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Luís Abinader y Eduardo Estrella son proclamados por DXC como candidatos a la presidencia y la senaduría de Santiago.
Luís Abinader y Eduardo Estrella fueron proclamados este domingo como candidatos a la presidencia de la República y la senaduría de la provincia de Santiago por el Partido Dominicanos por el Cambio (DXC), respectivamente, en un acto que tuvo lugar en el hotel Gran Almirante de la segunda ciudad en importancia del país.
En su discurso el aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados, Luis Abinader, afirmó hoy que su partido y Dominicanos por el Cambio comparten el firme compromiso de darle un corte radical a la impunidad y la corrupción en la gestión pública y de gobernar y legislar en favor del bien común
Subrayó que la lucha en contra de la corrupción es para acabar con el robo de los recursos del Estado, porque un robo en un ministerio o en cualquier institución pública, es un robo contra todos, contra la salud, la educación, el medio ambiente, un robo que se hace a la construcción de acueductos, para que haya menos carreteras, menos puentes y menos calles asfaltadas, en fin, es un robo de la esperanza de un futuro mejor.
La honestidad y la transparencia son valores que dieron origen a la creación de DxC, y no podía ser de otra manera, porque también son los valores que sobresalen en la vida pública de su fundador Eduardo Estrella.
“Eduardo no sólo es Estrella por su apellido también merece ese adjetivo porque brilla como ciudadano, como profesional, como esposo y padre; y sobre todo, como político”, puntualizó Abinader al dirigirse a miles de dirigentes y simpatizantes de ambos partidos.
“El pasado de Eduardo sin duda está lleno de honor y decencia, pero a su estrella política le queda mucho brillo también para el futuro; y para nuestra suerte, esa luz iluminará junto a nosotros el camino del cambio hacia la victoria inevitable en el 2020.
“Eduardo Estrella es nuestro candidato a Senador por la provincia de Santiago; y su candidatura es una muestra de nuestro compromiso con la regeneración moral de la actividad política.
“Los políticos somos por definición los que actuamos en representación del pueblo soberano desde las instancias públicas. Recibimos la confianza de aquellos que votan por nosotros; y solo debemos gobernar mientras mantengamos esa confianza”, dijo Abinader en su discurso.
Agregó que los políticos que se entregan al inútil juego del poder comienzan a actuar sin principios para tratar de mantenerlo a toda costa. Los políticos así, que trafican con influencia, que cabildean, que sobornan, que no tienen principios, están condenados.
Hoy en República Dominicana necesitamos un cambio, un cambio principalmente moral de la política, que termine con las estructuras sociales viciadas, carcomidas por el dolo, por la riqueza mal habida y la complicidad de la más descarada impunidad.
“Nosotros creemos en una política con principios, accesible y cercana a la ciudadanía; transparente y que rinda cuentas; que premie la capacidad y el mérito; participativa, plural y diversa; abierta al diálogo; y que, ¡por fin!, se preocupe por el bien común sobre el interés particular”, resumió.
La concurrencia desbordó salones y pasillos del hotel Gran Almirante, en un acto que tuvo un aire festivo y de gran emotividad, contando con la presencia del ex presidente Hipólito Mejía, el ex senador Jesús Vásquez Martínez, y personalidades de Santiago y la región. Las palabras de bienvenida a cargo de Francisco Vásquez, mientras que Orlando Zacarías y Chiqui Checo, hablaron en representación de los jóvenes y las mujeres de DxC.
Hubo una aplaudida participación musical, antes de los discursos de Abinader y Estrella, quienes estuvieron acompañados por sus esposas Raquel Arbaje, y Arelis Cruz y la madre de Abinader, doña Sula Corona, viuda Abinader.
Estuvieron Eléxido Paula, Antonio Taveras aspirante a senador de la provincia Santo Domingo, Manuel Robles, quien podría ser candidato a senador de la Gran Coalición Electoral por el Cambio, Emmanuel Esquea Guerrero, Armando Crespo, ex presidente del CODIA y Carlos Fernández.
También el destacado dirigente del cooperativismo nacional, economista Eddy Álvarez, el empresario Mario Fernández, el comunicador y destacado dirigente reformista George Rodríguez (Yoryi), entre otras personalidades nacionales.
Estrella: no aprobare proyectos sin leerlos y Eduardo aseguró que no será una figura decorativa en el Congreso, ni un sello gomígrafo como ha sido la costumbre en los últimos años, aprobando préstamos sin leerlos, de manera irresponsable. Los santiagueros tendrán en el Senado un doliente, seré un interlocutor permanente de las demandas de los habitantes que componen los municipios y distritos municipales de esta gran provincia.
Dijo que asumirá como estandartes de su gestión el establecimiento de un poder judicial independiente, la aprobación de las leyes del Primer Empleo, Protección al Envejeciente, y vocero de los diferentes sectores de Santiago que por años vienen demandando, se le asigne mayor dinero en el presupuesto para las obras prioritarias a esta provincia.
A manera de ejemplo, Santiago aporta el 14% del PIB, no obstante el gobierno apenas le asignó el 6% de lo contemplado para obras en el año 2019 y peor aún, el próximo año solo contempla destinar el 2.7%, que representa la irrisoria suma de 1,700 millones de pesos, ilustró.
“El Cibao necesita atención, tengo como una de mis metas, abogar por proyectos que beneficien a toda la región, tomando en cuenta siempre la preservación del medio ambiente, como la urgente construcción a cuatro vías de la carretera a Puerto Plata y la tan esperada ampliación del muelle de Manzanillo, obra vital para el aumento de las exportaciones y reducción del tiempo de transporte hacia nuestro mayor socio comercial, los Estados Unidos de Norteámerica.
Estrella encareció a Abinader terminar la construcción del hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón; la finalización del hospital Regional José María Cabral y Báez, y la completa remodelación del hospital de Maternidad Estrella Ureña. “Los hospitales públicos de Santiago son un desastre por la negligencia y falta de sensibilidad de las autoridades actuales. De nuestra parte asumiremos el rol de fiscalizador que le corresponde al Congreso Nacional”, sintetizó.
Exhortó al pueblo a respaldar las y los candidatos del PRM y sus aliados, “y darle a este hombre”, dijo señalando a Luis, “la oportunidad de dirigir los destinos del país, pues es un ser humano que no te ha mentido, que no te ha engañado y sobre todo tiene el compromiso, la firme decisión y el coraje, de acabar con el desorden, la impunidad y la incompetencia que hoy arropa y carcome la mayoría de las instituciones del Estado dominicano.
“¡Recojan!”, ironizó como acostumbren a proclamar los fanáticos cibaeños cuando el juego de béisbol cierra con una clara victoria a su favor, refiriéndose a los altos funcionarios del gobierno del PLD ante la inminencia de que a partir del 16 de agosto entren a dirigir el país Luis Abinader y el Gobierno del Cambio.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.