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PLD sostiene siguen vigentes leyes Electoral y de Partidos, pese a decisión TSE sobre pacto PTD con Leonel

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Los abogados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmaron que a pesar de la sentencia de este lunes del Tribunal Superior Electoral (TSE), que estima que el expresidente Leonel Fernández no tiene impedimento para ser candidato presidencial en las elecciones del año entrante, se mantienen en vigencia las leyes de Partidos y Electoral, que disponen el impedimento al exgobernante, y solo el Tribunal Constitucional podría emitir una decisión sobre esas legislaciones que sería vinculante para las instituciones y poderes del Estado.

Los abogados del PLD, Eduardo Jorge Prats, Carlos Salcedo, Cristóbal Rodríguez, Julio Cury y Rubén Puntier, indicaron que pese a la decisión del Tribunal Electoral, que declaró inconstitucional tanto el artículo 49.4 de la ley núm. 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos como el artículo 134 de la ley núm. 15-19, Orgánica del Régimen Electoral, esas disposiciones legales mantienen su plena vigencia y vinculación respecto de todos los partidos que componen el sistema y sobre todo respecto de todos los órganos e instituciones vinculados al sistema electoral, y de manera particular de la Junta Central Electoral (JCE).

“Efectivamente, según lo dispone el artículo 185 de la Constitución de la República corresponde solo al Tribunal Constitucional conocer de las acciones directas en inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos, decretos y resoluciones, cuya decisión al respecto sí es vinculante para todos los poderes públicos y las personas como garantía efectiva de las normas constitucionales. Solo en caso de acogerse una acción directa, la sentencia del Tribunal Constitucional impone la expulsión del ordenamiento jurídico de la norma atacada, siendo una decisión con efecto para todo el mundo (erga omnes), es decir, que debe ser acatada por todos los poderes públicos”, explicaron.

Explicaron que en el caso, el TSE decidió la declaratoria de inconstitucionalidad a propósito de una acción particular en nulidad de la Resolución núm. 4 de la Convencional Nacional Electoral del Partido de los Trabajadores Dominicanos, ejercida por Francisco Antonio Ventura Felipe, miembro del Comité Central de dicho partido.

Detallaron que si bien el TSE tomó esa decisión, es solo válida para ese caso (objeción a convención del PTD para fusionarse con La Fuerza del Pueblo), pues no tiene la competencia ni el poder para expulsar del ordenamiento jurídico las leyes, decretos, resoluciones y reglamentos cuya inconstitucionalidad decide.

Resaltaron que por esa razón la decisión tomada por el TSE respecto de los artículos 49.4 de la ley de partidos y 134 de la ley electoral no se le impone a ningún poder público.

“Nuestro sistema constitucional se rige por la presunción de constitucionalidad de las leyes, tal como bien ha indicado el Tribunal Constitucional en sus sentencias TC/0274/13 y TC/0039/15 disponiendo que “en nuestro sistema constitucional prevalece el criterio de que una ley es constitucional hasta tanto el órgano encargado del control de la constitucionalidad se pronuncie en sentido contrario, de conformidad con la máxima in dubio pro-legislatore”, agregaron.

“La JCE no puede inaplicar los referidos artículos ni mucho menos desacatar el mandato legislativo establecido en estas normas que prohíben el transfuguismo partidario y electoral, para el fortalecimiento del sistema democrático y como garantía de la democracia interna de los partidos, teniendo los miembros de ese organismo la obligación ineludible de acatar y hacer cumplir las disposiciones de los artículos 49.4 de la ley de partidos y 134 de la ley electoral, que siguen vigentes y constitucionales por no haber intervenido sentencia del Tribunal Constitucional indicando lo contrario”, señalaron los juristas.

Dijeron sin embargo, que siendo esas disposiciones legislativas objeto de diversas acciones directas en inconstitucionalidad por ante el Tribunal Constitucional sin que aun haya intervenido una decisión, la JCE actúa acorde a los lineamientos del ordenamiento jurídico – administrativo cuando pospone valorar la inscripción de la candidatura de Leonel Fernández Reyna.

Ciertamente, conforme a los artículos 25 y 26 de la Ley núm. 107-13, sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública y procedimiento administrativo, previo a la emisión del correspondiente acto administrativo las entidades públicas pueden disponer de todas las medidas provisionales que garanticen la eficacia del acto a dictar y deben estar debidamente informadas.

“De ahí que no habiendo vencido el plazo para decidir sobre la admisión de las candidaturas presidenciales y estando el Tribunal Constitucional apoderado sobre este asunto, la JCE hace un voto de prudencia para lograr la efectividad inmediata de la resolución que adoptaría en aplicación de las leyes de partidos y electorales, garantizando un clima de paz y normalidad en nuestro sistema democrático al sobreseer su decisión hasta tanto el órgano máximo del sistema de justicia constitucional dicte su sentencia”, manifestaron finalmente.

acento.com.do

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Coerción para colombianos acusados de drogar a varias personas para robarles

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Redacción.- Fue impuesta una medida de coerción a cuatro colombianos  que incluye impedimento de salida, presentación periódica y el pago de una garantía económica porque supuestamente drogaron a varias personas para robarles.

Pese a que en su solicitud de medida de coerción el Ministerio Público pidió prisión preventiva para los cuatros extranjeros por no presentar arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga, la jueza Fátima Veloz de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso una medida menos gravosa.

La defensa de los colombianos que visitan por primera vez el país, saludó la decisión del tribunal por entender que son jóvenes que cayeron en la tentación.

Con apenas diez días en territorio nacional, María Fernanda Jurado Martínez, Laura Valentina Mosquea Hernández, Nicolás Giraldo Murillo y Joseph Steven Rodríguez Pérez, se asociaron para captar víctimas a través de la aplicación de citas Tinder, para luego concretar encuentros en las viviendas de sus presas, donde las drogaban y sustraían pertenencias de alto valor, según detalla el documento de solicitud de medida de coerción.

Los abogados de los imputados informaron a las autoridades que recuperaron las pertenencias de que le fueron robadas a las víctimas.

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Fiscal Olga Diná lidera búsqueda e investigaciones por desaparición de niño en Jarabacoa

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Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ejercito, la Defensa Civil, entre otros organismos, se sumaron formalmente desde las primeras horas de la mañana de este jueves 3 de abril se sumaron a las labores de búsqueda e investigación sobre la desaparición del niño Roldanis Calderón, de tres años, de quien no sabe nada  desde el domingo 30 de marzo.

La fiscal Olga Diná Llaverías, titular de la Procuraduría Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes, lidera la participación del Ministerio Público, colaborando estrechamente con agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y unidades militares, de acuerdo con un comunicado de prensa.

Se han desplegado drones, cámaras térmicas y unidades caninas especializadas para rastrear la zona boscosa y montañosa en el paraje Los Tablones, del distrito municipal Manabao, en el Parque Nacional J. Armando Bermúdez.

Según relató Efraín Nicolás Calderón, padre del menor, Roldanis jugaba con otras dos niñas en el patio de una residencia próxima a una zona boscosa cuando se le perdió de vista.

Carolina Vargas Ureña, madre del niño, pidió colaboración ciudadana mediante un video difundido en redes sociales: «Les pido que me ayuden a recuperar a mi hijo, que fue extraviado el domingo en un campo de Jarabacoa llamado La Ciénaga de Manabao».

Las autoridades ya han interrogado a los padres y entrevistado a vecinos y familiares para esclarecer las circunstancias de la desaparición. También realizaron la reconstrucción de los hechos en el lugar, incluyendo la inspección del río que atraviesa la zona.

La Policía Nacional exhorta a quienes tengan información relevante sobre el caso a comunicarse inmediatamente con las autoridades, reafirmando su compromiso de continuar utilizando todos los recursos disponibles para localizar al menor sano y salvo.

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Reportan detención de 125 haitianos en Mata Mosquitos de Friusa

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Santo Domingo, R.D.-Los operativos por parte de la Dirección General de Migración (DGM) en contra de ciudadanos haitianos sin documentación se han intensificado este jueves en la comunidad de Los Mosquitos de Friusa, provincia La Altagracia, donde fueron apresados más de 100 extranjeros.

A través de una nota de prensa, señaló que, en la zona de Friusa, en la provincia La Altagracia, fueron detenidos 125 haitianos más durante operativos realizados en el sector Mata Mosquitos, aumentando el total de detenciones a 236 en las últimas 48 horas en esa área.

  • Indicó que, en operativos en Santo Domingo y la provincia de Azua, detuvo a un total de 346 nacionales del vecino país. De estos, 70 fueron arrestados en el Mercado Nuevo de la avenida Duarte, mientras que 134 hombres y 36 mujeres fueron detenidos en distintos puntos de la capital.

La DGM precisó que, en Azua, se arrestaron a 106 extranjeros irregulares, entre los que se incluyen 92 hombres, 11 mujeres y 3 niños.

Entre tanto, en los sectores Los Ríos, La Puya y Las 800, de Santo Domingo, agentes de la entidad detuvieron a 77 haitianos en estatus irregular, de los cuales 58 eran hombres y 19 mujeres.

Traslado de detenidos

«En todos los casos, los detenidos fueron trasladados a centros de retenciones para ser procesados conforme a las normativas migratorias, respetando sus derechos humanos antes de ser deportados a su país de origen», sostuvo Migración en el documento de prensa.

  • Destacó que estos operativos fueron ejecutados con la colaboración de diversas instituciones, incluyendo el Ejército de República Dominicana, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y el Ministerio Público.

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