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Auditoría de equipos y funcionarios en campaña pone JCE en foco de partidos.
La Junta Central Electoral (JCE) se mantiene en un fuego cruzado de los partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil, tras su resolución 33/19 que da luz verde a los funcionarios para que participen en la campaña electoral.
La decisión de la JCE recibió fuertes críticas de la sociedad civil y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), además de que varios partidos de oposición y 23 organizaciones de la sociedad civil han empezado a presionar el organismo para que haga la auditoría forense que anunció el 15 de octubre a los equipos del voto automatizado que usará en las elecciones municipales de febrero, mientras el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó preocupación “por constantes ataques” al órgano electoral.
Ayer, un grupo de 20 organizaciones sociales firmaron “un manifiesto por la democracia” y exigen a la JCE realizar la auditoría forense que prometió a los equipos del voto automatizado el pasado el 15 de octubre.
“Que además de honrar su palabra, cumpliendo con la realización de la auditoría forense anunciada a la población el pasado 15 de octubre de 2019, avalen la confianza del electorado en este proceso bajo los principios de legalidad, transparencia y libertad previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral 15-19; en particular, al definir los términos de referencia y de selección de la firma auditora”, establece el documento firmado por Participación Ciudadana y otras entidades sociales.
También piden que se publiquen los resultados de la auditoría forense de manera integral y “sin cortapisas y las medidas correctivas necesarias para garantizar la integridad institucional y la credibilidad del sistema electoral dominicano durante la próxima contienda electoral del año 2020”. Esas mismas exigencias fueron sustentadas por varios partidos políticos, entre ellos, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo.
El PRM asumió las recomendaciones de un experto internacional que aconsejó una auditoría a varios componentes del sistema de voto electrónico que incluyen el código fuente, que los recibos de votación tengan una imagen de cada candidato electo, permitir al elector corregir cualquier error luego de votar, hacer conteo manual antes de transmitir, así como contratar auditores creíbles especialistas en seguridad computacional.
Participación Ciudadana, la Coalición Democrática y el PRM han emitido fuertes críticas a la JCE por la resolución 33/19 que establece que los funcionarios pueden hacer campaña electoral en horario no laboral. De hecho, el PRM informó que pedirá a la JCE retirar la referida resolución, luego que el candidato presidencial de esa organización, Luis Abinader, declarara que el organismo electoral hace una interpretación acomodada de la ley para favorecer al poder y que supuestamente por eso pierde confianza en la población.
El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, expresó preocupación por “los constantes ataques y descalificaciones que se hacen desde sectores de la oposición en contra de la Junta Centra Electoral (JCE), y el proceso de elecciones del año próximo”. Al mismo tiempo, el políticoexternó su confianza en el organismo comicial.
“Para nosotros la JCE debe gozar de toda la confianza del pueblo dominicano y de todo el sistema de partidos”, expresó Castillo, al tiempo de indicar que espera que los demás candidatos a la Presidencia de la República reconozcan los resultados de las elecciones del año próximo como él lo hará “sea cual sea el resultado”. Planteó que según lo que observa en los partidos de oposición, parecería que están preparándose ante su inminente derrota para las elecciones municipales de febrero y las congresionales y presidenciales de mayo del 2020.
“Yo quiero decirles a los partidos de oposición que si nosotros resultáramos vencidos en las elecciones de mayo, seremos los primeros en llamar y felicitar al ganador; pero de igual forma, si nosotros somos los que resultáramos ganadores, como pensamos y estamos seguros que vamos a salir triunfantes en esas elecciones de mayo, nosotros esperamos que ellos tengan la gallardía y la grandeza de llamarnos y felicitarnos a nosotros”, expresó el candidato presidencial.
Sobre el voto automatizado, deploró el rechazo que algunos partidos de oposición hacen al mismo, descalificando la transparencia con que se ha manejado la JCE y definió este sistema como “la forma más transparente de votación”.
“Nosotros confiamos mucho en el voto electrónico o voto automatizado y más en esta era de la tecnología y la información. De igual manera como hemos apoyado el uso total del voto automatizado, también apoyamos todas las resoluciones que ha emitido la JCE. Para este organismo nuestro apoyo y nuestro reconocimiento a todas sus disposiciones”, concluyó.
El delegado técnico del PLD ante la JCE y miembro del Comité Político de la organización, Danilo Díaz, dijo que hay montada una campaña de descrédito en contra del organismo de elecciones y que eso es preocupante.
El manifiesto ciudadano lo firman además de Participación Ciudadana, la Articulación Nacional Campesina, Fundación Masada, Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Fundación Solidaridad, Centro Juan XXIII, Fundación Trópico; Centro Montalvo, Ciudad Alternativa, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Movimiento de Mujeres Trabajadoras, Comité de Seguimiento, Foro Ciudadano, Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Consejo de Desarrollo Cívico Social, Consejo Metropolitano de Mujeres y la entidad Santiago Somos Todos. Las entidades también llaman al Tribunal Superior Electoral (TSE) a que procure y garantice la imparcialidad al momento de conocer las demandas. Igualmente, llaman al Poder Ejecutivo a no comprometer las finanzas públicas para favorecer los candidatos del partido oficial.
Santo Domingo. – A partir del primero de agosto la Junta Central Electoral (JCE) tendrá nuevos horarios de atención en los Centros de Cedulación de Servicio Extendido (anteriormente denominados Centros de Servicios Continuos).
El Pleno de la JCE dispuso que los centros de servicio extendido ofrecerán atención a la ciudadanía de lunes a domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche.
La medida aplicará a los centros ubicados en Barahona, Herrera, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.
En ese sentido, la JCE precisó que los ciudadanos con citas programadas en el horario de la madrugada (de 12:00 a. m. a 07:00 a. m.), podrán presentarse en cualquiera de los centros de cedulación, según el horario de servicio correspondiente, sin importar el mes de cumpleaños.
Santo Domingo.- Una accion directa de inconstitucionalidad sometió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el Tribunal Constitucional una contra el artículo 310 del recién modificado Código Penal.
El recurso fue encabezado por Trajano Potentini, presidente del gremio, quien considera que su contenido entra en contradicción con garantías esenciales del orden constitucional, particularmente el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad del ejercicio profesional del derecho.
Potentini acudió a la sede de la jurisdicción constitucional acompañado de miembros de la directiva del gremio, presidentes de seccionales y de expresidentes del Colegio de Abogados, en una manifestación institucional con la que la organización procura defender no solamente las prerrogativas de los profesionales del derecho, sino también las garantías que asisten a toda persona que requiere representación y asistencia jurídica efectiva.
El presidente del CARD explicó que la acción constitucional tiene como propósito que el Tribunal Constitucional examine la compatibilidad del artículo impugnado con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución dominicana, especialmente aquellos vinculados al libre y pleno ejercicio del derecho de defensa.
Dijo que cualquier regulación penal que pueda incidir sobre la actuación profesional de los abogados debe ser examinada con especial rigor constitucional, debido a que el abogado constituye una pieza esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Sostuvo que la defensa técnica no puede ser concebida como una concesión del Estado ni como una función secundaria dentro del sistema de justicia. Por el contrario, representa una garantía indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente sus derechos frente a una investigación, acusación o proceso judicial.
En ese contexto, el CARD considera necesario preservar un marco normativo que permita a los abogados ejercer sus funciones con independencia, seguridad jurídica y respeto a la naturaleza de su profesión.
Señaló que la controversia planteada trasciende los intereses particulares de los abogados. Según Potentini, cuando se afecta la independencia o la dignidad de quienes ejercen la defensa técnica también pueden verse comprometidos los derechos de los ciudadanos representados por esos profesionales.
Potentini destacó que la Constitución reconoce el debido proceso y el derecho de defensa como garantías fundamentales que deben observarse en toda actuación judicial y administrativa. En consecuencia, afirmó que las normas deben interpretarse de manera compatible con esos postulados.
La acción solicita la intervención del Tribunal Constitucional en su condición de órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Corresponderá a esa alta corte examinar los argumentos y determinar la conformidad o no de la disposición cuestionada con la Carta Sustantiva.
El CARD informó que dará seguimiento al curso procesal de la acción y reiteró su confianza en que el debate jurídico permitirá delimitar adecuadamente el alcance de la disposición impugnada conforme a los principios del Estado social y democrático de derecho.
Santo Domingo, R.D.-En franca violacion del mandato constitucional del plazo de 48 horas para someter ante un juez competente a una persona detenida se produce con casos que tienen que sufrir que se tiempo de extienda por didas, semanas e incluso en meses, segun denuncia de muchos afectados.
Y cuando finalmente un tribunal ordena la libertad, salir del destacamento tampoco ocurre de inmediato.
La situación ha quedado evidenciada con los 13 ciudadanos que permanecen más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido sometidos al control de un juez y sin que existiera registro de un proceso penal en su contra.
Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su libertad inmediata, varios días después la decisión aún se encuentra en proceso de ejecución.
La decisión legal de la liberación de los 13 detenidos ocurrió después de que una inspección de la Defensa Pública encontrara a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece llevaban más de un mes detenidas sin haber comparecido ante un juez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con esas personas.
Según relataron, los agentes explicaron que el retraso obedecía a la falta de vehículos para trasladarlo hasta la fiscalía.
Sin embargo, cuando consultaron el sistema del Poder Judicial, descubrieron que tampoco existía una solicitud de medida de coerción depositada y ante esa situación, interpusieron un nuevo hábeas corpus.
Para la Defensa Pública, la ausencia de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más frecuentes para justificar los retrasos.
«No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos», explicó Figuereo.
La defensora sostuvo que esa situación no solo afecta a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también las audiencias de medidas de coerción.
«Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado«, aseguró.
El hábeas corpus tampoco acelera siempre la libertad.
Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.
Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.
«La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida», afirmó.
El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.
Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.
Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.
«Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas«, señaló la defensora pública Dilenny Morel.
La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.
Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.
Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.