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Auditoría de equipos y funcionarios en campaña pone JCE en foco de partidos.
La Junta Central Electoral (JCE) se mantiene en un fuego cruzado de los partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil, tras su resolución 33/19 que da luz verde a los funcionarios para que participen en la campaña electoral.
La decisión de la JCE recibió fuertes críticas de la sociedad civil y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), además de que varios partidos de oposición y 23 organizaciones de la sociedad civil han empezado a presionar el organismo para que haga la auditoría forense que anunció el 15 de octubre a los equipos del voto automatizado que usará en las elecciones municipales de febrero, mientras el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó preocupación “por constantes ataques” al órgano electoral.
Ayer, un grupo de 20 organizaciones sociales firmaron “un manifiesto por la democracia” y exigen a la JCE realizar la auditoría forense que prometió a los equipos del voto automatizado el pasado el 15 de octubre.
“Que además de honrar su palabra, cumpliendo con la realización de la auditoría forense anunciada a la población el pasado 15 de octubre de 2019, avalen la confianza del electorado en este proceso bajo los principios de legalidad, transparencia y libertad previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral 15-19; en particular, al definir los términos de referencia y de selección de la firma auditora”, establece el documento firmado por Participación Ciudadana y otras entidades sociales.
También piden que se publiquen los resultados de la auditoría forense de manera integral y “sin cortapisas y las medidas correctivas necesarias para garantizar la integridad institucional y la credibilidad del sistema electoral dominicano durante la próxima contienda electoral del año 2020”. Esas mismas exigencias fueron sustentadas por varios partidos políticos, entre ellos, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo.
El PRM asumió las recomendaciones de un experto internacional que aconsejó una auditoría a varios componentes del sistema de voto electrónico que incluyen el código fuente, que los recibos de votación tengan una imagen de cada candidato electo, permitir al elector corregir cualquier error luego de votar, hacer conteo manual antes de transmitir, así como contratar auditores creíbles especialistas en seguridad computacional.
Participación Ciudadana, la Coalición Democrática y el PRM han emitido fuertes críticas a la JCE por la resolución 33/19 que establece que los funcionarios pueden hacer campaña electoral en horario no laboral. De hecho, el PRM informó que pedirá a la JCE retirar la referida resolución, luego que el candidato presidencial de esa organización, Luis Abinader, declarara que el organismo electoral hace una interpretación acomodada de la ley para favorecer al poder y que supuestamente por eso pierde confianza en la población.
El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, expresó preocupación por “los constantes ataques y descalificaciones que se hacen desde sectores de la oposición en contra de la Junta Centra Electoral (JCE), y el proceso de elecciones del año próximo”. Al mismo tiempo, el políticoexternó su confianza en el organismo comicial.
“Para nosotros la JCE debe gozar de toda la confianza del pueblo dominicano y de todo el sistema de partidos”, expresó Castillo, al tiempo de indicar que espera que los demás candidatos a la Presidencia de la República reconozcan los resultados de las elecciones del año próximo como él lo hará “sea cual sea el resultado”. Planteó que según lo que observa en los partidos de oposición, parecería que están preparándose ante su inminente derrota para las elecciones municipales de febrero y las congresionales y presidenciales de mayo del 2020.
“Yo quiero decirles a los partidos de oposición que si nosotros resultáramos vencidos en las elecciones de mayo, seremos los primeros en llamar y felicitar al ganador; pero de igual forma, si nosotros somos los que resultáramos ganadores, como pensamos y estamos seguros que vamos a salir triunfantes en esas elecciones de mayo, nosotros esperamos que ellos tengan la gallardía y la grandeza de llamarnos y felicitarnos a nosotros”, expresó el candidato presidencial.
Sobre el voto automatizado, deploró el rechazo que algunos partidos de oposición hacen al mismo, descalificando la transparencia con que se ha manejado la JCE y definió este sistema como “la forma más transparente de votación”.
“Nosotros confiamos mucho en el voto electrónico o voto automatizado y más en esta era de la tecnología y la información. De igual manera como hemos apoyado el uso total del voto automatizado, también apoyamos todas las resoluciones que ha emitido la JCE. Para este organismo nuestro apoyo y nuestro reconocimiento a todas sus disposiciones”, concluyó.
El delegado técnico del PLD ante la JCE y miembro del Comité Político de la organización, Danilo Díaz, dijo que hay montada una campaña de descrédito en contra del organismo de elecciones y que eso es preocupante.
El manifiesto ciudadano lo firman además de Participación Ciudadana, la Articulación Nacional Campesina, Fundación Masada, Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Fundación Solidaridad, Centro Juan XXIII, Fundación Trópico; Centro Montalvo, Ciudad Alternativa, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Movimiento de Mujeres Trabajadoras, Comité de Seguimiento, Foro Ciudadano, Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Consejo de Desarrollo Cívico Social, Consejo Metropolitano de Mujeres y la entidad Santiago Somos Todos. Las entidades también llaman al Tribunal Superior Electoral (TSE) a que procure y garantice la imparcialidad al momento de conocer las demandas. Igualmente, llaman al Poder Ejecutivo a no comprometer las finanzas públicas para favorecer los candidatos del partido oficial.
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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.