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¿ Divorcio de Leonel y Margarita es político, emocional y legal?.
La interrogante en la sociedad dominicano es si el divorcio de Leonel Fernández y Margarita Cedeño se queda solo en el marco político o si llega también a lo emocional y legal.
Esto así, porque las tradiciones dominicanas, sobre todo las religiosas, envían el mensaje que cuando se producen circunstancias como las que han ocurrido entre estas dos figuras casi siempre la dama se acoge a lo decidido por el esposo, porque de lo contrario se podría interpretar como deslealtad de uno hacia el otro.
Lo cierto es que Margarita Cedeño de Fernandez, quien logró su nombradía pública por su marido, se ha metido en su cabeza que sus pretensiones presidenciales están por encima hasta de su unión familiar y matrimonial, pese a que no se puede negar que ella tiene derecho a escoger un camino diferente al de su esposo.
La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, ha decidido crear su propio camino político y se distancia políticamente de su esposo, el expresidente Leonel Fernández, quien abandonó el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tras ser derrotado en unas primarias, “en las que se adulteró la voluntad del pueblo”, según dijo.
La decisión de Fernández dejó a Margarita Cedeño en la encrucijada de entre seguirlo o quedarse en el Gobierno. Por el momento, ha elegido quedarse en el Gobierno.
Doña Margarita atendió a esa dicotomía en fecha del 22 de octubre cuando emitió un comunicado en Instagram indicando: “En lo relativo a la situación política actual, quiero dejar claro que mis funciones como vicepresidenta y la confianza que he recibido del presidente Danilo Medina para dirigir el Gabinete Social no están en discusión alguna. Seguimos trabajando sin descanso y con dedicación por el progreso social y el desarrollo con inclusión en la República Dominicana”. Así expresaba sus pretensiones de seguir en el poder.
A esto se suma que Cedeño ha continuado como un miembro activo de las reuniones del Comité Político (CP) del PLD, asiento que le toca por su condición de vicepresidenta del país. Pero toma más valor cuando es elegida como secretaria de Educación del PLD, una de las funciones abandonadas por leonelistas. En el CP del PLD se han decidido las acciones contra Leonel Fernández entre las que se incluyen impedir por las vías legales que el exmandatario sea candidato presidencial.
De las promesas que Leonel Fernández hizo al salir del PLD y formalizar el partido “La Fuerza del Pueblo” está la más radical: “Sacar al danilismo del Gobierno”, un ataque directo a los intereses de Margarita Cedeño, como vicepresidenta de la nación.
Fernández también ha cuestionado el proceso electoral de las primarias, atacando directamente el voto automatizado, como uno de los componentes de lo que ha considerado como fraude electoral. El expresidente declaró la aplicación del voto automatizado como un proceso no exitoso en la República Dominicana.
“Tenemos muchas objeciones a las primarias, se había establecido que en las primarias con voto automatizado era un proyecto piloto, y que si ese proyecto piloto resultaba exitoso entonces se aplicaría para las generales. No resultó exitoso, de manera que esa es una situación que no hace posible el que sea con el voto automatizado”, dijo Fernández en fecha del 31 de octubre.
Las declaraciones de Margarita Cedeño de fecha del 13 de noviembre en las que favorece el voto automatizado se alinean con el Partido de Liberación Dominicana (PLD), quien aprueba el uso del voto automatizado en los próximos dos torneos electorales, del 16 de febrero y del 17 de mayo de 2020.
“En esta era digital creo que volver atrás hacia la boleta y el conteo manual sería muy, muy complicado, de lo que sí podemos estar muy conteste, muy de acuerdo es que, además del voto automatizado pues se pueda contar el cien por ciento de la boleta”, declaró Margarita Cedeño.
La cercanía de Margarita Cedeño hacia el danilismo quedó sellada con un sentido mensaje expresado en el cumpleaños del presidente Medina.
“Mis mejores deseos para el compañero y presidente Danilo Medina en su cumpleaños, que el Señor le siga colmando de sabiduría, salud y larga vida; y que derrame infinitas bendiciones sobre Usted y toda su familia”, escribió.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.