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Auditoría de equipos y funcionarios en campaña pone JCE en foco de partidos.
La Junta Central Electoral (JCE) se mantiene en un fuego cruzado de los partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil, tras su resolución 33/19 que da luz verde a los funcionarios para que participen en la campaña electoral.
La decisión de la JCE recibió fuertes críticas de la sociedad civil y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), además de que varios partidos de oposición y 23 organizaciones de la sociedad civil han empezado a presionar el organismo para que haga la auditoría forense que anunció el 15 de octubre a los equipos del voto automatizado que usará en las elecciones municipales de febrero, mientras el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó preocupación “por constantes ataques” al órgano electoral.
Ayer, un grupo de 20 organizaciones sociales firmaron “un manifiesto por la democracia” y exigen a la JCE realizar la auditoría forense que prometió a los equipos del voto automatizado el pasado el 15 de octubre.
“Que además de honrar su palabra, cumpliendo con la realización de la auditoría forense anunciada a la población el pasado 15 de octubre de 2019, avalen la confianza del electorado en este proceso bajo los principios de legalidad, transparencia y libertad previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral 15-19; en particular, al definir los términos de referencia y de selección de la firma auditora”, establece el documento firmado por Participación Ciudadana y otras entidades sociales.
También piden que se publiquen los resultados de la auditoría forense de manera integral y “sin cortapisas y las medidas correctivas necesarias para garantizar la integridad institucional y la credibilidad del sistema electoral dominicano durante la próxima contienda electoral del año 2020”. Esas mismas exigencias fueron sustentadas por varios partidos políticos, entre ellos, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo.
El PRM asumió las recomendaciones de un experto internacional que aconsejó una auditoría a varios componentes del sistema de voto electrónico que incluyen el código fuente, que los recibos de votación tengan una imagen de cada candidato electo, permitir al elector corregir cualquier error luego de votar, hacer conteo manual antes de transmitir, así como contratar auditores creíbles especialistas en seguridad computacional.
Participación Ciudadana, la Coalición Democrática y el PRM han emitido fuertes críticas a la JCE por la resolución 33/19 que establece que los funcionarios pueden hacer campaña electoral en horario no laboral. De hecho, el PRM informó que pedirá a la JCE retirar la referida resolución, luego que el candidato presidencial de esa organización, Luis Abinader, declarara que el organismo electoral hace una interpretación acomodada de la ley para favorecer al poder y que supuestamente por eso pierde confianza en la población.
El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, expresó preocupación por “los constantes ataques y descalificaciones que se hacen desde sectores de la oposición en contra de la Junta Centra Electoral (JCE), y el proceso de elecciones del año próximo”. Al mismo tiempo, el políticoexternó su confianza en el organismo comicial.
“Para nosotros la JCE debe gozar de toda la confianza del pueblo dominicano y de todo el sistema de partidos”, expresó Castillo, al tiempo de indicar que espera que los demás candidatos a la Presidencia de la República reconozcan los resultados de las elecciones del año próximo como él lo hará “sea cual sea el resultado”. Planteó que según lo que observa en los partidos de oposición, parecería que están preparándose ante su inminente derrota para las elecciones municipales de febrero y las congresionales y presidenciales de mayo del 2020.
“Yo quiero decirles a los partidos de oposición que si nosotros resultáramos vencidos en las elecciones de mayo, seremos los primeros en llamar y felicitar al ganador; pero de igual forma, si nosotros somos los que resultáramos ganadores, como pensamos y estamos seguros que vamos a salir triunfantes en esas elecciones de mayo, nosotros esperamos que ellos tengan la gallardía y la grandeza de llamarnos y felicitarnos a nosotros”, expresó el candidato presidencial.
Sobre el voto automatizado, deploró el rechazo que algunos partidos de oposición hacen al mismo, descalificando la transparencia con que se ha manejado la JCE y definió este sistema como “la forma más transparente de votación”.
“Nosotros confiamos mucho en el voto electrónico o voto automatizado y más en esta era de la tecnología y la información. De igual manera como hemos apoyado el uso total del voto automatizado, también apoyamos todas las resoluciones que ha emitido la JCE. Para este organismo nuestro apoyo y nuestro reconocimiento a todas sus disposiciones”, concluyó.
El delegado técnico del PLD ante la JCE y miembro del Comité Político de la organización, Danilo Díaz, dijo que hay montada una campaña de descrédito en contra del organismo de elecciones y que eso es preocupante.
El manifiesto ciudadano lo firman además de Participación Ciudadana, la Articulación Nacional Campesina, Fundación Masada, Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Fundación Solidaridad, Centro Juan XXIII, Fundación Trópico; Centro Montalvo, Ciudad Alternativa, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Movimiento de Mujeres Trabajadoras, Comité de Seguimiento, Foro Ciudadano, Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Consejo de Desarrollo Cívico Social, Consejo Metropolitano de Mujeres y la entidad Santiago Somos Todos. Las entidades también llaman al Tribunal Superior Electoral (TSE) a que procure y garantice la imparcialidad al momento de conocer las demandas. Igualmente, llaman al Poder Ejecutivo a no comprometer las finanzas públicas para favorecer los candidatos del partido oficial.
Santo Domingo.– Los abogados de varios de los encartados en el denominado caso SeNaSa 2.0 cuestionaron este lunes la solicitud del Ministerio Público de imponer hasta 18 meses de prisión preventiva contra parte de los investigados, al considerar que existen otras medidas de coerción suficientes para garantizar su comparecencia durante el proceso.
Los representantes legales sostienen que sus defendidos, entre ellos profesionales de la medicina, poseen domicilio conocido, vínculos familiares y laborales en la República Dominicana, elementos que, según la defensa, disminuyen cualquier posibilidad de que intenten abandonar el país o sustraerse de la acción de la justicia.
Los juristas insistieron en que los imputados se encuentran en disposición de asistir a las audiencias y demás actuaciones judiciales que sean requeridas mientras continúe la investigación.
“Son médicos, tienen arraigo y no se van a ir del país”, manifestaron abogados vinculados al proceso al defender la aplicación de medidas menos gravosas que la prisión preventiva.
Tribunal impuso diferentes medidas de coerción
Como parte del proceso relacionado con la denominada Operación Cobra 2.0-A, el tribunal estableció distintas medidas de coerción de acuerdo con la situación particular de cada imputado.
Entre las disposiciones adoptadas figuran prisión preventiva, arresto domiciliario, presentación periódica, impedimento de salida del país y garantías económicas.
Durante la jornada de este lunes, abogados de algunos de los procesados comenzaron además las gestiones correspondientes al retiro de dispositivos de monitoreo impuestos por el tribunal dentro de las medidas adoptadas.
Investigación por presuntas irregularidades
El expediente tiene su origen en una investigación desarrollada por el Ministerio Público en torno a supuestas irregularidades relacionadas con autorizaciones y servicios de salud atribuidos a personas vinculadas al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Las autoridades investigan la posible existencia de un esquema mediante el cual se habrían realizado operaciones irregulares en perjuicio de la aseguradora estatal.
Los abogados de los imputados han reiterado que sus clientes permanecerán disponibles para responder a las imputaciones y participar en las distintas etapas del proceso.
La defensa sostiene que el arraigo laboral, familiar y domiciliario de los acusados debe ser ponderado por los tribunales al momento de determinar la necesidad y proporcionalidad de las medidas de coerción.
El proceso continúa bajo investigación mientras las partes preparan sus respectivos argumentos frente a las decisiones adoptadas por la jurisdicción competente.
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INTRANT ajustará licencias de mayores de 75 años tras fallo del Tribunal Constitucional
La institución modificará sus sistemas de emisión y renovación luego de que el TC declarara inconstitucional la reducción automática de la vigencia de la licencia por razón de edad
Por Carlos Baret
SANTO DOMINGO.– El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) anunció que adecuará sus procedimientos para cumplir con la sentencia TC/0904/26 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la disposición que establecía una vigencia de solo dos años para las licencias de conducir de las personas mayores de 75 años. Tribunal Constitucional
La decisión constitucional se produjo a raíz de una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Fanny Josefina Melo Abreu y Héctor Manuel Melo Abreu contra el artículo 21 del Decreto núm. 6-19, que contiene el Reglamento de Licencias de Conducir. La sentencia fue publicada por el Tribunal Constitucional el 14 de septiembre de 2026. Tribunal Constitucional
El director ejecutivo del INTRANT, Juan Manuel Méndez García, informó este lunes que la institución acatará la decisión y realizará los ajustes correspondientes en sus procedimientos. La medida elimina el trato diferenciado que reducía la duración de las licencias únicamente por haber alcanzado determinada edad. Diario Libre
INTRANT inicia adecuación de sus sistemas
Como parte del cumplimiento de la sentencia, Méndez García dispuso que las áreas jurídicas, técnicas y de atención al usuario trabajen en las modificaciones necesarias para que los sistemas utilizados en la emisión y renovación de licencias sean adaptados al nuevo escenario jurídico. El Atlantico
La institución procura que las personas adultas mayores puedan realizar estos trámites en condiciones de igualdad y sin una reducción automática del período de vigencia fundamentada exclusivamente en la edad.
La decisión, sin embargo, no elimina los requisitos relacionados con las condiciones necesarias para conducir. La normativa dominicana contempla evaluaciones y requisitos vinculados con las aptitudes y condiciones psicofísicas de los conductores, por lo que el fallo debe distinguirse de las restricciones que puedan justificarse a partir de condiciones individuales acreditadas y no simplemente de la edad de una persona. Intrant
Igualdad y no discriminación en el centro del caso
El alcance del fallo trasciende el procedimiento administrativo de renovación de una licencia. La controversia coloca en primer plano el principio constitucional de igualdad y no discriminación, al cuestionar que la edad, considerada de manera aislada, pueda servir para imponer una carga administrativa diferenciada.
La sentencia TC/0904/26 constituye así una referencia relevante en la discusión sobre los derechos de los adultos mayores y los límites constitucionales de las regulaciones administrativas. Tribunal Constitucional
El INTRANT continuará aplicando la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y las normas relativas a la aptitud para conducir, pero deberá hacerlo conforme al criterio constitucional establecido en la decisión.
La adecuación anunciada representa, además, una consecuencia directa del carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional para los poderes públicos y órganos del Estado.
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Nueva ley de juegos de azar entra en fase decisiva tras vencer plazo constitucional del Ejecutivo
La pieza fue remitida al Poder Ejecutivo el 18 de septiembre; la Constitución establece el procedimiento aplicable cuando vence el plazo para promulgar u observar una ley
Por Ana Rodríguez
SANTO DOMINGO.– La nueva legislación destinada a reorganizar y modernizar la regulación de los juegos de azar en República Dominicana entró en una etapa decisiva luego de transcurrir el plazo constitucional señalado para que el Poder Ejecutivo procediera a su promulgación u observación.
El proyecto fue convertido en ley por el Senado de la República el pasado 16 de septiembre, luego de varios meses de estudio en el Congreso Nacional, y remitido al Poder Ejecutivo el 18 de septiembre, de acuerdo con la información disponible sobre el trámite legislativo.
La iniciativa procura sustituir y reorganizar un marco regulatorio que tiene entre sus antecedentes principales normas sobre juegos de azar que datan de 1964. La necesidad de actualizar la regulación del sector ha sido objeto de distintas iniciativas legislativas durante años; documentos oficiales del Senado registran proyectos anteriores destinados a establecer un régimen más amplio para los juegos y apuestas. Senador D
El plazo constitucional
La situación adquiere especial relevancia jurídica debido a las disposiciones constitucionales que regulan la promulgación y observación de las leyes.
El artículo 101 de la Constitución dominicana vigente —no el artículo 110, como indica la información de origen— regula la promulgación y publicación de las leyes. Por tratarse de una cuestión constitucional y de actualidad, conviene verificar el texto vigente antes de publicación definitiva.
Según el procedimiento constitucional, una vez agotado el plazo correspondiente sin que se produzca la promulgación y publicación, se activa el mecanismo previsto por la propia Constitución para las leyes sancionadas por el Congreso.
Por ello, más allá de determinar si existe o no un anuncio público del Poder Ejecutivo, la cuestión central pasa a ser establecer la fecha exacta de recepción de la pieza, si fue declarada de urgencia, si se produjo alguna observación dentro del plazo y cuál es formalmente su situación jurídica.
Diez años sin nuevos establecimientos
Uno de los aspectos de mayor impacto de la nueva regulación es el establecimiento de una moratoria para la apertura de nuevos negocios de juegos de azar.
De acuerdo con el texto aprobado descrito en la información suministrada, durante un período de 10 años no podrían instalarse nuevos establecimientos de juegos de azar, con las excepciones contempladas por la propia legislación.
La finalidad de esa restricción sería permitir que las autoridades organicen, fiscalicen y regularicen los establecimientos que actualmente funcionan en el territorio nacional.
La medida se produce en un contexto en el que el Gobierno ya había retomado acciones para ordenar el sector. En abril de este año, el Poder Ejecutivo informó la reactivación del Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería, puntos de venta, agencias, bancas de apuestas y otros operadores, mediante el Decreto 197-26. Presidencia de la República Dominicana
Casinos turísticos quedarían exceptuados
La restricción para la instalación de nuevos negocios no alcanzaría de igual manera a todos los establecimientos.
Según el contenido de la pieza descrito en la información suministrada, el artículo 194 contempla una excepción para casinos ubicados en hoteles y lugares turísticos, que podrían establecerse bajo las condiciones previstas por la nueva normativa.
Este tratamiento diferenciado introduce uno de los aspectos que probablemente generará mayor atención durante la aplicación de la legislación, particularmente por sus implicaciones para la actividad turística y la organización territorial del sector.
Una nueva autoridad para fiscalizar los juegos
Otro de los cambios relevantes sería la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), adscrita al Ministerio de Hacienda y Economía, institución que tendría responsabilidades de fiscalización y supervisión del sector.
La creación de una estructura especializada representaría una transformación del modelo institucional de control de una actividad que comprende bancas de lotería y deportivas, casinos, máquinas tragamonedas, apuestas por internet, bingos, agencias hípicas y otras modalidades.
Actualmente, el Gobierno mantiene un esquema de regularización en el que participan varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda y Economía y la Dirección General de Impuestos Internos. Presidencia de la República Dominicana
Límites de distancia para bancas y otros establecimientos
La legislación también introduce restricciones territoriales.
De acuerdo con la pieza aprobada descrita, determinados establecimientos de juegos de azar no podrán funcionar a menos de 500 metros de escuelas, colegios, universidades, instalaciones policiales y militares, estancias infantiles, Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), hospitales, clínicas, iglesias y determinadas sedes de poderes y órganos del Estado.
Para las bancas deportivas se contempla una distancia mínima de 500 metros, mientras que para las bancas de lotería la separación establecida sería de 200 metros.
Casinos, salas de máquinas tragamonedas, bancas deportivas y otros establecimientos señalados por la normativa deberán, además, funcionar en locales cerrados.
Relojes visibles y medidas contra la ludopatía
La nueva legislación no se limita a cuestiones fiscales y administrativas.
Entre las disposiciones descritas figura la obligación de colocar relojes visibles en determinados establecimientos donde se realicen apuestas, una medida destinada a que los jugadores puedan mantener referencia del tiempo transcurrido dentro de esos espacios.
Más significativa desde el punto de vista social es la prevista creación de un Registro Nacional de Autoexclusión, mediante el cual personas afectadas por problemas relacionados con el juego podrían solicitar restricciones para acceder a determinadas actividades de apuestas.
La incorporación de medidas vinculadas al juego responsable introduce una dimensión de salud y protección social en una actividad tradicionalmente abordada principalmente desde la autorización, fiscalización y recaudación.
Una regulación esperada durante años
La transformación del régimen de los juegos de azar no comenzó con esta pieza. El archivo legislativo del Senado conserva iniciativas anteriores dirigidas a establecer una regulación integral del sector, incluyendo propuestas presentadas en legislaturas pasadas. Memoria Histórica
En marzo de 2026, durante una sesión del Senado, incluso se hizo referencia a iniciativas sometidas desde 2021 y a otra propuesta que se encontraba bajo estudio de la Comisión de Hacienda. Senador D
Ahora, tras completar su recorrido por el Congreso, la atención se desplaza hacia la situación formal de la legislación después de su remisión al Poder Ejecutivo.
La definición de ese punto resulta fundamental, porque de ella dependerá el momento en que comiencen a operar las nuevas reglas para un sector de considerable presencia económica y social en República Dominicana.