Luego de celebradas las elecciones primarias del 6 de octubre, el equipo del expresidente Leonel Fernández depositó una instancia ante la Junta Central Electoral (JCE) en la que requirió una serie de aspectos para que sean aplicados por la empresa que resulte escogida para realizar la auditoría forense al sistema de voto automatizado.

Fernández exige, entre otros puntos, que se verifique la no alteración de las máquinas de votación.

Para dicha verificación plantea que se seleccione un 5 % de las máquinas de votación, y que se le realice un copiado completo del estado final del disco duro y el BIOS para que sea entregado a los auditores forenses.

También, pide realizar en cada una de las máquinas, un análisis de los accesos, permisos, archivos borrados, alterados y agregados, con lo cual se debería hacer un informe de cada máquina.

Además, que se compruebe que el reloj del sistema de entrada y salida (BIOS) no ha sido alterado desde el momento en que se cerraron las votaciones, que no se ha realizado ningún acceso a estas máquinas desde el cierre de la votación, y que, si cualquier máquina resultase con cualquiera de estas alteraciones, debe ser reemplazada por otra, entre otros requerimientos.

También que se verifiquen lo sistemas de seguridad electrónica o sistemas de accesos físicos o virtuales a áreas sensibles interconectadas; que se certifique la geolocalización de los puntos desde donde se realizaron las transmisiones de resultados, la certificación de la impresión de las horas todas las actas de votación de cada mesa, así como la impresión de las actas de votación de los electores y su vinculación o conexión con el hardware, entre otros requerimientos. Y que se certifique que las estaciones o urnas han estado en estado de congelamiento, posterior al proceso de elecciones.

Asimismo, el equipo de Fernández insistió en que se debe designar una comisión de veedores compuesta por representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y la embajada de los Estados Unidos.

En la instancia, firmada por los delgados técnico y político del exmandatario, Fernando Fernández y Rubén Maldonado respectivamente, se demanda que se analice el “software de sumarización de votos”; que se habiliten a todas las partes para reproducir los resultados de los auditores, que “el flujo de votación cumple el paso a paso desde el nivel partido, presidente, senador, diputado, alcalde, regidor, director municipal, vocal, es decir desde el nivel de partido hasta el nivel municipal”.