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Expresidente exige a la JCE la participación de todos sus delegados en auditoría
Leonel Fernández durante un almuerzo navideño con dirigentes de las nueve circunscripciones del Gran Santo Domingo, en el Club Los Prados
Leonel Fernandez, aspirante presidencial de la Fuerza del Pueblo, dijo hoy, luego de que se produjera la contratación de la empresa Alhambra Systems S.A., por parte de la Junta Central Electoral, para que realice la auditoría forense al Sistema de Voto automatizado, que los delegados de su partido y demás organizaciones del sistema, deben participar de todo el proceso en esa inspección.
El exmandatario enfatizó que, de no cumplirse con la petición, esta auditoria no tendría ningún valor, pues, según dijo, esto lo que haría es confirmar aún más “el fraude que se cometió en el pasado proceso de elecciones primarias del 6 de octubre”.
“La Junta lo que tiene que hacer es dedicarse a hacer la auditoría previa y programar la auditoría posterior a lo que va a ocurrir en las elecciones municipales del 16 de febrero, porque necesitamos que den garantía absoluta, que esta vez si se va a respetar en toda su expresión la voluntad del pueblo”, declaró el exmandatario de la República.
Contrato de Alhambra Systems S.A.
La JCE en una comunicación de prensa, detalló que el contrato asciende a quinientos sesenta y seis mil treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con setenta y tres centavos (US$566,037.73), lo cual es correspondiente a los honorarios y gastos del servicio contratado. La JCE deberá pagar un 50% al inicio del proyecto y 50% al finalizar el proyecto.
Agregó que Alhambra Systems S.A opera bajo el nombre Alhambra Eidos en la persona de Jaime Guevara, director de general y representante legal.
Las elecciones primarias fueron fuertemente cuestionadas por el expresidente Fernández , quien era precandidato del PLD y que después del proceso interno de esa organización abandonó las filas de esa institución oficialista.
Luego de celebradas las elecciones primarias del 6 de octubre, el equipo del expresidente Leonel Fernández depositó una instancia ante la Junta Central Electoral (JCE) en la que requirió una serie de aspectos para que sean aplicados por la empresa que resulte escogida para realizar la auditoría forense al sistema de voto automatizado.
Fernández exige, entre otros puntos, que se verifique la no alteración de las máquinas de votación.
Para dicha verificación plantea que se seleccione un 5 % de las máquinas de votación, y que se le realice un copiado completo del estado final del disco duro y el BIOS para que sea entregado a los auditores forenses.
También, pide realizar en cada una de las máquinas, un análisis de los accesos, permisos, archivos borrados, alterados y agregados, con lo cual se debería hacer un informe de cada máquina.
Además, que se compruebe que el reloj del sistema de entrada y salida (BIOS) no ha sido alterado desde el momento en que se cerraron las votaciones, que no se ha realizado ningún acceso a estas máquinas desde el cierre de la votación, y que, si cualquier máquina resultase con cualquiera de estas alteraciones, debe ser reemplazada por otra, entre otros requerimientos.
También que se verifiquen lo sistemas de seguridad electrónica o sistemas de accesos físicos o virtuales a áreas sensibles interconectadas; que se certifique la geolocalización de los puntos desde donde se realizaron las transmisiones de resultados, la certificación de la impresión de las horas todas las actas de votación de cada mesa, así como la impresión de las actas de votación de los electores y su vinculación o conexión con el hardware, entre otros requerimientos. Y que se certifique que las estaciones o urnas han estado en estado de congelamiento, posterior al proceso de elecciones.
Asimismo, el equipo de Fernández insistió en que se debe designar una comisión de veedores compuesta por representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y la embajada de los Estados Unidos.
En la instancia, firmada por los delgados técnico y político del exmandatario, Fernando Fernández y Rubén Maldonado respectivamente, se demanda que se analice el “software de sumarización de votos”; que se habiliten a todas las partes para reproducir los resultados de los auditores, que “el flujo de votación cumple el paso a paso desde el nivel partido, presidente, senador, diputado, alcalde, regidor, director municipal, vocal, es decir desde el nivel de partido hasta el nivel municipal”.
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Banco agradece a autoridades por eficiencia en investigación del caso de acreditaciones irregulares
Santo Domingo, R.D.-La celeridad y el profesionalismo del Ministerio Público y la Policia Nacional fue reconocido por el Banco BHD en el proceso de investigación y persecución de los involucrados en el caso de acreditaciones irregulares por más de RD$ 200 millones en perjuicio de esa entidad y la entidad financiera expresó que se mantendrá trabajando y colaborando con estas instituciones hasta cerrar el caso.
Desde marzo pasado, tras una investigación interna, el BHD desvinculó por despido y posteriormente sometió a la justicia a un empleado acusado de realizar acreditaciones irregulares en beneficio de terceros a cambio de una retribución económica para sí mismo, violando la confianza que fue depositada en él a través de su rol.
También sometió a la justicia a un grupo de personas externas al banco que recibió los fondos irregulares. La denuncia formal fue colocada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.
El BHD informó que, tan pronto detectó el movimiento irregular de acreditaciones, inició un proceso de investigación en coordinación con el Ministerio Público y notificó el hecho a la Superintendencia de Bancos.
La entidad indicó que, más allá de las pérdidas financieras, que fueron absorbidas por el Banco y que representan una fracción mínima de sus utilidades anuales dado el tamaño de la institución, se trata de una conducta inadmisible en una empresa que se ha caracterizado por hacer siempre lo correcto. También aseguró que los depósitos de los clientes están intactos y que nunca fueron tocados.
BHD reiteró su posición de cero tolerancia a cualquier conducta que comprometa la confianza y los valores institucionales, y su compromiso absoluto con una cultura organizacional sustentada en la ética, la transparencia y la responsabilidad.
SANTO DOMINGO.- Fueron detenidos los responsables de atacar e intimadar al chofer de un autobús escolar en un incidente ocurrido en el sector Cafe de Herrera de Santo Domingo Este, según lo anunció la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
“El comportamiento de turba iracunda tendrá su castigo”, expresó la funcionaria al confirmar que los implicados serán sometidos de inmediato ante el Ministerio Público.
El caso involucra al conductor Henrry González, quien fue agredido mientras trasladaba estudiantes hacia la escuela Rafaela Santaella, luego de un roce entre el autobús escolar y una motocicleta que presuntamente transitaba en vía contraria.
Según testigos, el motorista reaccionó de forma violenta y comenzó a golpear al conductor frente a varios menores que viajaban en el vehículo escolar. Posteriormente, otros motoconchistas se habrían sumado a la agresión, provocando escenas de pánico entre estudiantes y residentes de la zona.
Santo Domingo, R.D.-Precariedades extremas denunciaron jueces, juezas y servidores judiciales en el Placio de Justicia de Ciudad Nueva de la capital dominicana, la cual fue hecha con el lema «¡Que la dignidad comience por casa!», ya que dicen que el Consejo del Poder Judicial gasta millones de pesos en un árbol navideno, pero que no hay fondos para mejorar las condiciones de trabajo de los actores del sistema de justicia.
A través del documento titulado «Manifiesto por la Dignidad de la Justicia«, leído por la jueza Suinda Brito, el colectivo declaró su profunda preocupación y el agotamiento acumulado ante las precarias condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales en las que desempeñan sus delicadas funciones.
El documento enfatiza que la administración de justicia no puede sostenerse de forma exclusiva sobre la base de la vocación y el sacrificio personal de quienes operan el sistema.
Sostienen que esto provoca que un solo servidor o magistrado termine asumiendo la carga laboral de dos, tres o hasta cuatro personas.
Los sueldos percibidos están completamente desactualizados frente al constante aumento del costo de la vida y no guardan coherencia con la alta responsabilidad de sus cargos.
Aducen que una fuga constante de personal administrativo debido al desgaste laboral crónico.
Abandono severo de las plantas físicas de múltiples tribunales a nivel nacional y desprotección en los palacios de justicia.
Uno de los puntos más álgidos y contundentes del manifiesto radica en la abierta denuncia a la disparidad económica existente dentro del Poder Judicial.
Los manifestantes contrastaron la realidad de los tribunales frente a las esferas de dirección interna, detallando que ciertos secretarios o empleados administrativos de la cúpula devengan salarios que superan con creces los de cualquier juez o jueza titular.
Asimismo, criticaron con severidad que mientras los juzgados operan con carencias básicas, las altas direcciones cuentan con presupuestos millonarios destinados a gastos de viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos e influencers.
Como ejemplo de este desvío de prioridades, revelaron la indignante inversión de cerca de 11 millones de pesos en la instalación de un árbol navideño institucional, catalogado por los servidores como una ofensa frente a las urgencias operativas del sistema.
Los magistrados aclararon que esta protesta surge tras años de haber agotado todos los canales institucionales formales, solicitudes y llamados al diálogo por parte de las asociaciones judiciales, los cuales fueron históricamente recibidos con «silencio, indiferencia, irrespeto y desdén institucional».
De igual forma, expresaron su enérgico rechazo a las respuestas que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) emitió el pasado 19 de mayo, calificándolas de «imprecisas, condicionadas e ineficaces».
Detallaron que la propuesta de indexación salarial quedó sujeta de forma incierta a la aprobación de un presupuesto complementario por parte del Ministerio de Hacienda, sin plazos ni parámetros claros de ejecución.
Las medidas de movilidad judicial se redujeron a una indefinida «hoja de ruta» sujeta a futuros procesos participativos, careciendo de acciones específicas inmediatas.
Se omitieron temas trascendentales como la eliminación de la ilegal suplencia horizontal, la desigualdad generada por el actual manual de salarios y la movilidad de la carrera administrativa.
El manifiesto concluye con una advertencia contundente por parte del cuerpo judicial, afirmando que este movimiento es solo el inicio de una lucha firme y que no se dejarán amedrentar ni desmayarán hasta recibir soluciones ejecutables y hechos concretos.
«Porque no puede haber justicia verdadera donde quienes la sirven son tratados con indiferencia. No puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos menos a quienes lo custodian. No puede haber dignidad para el ciudadano si el juez que lo escucha, el alguacil que notifica, el secretario que certifica y el conserje que abre las puertas del tribunal cada mañana, no tienen dignidad propia», sentencia el enérgico cierre del documento.
Previo, a la lectura del manifiesto se entorno el himno nacional y el himno del Poder Judicial.