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El uso o no del voto automatizado se sabrá el jueves.

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El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) tras dictar la proclama que dejó abierto el proceso electoral de cara a los comicios municipales del 2020 y asegurar que ese certamen se realizará el 16 de febrero tal como se ha pautado,  convocó para el próximo jueves a las 10:00 de la mañana a todos los actores políticos del país para debatir en una audiencia pública si es pertinente o no el uso del voto automatizado en ese proceso.

Julio Çésar Castaños Guzmán al concluir ayer el acto de proclama y de presentación del panorama electoral para las elecciones de febrero próximo, esbozó su parecer sobre lo complicado que se vislumbraría el escenario electoral con el uso de boletas físicas en los comicios del 2020 y volviéndose también al conteo a mano de los votos.

Mientras Castaños Guzmán expresó su punto de vista como titular del órgano electoral, a la vez dijo que aunque se decida volver al uso de boletas y al antiguo escrutinio de los votos, esa no sería la razón para detener las elecciones municipales del 2020.

Sostuvo que ante este escenario, la JCE, en un ejercicio de responsabilidad con el país, tiene que abocarse a una reunión pública en la que los partidos discutan los distintos pareceres en lo referente al voto automatizado, por considerar que la población no puede vivir de espaldas a las cosas que se hacen.

“El país, haciendo un ejercicio de responsabilidad, tiene que avocarse a tener la semana que viene una reunión donde se discuta públicamente el asunto del voto automatizado. Que se discuta públicamente y que los argumentadores que está en contra digan por qué y públicamente sean rebatidos por lo que está de acuerdo con él, el país no puede vivir de espaldas a las cosas que se hacen sin que el país tenga conocimiento y por eso estamos convocando formalmente a una audiencia de trabajo el día catorce de noviembre, que es el jueves de la semana que viene a las diez de la mañana”, manifestó.

Julio César Castaños Guzmán refirió enfáticamente que sería una irresponsabilidad de la Junta si no se dijera en este momento que las róximas elecciones suponen con este tipo de método “un auténtico desafío y reto”.

“Yo, según escuchaba al director de Elecciones (quien explicó el panorama de las elecciones municipales), con todo el respeto, yo pensaba dentro de mí que cómo va a ser eso, cómo dentro de cien días nosotros vamos a convetir una empresa de esa naturaleza. Nosotros seríamos unos irresponsables si no dijéramos hoy claramente que eso sería una empresa demandante y que en cien días, para una institución como esta, eso verdaderamente es un auténtico desafío y reto”, afirmó.

Finalizada la lectura de la proclama y de los detalles de organización del proceso venidero, el magistrado explicó que en elecciones pasadas no se tenía una situación como la que se tiene actualmente, respecto a los 235 espacios de cómputos, de discernimiento político y de soberanía municipal.

Posterior a la convocatoria del próximo jueves, la Junta pautó otro encuentro para el martes 12 de noviembre a las 3:00 de la tarde con los delegados técnicos y delegados de partidos políticos reconocidos a una reunión de trabajo, a los fines de tratar aspectos concernientes al inicio de los trabajos de la auditoría forense al sistema de voto automatizado que hará la empresa Deloitte, con quien la institución de comicios firmó el pasado jueves un contrato.

Los temas que la institución especificó para tratar, incluyen la planificación, inicio del Proyecto (Kick -off) y selección de la muestra del 5% de los equipos del Sistema de voto automatizado a auditar.

Al ser entrevistados al respecto, los distintos delegados y líderes de los partidos que asistieron a la audiencia solemne, expusieron los puntos de vistas de cada una de las organizaciones que representan.

El delegado político del PRM, Orlando Jorge Mera, dijo que la auditoría que se hará era un reclamo de distintos sectores de la vida nacional y por lo tanto saludó el contrato. Señaló que para que el sistema democrático de esta nación sea saludable es importante que se determine la verdad que despeje cualquier duda sobre el sistema.

De su lado, el delegado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Ramón Fadul (Monchy), reiteró el respaldo de su organización a la implementación del voto automatizado y a todo el accionar del órgano electoral.

En cambio, el delegado político del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Miguel Vásquez, vaticinó que si las organizaciones no se abocan a entender la modernización en el país se va a vivir una pesadilla muy seria, sobre todo en estas elecciones municipales. “Nosotros creemos que si no nos abocamos a entender la modernización, aunque se hagan algunos controles, vamos a tener una pesadilla muy seria, sobre todo en las elecciones municipales”, planteó.

La proclama electoral dictada por la JCE en una audiencia solemne estableció que “el día dieciséis (16) de febrero del año dos mil veinte (2020) se celebrarán las elecciones ordinarias generales municipales de la República Dominicana, y se reunirán al efecto en todo el territorio nacional las Asambleas Electorales para elegir el alcalde o la alcaldesa del Distrito Nacional y el vicealcalde o vicealcaldesa, los/as alcaldes/as municipales y sus vicealcaldes/as, los regidores de los Ayuntamientos y sus suplentes, así como los directores/as, subdirectores/as y vocales de los Distritos Municipales”.

Fue declarado abierto “el proceso electoral en la República Dominicana a partir de la presente de la presente Proclama, de manera exclusiva para los candidatos y candidatas del nivel municipal e igualmente los plazos relativos al depósito de pactos de alianzas o coaliciones municipales, así como candidaturas para este nivel de elección”, a la vez que la misma convoca a todas las organizaciones políticas reconocidas y a todos los ciudadanos dominicanos aptos para ejercer el sufragio, a concurrir y votar en las referidas elecciones, por las autoridades de los Ayuntamientos y juntas distritales, que ejercerán sus funciones durante el período constitucional 2020-2024.

Mario Núñez, director nacional de elecciones de la Junta Central Electoral, fue quien tuvo a cargo la presentación de lo que será el panorama electoral en términos de organización de las elecciones generales municipales del 16 de febrero de 2020, que involucra, hasta la fecha, que sean habilitados 16 mil 498 colegios electorales en 4 mil 324 recintos electorales.

Resaltó que los cargos electivos que se estarán definiendo en dichas elecciones incluyen 158 alcaldes/as, 158 vicealcaldes/as, 1,164 regidores, 1,164 suplentes, 235 directores/as, 235 subdirectores/as y 735 vocales, para un total de 3 mil 849 cargos electivos.

Núñez presentó los formatos preliminares para fines de discusión de las boletas electorales de las elecciones generales municipales de febrero de 2020, los cuales suman la cantidad de 399 formatos de demarcaciones municipales independientes. Hizo mención a los plazos legales concernientes al proceso de elecciones municipales que se encuentran establecidos en la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral.

A la vez, resaltó los criterios de implementación de la cuota de equidad de género que deben respetar las organizaciones políticas, de conformidad con las legislaciones antes mencionadas.Para las elecciones municipales del 2020 se habilitarán 16 mil 498 colegios electorales en 4 mil 324 recintos.
Para el certamen electoral del 16 febrero se definirán un total de 3 mil 849 cargos electivos a nivel nacional.
Las boletas electorales para los comicios municipales suman la cantidad de 399 formatos por demarcaciones.

 
 

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Tras csi 70 años TSA cancela concesión minera a Falcondo.

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Santo Domingo.- Los contratos de concesion minera suscritos en el Estado dominicano y la Falcombridge Dominicana, S.A. (Falcondo) fueron cancelados por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), poniendo fin a una relación contractual de casi siete décadas sobre la concesión Quisqueya I, ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del TSA, presidida por el magistrado Antonio O. Sánchez Mejía e integrada por los jueces Úrsula J. Carrasco Márquez y Edward A. Abreu, mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, de fecha 12 de agosto de 2026.

El fallo alcanza los contratos suscritos el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969.

La acción fue interpuesta en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), en representación del Estado dominicano, tras identificarse incumplimientos relacionados con la explotación de los yacimientos, obligaciones económicas y laborales, así como con la presentación de informes técnicos exigidos por la legislación minera.

Entre los elementos valorados por el tribunal figura la paralización de las operaciones productivas de Quisqueya I desde el 17 de noviembre de 2023, conforme a una certificación de la Dirección General de Minería.

El TSA también tomó en cuenta que Falcondo no presentó los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.

La terminación de los contratos se produce en medio de una crisis marcada por el cese abrupto de las operaciones de Falcondo.

Tras la paralización de noviembre de 2023, la empresa entró en una etapa de cuidado y mantenimiento, sin ejecutar un plan de cierre ordenado, situación que derivó en la desvinculación de trabajadores y en incumplimientos de compromisos con empleados, contratistas y suplidores locales.

En 2024, más de 900 trabajadores fueron desvinculados y recibieron sus prestaciones laborales mediante la intervención del FONPER, en representación del Estado dominicano.

A estos se sumó un grupo de exempleados cuyos contratos fueron terminados en marzo de 2026 y que mantiene reclamaciones laborales pendientes que, según sus voceros, ascienden a unos RD$300 millones.

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Propietarios de Vidal Plast, acusados de explosión en San Cristóbal, son declarados no culpables

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Santo Domingo, R.D.-No culpables fueron declarados los propietarios de la empresa Vidal Plast por el Segundo Tribunal Colegiado de San Cristóbal, quienes estaban acusados de la explosión en la provincia San Cristóbal que dejó un saldo de 38 fallecidos el 14 de agosto de 2023.

La jueza Wilma Altagracia Cuello descargó a los imputados, Edward Armando Vidal Garrido, su esposa, Maribel Sandoval Almánzar, y su hija, Mercedes Altagracia Vidal, quienes son propietarios de Vidal Plast.

Al salir de la audiencia, los familiares de las víctimas de la tragedia se mostraron a favor de la decisión de la magistrada, al considerar que la familia Vidal no era la responsable de los hechos que se le imputaban.

Ante esto, pidieron que se inicie una nueva investigación con el fin de dar con los “verdaderos responsables” de la explosión que dejó más de una decena de heridos.

“Que caigan los verdaderos culpables, que nuestros familiares puedan por lo menos descansar en paz. La fiscalía elaboró una narrativa equivocada y de mala fe. Los Vidal no tenían nada que ver con eso, a los demás que estaban involucrados nunca los mencionaron”, expresaron los familiares.

En 2023, tras ser acusada por el Ministerio Público, la empresa Vidal Plast expresó su “gran sorpresa e indignación” por la responsabilidad que se le atribuye en un comunicado del Ministerio Público y resaltó que “somos una empresa familiar que, con apego a las leyes, desde 2003 se dedica a la compra y venta de materiales plásticos que reciclamos convirtiéndolos en materia prima”.

La explosión en San Cristóbal se registró alrededor de las 3:10 de la tarde del 14 de agosto de 2023. Los bomberos explicaron que se creó una deflagración de llamas que generaron ondas expansivas hacia los laterales y hacia el techo del comercio ubicado en la calle Padre Ayala, casi esquina J. Peynado, epicentro del evento.

El siniestro dejó un saldo de 38 las víctimas, 59 personas que sufrieron lesiones de leves a graves, más de 12 viviendas afectadas y al menos 70 negocios afectados.

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El destituido director de la PN sólo duró seis meses en la dirección de la Policía Nacional

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Santo Domingo, R.D.-Andres Modesto Cruz Cruz, destituido director de la Policia Nacional, sólo duró seis meses en el cargo, quien además fue colocado en estado de retiro tras el cese de sus responsabilidades.

Su gestión termina marcada por dos hechos que han sacudido al país. Uno de ellos es el paro en el municipio de Navarrete, que inicialmente fue convocado por 48 horas, sin embargo, se extendió por 24 horas más ante la falta de respuestas a los reclamos planteados por los sectores.

La protesta se realizó con el fin de que las autoridades brinden soluciones a los problemas que, según los grupos populares, afectan a las comunidades de Navarrete. Entre las denuncias que los comunitarios realizan están la falta de agua potable, la terminación y reubicación del vertedero municipal y la mejora del servicio eléctrico.

Sin embargo, tras las 72 horas de protestas, los grupos populares decidieron levantar el paro y conceder un plazo de 15 días para esperar el desarrollo de las conversaciones con las autoridades. Concluida la espera, evaluaran las respuestas y determinaran las acciones que asumirán en caso de que sus demandas no sean atendidas.

Asimismo, un hecho que marcó el quinto mes de Modesto Cruz y, que dio inicio a debates sobre los protocolos policiales y el uso de la fuerza, fue la muerte de Darlin Mercado Reyes: un joven de 19 años, residente del sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, que falleció tras resultar herido de bala durante una actuación policial.

Posteriormente, Mercado se acercó al agente para indicarle que el vehículo era de su propiedad y, es en ese momento, cuando sin mediar palabras, le disparó en el tórax ocasionándole la muerte de manera instantánea.

Más tarde, los agentes observados en el video fueron suspendidos y, durante el conocimiento de la medida de coerción, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Moreta. El imputado fue llevado a una celda de máxima seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

Modesto Cruz Cruz asumió el cargo el 17 de febrero del año en curso luego de haberse desempeñado como inspector general de la Policía. En el momento, había sustituido al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta quien, tras su salida, fue designado como asesor del presidente en materia policial.

Dentro de las funciones que desempeñó Modesto, previo a su labor como director, se encuentran la de director central de Asuntos Internos (DICAI), director regional Sur y subinspector general. Además, formó parte de posiciones en recursos humanos, protección y servicios especializados, seguridad preventiva y dependencias operativas.

Obtuvo reconocimientos como la medalla al mérito del servidor público, merito aéreo distintivo azul y la orden al mérito naval. De igual forma, recibió cartas de felicitaciones por su desempeño durante procesos electorales y operativos preventivos de alcance nacional.

Al asumir el cargo, Cruz se había comprometido a continuar el trabajo de Peralta en cuanto a la reducción de la tasa de criminalidad. Aseguró que en su gestión sus ejecutorias laborales no procurarían la acumulación paulatina de poder y posiciones jerárquicas.

Con la nueva designación queda derogado el artículo 1 del Decreto número 111-26, del 17 de febrero del 2026, mediante el cual había sido designado al ex director Andrés Modesto Cruz Cruz.

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