecciones incluyen 158 alcaldes/as, 158 vicealcaldes/as, 1,164 regidores, 1,164 suplentes, 235 directores/as, 235 subdirectores/as y 735 vocales, para un total de 3 mil 849 cargos electivos.

Núñez presentó los formatos preliminares para fines de discusión de las boletas electorales de las elecciones generales municipales de febrero de 2020, los cuales suman la cantidad de 399 formatos de demarcaciones municipales independientes. Hizo mención a los plazos legales concernientes al proceso de elecciones municipales que se encuentran establecidos en la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral.

A la vez, resaltó los criterios de implementación de la cuota de equidad de género que deben respetar las organizaciones políticas, de conformidad con las legislaciones antes mencionadas.Para las elecciones municipales del 2020 se habilitarán 16 mil 498 colegios electorales en 4 mil 324 recintos.
Para el certamen electoral del 16 febrero se definirán un total de 3 mil 849 cargos electivos a nivel nacional.
Las boletas electorales para los comicios municipales suman la cantidad de 399 formatos por demarcaciones.

 
 

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Abogado anuncia amparo contra director del Intrant por circulación de vehículos pesados en carril izquierdo

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La acción busca exigir el cumplimiento de la Ley 63-17 y de la Resolución 003-2026, que dispone que camiones, patanas y vehículos de carga circulen por el carril derecho

SANTO DOMINGO.– El abogado Julio de la Rosa Tiburcio anunció que interpondrá una acción de amparo de cumplimiento contra el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Juan Manuel Méndez, alegando falta de ejecución de las disposiciones que regulan la circulación de vehículos pesados por las carreteras y autopistas de República Dominicana.

La iniciativa procura que las autoridades hagan cumplir las disposiciones de la Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y de la Resolución núm. 003-2026, del 10 de febrero de 2026, que restringe el desplazamiento de camiones, patanas y otros vehículos de carga por el carril izquierdo.

De acuerdo con lo anunciado por el jurista, la acción judicial será presentada en las próximas horas con el propósito de obtener una decisión que obligue al organismo regulador a ejecutar efectivamente las medidas establecidas para este tipo de vehículos.

Vehículos pesados deben mantenerse en el carril derecho

La normativa establece como regla que los vehículos pesados y destinados al transporte de carga deben desplazarse por el carril derecho de las vías.

El uso del carril izquierdo queda reservado para las situaciones excepcionales contempladas por las disposiciones de tránsito, particularmente cuando resulte necesario realizar determinadas maniobras y estas puedan ejecutarse en condiciones de seguridad.

Para efectuar un rebase, además, el conductor debe contar con suficiente visibilidad y espacio para realizar la maniobra y posteriormente retornar al carril derecho sin generar peligro de colisión.

Las restricciones adquieren especial relevancia en pendientes, curvas, áreas con visibilidad reducida y lugares donde existan señales o demarcaciones que prohíban adelantar.

Multas de RD$10,000

La violación de las disposiciones contempladas para la circulación de estos vehículos conlleva, según la información suministrada, una multa de RD$10,000, equivalente a un salario mínimo del sector público centralizado, además de la correspondiente acumulación de puntos en la licencia de conducir.

La supervisión y aplicación de las medidas corresponde conjuntamente a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Intrant y la Comisión Militar y Policial (Comipol).

La anunciada acción de amparo coloca ahora el debate no solamente sobre el comportamiento de los conductores de vehículos pesados, sino también sobre la responsabilidad de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento efectivo de las normas de tránsito.

Una disposición con antecedentes

Las reglas relativas a la circulación de vehículos pesados por las vías dominicanas tienen antecedentes anteriores a la resolución emitida este año.

En julio de 2020, el entonces presidente Danilo Medina emitió el Decreto 258-20, que estableció lineamientos relacionados con la circulación y movilidad de vehículos de carga, disposiciones que posteriormente han servido de referencia para la regulación de este tipo de transporte.

La Resolución 003-2026 reforzó las restricciones al establecer expresamente la obligación de que los vehículos pesados permanezcan en el carril derecho, salvo las excepciones contempladas.

Seguridad vial vuelve al centro del debate

La eventual presentación del amparo podría llevar ante los tribunales la discusión sobre el grado de cumplimiento de las medidas adoptadas para ordenar la circulación de vehículos pesados.

El accionante pretende que el tribunal determine si las autoridades responsables han cumplido adecuadamente con las obligaciones establecidas en la legislación y en la resolución administrativa.

La controversia se produce en momentos en que la seguridad vial, el cumplimiento de las normas de tránsito y la fiscalización de los vehículos pesados continúan siendo asuntos de interés público en República Dominicana.

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RD realizará este martes Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto

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El ejercicio comenzará a las 10:00 de la mañana y pondrá a prueba protocolos de evacuación, coordinación institucional y un sistema de alertas mediante mensajes a teléfonos celulares

SANTO DOMINGO.– República Dominicana realizará este martes 8 de septiembre el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto 2026, un ejercicio de alcance nacional dirigido a fortalecer la capacidad de respuesta de la población y de las instituciones ante la eventual ocurrencia de un movimiento sísmico de gran magnitud.

La jornada está programada para comenzar a las 10:00 de la mañana y contará con la participación de instituciones públicas y privadas, centros educativos, organizaciones sociales, empresas y ciudadanos de diferentes puntos del territorio nacional.

El objetivo principal es que la población conozca cómo actuar ante un terremoto y pueda aplicar protocolos previamente establecidos, reduciendo la improvisación en una situación real de emergencia.

Sirenas y mensajes a celulares

El inicio del ejercicio será anunciado mediante sirenas, silbatos y altavoces. Además, las autoridades tienen previsto probar un sistema de mensajería instantánea destinado a enviar alertas a los teléfonos celulares durante situaciones de emergencia.

La iniciativa busca fortalecer los mecanismos de alerta y comunicación con la ciudadanía y comprobar su funcionamiento dentro de un escenario simulado.

Durante el ejercicio también serán evaluados los protocolos de activación, comunicación y coordinación de las instituciones que forman parte del sistema nacional de respuesta ante emergencias.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Edwin Olivares, destacó que los terremotos ocurren sin previo aviso, por lo que la organización y el conocimiento de las medidas de autoprotección resultan esenciales para reducir las consecuencias de estos fenómenos.

Según explicó, el ejercicio no se limitará a comprobar la capacidad para evacuar viviendas, comunidades o edificaciones, sino que permitirá evaluar integralmente los protocolos de actuación y la comunicación entre las instituciones.

Llamado al sector privado

Las autoridades también han puesto especial atención en la participación de las empresas y edificaciones privadas.

El director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), Leonardo Reyes Madera, exhortó a propietarios y responsables de edificaciones privadas a solicitar evaluaciones de vulnerabilidad de sus estructuras.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas sobre el ejercicio, estas revisiones son realizadas gratuitamente.

¿Qué hacer durante un terremoto?

La Defensa Civil recomienda contar previamente con un plan familiar de emergencia y practicar los procedimientos que deben seguirse ante un movimiento sísmico.

Durante un terremoto, la principal recomendación es mantener la calma, agacharse y protegerse la cabeza, buscando un lugar seguro.

Si resulta necesario abandonar una edificación, las autoridades recomiendan utilizar las escaleras y no los ascensores.

Quienes se encuentren dentro de edificaciones deben mantenerse alejados de ventanas, lámparas, armarios, libreros, estantes y otros objetos susceptibles de desprenderse o caer.

En lugares con grandes concentraciones de personas se recomienda evitar correr desesperadamente hacia las salidas, debido al riesgo de provocar caídas, aglomeraciones o avalanchas humanas.

Precauciones en calles y vehículos

Las personas que se encuentren en espacios abiertos deberán alejarse de postes eléctricos, edificios, árboles y muros.

En caso de estar conduciendo, la recomendación es detener el vehículo en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer en su interior, evitando estacionarse debajo o encima de puentes, elevados o pasos a desnivel.

Si el movimiento ocurre mientras se viaja en transporte colectivo, el conductor deberá detenerse en una zona segura y los pasajeros permanecer sentados hasta que las condiciones permitan continuar.

Prepararse antes de que ocurra una emergencia

El simulacro de este martes busca medir no solamente la capacidad de reacción de las autoridades, sino también el nivel de preparación de ciudadanos, familias, empresas e instituciones.

Las autoridades insisten en que, debido a que los terremotos no pueden predecirse con suficiente anticipación para realizar una evacuación preventiva, conocer los protocolos y practicarlos puede marcar una diferencia importante cuando ocurre una emergencia real.

Las personas e instituciones interesadas en participar pueden registrarse a través del portal oficial del Centro de Operaciones de Emergencias (COE)

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Endurecimiento migratorio gana terreno en Europa y República Dominicana

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Cinco países europeos avanzan hacia la creación de un centro de retorno fuera de la Unión Europea, mientras República Dominicana mantiene una política de deportaciones y refuerza los mecanismos de control migratorio

SANTO DOMINGO.– El endurecimiento de las políticas destinadas a enfrentar la migración irregular continúa ganando espacio tanto en Europa como en República Dominicana, aunque bajo modelos y circunstancias diferentes.

Mientras cinco países europeos trabajan para establecer fuera de la Unión Europea un centro destinado a recibir migrantes que ya no cuentan con autorización legal para permanecer en territorio comunitario, República Dominicana mantiene una política de interdicción, procesamiento, deportación y repatriación de extranjeros en situación migratoria irregular.

Europa busca trasladar migrantes a terceros países

Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria y Grecia han expresado su intención de alcanzar un acuerdo con un país ajeno a la Unión Europea para establecer un denominado “centro de retorno”.

De concretarse la iniciativa, las personas sobre las cuales exista una decisión de retorno podrían ser trasladadas a instalaciones ubicadas en un tercer país que haya aceptado recibirlas.

Dinamarca espera que los primeros traslados puedan comenzar durante 2027, aunque todavía no se ha identificado públicamente el país con el que se realizan las negociaciones.

La iniciativa se produce después de una reforma de la política europea de retornos. El esquema contempla que los acuerdos respeten los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de no devolución. Los menores no acompañados están excluidos de los traslados a estos centros.

Las disposiciones europeas también establecen garantías contra las expulsiones colectivas y disponen que, para menores no acompañados y familias con niños, la detención debe utilizarse como último recurso y durante el menor tiempo posible.

República Dominicana mantiene política restrictiva

En República Dominicana, el Gobierno del presidente Luis Abinader ha adoptado igualmente una posición restrictiva frente a la permanencia irregular de extranjeros, aunque mediante un sistema diferente al que proyectan los países europeos.

Las autoridades dominicanas realizan directamente operativos de interdicción, depuración y devolución, principalmente hacia Haití.

La política migratoria fue reforzada a partir de las 15 medidas anunciadas por el Gobierno en abril de 2025, entre ellas el incremento del personal destinado a la vigilancia fronteriza, la ampliación de la verja perimetral, la incorporación de nuevos agentes migratorios y mayores controles en los mercados binacionales.

También fueron planteadas medidas dirigidas a endurecer las consecuencias contra el tráfico ilícito de migrantes y quienes faciliten la permanencia irregular.

Más de 250 mil extranjeros procesados en 2026

La dimensión de las operaciones migratorias queda reflejada en las estadísticas atribuidas a la Dirección General de Migración.

De acuerdo con los datos recogidos en la información suministrada, durante 2026 habían sido deportados o repatriados 250,429 extranjeros en condición migratoria irregular, de los cuales 186,139 correspondían a deportaciones y 64,290 a repatriaciones.

Los extranjeros detenidos durante los operativos son trasladados a centros de procesamiento para fines de registro y depuración. Haina, Dajabón, Elías Piña y Santiago figuran entre los puntos que concentran estos procedimientos.

Inteligencia artificial llega al control migratorio

Uno de los elementos novedosos de la estrategia dominicana es la incorporación de nuevas tecnologías.

Migración prepara en Dajabón un sistema de registro biométrico y reconocimiento facial apoyado en herramientas de inteligencia artificial, destinado a controlar el movimiento de personas durante los mercados binacionales.

La incorporación de estas herramientas agrega una nueva dimensión al debate migratorio, debido a que el uso de sistemas biométricos y de inteligencia artificial también plantea cuestiones relacionadas con privacidad, protección de datos, proporcionalidad y derechos fundamentales.

Menores reciben tratamiento diferenciado

Otro componente de la política dominicana está relacionado con los niños, niñas y adolescentes involucrados en procesos migratorios.

La Dirección General de Migración sostiene que aplica un tratamiento diferenciado a los menores y que trabaja conjuntamente con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia y Unicef en protocolos de identificación, atención y protección.

Dentro de esas medidas se contempla la existencia de espacios seguros separados de las áreas generales de retención, así como atención psicosocial, servicios sanitarios, espacios recreativos y asistencia médica.

Dos realidades distintas con una tendencia común

Europa y República Dominicana enfrentan fenómenos migratorios con características diferentes. Sin embargo, las políticas que actualmente desarrollan presentan un elemento común: incrementar la capacidad del Estado para retornar a las personas que carecen de autorización legal para permanecer en su territorio.

La diferencia estará también en la manera en que esas políticas logren conciliar el control de las fronteras y el cumplimiento de las leyes migratorias con las garantías del debido proceso, la dignidad humana, la protección de los menores y los demás derechos fundamentales.

En Europa, el próximo paso será determinar qué tercer país aceptará albergar el centro de retorno proyectado por los cinco gobiernos. En República Dominicana, mientras tanto, el desafío continuará siendo administrar una presión migratoria particularmente compleja sin abandonar las garantías jurídicas que deben acompañar la actuación del Estado.

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