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PE gastará el 96.5% del Presupuesto 2020
El Poder Ejecutivo será responsable de gastar el 96.5 por ciento del Presupuesto del 2020, con una asignación global de RD$830,881.4 millones muy concentrado en los conceptos deuda pública, Educación y Salud.
Dentro del Poder Ejecutivo los ministerios que mayores asignaciones tienen para el próximo ano son Educación (RD$194,523 millones equivalente a un 22.6%), Salud Pública (94,536.6 millones y una ponderación de 11.0%) y la Presidencia de la República (RD$67,553.9 millones, equivalente a un 7.8%).
Esos dos ministerios y la Presidencia de la República (de la cual dependen dos ministerios) tienen asignado en forma consolidada el 41.4 por ciento del gasto total del 2020.
Fuera de los ministerios, pero sí en función del gasto aprobado al Poder Ejecutivo, la clasificación deuda pública figura con dos partidas, una de RD$167,150.8 millones, que representan el 19.4% del gasto presupuestal del 2020 y que corresponde al renglón “administración de deuda pública y activos financieros”, y la otra de RD$68,790 millones, igual al 8.0% y que corresponde a “administración de obligaciones del Tesoro Nacional”. Las dos funciones consolidan el 22.4 por ciento del gasto programado para el 2020 dentro de los gastos atribuidos al Poder Ejecutivo.
En un cuadro que dentro del Presupuesto Participativo incluye la Dirección General de Presupuesto (Digepres) se refleja que para el Poder Legislativo (el primer poder del Estado) la asignación global es de RD$7,792.5 millones, equivalente al 0.9 por ciento del gasto del próximo año. En forma separada, el monto está dividido en RD$2,635.8 millones, equivalente al 0.3%, para el Senado y RD$5,156.8 millones, con una representación de un 0.6%, para la Cámara de Diputados.
Para el otro poder del Estado, el Judicial, la asignación es de RD$8,619.3 millones, que equivale al 1.0 por ciento del gasto total del Presupuesto 2020.
Para los organismos especiales, el gasto consolidado será equivalente al 1.6% del Presupuesto, con una fuerte participación de la Junta Central Electoral, que tiene una asignación por RD$10,864.8 millones, que representa el 1.3 por ciento del gasto total calculado para el 2020. El segundo mayor monto lo tiene asignado el Tribunal Constitucional, con RD$1,175.4 millones y una ponderación de 0.1%, y el tercero corresponde a la Cámara de Cuentas, con RD$974.2 millones, equivalente al 0.1%. Los otros dos organismos especiales, el Tribunal Superior Electoral y el Defensor del Pueblo, tienen asignaciones por RD$601.4 millones y RD$165.3 millones, respectivamente.
Ministerios de la Mujer y Juventud con solo 0.1%
En el grupo del Poder Ejecutivo, el ministerio con la menor asignación es el de la Juventud, con RD$718.4 millones y una ponderación de 0.1%, seguido del Ministerio de la Mujer, con RD$808.6 millones, equivalente también al 0.1% del gasto total del año 2020. Con una ponderación del 0.2% aparece el Ministerio de Energía y Minas, cuyo monto absoluto de asignación presupuestal es de RD$1,418.2 millones. Tres ministerios participan con un 0.3%.
elcaribe.com.do
Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.