Editorial
Una decisión que aunque correcta procesalmente, daña aún más la imagen de la justicia.
La Suprema Corte de Justicia ha tomado una medida que marca dañinamente al sistema de justicia de la República Dominicana, por tratarse del caso Odebrecht, el proceso más importante en la historia de la corrupción administrativa del país.
No se puede negar que con la decisión se retoma un principio general del derecho que de todo condenado puede recurrir su caso ante un tribunal superior, lo cual no podía ocurrir en el caso Odebrecht porque todos fueron arrastrados hacia un juicio en una jurisdicción privilegiada por estar involucrado en el mismo un senador de la República.
Ahora el caso ha sido transferido hacia lo que se conoce como el juez natural, que es precisamente un tribunal de primera instancia ordinaria, lo cual implica que el presente proceso se alargue en el tiempo y surta un efecto social y político, sobre todo ahora que se desarrolla una contienda electoral para escoger las nuevas autoridades nacionales.
Lo otro es que el fallo al respecto se produce luego de una serie de criticas al Consejo Nacional de la Magistratura por haber escogido a un presidente de la Suprema que se le señala como miembro del Comité Central del partido de gobierno y que por demás se le vincula con unos de los imputados por haber sido en el 2016 su jefe de campaña.
Todo esto complica y profundiza el cuestionamiento a un sistema de justicia que está bastante desacreditado, no por capricho, sino por la conducta de la mayoría de los jueces del país, cuyas sentencias son generalmente cuestionadas por ser parcializadas o cuando menos por ser el resultado de la negligencia, la ineptitud o la complicidad.
La sociedad atraviesa por momentos muy difíciles, dado que no hay forma de que los actores de la vida política nacional reaccionen frente a los atropellos que se cometen en contra del estado de derecho, cuya falta de respuesta de la población es atribuida a que la gente luce cansada y enferma.
A pesar de que la decisión de la SCJ se ajusta al debido proceso consignado, no sólo en el derecho procesal dominicano, sino también en la Constitución de la República y en tratados internacionales, pero nadie puede negar que lo ocurrido había sido advertido por jueces con experiencia y por expertos en derecho penal.
Sin embargo, ahora cuesta esperar a que las cosas se hagan de forma diferente y en absoluto respeto a la normativa procesal y a principios universales del derecho a la defensa, lo cual no ha sido ponderado en el caso Odebrecht.
Desde el principio se ha hablado de que en el caso no están todos los que son ni son todos los que están, lo cual ha restado credibilidad al proceso de investigación desarrollado por el Ministerio Público, que dejó fuera de las indagatorias obras tan importantes como Punta Catalina, la cual recibe el calificativo de cuerpo del delito.
Sin lugar a dudas, que el gran perdedor con la decisión de la Suprema Corte de Justicia lo es el Ministerio Público y en consecuencia el Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana que es acusado de poner la justicia al servicio de la corrupción y la impunidad.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.