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Auditoría de equipos y funcionarios en campaña pone JCE en foco de partidos.
La Junta Central Electoral (JCE) se mantiene en un fuego cruzado de los partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil, tras su resolución 33/19 que da luz verde a los funcionarios para que participen en la campaña electoral.
La decisión de la JCE recibió fuertes críticas de la sociedad civil y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), además de que varios partidos de oposición y 23 organizaciones de la sociedad civil han empezado a presionar el organismo para que haga la auditoría forense que anunció el 15 de octubre a los equipos del voto automatizado que usará en las elecciones municipales de febrero, mientras el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó preocupación “por constantes ataques” al órgano electoral.
Ayer, un grupo de 20 organizaciones sociales firmaron “un manifiesto por la democracia” y exigen a la JCE realizar la auditoría forense que prometió a los equipos del voto automatizado el pasado el 15 de octubre.
“Que además de honrar su palabra, cumpliendo con la realización de la auditoría forense anunciada a la población el pasado 15 de octubre de 2019, avalen la confianza del electorado en este proceso bajo los principios de legalidad, transparencia y libertad previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral 15-19; en particular, al definir los términos de referencia y de selección de la firma auditora”, establece el documento firmado por Participación Ciudadana y otras entidades sociales.
También piden que se publiquen los resultados de la auditoría forense de manera integral y “sin cortapisas y las medidas correctivas necesarias para garantizar la integridad institucional y la credibilidad del sistema electoral dominicano durante la próxima contienda electoral del año 2020”. Esas mismas exigencias fueron sustentadas por varios partidos políticos, entre ellos, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo.
El PRM asumió las recomendaciones de un experto internacional que aconsejó una auditoría a varios componentes del sistema de voto electrónico que incluyen el código fuente, que los recibos de votación tengan una imagen de cada candidato electo, permitir al elector corregir cualquier error luego de votar, hacer conteo manual antes de transmitir, así como contratar auditores creíbles especialistas en seguridad computacional.
Participación Ciudadana, la Coalición Democrática y el PRM han emitido fuertes críticas a la JCE por la resolución 33/19 que establece que los funcionarios pueden hacer campaña electoral en horario no laboral. De hecho, el PRM informó que pedirá a la JCE retirar la referida resolución, luego que el candidato presidencial de esa organización, Luis Abinader, declarara que el organismo electoral hace una interpretación acomodada de la ley para favorecer al poder y que supuestamente por eso pierde confianza en la población.
El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, expresó preocupación por “los constantes ataques y descalificaciones que se hacen desde sectores de la oposición en contra de la Junta Centra Electoral (JCE), y el proceso de elecciones del año próximo”. Al mismo tiempo, el políticoexternó su confianza en el organismo comicial.
“Para nosotros la JCE debe gozar de toda la confianza del pueblo dominicano y de todo el sistema de partidos”, expresó Castillo, al tiempo de indicar que espera que los demás candidatos a la Presidencia de la República reconozcan los resultados de las elecciones del año próximo como él lo hará “sea cual sea el resultado”. Planteó que según lo que observa en los partidos de oposición, parecería que están preparándose ante su inminente derrota para las elecciones municipales de febrero y las congresionales y presidenciales de mayo del 2020.
“Yo quiero decirles a los partidos de oposición que si nosotros resultáramos vencidos en las elecciones de mayo, seremos los primeros en llamar y felicitar al ganador; pero de igual forma, si nosotros somos los que resultáramos ganadores, como pensamos y estamos seguros que vamos a salir triunfantes en esas elecciones de mayo, nosotros esperamos que ellos tengan la gallardía y la grandeza de llamarnos y felicitarnos a nosotros”, expresó el candidato presidencial.
Sobre el voto automatizado, deploró el rechazo que algunos partidos de oposición hacen al mismo, descalificando la transparencia con que se ha manejado la JCE y definió este sistema como “la forma más transparente de votación”.
“Nosotros confiamos mucho en el voto electrónico o voto automatizado y más en esta era de la tecnología y la información. De igual manera como hemos apoyado el uso total del voto automatizado, también apoyamos todas las resoluciones que ha emitido la JCE. Para este organismo nuestro apoyo y nuestro reconocimiento a todas sus disposiciones”, concluyó.
El delegado técnico del PLD ante la JCE y miembro del Comité Político de la organización, Danilo Díaz, dijo que hay montada una campaña de descrédito en contra del organismo de elecciones y que eso es preocupante.
El manifiesto ciudadano lo firman además de Participación Ciudadana, la Articulación Nacional Campesina, Fundación Masada, Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Fundación Solidaridad, Centro Juan XXIII, Fundación Trópico; Centro Montalvo, Ciudad Alternativa, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Movimiento de Mujeres Trabajadoras, Comité de Seguimiento, Foro Ciudadano, Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Consejo de Desarrollo Cívico Social, Consejo Metropolitano de Mujeres y la entidad Santiago Somos Todos. Las entidades también llaman al Tribunal Superior Electoral (TSE) a que procure y garantice la imparcialidad al momento de conocer las demandas. Igualmente, llaman al Poder Ejecutivo a no comprometer las finanzas públicas para favorecer los candidatos del partido oficial.
Santo Domingo, R.D.-Juan Carlos Bircann Sánchez, procurador general titular de la Procuraduría Regional de Santiago, solicitó este martes la designación de otros jueces en el turno de la tarde-noche en el tribunal de Atención Permanente en el distrito judicial de Valverde.
Bircann Sánchez explicó que con esa designación podrán canalizar las solicitudes que requieren autorización judicial.
Detalló que desde hace un tiempo se ha hecho difícil para el Ministerio Público obtener algunas de esas autorizaciones, ya que el horario de servicio termina a las 4:30 de la tarde.
Indicó que en el mismo distrito la labor judicial sería más eficiente si el Tribunal Colegiado operara por más tiempo. Actualmente, dicha sala solo trabaja dos días a la semana.
Bircann Sánchez planteó que con la implementación de mejoras en el funcionamiento del servicio judicial, como la designación de jueces fijos en la sala unipersonal y la ampliación del horario de atención, se podrán obtener resultados significativos.
El procurador general titular de la Procuraduría Regional de Santiago, que también abarca la provincia Valverde, hizo la solicitud durante los actos con motivo al Día del Poder Judicial.
En su intervención, el funcionario también se refirió al tema de la violencia de género. Consideró que ese tema sigue como tarea pendiente, aunque, según dice, este año lograron avances significativos.
Expresa la necesidad de que en ese tipo de delitos se concientice más a los jueces y fiscales.
«Aparte de las actitudes que revictimizan a las usuarias en algunas salas de audiencias, existe un divorcio con los estándares probatorios y la doctrina jurisprudencial trazada por la Suprema Corte de Justicia en esta materia», declaró.
Aseguró que en su despacho tiene disponibles las pruebas documentales de lo que está afirmando.
Santo Domingo, R.D.-Tras tres reclusos sufrir sobredosis por consumo de drogas, ha quedado en evidencia un grave problema que afecta las cárceles dominicanas, lo cual ha permitido observar la competencia en torno a este flagelo a partir de lo ocurrido en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta de Moca.
Este no es un fenómeno nuevo; a lo largo de los años, múltiples denuncias han revelado la presencia de sustancias ilícitas dentro de los centros penitenciarios del país, a pesar de los esfuerzos por mejorar el sistema de seguridad.
El dirigente comunitario Guanchi Comprés, de Los Peregrinos de Moca, dio a conocer el caso el lunes 6 de enero, señalando que los internos involucrados en este suceso se encontraban en el módulo dos del penal cuando se produjo la sobredosis.
El incidente ha puesto de relieve no solo el problema del consumo de drogas en las cárceles dominicanas, sino también las graves fallas de seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta.
El dirigente destacó que las cámaras de vigilancia del penal están inoperativas desde hace más de una década, lo que dificulta cualquier intento de esclarecer los hechos. “¿Cómo pueden investigar este hecho si no tienen medios para saber lo que ocurrió?”, cuestionó Comprés, exigiendo una respuesta clara de las autoridades.
“Pedimos el traslado inmediato de todos los agentes de este centro, que son cómplices de lo que pasa”, añadió el dirigente, subrayando que el director del penal, aunque honesto, no tiene control total sobre lo que ocurre en las instalaciones.
Un problema de drogas que no es nuevo en las cárceles de RD
Este caso en Moca se suma a una serie de denuncias similares que han salido a la luz en otros centros penitenciarios de República Dominicana en los últimos años. En marzo de 2024, se reveló que en la cárcel de San Francisco de Macorís los reclusos tenían acceso a drogas y otros artículos ilícitos gracias a mafias internas y la complicidad de algunos agentes penitenciarios.
Por otro lado, en noviembre de 2024, la Penitenciaría Nacional de La Victoria se vio envuelta en una denuncia sobre la venta ilegal de bebidas alcohólicas, drogas y estimulantes sexuales dentro del recinto. Las sustancias ingresaban al penal a través de redes de contrabando, lo que ponía en peligro la seguridad y el orden dentro de la cárcel.
Incluso en el 2021, el Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció el tráfico de drogas, armas, prostitución y abusos sexuales dentro de las cárceles de República Dominicana, describiendo un panorama de sobrepoblación y falta de control en los centros del viejo modelo penitenciario, como la emblemática Penitenciaría de La Victoria.
El silencio del sistema penitenciario ante las denuncias
El sistema penitenciario de la República Dominicana ha sido blanco de múltiples críticas por su incapacidad para erradicar el consumo de drogas y otros ilícitos dentro de sus recintos. Aunque las autoridades han intentado implementar reformas, como la creación del Nuevo Modelo Penitenciario, los problemas persisten.
En varios casos, la complicidad entre reclusos y agentes penitenciarios ha permitido que sustancias ilícitas sigan entrando a las cárceles. Tambien, en la cárcel de Neiba, agentes de la policía y el Ministerio Público incautaron armas, drogas y otros objetos prohibidos.
Además, la falta de una respuesta oficial y la escasa transparencia en cuanto a las investigaciones sobre estos hechos contribuyen a la desconfianza en el sistema. Aunque el Ministerio de Justicia y la Dirección General de Prisiones han prometido tomar medidas para mejorar la seguridad, la situación sigue siendo grave.
Santo Domingo, R.D.-Fue convertido en ley este martes por la Cámara de Diputados un proyecto legislativo que tiene el objetivo de modificar la Ley Orgánica 138-11 del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a través de la cual se altera la integración del pleno y el mecanismo de elección del procurador General de la República (PGR).
Esta iniciativa, propuesta por el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos; y el senador Omar Fernández, es una respuesta al dictamen colocado el pasado 27 de octubre en el artículo 171 de la Constitución dominicana, luego de ser promulgada por el Poder Ejecutivo la cuadragésima modificación.
¿Quiénes integrarán el CNM?
Este órgano constitucional está conformado, además, por el presidente de la República, quien lo encabeza; el presidente del Senado; un senador del bloque político opositor; el presidente de la Cámara de Diputados; un diputado de bancada no oficialista y un magistrado de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Dentro de las funciones del CNM se encuentra designar los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), del TC y sus suplentes. Al igual que elegir al titular de la PGR y la mitad de los procuradores adjuntos, a propuesta de jefe del Estado.
Abstención
La alteración al artículo 16 ordena que “en todos los casos”, en los cuales un miembro del CNM aspire o acepte su postulación como juez o procurador general deberá abstenerse de participar en la elección de este puesto.
“Tampoco podrá participar en la elección de un candidato a juez o al cargo de Procurador General de la República o uno de sus procuradores adjuntos, cuando le unan vínculos sanguíneos o de afinidad hasta el cuarto grado inclusive”, indica el párrafo de este apartado.
Procurador
Esta pieza indica con claridad que el gobernante será quien deba presentar en modo de propuesta al ciudadano que dirigirá la PGR. Sin embargo, precisa que, aun siendo aprobado en ambas cámaras del Congreso Nacional, el CNM deberá desarrollar un reglamento para determinar cuál será el mecanismo que utilizará el primer mandatario.
La etapa de selección pasará por un proceso de entrevistas en el que participarán los 8 integrantes del órgano y deberá realizarse durante los primeros 100 días de promulgada la Carta Magna, que culminan a finales de enero del 2025.
El Consejo Nacional de la Magistratura designará al Procurador General de la República y la mitad de los procuradores adjuntos por un periodo de dos años.
Este plazo tendrá un carácter de inamovilidad, a excepción de que decidan rectificar al ciudadano en el puesto.
Importancia del reglamento
El CNM deberá en un plazo “máximo” de 30 días adecuar el reglamento de aplicación del marco legal de esta entidad independiente del tren gubernamental, según establece la pieza legislativa.
Posible salida de Miriam Germán
Abinader reveló el pasado 12 de agosto que le pediría a la procuradora general, Miriam Germán Brito, que continué en el cargo, hasta tanto se den las modificaciones a la Constitución que pretende el mandatario.
A lo que Brito respondió días después aceptando la solicitud anunciada por el presidente Abinader.
No obstante, no adelantó si optaría nuevamente por ocupar la posición, ni tampoco el gobernante ha anunciado a quien presentará ante el CNM.