Opinión
Penosa caída de Evo Morales
Por Juan Bolívar Díaz
La abrupta caída del gobierno de Evo Morales, el primer indígena presidente, tras una serie de desaciertos políticos que incluyeron un auténtico fraude electoral, es un capítulo penoso del macondismo latinoamericano, que sume a Bolivia en profunda crisis institucional, y deja una lección para políticos y gobernantes.
Es justo deplorar este final de un gobernante que había reivindicado la raza originaria, preterida durante los cinco siglos, aunque constituye más de la mitad de la población boliviana, y sobre el 90 por ciento sumado el mestizaje, que rescató también la riqueza de hidrocarburos, multiplicando siete veces sus ingresos, y auspició políticas de inclusión social, y redistribución que redujeron la pobreza a menos de la mitad. Sus 14 años de gobierno constituyen el mayor período de estabilidad político-social, crecimiento económico y prosperidad de Bolivia. No se le vinculó a la rampante corrupción latinoamericana ni fue un dictador ni persecutor de opositores.
Pero para ser rigurosos, lo ocurrido el domingo no fue un clásico golpe de estado, aunque con algunos de sus componentes, porque también hubo algo de autogolpe, derivado del abuso con que Evo quiso mantenerse a toda costa en el poder, manipulando la institucionalidad democrática, hasta incurrir en un escandaloso fraude electoral, minuciosamente documentado por una amplia y muy diversa misión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Evo fue víctima del mesianismo y el caudillismo latinoamericano que constituye en insustituibles a líderes y gobernantes. Tras 14 años de gobierno, se buscaba a cualquier precio un cuarto período. Fue incapaz de promover sucesores, aunque tuvo colaboradores de alta categoría como su mismo vicepresidente Alvaro García.
Electo por primera vez en el 2005, con el 54 por ciento de la votación, auspició una nueva Constitución que le permitió reelegirse en el 2009; una cláusula transitoria establecía que sólo sería posible esa vez, pero luego se buscó una complaciente interpretación constitucional que le permitió una tercera elección en el 2013. No conforme, ya para el 2015 andaba en búsqueda de otra reforma constitucional, decidiendo someterla a un plebiscito, contando con la mayoría sobre el 60 por ciento de sus dos elecciones anteriores. Pero el electorado ya dio muestras de fatiga ante el relajo constitucional y el 51.3 por ciento le dijo que no. Apeló de nuevo a la interpretación y encontró jueces complacientes que dictaminaron que su derecho a la reelección estaba por encima de su Constitución. Candidato para la elección del 20 de octubre, buscando el cuarto período, Evo era consciente de la merma de su apoyo, marcado por el resultado del plebiscito y las encuestas. Tenía que ganar en primera vuelta, lo que era posible superando por 10 puntos al segundo, si lograba pasar del 40 por ciento. Al computarse el 81 por ciento, cuando sólo registraba 7 puntos de ventaja, se dejó de transmitir resultados por 16 horas, y al reanudarse quedó a centímetros de la meta, que alcanzó en el último 5 por ciento del escrutinio.
Tras dos semanas de protestas y violencia, a la defensiva ante la opinión pública nacional e internacional, Morales accedió a que una misión de la OEA realizara una auditoría técnica al proceso electoral, cuyo informe preliminar presentado el domingo es minucioso en detalles que configuran un fraude electoral. Se comprobó alteración y falsificación de actas, que parte del procesamiento se hizo fuera de los locales electorales, que resultados fueron redirigidos a un servidor no oficial, y graves fallos y abusos tecnológicos, en la cadena de custodia de los documentos electorales, en la integridad de las actas y en las proyecciones estadísticas. El 38 por ciento de 178 actas de la votación en Argentina presentaron inconsistencias, como mayor número de votos que de votantes.
El mismo domingo, cuando la OEA recomendó repetir la elección, Evo lo aceptó, lo que implícitamente era una aceptación del fraude electoral. Se multiplicaron las protestas y los actos de violencia y ahí llegó la recomendación militar de que renunciara. Lo hizo sin estar obligado, lo que hubiese podido evadir de haber mantenido el apoyo mayoritario.
Tras la documentación del fraude, correspondía que junto al anuncio de nuevas elecciones, Evo declinara repostularse, abriendo espacio a que otro de los suyos lo pudiera relevar, lo que pudo evitar su penoso final y el desastre institucional. Si no se puede justificar la petición militar, mucho menos el fraude electoral, pues ambas cosas quedan indisolublemente vinculadas. El relajo constitucional y la adicción al poder fueron las causas mediatas e inmediatas de este penoso final. Frente a Evo, como ante Maduro, Daniel Ortega o Danilo Medina, hay que sustentar los valores democráticos y el rechazo al abuso del Estado y el fraude electoral. Aunque duela.-
Por Isaías Ramos
Es alarmante observar al Presidente de la República dirigiéndose a la nación semanalmente, omitiendo nuestros símbolos patrios. Esta actitud puede interpretarse como un intento consciente de crear una identidad nacional más «inclusiva», desasociada de nuestra historia y cultura. Sin embargo, esta postura se vuelve aún más preocupante al actuar en contra de los intereses de la patria y del bienestar nacional.
El gobierno ha adoptado un «lenguaje orweliano», donde las discrepancias entre lo que se dice y lo que se hace son evidentes. La distorsión de la verdad y el ocultamiento de la realidad parecen ser virtudes, creando una desconexión entre promesas y resultados.
No basta con reducir los gastos públicos; es imperativo garantizar la transparencia en la gestión de los recursos. Recortar presupuestos sin explicar el uso de más de 40 mil millones de dólares en préstamos es inaceptable. El pueblo dominicano merece saber a dónde ha ido ese dinero y por qué la deuda sigue creciendo. Cada semana, el país se endeuda sin rendición de cuentas, convirtiendo esta falta de claridad en una burla hacia la ciudadanía.
La reciente reforma de gasto público anunciada para «hacer un Estado más eficiente» genera inquietud. En lugar de mejorar, parece que se busca disminuir el gasto en servicios sociales y privatizar servicios básicos. Aunque se argumenta que las fusiones administrativas optimizarán recursos, numerosos estudios demuestran que estas reestructuraciones suelen generar costos adicionales a corto plazo, como el reentrenamiento del personal.
La unión del sistema educativo, aunque en teoría podría ser ventajosa, puede resultar problemática debido a las diferencias estructurales y culturales entre los niveles educativos. El éxito educativo no depende solo de estructuras, sino de inversiones directas en capacitación docente y en infraestructura escolar adecuada.
Estas medidas revelan una tendencia de la partidocracia a encadenar al pueblo dominicano, transformando su voz en un eco de intereses ajenos. No es la reducción de gastos lo que el pueblo exige; se pide transparencia. La población está dispuesta a pagar impuestos siempre que sus derechos económicos y sociales estén garantizados y se detalle cómo se invierten los recursos.
Un ejemplo ilustrativo es el caso de Argentina, donde, tras el endeudamiento de 35 mil millones de dólares en 1984, se descubrió que 19 mil millones fueron transferidos al exterior. La falta de transparencia y una mala gestión del endeudamiento tuvieron consecuencias severas. Este caso debe servir como advertencia; la rendición de cuentas es fundamental para fortalecer la democracia y mejorar la relación entre el Estado y sus ciudadanos.
En el Frente Cívico y Social creemos que la responsabilidad y el futuro de la nación están en juego. Las iniciativas del Poder Ejecutivo deben ser vistas con cautela ante promesas poco realistas sobre ahorros derivados únicamente de fusiones ministeriales. Es imperativo abogar por políticas públicas fundamentadas en evidencia concreta de sus beneficios antes de aceptar cualquier narrativa simplista sobre «ahorros» mágicos.
Hacemos un llamado a la acción para luchar por la transparencia y el bienestar del pueblo dominicano. Exigimos un gobierno que no solo escuche, sino que también rinda cuentas. Un pueblo unido por una causa justa jamás podrá ser derrotado.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Debido a que el propósito de la Corte Penal Internacional es servir como complemento para las jurisdicciones penales nacionales, generalmente la CPI no será competente y por ende no investigará o enjuiciara si un Estado Parte ya está investigando o procesando el mismo caso.
No todos los Estados están posibilitados para llevar a cabo una investigación, particularmente si están involucrados en conflictos armados que causan el colapso del sistema judicial.
Los redactores del Estatuto de Roma percibieron que algunos Estados podrían llevar a cabo juicios ¨falsos¨, los cuales no satisfaría el interés de una justicia internacional.
El Estatuto de Roma establece algunos procedimientos que permiten que la Corte se informe sobre las investigaciones y procesos en los en los Estados, para asegurar así que la Corte no está duplicando los esfuerzos auténticas de los Estados en el enjuiciamiento de los crímenes de la competencia de la Corte, y así permitir que la Corte fiscalice cualquier investigación o juicio que le concierne.
Las condiciones bajo las cuales la Corte Penal Internacional asumirá su competencia están establecidas en el artículo 17 del Estatuto de Roma, el cual será discutido a fondo por los Estados Partes en los procesos internos de complementariedad llevados a cabo por estos.
En el contexto de los procedimientos relevantes del Estatuto de Roma, una vez que se remita a la Corte una situación que requiera atención de la Corte Penal Internacional, o una vez que el Fiscal de la CPI identifique la aparente comisión de un crimen con competencia de la CPI, el Fiscal de la CPI debe determinar si existe fundamento razonable para iniciar una investigación. El Fiscal deberá solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI la autorización de cualquier investigación iniciada de oficio por el Fiscal.
En ese momento, o una vez que el Fiscal inicie la investigación basada en la referencia de un Estado Parte, se debe notificar a todos los Estados Partes. El Fiscal debe también notificar a cualquier otro Estado que normalmente seria competente sobre los crímenes en cuestión.
Cabe destacar que el Fiscal puede notificar de forma confidencial, y limitar la información provista a los Estados, si es necesario para proteger a ciertas personas, prevenir la destrucción de prueba, o impedir que ciertas personas evadan la justicia.
En el artículo 18 del Estatuto de Roma se señala que los Estados cuentan con un mes después de la recepción de la notificación para informar a la Corte de que esta llevando o ha llevado a cabo una investigación respecto al mismo caso, y para solicitar al Fiscal que renuncie a su competencia a favor del Estado. Este corto plazo asegura que la Corte no padezca de retrasos innecesarios con el cumplimiento de sus funciones.
El artículo 18 del Estatuto de Roma prevé también que ¨el Estado podrá informar a la Corte de sus propias investigaciones Aunque los Estados no están obligados a informar a la Corte de sus propias investigaciones, sería aconsejable que un Estado recomendará a la Corte sobre sus propias investigaciones, para así evitar una duplicación innecesaria de esfuerzos y asegurar que la CPI se inhiba de su competencia a favor del Estado.
Una vez que un Estado solicite la inhibición de competencia de la Corte de una investigación, el Fiscal esta obligado a suspender la investigación del caso. Sin embargo, el Fiscal podrá solicitar a estos Estados que le informen periódicamente de la marcha de sus investigaciones y de juicio ulterior. Los Estados Partes deben ¨responder a esas peticiones sin dilaciones indebidas¨.
Finalmente, aun si un Estado no solicita al Fiscal la inhibición de su competencia a favor del Estado, el Fiscal puede suspender la investigación de la CPI. El Fiscal podrá solicitar al Estado de que se trate que le comunique sobre las actuaciones. Los Estados pueden solicitar que dicha información sea confidencial.
Por Nelson Encarnación
La sociedad estadounidense está viviendo una de sus etapas más cruciales, a propósito de la actual campaña hacia las elecciones del próximo noviembre, durante la cual se ha llegado a acciones directas contra uno de los aspirantes a la Casa Blanca, un episodio inédito en más de medio siglo.
La campaña electoral en ese país siempre ha sido descarnada, susceptible de que en ella ocurran extremos tales como el asesinato del demócrata Robert Kennedy, en 1968, cuando emergía como claro favorito para ganar las primarias demócratas, correr frente al futuro tramposo Richard Nixon y posiblemente convertirse en el segundo Kennedy presidente.
En aquellos días primaba el pleno apogeo de la profunda división racial de los Estados Unidos, la que ese mismo año derivó en el asesinato del reverendo Martin Luther King, el referente por excelencia de la lucha por los derechos civiles en ese gran país. Sin embargo, el proceso actual rebasa todos los parámetros de crispación, hasta generar una fractura social sin precedentes desde aquella turbación generalizada, y rozando límites altamente preocupantes, y cuyo desenlace no es previsible en los escasos 50 días que faltan para que los estadounidenses acudan a los colegios electorales.
Los dos intentos de asesinato contra el expresidente Donald Trump —particularmente el primero del 13 de julio en Pensilvania— son señales muy ominosas que definen a qué se están enfrentando y las derivaciones que ha tenido el tipo de campaña notoriamente incendiaria que se verifica.
“Lo que necesitamos en Estados Unidos no es división; lo que necesitamos en estados Unidos no es el odio; lo que necesitamos en Estados Unidos no es la violencia y el desorden, sino el amor, la sabiduría, la compasión entere unos y otros y un sentimiento de justicia hacia quienes todavía sufren en nuestro país, sean blancos o negros”.
Esa fue la reacción de Bobby Kennedy horas antes de ser abatido, justamente para condenar la muerte del reverendo King. Este sería el discurso correcto en la actual coyuntura de EE.UU. Por desgracia para los estadounidenses, los niveles altisonantes alcanzados no permiten estos razonamientos.
No hay duda de que Trump genera pasiones tan fuertes que puede ser un objetivo para extremistas. En el eventual caso de que al candidato republicano llegase a sucederle algo irremediable, estamos seguros que Estados Unidos se enfrentaría a situaciones impensadas.