Santo Domingo, RD.- La mayoría de los partidos políticos depositaron los acuerdos de alianzas con otras organizaciones ante la Junta Central Electoral (JCE) en el nivel municipal para las elecciones de febrero del próximo año, en el último día hábil y cerca de la medianoche.Nacionales
La Junta extiende hasta hoy plazo para alianzas en el nivel municipal
Santo Domingo, RD.- La mayoría de los partidos políticos depositaron los acuerdos de alianzas con otras organizaciones ante la Junta Central Electoral (JCE) en el nivel municipal para las elecciones de febrero del próximo año, en el último día hábil y cerca de la medianoche.La JCE decidió extender el plazo hasta hoy a las 6:00 de la tarde, debido a fallos presentados en la plataforma del organismo comicial.
Danilo Díaz, delegado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), llegó cerca de la medianoche a depositar la alianza con doce organizaciones.
Indicó que ya se preparan para depositar el acuerdo en el nivel congresional, plazo que vence el 18 de febrero del próximo año.
Dijo que han articulado una alianza poderosa que representa a la mayoría del pueblo dominicano.
Critica fallo TSE
Díaz criticó el fallo del Tribunal Superior Electoral (TSE) que habilitó al expresidente Leonel Fernández para los comicios generales de mayo del próximo año. “Nos parece desatinado y lo que crea es un desorden en el sistema electoral dominicano”.
Unos 15 minutos antes acudió a depositar el acuerdo el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Su delegado Tácito Perdomo dijo que esa organización confrontó problemas para acceder a la plataforma de la JCE y registrar su alianza con otros partidos, lo que intentó sin resultado en 11 ocasiones.
Orlando Jorge Mera, el delegado político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), depositó las alianzas que esa organización tenía listas alrededor de las 7;00 de la noche e informó que acudiría más tarde a llevar las faltantes antes de que venciera el plazo. Mera completó ese proceso cerca de la medianoche e indicó que estos acuerdos con diversos partidos y organizaciones políticas fortalecen a esa organización.
De igual forma, el secretario nacional de organización del Partido Alianza por la Democracia (APD), Miguel Ferreras, acudió anoche por ante la secretaría general de la JCE, donde depositó las alianzas de ese ente político.
Otros partidos
El APD ha pactado con Alianza País, Frente Amplio, Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Partido Humanista Dominicano (PHD) y el Partido Dominicanos por el Cambio (DXC), organizaciones que la apoyan en los niveles municipal y congresual.
Ferreras indicó que el APD tiene un pacto con el PRM, pero como ese partido encabeza la alianza le corresponde depositar los documentos ante la Junta.
Anoche también acudieron ante el órgano electoral, el presidente del Partido Dominicanos por el Cambio (DXC), Manuel Oviedo, y Mario Daniel López, del PHD.
El delegado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Teófilo Rosario Martínez, registró cerca de las 11 de la noche alianzas con el Movimiento Democrático Alternativo (Moda), Unión Demócrata Cristiana (UDC) y el PRSD.
A la medianoche de ayer vencía el plazo de alianzas de los partidos políticos ante el órgano de comicios en el nivel municipal.
Proclama.
El Pleno de la JCE dictó el pasado 8 de noviembre la proclama que declaró abierto el proceso electoral para las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020.
Cargos.
Los cargos a elegir en esos comicios incluyen 158 alcaldes, 158 vicealcaldes, 1,164 regidores, 1,164 suplentes, 235 directores, 235 subdirectores y 735 vocales, para un total de 3,849 cargos electivos en el nivel municipal.
listindiario.com
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.