Análisis Noticiosos
2019: total predominio de la política, freno al continuismo y división del PLD
Por Juan Bolívar Díaz
El fracaso del proyecto reeleccionista del presidente Danilo Medina, que detonó la división del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la emergencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) como principal alternativa de poder, fueron los acontecimientos políticos más trascendentes del año que concluye.
En un año de muchas incertidumbres políticas e institucionales, el crecimiento económico sufrió una desaceleración, especialmente en el turismo, con incremento de déficits y del endeudamiento para financiar déficits mientras los escándalos de corrupción seguían exponiendo la persistencia de la impunidad y ausencia de controles.
El dominio de la política
La aprobación de una nueva orgánica Ley del Régimen Electoral, promulgada a mitad de febrero, marcó el inicio de un año en que la política iba a predominar absolutamente en la atención pública nacional. Su implementación, junto a la Ley de Partidos promulgada en agosto anterior, consumiría las energías de la Junta Central Electoral (JCE) con repercusiones en los tribunales Constitucional y Superior Electoral con dictámenes de inconstitucionalidad sobre seis de sus predicamentos, relevantemente la eliminación del arrastre de los senadores por el voto a los diputados y el derecho a ciudadano a ser postulado a cargos electivos sin tener que ser miembro de un partido.
La celebración por primera vez de elecciones primarias para escoger candidatos, organizadas por la JCE, ocupó la atención pública hasta más allá de su materialización el 6 de octubre, dejando una estela de derivados que han seguido repercutiendo sobre el quehacer político en los últimos dos meses del año.
Las expectativas de que las reformas electorales, que incluyen la celebración de las elecciones municipales, separadas de las presidenciales y congresuales en el mismo año, redundarían en reducción del activismo político y su costo, rodaron por el suelo cuando los partidos excedieron las normativas, sin poder encontrar el mínimo valladar, y ni siquiera se ha implementado la dispuesta Procuraduría Especial para perseguir los delitos electorales.
Fuerte división del PLD
El debut de las elecciones primarias arrojó un resultado negativo fundamental, al detonar una fuerte división del PLD, tras varios años de confrontaciones internas que envolvieron a los dos líderes que han presidido la nación en cinco de los últimos seis períodos gubernamentales. La irrupción del gobierno, hasta el grado de haber designado a una treintena de ministros y altos funcionarios como jefes de la campaña interna del delfín del presidente Danilo Medina, su ministro de Obras Pública Gonzalo Castillo, extremó la confrontación. La abierta compra de votos y la desmesura del gasto del candidato auspiciado por el gobierno, más un estrecho resultado electoral, abonaron la división.
El resultado de las encuestas conocidas tras la división del PLD, indica que la facción peledeísta del presidente Medina sobreestimó su fuerza y subestimó la capacidad y decisión del presidente Leonel Fernández, quien protagoniza un fraccionamiento tan importante que lo deja cercano al candidato oficialista tras obtener una votación primaria de mínima diferencia.
El efecto inmediato es que el PLD perdió su larga hegemonía y se produjo una recomposición del escenario político con tripartidismo y con el principal partido opositor, el PRM, pasando a encabezar las preferencias para las elecciones del próximo año, con su candidato presidencial Luis Abinader registrando amplia ventaja sobre el candidato oficialista y el expresidente Leonel Fernández, quien ha logrado ser postulado por 6 partidos.
Frenado el continuismo
Si algo hay que acreditar como positivo en el ámbito político durante el 2009, fue el fracaso de los mayúsculos esfuerzos desatados por Danilo Medina y sus seguidores, para comprar los votos para una segunda reforma constitucional reeleccionista consecutiva. La resistencia, todavía desde dentro del partido gobernante, de la facción de Leonel Fernández, del principal partido opositor y amplios sectores sociales, decretaron el fracaso del proyecto continuista.
Los desaforados esfuerzos por la repostulación de Medina, generaron gran crispación e incertidumbres, suficientes para que el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, llamara personalmente al presidente Medina y le recordara el debido respeto a la Constitución, lo que contribuyó al frenazo y demostró que, aunque el presidencialismo dominicano sigue siendo demasiado fuerte, no siempre es todo poderoso ni invencible.
La resignación de Medina, el 22 de julio, fue seguida por otro fracaso, al no poder viabilizar un proyecto, que partió de la dirección de lo que queda del otra dominante Partido Reformista Social Cristiano, que buscaba la reforma constitucional para rehabilitar las posibilidades de Medina de volver a postularse a la presidencia, después del 2020.
De cualquier forma, Danilo Medina mostró una gran capacidad de maniobra y a aferrado al poder, logró imponer decidió impulsar a uno de los suyos en la candidatura presidencial del PLD, llegando luego a proclamar que con lo que queda del partido, “Yo voy a ganar las elecciones del 2020”, despertando temores por la institucionalidad democrática.
Persistió el crecimiento económico
Aunque el año arrancó con lentitud, las medidas monetarias y la colocación de bonos lograron reactivar la economía para al final conseguir un crecimiento que podría llegar al 5% del PIB, aunque menor en 2 puntos al 7% del 2018 y en desaceleración. El mayor mérito del gobierno del presidente Medina siguió siendo el mantener una de las más altas tasas de crecimiento de la región, con estabilidad de precios y baja devaluación, aunque este año el Banco Central tuvo que hacer esfuerzos para moderarla.
Como ha ocurrido en los últimos once años consecutivos, el déficit fiscal, que terminará cercano a los 150 mil millones de pesos, ha tenido que ser financiado con fuerte endeudamiento, el cual ya ronda por el 53% del PIB y sobre 50 mil millones de dólares, sumando la deuda de todos los organismos del Estado, incluyendo la flotante como la contraída con contratistas, suplidores, generadores eléctricos y por fideicomisos. Sólo el pago de los intereses se lleva casi la cuarta parte de los ingresos fiscales.
El mayor revés económico lo sufrió el turismo, que por primera vez en cuatro décadas podría concluir este año en reducción, tras una cadena de muertes de turistas, el atentado que casi mata al astro beisbolero David Ortiz, y la militarización del Congreso Nacional cuando se pretendió imponer la reforma constitucional continuista.
Con un déficit externo de alrededor del 1.5% del PIB, y reducción del ingreso fiscal presupuestado en unos 18 mil millones de pesos, la estabilidad económica y cambiaria y la mejoraría del ingreso familiar siguieron siendo impulsados en gran proporción por las remesas de los dominicanos que trabajan en el exterior, que este año crecen alrededor del 9% para sobrepasar los 7 mil millones de dólares, unos 365 mil millones de pesos, lo que equivale a más de la mitad de las recaudaciones fiscales.
Mal en salud y educación
Relegando los ayuntamientos y la salubridad el gobierno no pudo terminar todavía este año la tercera parte de los 56 hospitales cuya remodelación comenzó hace 7 años, lo que a juicio de la Alianza por el Derecho a la Salud ha ocasionado el colapso de los servicios. La incidencia del dengue estableció un récord de 18 mil casos, con 47 muertes oficiales, aunque el Colegio Médico estima 30 mil con un centenar de decesos. En el 2018 sólo se reportaron 1,558 afectados. La malaria se duplicó de 480 a 822, hasta fines de noviembre.
Al llegar diciembre el gobierno recibió un golpe con el informe de las pruebas PISA que dejaron a los estudiantes dominicanos de 15 años en el último lugar, en matemáticas, ciencias y comprensión de lectura entre 70 países, evidenciando gran retraso en la calidad de la educación, tras 7 años de la inversión en el sector del 4% del PIB.
Los informes internacionales, como los del Foro Económico Mundial, el Barómetro de las Américas, Transparencia Internacional y Oxfam siguieron arrojando precarios resultados en manejo de los fondos públicos y credibilidad de las instituciones.
Corrupción e impunidad
La impunidad siguió prevaleciendo aún en grandes casos, como las revelaciones de 28 seudónimos de personas que recibieron 55 millones de dólares como sobornos de Odebrecht para las contrataciones de las plantas de carbón de Punta Catalina y otras obras del actual gobierno. La Procuraduría General ni siquiera se ha dignado responder la denuncia internacional y menos exigir la documentación a la constructora brasileña..
Sin investigación queda también la denuncia de que antes de salir en agosto del ministerio de Obras Públicas para buscar la candidatura presidencial Gonzalo Castillo entregó contratos por 11 mil 500 millones de pesos para compras de asfalto, cuando sólo tenía asignados para ese renglón 2 mil 500 millones, y desconociendo las licitaciones que establece la Ley de Compras y Contrataciones. Tal como apuntó el balance anual de Participación Ciudadana, la justicia siguió débil y con pocos resultados, y la Cámara de Cuentas no mostró vigor ni independencia para fiscalizar el gasto gubernamental. Mientras los procesados por el mayúsculo escándalo de los sobornos de Odebrecht se redujeron a 6, de 14 que habían imputado, para un juicio que se estima burlesco.
Las autoridades nacionales quedaron mal taradas también con el escape del narcotraficante César Emilio Peralta, capturado después en Colombia, tras operar durante años una red criminal que exportó toneladas de drogas a Estados Unidos. Fue el mayor escándalo del año, y autoridades norteamericanas no dudaron en sostner que tuvo amparo en la corrupción y la impunidad prevalecientes en el país. –
Análisis Noticiosos
Años de investigación de una reserva para salvar al loro carirrojo de la extinción
Tras varios años sin avistamientos, se volvió a registrar la presencia de esta especie en peligro de extinción en la recién creada reserva Ridgely, al sur del país andino
La primera expedición fue en 2022. Visitaron casa por casa en un pueblo de la provincia austral de Loja, al sur del Ecuador. Los científicos cargaban un par de fotografías en busca de un loro con brillantes manchas rojas alrededor del pico. “Preguntamos a los habitantes si lo habían visto”, cuenta Patricio Mena, coordinador de especies de la Fundación Jocotoco. Por aquella época había registros de poco más de 20 ejemplares en la zona. “Muchos respondieron que no, sobre todo los más jóvenes”. Pero, mientras avanzaban por el camino, los habitantes mayores de Selva Alegre confirmaron haber visto y hasta escuchado al ave. “Una persona nos dijo: ‘Sí, ese periquito suele estar ahí”, mientras señalaba un parche de árboles. Aquella pista encendió la esperanza de proteger al loro carirrojo (Hapalopsittaca pyrrhops), tanto así que, tres años después, en marzo de este año, crearon la reserva Ridgely, en el mismo Loja, para cuidar a esta especie, cuya población no supera los 2.400 individuos en el mundo.
Tras aquella primera expedición de 2022, emprendieron nuevos recorridos por las montañas y cordilleras cercanas en busca de más ejemplares. Ornitólogos, observadores de aves y personas de la zona trabajaron para confirmar que Selva Alegre era el lugar indicado para cuidar al loro. Es una especie neotropical muy rara, que habita únicamente en los bosques montanos nublados del sur de Ecuador y el norte de Perú. En los últimos años, su población ha disminuido de manera preocupante. Ha sido catalogado como una especie en peligro de extinción por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ya que es muy sensible a las alteraciones en su hábitat. Estudios recientes advierten que su población está experimentando declives rápidos, en gran parte por la pérdida de su entorno.
Recuperar su hábitat
La reserva Ridgely es hoy prácticamente una isla de árboles nativos a más de 2.500 metros de altura. A su alrededor, predominan extensas hectáreas de pino —una especie introducida hace más de un siglo en Ecuador, y que ha desplazado a los árboles y plantas originarias. A esto, se suman actividades ganaderas y agrícolas, que han reducido aún más el hogar del loro, explica David Parra, director de conservación de la Fundación Jocotoco, convirtiendo a la reserva en un sitio clave para la vida de las aves.
José Espinoza es el centinela del loro. Una mochila, unos binoculares y un teléfono son sus herramientas para contabilizarlos y proteger su hábitat. Espinoza fue uno de los primeros en lograr fotografiar al loro carirrojo, pocos meses después de la creación de la reserva. Todos los días patrullaba y abría camino en medio de la maleza. “Trataba de buscarlos y no los encontraba. Ya habían pasado más de dos meses”, dice este joven de 26 años mientras camina por los alrededores de la reserva.
En uno de sus patrullajes, en abril de este año, mientras recorría los senderos, llevaba un parlante que reproducía el canto del loro. “Cuando dejó de sonar, respondieron con el mismo sonido”, relata. Apenas los escuchó, alzó la mirada hacia las copas de los árboles y encontró un grupo de diez ejemplares entre las ramas. “Se quedaron varios minutos perchados, logré tomarles fotos. Estaba muy feliz porque rara vez se los logra ver”, cuenta ilusionado.
El siguiente paso es identificar si anidan o se desplazan en busca de comida en esta zona, explica Leovigildo Cabrera, administrador de las reservas del programa Chocó– Tumbes, una zona que combina las selvas tropicales del Chocó con los bosques secos de Tumbes, entre Ecuador y Perú, y de la que forma parte la reserva Ridgely. “Hay que entender cómo es su comportamiento, sus movimientos” y “para eso son necesarios los recorridos de monitoreo”, agrega. Hay que realizar largas horas de caminatas desde el amanecer, a las seis de la mañana, hasta entrada la tarde. Una tarea que exige paciencia, dedicación y constancia.
Pero el loro carirrojo no es único habitante de estos bosques. A más de 3.600 metros de altura, donde los pajonales y la vegetación de páramo domina el paisaje, vive el colibrí garganta azul (Lampornis clemenciae), en la reserva Cerro de Arcos que, junto con Ridgely, forman un corredor ecológico. “Las especies que habitan esta larga y delgada cordillera son muy móviles”, menciona Parra. Y, añade, estos ecosistemas “se comportan como islas porque guardan a especies únicas”.
Los vigilantes del colibrí son Ángel Macas y Norberto Ordóñez, dedicados a monitorear los nidos de esta especie única. En la aplicación de su celular llevan un registro exacto de cuántos colibríes habitan en la reserva. “Incluso identificamos los nidos con código y placas para diferenciarlos”, comenta Macas. Los recorridos los realizan en solitario por lo sensibles que pueden ser las aves. Pero su trabajo no se termina ahí, también participan en la reforestación con plantas nativas, como la chuquiragua, una especie de arbusto andino, que es el principal alimento del colibrí de garganta azul.
La meta de la nueva reserva Ridgely es aumentar su extensión. “Actualmente, tiene alrededor de 200 hectáreas y en el futuro se espera duplicar el área para crear un hábitat más grande que permita incrementar la población del loro carrirojo”, cuenta Mena. Proteger al loro crea un efecto paraguas: “Al conservar estos bosques, donde habita el loro, protegemos a muchas otras especies. La reserva empieza desde los 2.800 hasta los 3.500 metros, llegando casi el páramo. Al cuidar este ecosistema, preservamos fuentes hídricas y garantizamos la supervivencia de osos y aves, como el tucán andino, las pavas de monte, los colibríes o las ranas”, zanja el investigador.
La historia detrás del loro carirrojo y del colibrí garganta azul en Selva Alegre es también la de las personas que dedican su vida a protegerlos en medio de una región del Ecuador que está cada vez más amenazada por el impacto del cambio climático, además de la nueva presión que ha puesto en jaque a las áreas protegidas del país andino: la minería ilegal. La creación y expansión de la reserva Ridgely no solo busca salvar a una especie, sino preservar un bosque entero, sus ríos, su páramo y la increíble diversidad que habita en este ecosistema único.
ELPAIS.COM
En México, la alerta de las inundaciones recientes llegó “cuando la ola ya estaba encima”, según dijo un testigo. En Haití, el huracán ‘Melissa’ no llegó, pero fue el país del Caribe donde más muertes dejó el potente ciclón. Los desastres se vuelven catástrofes por sistemas que se omiten y presupuestos que se desvían
Podemos hablar del paso de los huracanes y tormentas como si fueran una serie de números y nombres que desfilan: Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda, Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa. El último de esta temporada 2025 en el Atlántico, Melissa, dejó al 77% de Jamaica sin electricidad, al menos 28 muertos, más de 25.000 personas en refugios de emergencia; a Haití con 40 fallecidos, decenas de desaparecidos y más de 160 viviendas inundadas; a Cuba con 735.000 personas evacuadas.
Y pensamos en esas personas —las afortunadas— que siguen con vida, pero que perdieron sus hogares y que no tienen dinero para reconstruirlas; que con el tiempo terminarán por reconstruir(se) hasta que el paso de un futuro huracán les vuelva a atravesar por la mitad.
Empezamos, entonces, a asimilar mejor el concepto de “injusticia climática” cuando desciframos estas cifras en el periódico y vemos los encabezados que compiten en grandilocuencia: “el más devastador”, “el más fuerte”, “el más destructivo”. Atravesados como rayo por la palabra cambio climático.
Es más difícil pensar en conceptos y cifras cuando estos se viven en carne propia. Es, también, más difícil tomar distancia de estas tragedias para preguntarse qué convirtió estos desastres en catástrofes humanitarias, crisis de salud pública y económicas. ¿Qué tuvo que acontecer para que esto sucediera?
Quisiera hablar de desastres en un sentido más amplio. En México, hace tan solo unas semanas, lluvias torrenciales en cinco estados provocaron la muerte de al menos 70 personas y otras 70 más siguen desaparecidas. Se estima, también, que hay más de 100.000 viviendas afectadas. Cuando nos preguntamos qué pasó, los sobrevivientes hablan: “La alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
Y entonces, empezamos a entender el tipo de cosas que tienen que acontecer para que lo inevitable suceda.
En su momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no se escatimaría en recursos para atender a víctimas y que este año se aprobaron 19.000 millones de pesos mexicanos (unos 1.200 millones de dólares) para la atención de desastres.
Pero la atención no es lo mismo que la prevención. Como no es lo mismo salvar vidas que resarcir daños y enterrar muertos.
Cuando vemos los masivos recortes presupuestales a los sistemas de alerta temprana en México, en beneficio al tren Maya, a PEMEX, entre otros, entendemos por qué, el sistema mexicano de protección civil, que fue único e innovador a nivel global en su momento, sea tan insuficiente hoy en día. Se explica mejor el desmoronamiento de la comunicación de riesgos, la ausencia de convenios de colaboración con las telefonías para que alerten a las poblaciones vulnerables y los fondos de Prevención de Desastres desarticulados.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En junio de este año, la ONU lanzó las alertas en Haití: el 96% de la población estaba en riesgos por desastres y, sin embargo, no existía el financiamiento necesario para activar sistemas de prevención ni material de emergencia post-desastre. Hacía tan solo unos meses, la ONU había decretado que el gobierno no tenía la capacidad de proteger a su población en su entrada a la época más difícil del año, la presente y temible temporada de huracanes. La ONU pedía 908 millones de dólares para apoyar a Haití, a mediados de junio tan solo había logrado reunir el 8%.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En México, como en muchos otros países, la memoria sobre lugares a riesgo se fue gradualmente borrando y la legislación se hizo esquiva: los territorios inundables se volvieron habitables y se convenció a las poblaciones vulnerables de que eran seguros. Se omitieron, también, las estrategias de prevención y adaptación.
Y el problema, después, fue que “la alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
En Haití, el huracán Melissa no llegó. Pero en las últimas décadas, el país fue paulatinamente acabando con sus bosques y zonas húmedas que permitían las infiltraciones al subsuelo, limitando las inundaciones; transformó sus árboles en energía para electricidad y debilitó los territorios que eran barrera a los deslizamientos de terreno. El huracán Melissa no llegó, pero Haití, que tenía ya a 230.000 haitianos en refugios improvisados, sufrió las consecuencias más mortíferas de la región tras su paso.
Las dinámicas territoriales de las últimas décadas y la degradación de los ecosistemas son ese tipo de cosas que tienen que suceder para que lo inevitable acontezca.
Y así, los desastres se vuelven catástrofes por procesos que se construyen, sistemas que se omiten, presupuestos que se desvían, personas cuyas vidas se juzgan poco importantes. Los escenarios son conocidos, las tragedias son previsibles, pero por falta de capacidad, se vuelven imposibles de evitar.
Estos desastres y tragedias ocurren a tan solo una semana de que se lleve a cabo la COP30, el evento climático más importante a nivel global, en donde se decidirá, entre otros temas, las inversiones que tienen que ser destinadas a la adaptación, la ayuda que recibirán los países más vulnerables a los riesgos climáticos y el rol de esos estados insulares que, a pesar de no ser responsables del cambio climático, terminan siendo los más afectados.
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Al menos 64 muertos y decenas de detenidos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro
El gobernador afirma que “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” y pide ayuda a las Fuerzas Armadas
Sao Paulo.- Río de Janeiro vive este martes una jornada de caos colosal e intensos tiroteos por una operación policial contra el crimen organizado que ya es la más letal de la historia de la ciudad brasileña. Al menos 64 personas han muerto (incluidos cuatro agentes) y 81 han sido detenidas, según datos oficiales. El despliegue de 2.500 policías en esta megaoperación, que se ha centrado inicialmente en dos grandes barriadas cariocas de favelas, pretende frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, el segundo grupo más poderoso del crimen organizado en el país sudamericano. El gobernador del Estado de Río, Claudio Castro, se ha quejado de que “Río está sola en esta guerra”, ha criticado la falta de apoyo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y ha pedido ayuda a las Fuerzas Armadas.
Río de Janeiro, turística, antigua capital y el hogar de seis millones de vecinos, es simultáneamente una ciudad muy desigual y acostumbrada a la violencia, pero las dosis desplegadas este martes resultan extraordinarias incluso para los locales. El descomunal despliegue policial ha sido respondido con intensos tiroteos por los hombres del Comando Vermelho, que incluso han lanzado granadas desde drones sobre los agentes. Horas después, el grupo criminal ha desplegado a sus miembros, que han cortado avenidas y calles con barricadas por toda la ciudad y por la zona metropolitana.
Las autoridades han elevado el nivel de alerta en Río ciudad y los noticiarios se han llenado de imágenes de avenidas cortadas con autobuses, coches quemados y decenas de hombres sin camiseta a los que los agentes se llevan detenidos. La policía se ha incautado de al menos 75 fusiles.
El baño de sangre en Río se ha producido a las puertas de que Brasil acoja a partir de la semana que viene la cumbre mundial del cambio climático, la COP30, que se celebrará en Belém, en la Amazonia, a más de 3.000 kilómetros de distancia. El presidente Lula será el anfitrión de una cumbre los días 6 y 7.
El principal objetivo de la operación policial es el jefe del Comando Vermelho en una barriada carioca llamada Complexo da Penha, el capo Edgar Alves de Andrade, apodado Doca. Los agentes, que tenían un centenar de órdenes de arresto, también buscan a decenas de sus lugartenientes.
Ya a primera hora de la mañana, las autoridades habían anunciado que los tiroteos entre agentes y criminales obligaron a suspender las clases en 45 colegios y a desviar 12 líneas de autobús. Por la tarde, el CV había logrado cortar el tráfico en al menos una quincena de puntos de la ciudad, incluida la avenida Brasil, una de las principales arterias viarias. “Es un escenario de guerra”, le ha contado la profesora Suellen Gomes al diario Estadão desde el Complexo do Alemão. Según ella, los tiros empezaron al amanecer y nadie fue al colegio. “Ninguna escuela de esta zona abre cuando hay operación”, explica.
Para atrapar a los jefes del negocio, a los contables que les ayudan a blanquear sus ganancias y a los soldados de a pie que con los que mantienen el control absoluto sobre barriadas completas donde dictan la ley, las autoridades han movilizado un despliegue enorme. A los 2.500 agentes de la policía militar y la civil involucrados, se han sumado una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones policiales y una docena de vehículos de demolición.
El gobernador Castro, bolsonarista, se ha quejado de que las Fuerzas Armadas rechazaron tres veces sus peticiones para que le enviaran blindados de apoyo. Ha pedido ayuda a los militares con el argumento de que esta “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” sino que está alimentada “por las armas del narcotráfico internacional”.
El secretario de Seguridad Pública Victor Santos, ha destacado que toda la operación se diseñó y se realiza con apoyo del Gobierno federal. Santos ha lamentado el caos para los vecinos y los heridos, pero ha recalcado que esta acción “era necesaria, estaba planificada, se basa en inteligencia y va a continuar”.
El epicentro de la megaoperación son dos enormes conjuntos de favelas donde viven casi 300.000 personas, el Complexo da Penha y el Complexo do Alemão. El primero es, según la fiscalía de combate a las familias criminales de Río, un centro neurálgico de las actividades del Comando Vermelho. El Complexo da Penha, dice una nota del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), “es un punto estratégico para el flujo de drogas y armas, gracias a que está en las proximidades de varias autopistas, y se ha convertido en una de las principales bases del proyecto expansionista del grupo criminal”.
Uno de cada cuatro brasileños, es decir, 50 millones de personas, viven en barrios dominados por el crimen organizado, según un reciente estudio de la Universidad de Cambridge. El Comando Vermelho, el PCC u otros grupos armados, imponen su ley a sus vecinos y, en ocasiones, impide la acción de las autoridades. Los vecinos directamente afectados, que suelen ser pobres, negros y periféricos, se encuentran atrapados entre dos fuegos, abandonados por las autoridades, blanco fácil y presa de las balas perdidas, además de sometidos a extorsión.
En los últimos tiempos los delincuentes han descubierto las bondades del trabajo en remoto. Un fiscal del Estado amazónico de Rondonia explicaba recientemente en el diario O Globo que los jefes de las franquicias del Comando Vermelho por otros estados, sobre todo los fronterizos con otros países, se están refugiando en Río de Janeiro, que hasta este martes eran la principal guarida del grupo. “Se dieron cuenta de que el jefe ya no necesitaba estar en su estado natal. Podía estar protegido en Río y tomar decisiones por videollamada”, explicaba al diario carioca Anderson Batista de Oliveira, jefe del Gaeco en Rondonia. “El capo está en un lugar de difícil acceso para la policía, y la organización protege así a sus principales activos”, añadía.
Hasta ahora la operación más letal de Río era la de la favela de Jacarezinho, en el centro, donde en 2021 murieron 27 personas. La policía de Brasil es considerada una de las que más mata y más muere del mundo. En torno a un 10% de las muertes violentas suelen ser obra de uniformados. La de Río, tanto de la ciudad como del Estado, ha destacado durante años a nivel nacional por su alto. La creciente incorporación de cámaras en los uniformes ha contribuido a reducir las muertes en enfrentamientos a tiros con criminales.
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