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Análisis Noticiosos

El Abusador y las pruebas PISA dos heridas en el alma nacional

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Por Juan Bolívar Díaz

La captura esta semana en Colombia del narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, alias El Abusador, tras haber escapado del país, pone sobre el tapete el alto grado de complicidad de las autoridades nacionales con esa actividad criminal y el nivel de la corrupción que socaba las instituciones.
Otro acontecimiento abrumador de la semana ha sido el resultado de las pruebas PISA que colocaron a los estudiantes dominicanos de 15 años en el último lugar, entre 79 países, en comprensión de la lectura, matemáticas y ciencias, revelador del fracaso de las políticas educativas de las últimas décadas y la incapacidad para superarlas.

Una historia repetida

La captura de El Abusador en Colombia, tras escapar de la República Dominicana, es una historia repetida, esta vez después de un espectacular como ineficiente operativo nacional, pues ocurrió anteriormente con otros grandes narcotraficantes, como Figueroa Agosto, Toño Leña y Arturo del Tiempo. Otros relevantes, como Ernesto Quirino, fueron arrestados en el país, pero virtualmente por agentes del Departamento contra narcóticos de los Estados Unidos (DEA).

En todos esos casos ha quedado de manifiesto la complicidad de autoridades dominicanas, a menudo de tan alto nivel, que ni los estadounidenses se atreven a identificar porque han sido financiadores de gobernantes, políticos y legisladores activos. La DEA y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) a menudo se conforman con el desmantelamiento de las bandas. En pocas ocasiones los organismos nacionales de inteligencia, policiales, militares y antidrogas han sido eficientes, y han dilatado los requerimientos de las agencias estadounidenses, como ocurrió durante varios meses en el caso de El Abusador.

El involucramiento de altos oficiales militares y policiales ha quedado evidente en casos como el de la matanza de Paya, Baní, en 2008, cuando 7 narcotraficantes colombianos fueron ejecutados por altos oficiales de la Marina de Guerra (Armada) para quedarse con el dinero que acumulaban. En 2013 el general Francisco Hiraldo Guerrero, quien era nada menos que el director de Operaciones de la DNCD, fue extraditado a Estados Unidos y allí condenado tras ser delatado como protector de narcotraficantes. En 2017 fue capturado en Puerto Rico el coronel del Ejército de RD Rafael Collado con un cargamento de 860 paquetes de cocaína. En septiembre pasado, el periódico Acento desplegó, sin ser desmentido, un informe confidencial de que 6 generales y 28 coroneles militares y policiales, incluyendo a tres ex presidentes de la DNCD, estaban bajo observación de la DEA.
Un reinado público

El caso más evidente de enriquecimiento sospechoso y de fácil seguimiento puede haber sido el de El Abusador, quien salió de la nada para acumular una gran cantidad de empresas, vinculadas al espectáculo, el entretenimiento y mobiliarias, que exhibía en las redes yates, autos de lujo y hasta joyas, y quien dejaba las propinas en maletines por donde pasaba. Se le vinculó a altas autoridades militares y policiales, así como a ministros y políticos, lo que explica que ni siquiera atendiera unos 50 requerimientos impositivos que le fueron formulados, pero no les intervenían sus empresas.

En el comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tras su arresto, se llegó a afirmar que Peralta pudo operar mucho tiempo una red criminal que envió toneladas de drogas a ese país gracias a la corrupción y la complicidad de autoridades que predomina en la República Dominicana.

En la madrugada del domingo 18 de agosto El Abusador estaba en un espectáculo artístico en el hotel Hard Rock de Punta Cana, donde fue saludado por un popular bachatero, y se le vio salir del establecimiento a media tarde de ese día, escoltado por dos vehículos, uno de los cuales ocupado por oficiales policiales. Unas 36 horas después, al amanecer del lunes 20, fue montado el espectáculo de 50 allanamientos, con decenas de fiscales y cientos de agentes que intervinieron sus propiedades, y detuvieron a algunos de sus colaboradores, pero no pudieron atrapar al hombre de vida pública. Y las autoridades dijeron que el operativo había sido minuciosamente preparado durante algún tiempo.

El pisoteo de las PISA

El otro caso de consternación de la semana fue la revelación de los resultados de las pruebas PISA, en las que los estudiantes dominicanos de 15 años quedaron en el último lugar, entre 79 países en capacidad para asimilar la lectura y en matemáticas y ciencias, con una muestra de 5 mil 674 alumnos de 234 escuelas públicas y privadas.

El resultado fue parcialmente sorprendente, al repetir los niveles de 2015, cuando han pasado 7 años desde que las autoridades gubernamentales decidieron acatar la ley de 1997 que disponía invertir el 4% del PIB en educación, pero no del todo, si se toma en cuenta que en los índices de competitividad global del Foro Económico Mundial la educación dominicana ha seguido apareciendo en los últimos cinco o seis lugares de 142 y 144 países.

Sería mezquino atribuir la mayor responsabilidad al actual Gobierno, que ha destinado unos 900 mil millones de pesos a la educación, por la acumulación de atrasos en los estudiantes, o a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), aunque ambos tengan su cuota. Es indiscutible que con la inversión del 4% el Gobierno de Danilo Medina ha hecho esfuerzos, ha logrado mejorías de aulas, alimento a los estudiantes, y Tanda Extendida, aunque ha privilegiado mucho el cemento y el empleo administrativo, con ministros que no eran técnicos en educación ni maestros, dos de los cuales fueron luego precandidatos presidenciales, uno de ellos con un gasto de decenas de millones de pesos en más de un año de campaña política.

La ADP tiene una cuota en el “luchismo” que la ha caracterizado, aunque fue empujada a ello por los años de salarios miserables y falta de materiales didácticos. Tiempos hubo con presidentes intelectuales en que no había ni tiza ni borradores en las escuelas. La mayor responsabilidad ha sido de las políticas sostenidas por décadas, por gobiernos que centran el desarrollo en las construcciones visibles, en vez de la educación. También las universidades, que convertidas en simples fábricas de profesionales, forjaron maestros con enormes deficiencias. Esos que Educa estima que tomará 25 años renovarlos. El clientelismo, la politiquería y el triunfalismo de la “revolución educativa” pregonada con enorme gasto publicitario, han quedado en cuestionamiento, mientras el actual ministro de Educación acaba de ser designado para encabezar la campaña electoral oficialista en Santiago.
Fortaleza institucional

Los dos acontecimientos lacerantes de la semana vuelven a remitirnos a la necesidad que tiene esta sociedad de hacer un alto y recuperar los cauces institucionales, proscribir la corrupción, reducir el clientelismo y la politiquería y privilegiar la planificación y la inversión reproductiva. Se escuchó el miércoles al ministro Antonio Isa Conde proclamar que parece necesario un sacudimiento telúrico para que esta sociedad comience a superar tantos atavismos. Y ayer en un artículo en HOY, Isidoro Santana, hasta hace poco ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, tras denunciar la corrupción, la delincuencia, el mal funcionamiento de los servicios públicos, la evasión de impuestos, que permiten generalizar la conducta delictiva y criminal, escribió que “tendría que pasar algo muy grande” para superarlos.

Todos los diagnósticos y estudios indican que el crecimiento económico de las últimas 6 décadas no ha generado proporcional desarrollo humano, y que las precariedades institucionales, el desconocimiento de la Constitución y las leyes, el clientelismo y el rentismo, corroen y castran las energías sociales.

Una vez más deberíamos echarle una ojeada al Reporte Harvard de, 2012, y al Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la RD, 2010-20, conocida como “Comisión Attalí”. Este último privilegia la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que entonces se discutía y fue promulgada en 2012, quedando pendiente gran parte de sus mandatos. Atrás quedaron los 7 lineamientos, con 77 propuestas de Jacques Attalí, el primero de los cuales pregona la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones, con múltiples recomendaciones que duermen el sueño eterno.

Autoridades en ridículo

Si las máximas autoridades de persecución del crimen quedaron mal paradas por el ineficiente operativo de agosto, cuando fue evidente que El Abusador fue alertado, ahora tras su captura en Colombia han quedado en ridículo, al haber pretendido atribuirse el mérito. La Procuraduría General de la República (PGR) y la DNCD se disputaron una rueda de prensa la tarde del lunes 2, tras la captura, que se realizó alrededor de las 6 en el local de la primera, aunque había sido convocada a las 4 para la sede de la segunda.

Un comunicado escrito de la PGR dice que el arresto “fue posible gracias a un proceso de coordinación entre la PGR, la DNCD, y con el apoyo de alguaciles federales de los Estados Unidos liderados por los marshalls de Colombia”. Luego dice que a través de una labor de inteligencia llevada a cabo por la DNCD, se determinó el paradero de El Abusador y que de inmediato se efectuó su apresamiento.

O las autoridades colombianas son mezquinas, o las locales fantasiosas, porque en las abundantes declaraciones ofrecidas por el general Henry Sanabria, comandante de la Policía Metropolitana de Colombia, en Cartagena, donde fue apresado el narcotraficante, no aparece la menor referencia a la contribución de las autoridades nacionales. Más bien se ha encargado de contradecir la versión nacional de que El Abusador salió del país una semana antes. Sanabria dice que estaba en Colombia desde fines de agosto o principio de septiembre. En realidad hasta fines de noviembre aquí se hicieron numerosos operativos masivos supuestamente “orientados por labores de inteligencia”, supuestamente para capturarlo. La percepción es que se buscaba atenuar la ineficiencia y complicidad en el caso. Mientras se han difundido por radio grabaciones de conversaciones telefónicas, donde el perseguido ofrecía entregarse si le dejaban en libertad a su esposa y para que atendiera a sus hijos.

MiNI RESUMEN DEL INFORME ATTALI (2010-20)

• De 1970 al 2008, crecimiento económico anual sobre 5.5%, debido en parte a estabilidad política a partir de la segunda mitad de la década de 1970.
• Economía vulnerable, orientada al consumo, poca innovación, no anticipa la educación a largo plazo. Sociedad poco educada, aún no preparada para el futuro.
• Estado endeudado sin gran margen de maniobra fiscal.
• El país se arriesga a no tener una segunda oportunidad, más aún cuando el cuerpo social no ha aprovechado el impulso económico.
• El pueblo tiene un sentimiento de abandono que lo lleva al individualismo y a desconfiar de las instituciones con desempleo endémico, mercado informal considerable, política de salud poco eficaz y criminalidad en aumento.
• La Estrategia Nacional de Desarrollo debe ser desplegada a partir de 2011 con eficacia y rapidez.
• Es fundamental la restauración de la credibilidad del Estado y de la confianza de los ciudadanos.
• El país debe reformar su modelo de desarrollo económico y social para asegurar un crecimiento a largo plazo, con un verdadero contrato social.
• La confianza entre la población, las instituciones y el sector privado será determinante para reformar el país.

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El trasfondo del asentamiento de saldados salvadoreños en Haití

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Por José Cabral

El envío de dos mil militares salvadoreños a Haití luce que no se trata de la supuesta gratitud y bondad con el pueblo más pobre del hemisferio, sino de un plan orquestado desde la administración Trump para que sea parte de su propósito de destruir el derecho internacional.

Bukele y todos los actores de la comunidad internacional y de Haití saben que el problema de las bandas es sólo una parte, tal vez la menos importante, de la crisis que padece la hermana nación, porque territorio que no tenga autoridad pública termina vandalizado.

Es tanto así, que si mañana las bandas resultan derrotadas quedaría pendiente la tarea más compleja de la crisis haitiana, que tiene que ver con que allí el Estado sólo existe en el papel, pero no en la realidad.

Entonces, si se partiera de la hipótesis de que las bandas sean desarticuladas, por la vía que sea, habría que preguntarse si existe algún plan para reestructurar el Estado a los fines de que la autoridad pública pueda hacer cumplir el mandato de la ley y la Constitución?

Todo el mundo sabe que no, incluido Bukele y también la administración estadounidense, lo cual indica que se le crean falsas expectativas sobre la base de un plan que no tiene mucho que ver con  un pueblo que ya no aguanta más maltratos y violencia.

El problema tiene muchas aristas, porque además hay que preguntarse si la parte del Ejército del Salvador presente en Haití cuenta con los recursos para permanecer allí por largo tiempo si es que fuera necesario.

De manera, que mediante un análisis sopesado del problema se puede colegir que lo que ocurre con lo decidido por Bukele parece inscribirse más que en cualquier otra cosa en una vanidad y al interés de vender una imagen de ser un presidente omnipotente, pero además a través de él cuestionar la idoneidad del derecho internacional como parte de los objetivos del “Escudo de las Américas”.

En este contexto, luce estar la medida del presidente salvadoreño de enviar más de dos mil militares a Haití en una acción paralela a la Fuerza de Supresión de Pandillas que operaba en la hermana nación mediante un esfuerzo conjunto de una serie de países miembros de la ONU, a un interés de ego personal y de cumplir y justificar la razón de la existencia del “Escudo de las Américas”, creación de Donald Trump.

Como se ve, el asentamiento de los militares salvadoreños ni siquiera luce que tenga como objetivo principal rescatar sus cuatro compañeros secuestrados y probablemente asesinados por las bandas que ejecutaron la acción, ya que se sabe que este tipo de desenlace puede ocurrir en cualquier lugar donde hay una confrontación armada.

Otra cuestión es que la ofensiva de Bukele persigue justificar y legitimar los esfuerzos individuales propiciados por la administración de los Estados Unidos a través del “Escudo de las Américas” para quitarle sentido al derecho internacional, lo cual quiere decir que los países latinoamericanos, en este caso, “amuelan cuchillo” para su propia garganta.

Hay, a caso, alguien que ponga en duda que el accionar de Bukele en Haití fortalece la deteriorada  imagen de Donald Trump, a quien se le cae  la casa encima, no sólo por la derrota sufrida en las elecciones de medio tiempo, sino porque los gobiernos que tienen su aval en Latinoamérica  su   han entrado en un nivel de descrédito que se puede pronosticar su expulsión del control de los Estados de esas naciones.

De manera, que se puede colegir que la reunión de Bukele con Trump en la Casa Blanca a propósito del envío de los soldados salvadoreños a Haití, haya servido para discutir la estrategia que ahora se observa.

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Análisis Noticiosos

La esclavitud disfrazada de tradición

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Por Rafael N. Fernández

En Santiago de los Caballeros, la esclavitud se viste de coches tirados por caballos.

Los caballos tiran de los coches bajo un sol que quema el asfalto.

Lo que para muchos dominicanos y turistas es “pintoresco”, para el caballo es una práctica insoportable  y una condena injusta.

Los caballos viven una vida miserable bajo el calor el extremo, jadeando,  sedientos y a veces ni suficiente agua reciben.

Trabajan jornadas excesivas, sufren latigazos y hasta heridas cuando se niegan a seguir caminando.

Lo peor es la falta de libertad, pues nacen, crecen, enferman y mueren tirando de carruajes y sin poder correr libres en un pastizal, sin elegir qué comer, sin poder simplemente ser caballos.

Decir que es tradición no hace que sea correcto, la ignorancia ha disfrazado de cultura lo que en realidad es explotación.

Justificar el sufrimiento animal porque “es una tradición” es la misma lógica que ha sostenido la esclavitud a lo largo y ancho de la historia.

Una tradición no puede estar por encima de la vida y la dignidad de seres que sufren y que no pueden defenderse de sus verdugos.

En 1889, en Turín, Friedrich Nietzsche presenció cómo un cochero golpeaba brutalmente a un caballo y corrió angustiado hacia el animal, lo abrazó y lloro desconsoladamente por su angustia, tiempo después  sufrió el colapso que marcó el final de su vida pública.

Mientras otros pasaban y miraban la escena indiferentes, Nietzsche miro en aquel animal a un ser que sufría,  que no podía defender  y que no podía defenderse.

La indiferencia no debe ser la respuesta ante el maltrato  animal,       el accionar que atormenta la existencia de esos tristes caballos debe ser detenido, hay que hacerle un alto a la crueldad, es un delito que debe cesar.

¿Cómo es posible que aún poseamos un nivel de ignorancia tan grande que veamos el sufrimiento de un animal como algo normal y para colmo  llamarlo “tradición”?

¿Hasta cuándo tienen que seguir padeciendo?

Lo más indignante y terrible es que,  tanto el gobierno central como el municipal, se hacen de la vista gorda y prefieren mantenerse al margen; les resulta más barato no intervenir que enfrentar la realidad  y  buscar otras alternativas económicas para los cocheros.

El silencio del poder sostiene por tradición una práctica que es una maldición para los pobres caballos y una vergüenza para la sociedad dominicana.

Acabar con la esclavitud animal no es dejar sin trabajo a los cocheros, es reemplazar  los coches tirados por caballos por carruajes eléctricos y, a la vez, crear refugios o santuarios naturales para que los caballos puedan sentirse en paz, descansar, y vivir la vida que nunca han podido vivir, porque la ignorancia humana se la ha arrebatado.

Un pueblo que se dice civilizado no puede medir su progreso en edificios y avenidas mientras ignora el sufrimiento de seres indefensos que transitan contra su voluntad cada día por sus calles.

Santiago se llama “de los caballeros” y se supone que ser caballero es proteger al más débil, y mientras haya un caballo jadeando bajo el sol, con la mirada cansada,  sin agua y sin descanso, ese nombre será una ironía, la esclavitud animal es un absurdo que debe ser eliminado de nuestra sociedad.

Estar a favor de la abolición de la esclavitud animal, es estar a favor de la verdad y de la razón.

No podemos decir que somos buenas personas si nos empeñamos en mantener una tradición que es sinónimo de crueldad para seres tan nobles, indefensos e inocentes.

 

Rafael N. Fernández (Escritor y poeta dominicano)

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Otra vez el nepotismo legislativo

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Por José Cabral

La conducta de los partidos políticos ya se ha hecho una cultura en la República Dominicana, una de cuyas expresiones es el llamado nepotismo legislativo, el cual tiene que ver con la escogencia de un hijo, esposa o familiar cercano cuando muere un diputado o senador.

Si bien es cierto que la sustitución es mediante un mecanismo que consiste en la presentación de una terna del partido por el que fue elegido el congresista fallecido, pero ello no implica que la inclinación tenga que ser por un hijo, un hermano o la esposa del legislador muerto como se estila en el país.

Es un comportamiento que se repite constantemente, pese a que lo lógico fuera que el escogido sea otro dirigente de ese partido que haya logrado algunos méritos en la misma circunscripción para ocupar la posición, a los fines de que la organización cumpla con lo prometido durante la campaña por ese legislador que ya ha muerto.

Sin embargo, las cosas no ocurren de esa manera porque los cargos públicos son manejados por los partidos políticos como una propiedad de quien resultó electo a una curul congresional, convirtiéndose el asunto en una especie de herencia familiar.

Por esa razón yo he planteado desde una perspectiva crítica que los partidos políticos debían someter un proyecto de ley para que la figura de la determinación de herederos sea extendida al derecho electoral para que los familiares sean los sucesores de los cargos públicos, lo cual implica un problema ético.

Ello así porque los cargos electivos públicos no son un patrimonial familiar, ya que el ciudadano ha dado su voto por un candidato para que mediante la democracia representativa lo represente en el Congreso Nacional, es decir, que no lo hizo para que el cargo sea concedido a un familiar ante su ausencia definitiva como si se tratara de un patrimonio privado.

Pero la práctica ya se ha convertido en un mandato y en consecuencia los cargos vacantes por muerte de diputados y senadores siempre quedan en manos de sus familiares como si se tratara de una herencia patrimonial.

Siempre he sostenido que los partidos políticos tienen el mismo comportamiento en lo que respecta a la implementación de políticas públicas y de igual modo en asuntos como el tratado en este artículo.

Que nadie se cree ilusiones de que los partidos van a cambiar ese comportamiento, ya que cuando llegan al control del Estado lo manejan como si fuera una herencia que les dejó sus abuelos.

De manera, que en esto se confirma también que los partidos políticos, tanto grandes, medianos y pequeños, actúan como si fueran uno, cuya única diferencia es el nombre de los dirigentes, el color que lo identifica y como se hace llamar.

Entonces, en lo que muy bien se puede llamar nepotismo legislativo también se comportan de igual manera y manejan las curules vacantes por muerte de sus titulares como si se tratara de la partición de una herencia patrimonial dejada por el causante.

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