Opinión
Puerto Rico: causas del desastre
Por Narciso Isa Conde
Es conocido, y muy sentido por los seres humanos sensibles ante las desgracias en otros países, que el potente huracán María devastó la isla de Puerto Rico, ocasionándole enormes calamidades a su pueblo.
También se sabe que una reciente cadena de terremotos ha sumado más tragedia sobre aquel desastre colosal.
Mucho se habla –y con razón- del cambio climático y los graves daños ocasionados a la naturaleza por el actual orden mundial como factor acelerador de esos “fenómenos naturales” y sus “poderes destructivos”.
Pero poco se conoce y se dice –algo fríamente calculado en la agenda del poder mediático- que Puerto Rico estaba en quiebra antes del impacto de esos fenómenos.
- LA DIMENSIÓN DE LA QUIEBRA.
En quiebra y amenazado por el plan de austeridad anti-popular, por la Ley Promesa y la imposición estadounidense de la Junta de Control Fiscal destinada a intervenir la administración; todo esto en el contexto y como consecuencia del endurecimiento del coloniaje y las políticas neoliberales.
De las privatizaciones.
Del brutal aumento de las desigualdades sociales, los despidos masivos, cierre de escuelas, centros de salud y traslado a otras zonas más rentables de numerosas empresas productivas.
Del deterioro ambiental y éxodo masivo a la metrópolis de una gran parte de su fuerza intelectual y de trabajo.
De la degradación de la agropecuaria y la corrupción e ineptitud gubernamental a niveles sin precedentes.
De la apropiación privada del sistema eléctrico y el recorte brutal de las políticas sociales.
De la profunda dependencia de las importaciones de alimentos y mercancías vitales.
Del endeudamiento externo a tono con la usura imperialista.
De la voracidad y las mega-ganancias del gran capital.
- CAPITALISMO DEL DESASTRE Y CICLÓN NEOLIBERAL.
Así, la economía y la vida social recibieron en Puerto Rico, antes del huracán María y los terremotos, golpes tras golpes que la condujeron a la quiebra.
El poderoso ciclón neoliberal, y lo que los boricuas críticos del poder establecido han llamado “capitalismo del desastre”, pasaron antes con sus efectos devastadores por esa hermosa isla caribeña.
El verdadero desastre ha sido, por tanto, causado por una tragedia política y social impuesta por EEUU y los súper-ricos boricuas, que a su vez han incrementado dramáticamente la vulnerabilidad de la sociedad y el territorio puertorriqueño frente a huracanes y terremotos.
Una tragedia a la que han pretendido agregarle el pago compulsivo de una deuda de 73 mil millones de dólares; disfrutada y saqueada por los detentadores del poder, y rechazada por gran parte de la sociedad.
En ese sentido tienen gran tino y valor las palabras de la Alcaldesa independentista Carmen Yulín Cruz cuando caracterizó así la situación de su país después del impacto de los dos últimos huracanes:
“Los huracanes Irma y María han desenmascarado el colonialismo al que enfrentamos en Puerto Rico y la desigualdad que fomenta creando una grave crisis humanitaria” (Comentario al libro “LA BATALLA POR EL PARAÍSO.- Puerto Rico y el capitalismo del desastre” de Naomi Klein, contraportada, Haymarket Book, Chicago, Illinois.)
Algo similar puede también afirmarse luego de los daños ocasionados por los fuertes temblores de tierra que en días reciente volvieron a azotar el archipiélago borinqueño.
Pero vale decir en este caso que “no hay mal que por bien no venga”, porque la conformación de ese cuadro dramático ha abierto cauce a una interesante confrontación de ideas y acciones respecto al qué hacer para superar la tragedia social y la destrucción material del país; confrontación a todas luces irreconciliable entre los/as patriotas puertorriqueños/as, de una parte, y los colonialistas y pro-colonialista súper-enriquecidos, de la otra.
- EL CAMINO A SEGUIR.
¿Cómo recrear la isla?
¿Cuál modelo establecer?
Es obvio que el colonialismo y sus recetas han fracasado.
Está claro que el neoliberalismo le ha impreso con dureza el sello del desastre al capitalismo de estos tiempo; desastre agravado por la gansterización de la globalización del gran capital y sus vasallos.
Pero los sustentadores de los modelos derivado de la nefasta restructuración del capitalismo ejecutada desde sus centros de decisiones en EEUU y Europa Occidental, se empecinan en profundizarlos y remodelarlos con una fuerte impronta post-moderna, que en el caso de Puerto Rico procura transformarlo en “epicentro de un mercado de miles y miles de millones de dólares”, esto es, abrir paso a su “conversión en el HONG KONG del Caribe”, a partir de estos ejes:
-Financierización total de la economía de la isla.
-Paraíso fiscal sin nadie que pueda hacerle competencia.
-Eliminación de impuestos a los ingresos de las corporaciones y magnates especuladores que operen en la isla o hacia la isla (siempre que pasen allí 183 días, equivalente justamente al invierno estadounidense).
-Parque de atracciones para los multimillonarios de la “cripto-divisas”, incluido yoga, drogas, juegos, surfing, golf, playas hermosas y ciudades privadas.
-Infierno para el pueblo empobrecido, compelido a un éxodo mayor.
-Sectores medios forzados a vender sus propiedades a precios irrisorios.
-Religiones ficticias usadas para encubrir la real: la evasión de impuesto y la especulación financiera.
A contracorriente de ese nuevo engendro de los capitales volátiles, como resultado de la convicción colectiva de no pocos componentes de pueblo boricua apabullado por el capitalismo del desastre, brota la necesidad imperiosa de otro modelo.
Sí, esa necesidad brota de hechos que muestran como sobreviven o renacen con rapidez -después del impacto desbastador de esos fenómenos naturales- sobre todo lo que se sale de las imposiciones foráneas.
Las alternativas brotan precisamente de lo que ha estado fuera de los mecanismo de importación, los sistemas energéticos convencionales, la depredación ambiental, la burocracia corrupta, la transformación de los servicios públicos en negocios, la usura sin límites y los mega-proyectos vulnerables a las descargas naturales.
El drama sufrido, la dimensión del desastre, el descubrimiento de sus causas… están permitiendo aquilatar el valor los huertos escolares, del trabajo colectivo en la reconstrucción, los proyectos comunitarios, los proyectos agro-ecológicos, las unidades de energía alternativa, la igualdad de género, la auto-gestión, los programas de educación agrícola, los centros de apoyo mutuo, la vida comunitaria…
Es la lucha por su sobrevivencia como pueblo y como país, que desde la indignación acumulada, está obligando a buscar y a crear rutas de igualdad, predominio de lo común y avances hacia una sociedad solidaria, justa y sostenible.
Está ya más claro que todo eso fue caldo de cultivo -ahora más potenciado que antes- de las movilizaciones multitudinarias que se llevaron de paro al elitista y corrupto Gobernador Roselló, apuntando a fortalecer ejercicio de la democracia de calle y el poder de revocación del soberano.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
(1 de 3)
El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.