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Auditoría de equipos y funcionarios en campaña pone JCE en foco de partidos.
La Junta Central Electoral (JCE) se mantiene en un fuego cruzado de los partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil, tras su resolución 33/19 que da luz verde a los funcionarios para que participen en la campaña electoral.
La decisión de la JCE recibió fuertes críticas de la sociedad civil y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), además de que varios partidos de oposición y 23 organizaciones de la sociedad civil han empezado a presionar el organismo para que haga la auditoría forense que anunció el 15 de octubre a los equipos del voto automatizado que usará en las elecciones municipales de febrero, mientras el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó preocupación “por constantes ataques” al órgano electoral.
Ayer, un grupo de 20 organizaciones sociales firmaron “un manifiesto por la democracia” y exigen a la JCE realizar la auditoría forense que prometió a los equipos del voto automatizado el pasado el 15 de octubre.
“Que además de honrar su palabra, cumpliendo con la realización de la auditoría forense anunciada a la población el pasado 15 de octubre de 2019, avalen la confianza del electorado en este proceso bajo los principios de legalidad, transparencia y libertad previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral 15-19; en particular, al definir los términos de referencia y de selección de la firma auditora”, establece el documento firmado por Participación Ciudadana y otras entidades sociales.
También piden que se publiquen los resultados de la auditoría forense de manera integral y “sin cortapisas y las medidas correctivas necesarias para garantizar la integridad institucional y la credibilidad del sistema electoral dominicano durante la próxima contienda electoral del año 2020”. Esas mismas exigencias fueron sustentadas por varios partidos políticos, entre ellos, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo.
El PRM asumió las recomendaciones de un experto internacional que aconsejó una auditoría a varios componentes del sistema de voto electrónico que incluyen el código fuente, que los recibos de votación tengan una imagen de cada candidato electo, permitir al elector corregir cualquier error luego de votar, hacer conteo manual antes de transmitir, así como contratar auditores creíbles especialistas en seguridad computacional.
Participación Ciudadana, la Coalición Democrática y el PRM han emitido fuertes críticas a la JCE por la resolución 33/19 que establece que los funcionarios pueden hacer campaña electoral en horario no laboral. De hecho, el PRM informó que pedirá a la JCE retirar la referida resolución, luego que el candidato presidencial de esa organización, Luis Abinader, declarara que el organismo electoral hace una interpretación acomodada de la ley para favorecer al poder y que supuestamente por eso pierde confianza en la población.
El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, expresó preocupación por “los constantes ataques y descalificaciones que se hacen desde sectores de la oposición en contra de la Junta Centra Electoral (JCE), y el proceso de elecciones del año próximo”. Al mismo tiempo, el políticoexternó su confianza en el organismo comicial.
“Para nosotros la JCE debe gozar de toda la confianza del pueblo dominicano y de todo el sistema de partidos”, expresó Castillo, al tiempo de indicar que espera que los demás candidatos a la Presidencia de la República reconozcan los resultados de las elecciones del año próximo como él lo hará “sea cual sea el resultado”. Planteó que según lo que observa en los partidos de oposición, parecería que están preparándose ante su inminente derrota para las elecciones municipales de febrero y las congresionales y presidenciales de mayo del 2020.
“Yo quiero decirles a los partidos de oposición que si nosotros resultáramos vencidos en las elecciones de mayo, seremos los primeros en llamar y felicitar al ganador; pero de igual forma, si nosotros somos los que resultáramos ganadores, como pensamos y estamos seguros que vamos a salir triunfantes en esas elecciones de mayo, nosotros esperamos que ellos tengan la gallardía y la grandeza de llamarnos y felicitarnos a nosotros”, expresó el candidato presidencial.
Sobre el voto automatizado, deploró el rechazo que algunos partidos de oposición hacen al mismo, descalificando la transparencia con que se ha manejado la JCE y definió este sistema como “la forma más transparente de votación”.
“Nosotros confiamos mucho en el voto electrónico o voto automatizado y más en esta era de la tecnología y la información. De igual manera como hemos apoyado el uso total del voto automatizado, también apoyamos todas las resoluciones que ha emitido la JCE. Para este organismo nuestro apoyo y nuestro reconocimiento a todas sus disposiciones”, concluyó.
El delegado técnico del PLD ante la JCE y miembro del Comité Político de la organización, Danilo Díaz, dijo que hay montada una campaña de descrédito en contra del organismo de elecciones y que eso es preocupante.
El manifiesto ciudadano lo firman además de Participación Ciudadana, la Articulación Nacional Campesina, Fundación Masada, Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Fundación Solidaridad, Centro Juan XXIII, Fundación Trópico; Centro Montalvo, Ciudad Alternativa, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Movimiento de Mujeres Trabajadoras, Comité de Seguimiento, Foro Ciudadano, Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Consejo de Desarrollo Cívico Social, Consejo Metropolitano de Mujeres y la entidad Santiago Somos Todos. Las entidades también llaman al Tribunal Superior Electoral (TSE) a que procure y garantice la imparcialidad al momento de conocer las demandas. Igualmente, llaman al Poder Ejecutivo a no comprometer las finanzas públicas para favorecer los candidatos del partido oficial.
Santo Domingo.- Los contratos de concesion minera suscritos en el Estado dominicano y la Falcombridge Dominicana, S.A. (Falcondo) fueron cancelados por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), poniendo fin a una relación contractual de casi siete décadas sobre la concesión Quisqueya I, ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del TSA, presidida por el magistrado Antonio O. Sánchez Mejía e integrada por los jueces Úrsula J. Carrasco Márquez y Edward A. Abreu, mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, de fecha 12 de agosto de 2026.
El fallo alcanza los contratos suscritos el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969.
La acción fue interpuesta en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), en representación del Estado dominicano, tras identificarse incumplimientos relacionados con la explotación de los yacimientos, obligaciones económicas y laborales, así como con la presentación de informes técnicos exigidos por la legislación minera.
Entre los elementos valorados por el tribunal figura la paralización de las operaciones productivas de Quisqueya I desde el 17 de noviembre de 2023, conforme a una certificación de la Dirección General de Minería.
El TSA también tomó en cuenta que Falcondo no presentó los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.
La terminación de los contratos se produce en medio de una crisis marcada por el cese abrupto de las operaciones de Falcondo.
Tras la paralización de noviembre de 2023, la empresa entró en una etapa de cuidado y mantenimiento, sin ejecutar un plan de cierre ordenado, situación que derivó en la desvinculación de trabajadores y en incumplimientos de compromisos con empleados, contratistas y suplidores locales.
En 2024, más de 900 trabajadores fueron desvinculados y recibieron sus prestaciones laborales mediante la intervención del FONPER, en representación del Estado dominicano.
A estos se sumó un grupo de exempleados cuyos contratos fueron terminados en marzo de 2026 y que mantiene reclamaciones laborales pendientes que, según sus voceros, ascienden a unos RD$300 millones.
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Propietarios de Vidal Plast, acusados de explosión en San Cristóbal, son declarados no culpables
Santo Domingo, R.D.-No culpables fueron declarados los propietarios de la empresa Vidal Plast por el Segundo Tribunal Colegiado de San Cristóbal, quienes estaban acusados de la explosión en la provincia San Cristóbal que dejó un saldo de 38 fallecidos el 14 de agosto de 2023.
La jueza Wilma Altagracia Cuello descargó a los imputados, Edward Armando Vidal Garrido, su esposa, Maribel Sandoval Almánzar, y su hija, Mercedes Altagracia Vidal, quienes son propietarios de Vidal Plast.
Al salir de la audiencia, los familiares de las víctimas de la tragedia se mostraron a favor de la decisión de la magistrada, al considerar que la familia Vidal no era la responsable de los hechos que se le imputaban.
Ante esto, pidieron que se inicie una nueva investigación con el fin de dar con los “verdaderos responsables” de la explosión que dejó más de una decena de heridos.
En 2023, tras ser acusada por el Ministerio Público, la empresa Vidal Plast expresó su “gran sorpresa e indignación” por la responsabilidad que se le atribuye en un comunicado del Ministerio Público y resaltó que “somos una empresa familiar que, con apego a las leyes, desde 2003 se dedica a la compra y venta de materiales plásticos que reciclamos convirtiéndolos en materia prima”.
La explosión en San Cristóbal se registró alrededor de las 3:10 de la tarde del 14 de agosto de 2023. Los bomberos explicaron que se creó una deflagración de llamas que generaron ondas expansivas hacia los laterales y hacia el techo del comercio ubicado en la calle Padre Ayala, casi esquina J. Peynado, epicentro del evento.
El siniestro dejó un saldo de 38 las víctimas, 59 personas que sufrieron lesiones de leves a graves, más de 12 viviendas afectadas y al menos 70 negocios afectados.
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El destituido director de la PN sólo duró seis meses en la dirección de la Policía Nacional
Santo Domingo, R.D.-Andres Modesto Cruz Cruz, destituido director de la Policia Nacional, sólo duró seis meses en el cargo, quien además fue colocado en estado de retiro tras el cese de sus responsabilidades.
Su gestión termina marcada por dos hechos que han sacudido al país. Uno de ellos es el paro en el municipio de Navarrete, que inicialmente fue convocado por 48 horas, sin embargo, se extendió por 24 horas más ante la falta de respuestas a los reclamos planteados por los sectores.
La protesta se realizó con el fin de que las autoridades brinden soluciones a los problemas que, según los grupos populares, afectan a las comunidades de Navarrete. Entre las denuncias que los comunitarios realizan están la falta de agua potable, la terminación y reubicación del vertedero municipal y la mejora del servicio eléctrico.
Sin embargo, tras las 72 horas de protestas, los grupos populares decidieron levantar el paro y conceder un plazo de 15 días para esperar el desarrollo de las conversaciones con las autoridades. Concluida la espera, evaluaran las respuestas y determinaran las acciones que asumirán en caso de que sus demandas no sean atendidas.
Asimismo, un hecho que marcó el quinto mes de Modesto Cruz y, que dio inicio a debates sobre los protocolos policiales y el uso de la fuerza, fue la muerte de Darlin Mercado Reyes: un joven de 19 años, residente del sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, que falleció tras resultar herido de bala durante una actuación policial.
Posteriormente, Mercado se acercó al agente para indicarle que el vehículo era de su propiedad y, es en ese momento, cuando sin mediar palabras, le disparó en el tórax ocasionándole la muerte de manera instantánea.
Más tarde, los agentes observados en el video fueron suspendidos y, durante el conocimiento de la medida de coerción, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Moreta. El imputado fue llevado a una celda de máxima seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Modesto Cruz Cruz asumió el cargo el 17 de febrero del año en curso luego de haberse desempeñado como inspector general de la Policía. En el momento, había sustituido al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta quien, tras su salida, fue designado como asesor del presidente en materia policial.
Dentro de las funciones que desempeñó Modesto, previo a su labor como director, se encuentran la de director central de Asuntos Internos (DICAI), director regional Sur y subinspector general. Además, formó parte de posiciones en recursos humanos, protección y servicios especializados, seguridad preventiva y dependencias operativas.
Obtuvo reconocimientos como la medalla al mérito del servidor público, merito aéreo distintivo azul y la orden al mérito naval. De igual forma, recibió cartas de felicitaciones por su desempeño durante procesos electorales y operativos preventivos de alcance nacional.
Al asumir el cargo, Cruz se había comprometido a continuar el trabajo de Peralta en cuanto a la reducción de la tasa de criminalidad. Aseguró que en su gestión sus ejecutorias laborales no procurarían la acumulación paulatina de poder y posiciones jerárquicas.
Con la nueva designación queda derogado el artículo 1 del Decreto número 111-26, del 17 de febrero del 2026, mediante el cual había sido designado al ex director Andrés Modesto Cruz Cruz.