Opinión
Penosa caída de Evo Morales
Por Juan Bolívar Díaz
La abrupta caída del gobierno de Evo Morales, el primer indígena presidente, tras una serie de desaciertos políticos que incluyeron un auténtico fraude electoral, es un capítulo penoso del macondismo latinoamericano, que sume a Bolivia en profunda crisis institucional, y deja una lección para políticos y gobernantes.
Es justo deplorar este final de un gobernante que había reivindicado la raza originaria, preterida durante los cinco siglos, aunque constituye más de la mitad de la población boliviana, y sobre el 90 por ciento sumado el mestizaje, que rescató también la riqueza de hidrocarburos, multiplicando siete veces sus ingresos, y auspició políticas de inclusión social, y redistribución que redujeron la pobreza a menos de la mitad. Sus 14 años de gobierno constituyen el mayor período de estabilidad político-social, crecimiento económico y prosperidad de Bolivia. No se le vinculó a la rampante corrupción latinoamericana ni fue un dictador ni persecutor de opositores.
Pero para ser rigurosos, lo ocurrido el domingo no fue un clásico golpe de estado, aunque con algunos de sus componentes, porque también hubo algo de autogolpe, derivado del abuso con que Evo quiso mantenerse a toda costa en el poder, manipulando la institucionalidad democrática, hasta incurrir en un escandaloso fraude electoral, minuciosamente documentado por una amplia y muy diversa misión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Evo fue víctima del mesianismo y el caudillismo latinoamericano que constituye en insustituibles a líderes y gobernantes. Tras 14 años de gobierno, se buscaba a cualquier precio un cuarto período. Fue incapaz de promover sucesores, aunque tuvo colaboradores de alta categoría como su mismo vicepresidente Alvaro García.
Electo por primera vez en el 2005, con el 54 por ciento de la votación, auspició una nueva Constitución que le permitió reelegirse en el 2009; una cláusula transitoria establecía que sólo sería posible esa vez, pero luego se buscó una complaciente interpretación constitucional que le permitió una tercera elección en el 2013. No conforme, ya para el 2015 andaba en búsqueda de otra reforma constitucional, decidiendo someterla a un plebiscito, contando con la mayoría sobre el 60 por ciento de sus dos elecciones anteriores. Pero el electorado ya dio muestras de fatiga ante el relajo constitucional y el 51.3 por ciento le dijo que no. Apeló de nuevo a la interpretación y encontró jueces complacientes que dictaminaron que su derecho a la reelección estaba por encima de su Constitución. Candidato para la elección del 20 de octubre, buscando el cuarto período, Evo era consciente de la merma de su apoyo, marcado por el resultado del plebiscito y las encuestas. Tenía que ganar en primera vuelta, lo que era posible superando por 10 puntos al segundo, si lograba pasar del 40 por ciento. Al computarse el 81 por ciento, cuando sólo registraba 7 puntos de ventaja, se dejó de transmitir resultados por 16 horas, y al reanudarse quedó a centímetros de la meta, que alcanzó en el último 5 por ciento del escrutinio.
Tras dos semanas de protestas y violencia, a la defensiva ante la opinión pública nacional e internacional, Morales accedió a que una misión de la OEA realizara una auditoría técnica al proceso electoral, cuyo informe preliminar presentado el domingo es minucioso en detalles que configuran un fraude electoral. Se comprobó alteración y falsificación de actas, que parte del procesamiento se hizo fuera de los locales electorales, que resultados fueron redirigidos a un servidor no oficial, y graves fallos y abusos tecnológicos, en la cadena de custodia de los documentos electorales, en la integridad de las actas y en las proyecciones estadísticas. El 38 por ciento de 178 actas de la votación en Argentina presentaron inconsistencias, como mayor número de votos que de votantes.
El mismo domingo, cuando la OEA recomendó repetir la elección, Evo lo aceptó, lo que implícitamente era una aceptación del fraude electoral. Se multiplicaron las protestas y los actos de violencia y ahí llegó la recomendación militar de que renunciara. Lo hizo sin estar obligado, lo que hubiese podido evadir de haber mantenido el apoyo mayoritario.
Tras la documentación del fraude, correspondía que junto al anuncio de nuevas elecciones, Evo declinara repostularse, abriendo espacio a que otro de los suyos lo pudiera relevar, lo que pudo evitar su penoso final y el desastre institucional. Si no se puede justificar la petición militar, mucho menos el fraude electoral, pues ambas cosas quedan indisolublemente vinculadas. El relajo constitucional y la adicción al poder fueron las causas mediatas e inmediatas de este penoso final. Frente a Evo, como ante Maduro, Daniel Ortega o Danilo Medina, hay que sustentar los valores democráticos y el rechazo al abuso del Estado y el fraude electoral. Aunque duela.-
Por Isaías Ramos
Mientras el Gobierno y el ministro de Turismo celebran nuevos récords de visitantes y presentan el turismo como prueba del éxito nacional, el país real sigue haciéndose una pregunta más dura: si todo va tan bien, ¿por qué tanta gente vive cada vez peor? Solo en el primer trimestre de 2026, el Gobierno informó la llegada de 3.71 millones de visitantes. Pero el costo promedio de la canasta básica familiar a febrero de 2026 fue de RD$48,476.88, mientras el salario mínimo más alto del sector privado no sectorizado rondaba los RD$30,000 y el de una microempresa apenas RD$16,993.20. Ese contraste no es una anécdota estadística. Es la radiografía de un modelo que produce vitrinas de éxito mientras deja a una gran parte del pueblo atrapada en la lógica de la sobrevivencia.
No se discute que turismo y zonas francas generen actividad. Lo que se discute es otra cosa: que, pese a sus récords de visitantes, exportaciones y divisas, el país no logra convertir suficientemente ese dinamismo en prosperidad amplia, salarios dignos y movilidad social real. En el turismo hotelero, el salario mínimo subió a RD$19,320 desde junio de 2025 y alcanzó RD$21,840 en junio de 2026. En zonas francas, el aumento aprobado fue de 25 % en dos tramos. Pero, aun con esos ajustes, esos ingresos siguen muy lejos del costo promedio de la canasta básica familiar. El problema, entonces, no es solo cuánto crecen esos sectores, sino cuán poco de ese crecimiento se traduce en dignidad material para quienes los sostienen con su trabajo.
El propio informe internacional reseñado por Diario Libre admite que la República Dominicana tiene crecimiento, sí, pero concentrado. Advierte que, sin reformas en profundidad financiera, formalización de nuevas empresas, capacidad de innovación y reducción de exclusiones sociales, el país puede quedar atrapado en un nivel medio de prosperidad. Es decir, el problema no es la ausencia de crecimiento; el problema es que ese crecimiento no baja con suficiente fuerza al cuerpo social. Lo que hoy se vende como éxito muchas veces no pasa de ser una fotografía parcial del país.
Y esa parcialidad se hace todavía más evidente cuando se mira a las micro, pequeñas y medianas empresas. Mientras se sostienen sectores privilegiados, las mipymes —la base más extensa de la economía real— siguen cargando con financiamiento caro, presión fiscal, baja protección y servicios públicos precarios, a pesar de que generan alrededor de 61.6 % del empleo nacional. En un país serio, esa realidad bastaría para reordenar prioridades. Aquí, en cambio, se siguen privilegiando sectores ya favorecidos mientras a la base productiva se le exige resistencia.
El problema no es que el turismo o las zonas francas no aporten. El problema es que el modelo ha tolerado que el territorio nacional, la infraestructura pública, la mano de obra y los privilegios fiscales sirvan para generar riqueza sin que una porción suficiente de ese valor se quede transformando la vida material de la mayoría. Aunque parte del consumo hotelero se suple desde el agro dominicano, el régimen de incentivos no está estructurado alrededor de un compromiso suficientemente exigente, transparente y verificable de compras locales, proveedores nacionales y valor agregado interno. Y, sin embargo, el Estado deja de recaudar miles de millones de pesos cada año en gasto tributario para sostener esos sectores. La pregunta ya no es si generan actividad. La pregunta es si generan, en proporción a los privilegios que reciben, bienestar amplio, encadenamientos productivos y movilidad social.
La contradicción se vuelve todavía más dura cuando se observan las prioridades del poder. El presidente ha sometido un préstamo de US$400 millones para agua potable y saneamiento en Punta Cana-Bávaro, uno de los polos más favorecidos por el modelo turístico. Nadie discute la importancia de proteger acuíferos ni de ampliar el saneamiento. Lo que sí debe discutirse es por qué un Estado que sigue pidiendo sacrificios fiscales a la nación concentra un esfuerzo de esa magnitud en una de las zonas más rentables del país, mientras amplias franjas de la población continúan padeciendo servicios hídricos inseguros o poco confiables. Eso no es solo una decisión técnica. Es una definición de prioridad nacional.
Lo más delicado de este modelo no es solo su concentración económica, sino su efecto moral. Se le pide paciencia al pueblo mientras se celebran récords. Se le pide sacrificio a la mayoría mientras una parte del país convierte el crecimiento en blindaje. Se le pide fe en el futuro a quien todavía no puede resolver el presente. Y así se consolida una economía donde los beneficios se concentran arriba mientras la sobrevivencia cotidiana se normaliza abajo. Cuando la mesa de la familia dominicana sigue siendo el lugar donde se siente el encarecimiento de todo, los titulares de éxito pierden legitimidad moral ante la vida real del pueblo.
En el Foro y Frente Cívico y Social consideramos inaceptable seguir enrostrándole al pueblo tanto “éxito” mientras una parte tan amplia de la población continúa viviendo en penurias. La República Dominicana no necesita más propaganda del éxito. Necesita una revisión profunda del modelo. Necesita salarios que se acerquen a la vida real, un compromiso medible de encadenamiento del turismo y las zonas francas con la producción nacional, una revisión severa de los privilegios fiscales que no acrediten retorno social suficiente, más apoyo efectivo a las mipymes y al agro, y una política económica que deje de confundir récords sectoriales con prosperidad nacional.
Porque cuando un país crece y el pueblo no respira, el problema ya no es de comunicación. Es de dirección nacional.
Por Oscar López Reyes
A fuego y sangre, en 1776 las 13 colonias norteamericanas se liberaron de la servidumbre del Reino de Gran Bretaña, y en las décadas subsiguientes la nueva República emuló a ese imperio: con los dientes más afilados que un Dragón se adueñó –por invasión y compra- de territorios cercanos y lejanos. En el último medio siglo, Estados Unidos ha pilotado fatigosos reveses tras intervenciones militares y, en la cubierta de ese cadalso, estratégicamente el presidente Donald Trump ha sido contrarrestado por Irán, acelerando la pérdida de su hegemonía militar y económico-financiera y automatizada la transición hacia un nuevo universo multipolar.
Como líder de una nación que se deshace en su unipolaridad, dominada por una desapercibida élite plutócrata con poder transnacional, Trump acaba de retroceder, envuelto en columnas de humo. Se está tragando sus propias palabras luego de afirmar que haría desaparecer a una civilización completa (la de la República Islámica de Irán), pero se ha visto compelido a anunciar una tregua indefinida en ese territorio del Medio Oriente.
El mandatario gringo reculó por la advertencia rusa de que habrá una respuesta militar directa, a raíz de la incautación de un petrolero, que abarcaría la acometida con torpedos y el hundimiento de barcos estadounidenses. Informes señalan que Rusia e Irán intercambian inteligencia sobre la operatividad de Estados Unidos y que ha sido activado el Pacto de Cooperación Militar Total suscrito en secreto entre Moscú y Teherán, que cubre la transferencia a esta última de misiles hipersónicos King Sal y tecnología nuclear.
El audaz de Vladimir Putin, presidente de Rusia, previno que “un ataque contra irán puede desatar una catástrofe”, que acarrearía hacía la Tercera Guerra Mundial, porque el apoderamiento de los recursos energéticos del Golfo Pérsico por Estados Unidos e Israel impediría el suministro de petróleo a Rusia, China e India. Irán exporta a China más del 90% de su hidrocarburo, que cruza por el estrecho de Ormuz, en tanto que Rusia abastece del crudo a China y a India.
La balcanización estrangularía a China, Rusia e India y destruiría la coalición del Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a los que luego se unieron Irán, Arabia Saudita, Egipto y Etiopía), que impulsa la cooperación financiera de esos representantes del “Sur Global”. Al unísono, el Eje de la Resistencia del Medio Oriente persigue consolidar el control del Estrecho de Ormuz y el Mar Rojo.Estados Unidos no levanta cabeza. Ha gastado una inmensidad de recursos financieros, militares y humanos, interviniendo militarmente en países que, a la postre, no alcanza controlar. Ejemplifiquemos:
1.- Somalia. El de Trump ha superado con creces a los gobiernos juntos de George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden en los despliegues de tropas especiales y los bombardeos con drones para desmantelar a los grupos armados, como Al-Shabaab, afiliado a Al-Qaeda, y facciones regionales del Estado Islámico en el Cuerno de África, para alegadamente proteger los intereses de Estados Unidos.
2.- Afganistán. En el 2001, Estados Unidos ocupó, con el cañón del fusil, a este país, buscando liquidar Al-Qaeda (fundado por Osama bin Landen) y deponer a los talibanes, y concluyó en el 2021, veinte años después, en la guerra más prolongada de la potencia del Norte. Resultados: 2,459 bajas militares yanquis, el desmoronamiento del Ejército entrenado por Estados Unidos, el regreso al poder de los talibanes fundamentalistas y una abrumadora crisis tanto humanitaria como de derechos humanos.
3.- Irak. Tras la invasión de Estados Unidos de 2003 y la ejecución del presidente Saddam Hussein, sobrevino un insondable vacío de poder, con una sangrienta guerra civil intransigente. La nación se sumergió en una inestabilidad crónica, bajo la vanguardia del Estado Islámico (ISIS), interferida por una corrupción endémica y una aguda crisis económica, que fragmento la democracia, hasta hoy.
4.- Nigeria. En el mandato de Trump, Estados Unidos llevó a cabo embestidas aéreas contra grupos musulmanes para respaldar al gobierno multipartidista encabezado por Bola Ahmed Tinubu; ha desplegado a 100 militares estadounidenses para entrenar a las fuerzas nigerianas y vendido armas por 346 millones de dólares, para combatir las acciones del yihadista Estado Islámico/ISIS, la persecución religiosa y estabilizar el África occidental, clave por sus recursos petroleros.
5.- Yemen. Estados Unidos junto a Israel ha destruido infraestructuras y abatido a miles de civiles en más de mil ataques aéreos y navales contra objetivos de Yemen. Los hutíes lanzan misiles y drones hacia Israel, primero contra su guerra genocida en la Franja de Gaza y posteriormente en respaldo a Irán.
6.- Siria. Estados Unidos atacó militarmente objetivos del (EIIL: I significa Irak y “L” Levante (Siria, Líbano, Palestina y Jordania), actor principal en la guerra civil siria, proporcionó respaldo político y militar para la caída, el 8 de diciembre de 2024, del presidente Bashar al-Assad; los kurdos tomaron el poder, Siria enfrenta una división territorial y una profunda crisis humanitaria, en tanto que en febrero de 2026 Trump ordenó la retirada completa de las fuerzas estadounidenses de esa República Árabe enclavada en el Oriente Próximo. En este país Rusia ha instalado dos bases militares.
7.- Irán. El gobierno de Trump ha incrementado a gran escala, junto con Israel, los bombardeos contra instalaciones militares e infraestructuras urbanísticas de este territorio cuyas autoridades la han contrarrestado con misiles y drones y han bloqueado el estrecho de Ormuz, lo que ha aumentado los precios del petróleo, la inflación y generado una crisis internacional de peligrosa dimensión.
A su vez, para contrarrestar la influencia de Estados Unidos e Israel, Irán lidera el denominado ´´Eje de la Resistencia´´ o ´´Media Luna Chii´´ que coaliciona a Hezbola, en El Líbano; los huties, en Yemen; las milicias de Irak, y Hamas y Yihad Islámica, en Palestina.
Colofón. Las ocupaciones de Estados Unidos se han traducido en fracasos estrepitosos, porque ha triunfado más la estrategia de los contrarios que su superioridad militar. En lugar de lograr estabilidad política, ha prevalecido un vacío de poder y el caos. El nacionalismo, las culturas locales, las ideologías políticas y los fundamentos religiosos han demostrado más pujanza que las bayonetas.
¿Frenarán Estados Unidos e Israel el programa nuclear de Irán? ¿Mantendrán estas dos naciones el dominio estratégico en Medio Oriente? ¿Evitarán que Rusia y China controlen las rutas comerciales claves de los recursos energéticos? ¿Impedirán la operatividad de grupos que puedan amenazar la seguridad estadounidenses y sus aliados en la zona? ¿Conseguirá Irán avanzar como potencia regional dominante en la meta de eliminar a Israel?
El Medio Oriente vive un momento histórico, buscando que los aliados del Brics lleguen a la meta geopolítica de un Nuevo Orden Mundial, en el triunfo del bloque antioccidental y antisraelís. El conflicto y la crisis están en marcha…
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El autor: Periodista, catedrático y escritor.
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26 de abril de 2026.
Por Rommel Santos Diaz
El crimen de agresión plantea una amenaza singular al entorno natural no solo porque la fuerza militar que toma parte en el acto de agresión normalmente causa daños ambientales, sino también porque los actos de agresión a menudo desencadenan conflictos armados que causen nuevos daños al medio ambiente.
El articulo 8 bis, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tipifica como crimen la agresión que tiene lugar cuando se planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.
En el artículo 8 bis del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se define como acto de agresión el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. En este mismo artículo se enumeran como ejemplos de actos de agresión la invasión, la ocupación militar y el bombardeo.
Casi todos los actos de agresión enumerados en el artículo 8 bis del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional pueden dirigirse contra el medio ambiente o causar daños a este. Por ejemplo , el bombardeo del territorio de un Estado causará a menudo la muerte de animales y destruye y contamina campos, bosques y masas de agua, contamina el aire y afectará a la seguridad del clima. Análogamente, la invasión de un Estado puede conducir a la explotación ilegal de recursos naturales y la confiscación ilegal de tierras, así como anexión formal.
El hecho de que un acto constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas se determinara en fucion de sus características, gravedad y escala.
Al evaluar esos factores, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tendrá en cuenta, entre otras cosas, el daño sufrido por el medio ambiente como consecuencia del acto de agresión, el número y el tipo de víctimas humanas y no humanas del acto y si el daño ambiental es, potencialmente irreversible.
Finalmente, la Fiscalía considera que la destrucción y el daño intencionales del medio ambiente en un Estado ajeno constituyen una forma de uso de la fuerza especialmente grave, pues el entorno natural no debe instrumentalizar en el marco de las relaciones internacionales.