Editorial
Una decisión que aunque correcta procesalmente, daña aún más la imagen de la justicia.
La Suprema Corte de Justicia ha tomado una medida que marca dañinamente al sistema de justicia de la República Dominicana, por tratarse del caso Odebrecht, el proceso más importante en la historia de la corrupción administrativa del país.
No se puede negar que con la decisión se retoma un principio general del derecho que de todo condenado puede recurrir su caso ante un tribunal superior, lo cual no podía ocurrir en el caso Odebrecht porque todos fueron arrastrados hacia un juicio en una jurisdicción privilegiada por estar involucrado en el mismo un senador de la República.
Ahora el caso ha sido transferido hacia lo que se conoce como el juez natural, que es precisamente un tribunal de primera instancia ordinaria, lo cual implica que el presente proceso se alargue en el tiempo y surta un efecto social y político, sobre todo ahora que se desarrolla una contienda electoral para escoger las nuevas autoridades nacionales.
Lo otro es que el fallo al respecto se produce luego de una serie de criticas al Consejo Nacional de la Magistratura por haber escogido a un presidente de la Suprema que se le señala como miembro del Comité Central del partido de gobierno y que por demás se le vincula con unos de los imputados por haber sido en el 2016 su jefe de campaña.
Todo esto complica y profundiza el cuestionamiento a un sistema de justicia que está bastante desacreditado, no por capricho, sino por la conducta de la mayoría de los jueces del país, cuyas sentencias son generalmente cuestionadas por ser parcializadas o cuando menos por ser el resultado de la negligencia, la ineptitud o la complicidad.
La sociedad atraviesa por momentos muy difíciles, dado que no hay forma de que los actores de la vida política nacional reaccionen frente a los atropellos que se cometen en contra del estado de derecho, cuya falta de respuesta de la población es atribuida a que la gente luce cansada y enferma.
A pesar de que la decisión de la SCJ se ajusta al debido proceso consignado, no sólo en el derecho procesal dominicano, sino también en la Constitución de la República y en tratados internacionales, pero nadie puede negar que lo ocurrido había sido advertido por jueces con experiencia y por expertos en derecho penal.
Sin embargo, ahora cuesta esperar a que las cosas se hagan de forma diferente y en absoluto respeto a la normativa procesal y a principios universales del derecho a la defensa, lo cual no ha sido ponderado en el caso Odebrecht.
Desde el principio se ha hablado de que en el caso no están todos los que son ni son todos los que están, lo cual ha restado credibilidad al proceso de investigación desarrollado por el Ministerio Público, que dejó fuera de las indagatorias obras tan importantes como Punta Catalina, la cual recibe el calificativo de cuerpo del delito.
Sin lugar a dudas, que el gran perdedor con la decisión de la Suprema Corte de Justicia lo es el Ministerio Público y en consecuencia el Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana que es acusado de poner la justicia al servicio de la corrupción y la impunidad.
Aunque ciertamente las elecciones de los Estados Unidos no constituyen un asunto de fondo, porque ya lo ha dicho este periódico, porque ambos candidatos representan prácticamente lo mismo en política exterior, aunque sí hay una cierta diferencia en asuntos internos como la inmigración.
Sin embargo, hay que ser realista y reconocer que no es lo mismo Trump que Harris, porque el primero tiene una posición ultraconservadora y de maltrato a los que provienen en los Estados Unidos de naciones pobres y subdesarrolladas.
Y eso visto desde los intereses de la región implica mucho, porque no hay quién se atreva a decir que la inmigración no ha sido una válvula de escape de la crisis eterna de las naciones del tercer mundo, máxime en sus economías que se manejan en medio de grandes déficits fiscales y deudas, cuya principal tabla de salvación es precisamente la remesa que procede de su gente en el exterior.
Entonces, a partir de cómo impactan las elecciones estos temas, tiene una importancia capital las elecciones que tuvieron lugar el pasado martes en los Estados Unidos y donde resultó elector Donald Trump.
Buscar eliminar la inmigración de la gente de Latinoamérica hacia los Estados Unidos representa una fórmula de agudizar sus crisis, incluida la política.
Pero además el hecho de que Trump haya sido el elegido en los comicios de la nación más poderosa del mundo indica que muchos antivalores serán asimilados por los políticos que están bajo su órbita, lo cual indica que la mala conducta y corrupción es una opción mucho más viable en Latinoamérica.
De manera, con las elecciones recién concluidas en la nación mas poderosa del mundo también estaba echada la suerte de los países latinoamericanos.
Ahora no queda duda de la preferencia del ciudadano estadounidense , cuya validación de una conducta supuestamente reprochable por el sistema norteamericano ha sido confirmada, lo que mucho gente no quería y en consecuencia la misma puede ser reproducida por todo aquel actor político que no cree en otra cosa que en eso, sobre todo en las naciones que están bajo su influencia.
Sin embargo, hay que decir que la decisión tomada por el votante en las pasadas elecciones es legitima en atención a sus derechos ciudadanos, pero la misma deja un mal sabor para el que propugna y aboga por verdaderos cambios.
De manera, que nadie ponga en tela de juicio la cuestión, que el voto en favor de Trump tiene un impacto en la vida y el futuro de las familias de los inmigrantes que viven en los Estados Unidos y de los países de donde son originarios, porque el triunfo de este político podría implicar dañar la vida de los que venden sus fuerzas de trabajo en la unión americana y de la necesaria institucionalidad de las naciones de donde provienen.
El Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no pegan una, actúan como si no tuvieran la menor idea de lo que quieren y de sus metas.
Buscan combatir la corrupción, pero al propio tiempo la promueven, cuyo mejor ejemplo de ese comportamiento es que ahora andan de las manos de los corruptos que hace poco fueron acusados de incurrir en este flagelo.
Porque la verdad es que Abinader y el PRM no tienen ninguna diferencia con el PLD, la Fuerza del Pueblo y otras crápulas de la política vernácula.
Puede asegurarse que la diferencia sólo tiene que ver con el nombre de los actores, tal vez el color de la piel u otros detalles de poca trascendencia, porque en el fondo tienen el mismo comportamiento ante el patrimonio público.
Aunque de alguna manera se cuidan de no exhibir su doble moral, pero su conducta los traiciona, como ocurre ahora que hablan de derechos constitucionales, pero los violan cuando entienden que deben hacerlo.
Hace prácticamente horas que en un acto solemne proclaman una nueva Constitución, pero luego viene la violación de los derechos más sagrados del ser humano, el de la intimidad, el honor y el buen nombre.
La desfachatez es tan grande que a los pocos días repiten los mismos errores, aunque con una poderosa razón para incurrir en los mismos, como es la torpeza, lo cual, incluso, va en contra de lo que proclaman, porque es que no saben diferenciar una cosa de otra.
Lo grave de todo esto es que Luis Abinader y el PRM con su comportamiento legitiman a una oposición que no tiene derecho hablar, porque es igual que los que hoy ocupan el gobierno.
De manera, que los que buscan llegar al poder a través de sus críticas al Gobierno sólo tienen como consigna “quítate tú pa ponerme yo y nada más, pero lo propio hacen los que ahora están arriba y que luego se ven abajo.
El presidente Luis Abinader ha hecho un gobierno dependiente casi totalmente del endeudamiento público, cuya falta de planificación estratégica lo convierte en una víctima de esta peligrosa vía.
Su desenfrenada política de endeudamiento es una forma de irse por lo más fácil, siempre a partir de los ejemplos de países de la zona que también se apoyan en una opción que si no hay calidad del gasto sumerge la nación en una situación insostenible.
De acuerdo a economistas nacionales que se manejan al margen del partidarismo político, consideran que ya el país tiene comprometido de sus ingresos alrededor de un 72 o 74 por ciento.
Es decir, es una situación de coger más préstamos para cumplir con los ya asumidos, lo cual crea un circulo vicioso en la economía que conlleva grandes sacrificios para los dominicanos.
Ahora mismo el país se encamina a un endeudamiento público, tanto interno como externo, realmente insostenible, pero el peligro no para porque el Poder Ejecutivo sigue con un reforzamiento irracional de esa vía.
El Congreso Nacional no para de aprobar préstamos, lo cual ya ha preocupado hasta a los propios legisladores oficialistas, cuyo último en pronunciarse fue Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
Evidentemente que no se miden las consecuencias de un endeudamiento público insostenible, máxime sin una reforma fiscal integral y que sea más progresiva que regresiva.
Parece que el Gobierno ha armado su propia trampa, la cual no luce que pueda ser superada, porque la escogencia de la vía más fácil del endeudamiento que procurar aumentar la producción nacional y en consecuencia mejorar los niveles de las exportaciones el país se inclina por lo más peligroso.
El dominicano es bueno que entienda que así como resultada de peligroso un gobierno corrupto, igual ocurre cuando el mismo también es incapaz, porque es un riesgo doble, porque si bien una cosa es mala la otra todavía es peor.
Ojos pelaos.