Opinión
Puerto Rico: causas del desastre
Por Narciso Isa Conde
Es conocido, y muy sentido por los seres humanos sensibles ante las desgracias en otros países, que el potente huracán María devastó la isla de Puerto Rico, ocasionándole enormes calamidades a su pueblo.
También se sabe que una reciente cadena de terremotos ha sumado más tragedia sobre aquel desastre colosal.
Mucho se habla –y con razón- del cambio climático y los graves daños ocasionados a la naturaleza por el actual orden mundial como factor acelerador de esos “fenómenos naturales” y sus “poderes destructivos”.
Pero poco se conoce y se dice –algo fríamente calculado en la agenda del poder mediático- que Puerto Rico estaba en quiebra antes del impacto de esos fenómenos.
- LA DIMENSIÓN DE LA QUIEBRA.
En quiebra y amenazado por el plan de austeridad anti-popular, por la Ley Promesa y la imposición estadounidense de la Junta de Control Fiscal destinada a intervenir la administración; todo esto en el contexto y como consecuencia del endurecimiento del coloniaje y las políticas neoliberales.
De las privatizaciones.
Del brutal aumento de las desigualdades sociales, los despidos masivos, cierre de escuelas, centros de salud y traslado a otras zonas más rentables de numerosas empresas productivas.
Del deterioro ambiental y éxodo masivo a la metrópolis de una gran parte de su fuerza intelectual y de trabajo.
De la degradación de la agropecuaria y la corrupción e ineptitud gubernamental a niveles sin precedentes.
De la apropiación privada del sistema eléctrico y el recorte brutal de las políticas sociales.
De la profunda dependencia de las importaciones de alimentos y mercancías vitales.
Del endeudamiento externo a tono con la usura imperialista.
De la voracidad y las mega-ganancias del gran capital.
- CAPITALISMO DEL DESASTRE Y CICLÓN NEOLIBERAL.
Así, la economía y la vida social recibieron en Puerto Rico, antes del huracán María y los terremotos, golpes tras golpes que la condujeron a la quiebra.
El poderoso ciclón neoliberal, y lo que los boricuas críticos del poder establecido han llamado “capitalismo del desastre”, pasaron antes con sus efectos devastadores por esa hermosa isla caribeña.
El verdadero desastre ha sido, por tanto, causado por una tragedia política y social impuesta por EEUU y los súper-ricos boricuas, que a su vez han incrementado dramáticamente la vulnerabilidad de la sociedad y el territorio puertorriqueño frente a huracanes y terremotos.
Una tragedia a la que han pretendido agregarle el pago compulsivo de una deuda de 73 mil millones de dólares; disfrutada y saqueada por los detentadores del poder, y rechazada por gran parte de la sociedad.
En ese sentido tienen gran tino y valor las palabras de la Alcaldesa independentista Carmen Yulín Cruz cuando caracterizó así la situación de su país después del impacto de los dos últimos huracanes:
“Los huracanes Irma y María han desenmascarado el colonialismo al que enfrentamos en Puerto Rico y la desigualdad que fomenta creando una grave crisis humanitaria” (Comentario al libro “LA BATALLA POR EL PARAÍSO.- Puerto Rico y el capitalismo del desastre” de Naomi Klein, contraportada, Haymarket Book, Chicago, Illinois.)
Algo similar puede también afirmarse luego de los daños ocasionados por los fuertes temblores de tierra que en días reciente volvieron a azotar el archipiélago borinqueño.
Pero vale decir en este caso que “no hay mal que por bien no venga”, porque la conformación de ese cuadro dramático ha abierto cauce a una interesante confrontación de ideas y acciones respecto al qué hacer para superar la tragedia social y la destrucción material del país; confrontación a todas luces irreconciliable entre los/as patriotas puertorriqueños/as, de una parte, y los colonialistas y pro-colonialista súper-enriquecidos, de la otra.
- EL CAMINO A SEGUIR.
¿Cómo recrear la isla?
¿Cuál modelo establecer?
Es obvio que el colonialismo y sus recetas han fracasado.
Está claro que el neoliberalismo le ha impreso con dureza el sello del desastre al capitalismo de estos tiempo; desastre agravado por la gansterización de la globalización del gran capital y sus vasallos.
Pero los sustentadores de los modelos derivado de la nefasta restructuración del capitalismo ejecutada desde sus centros de decisiones en EEUU y Europa Occidental, se empecinan en profundizarlos y remodelarlos con una fuerte impronta post-moderna, que en el caso de Puerto Rico procura transformarlo en “epicentro de un mercado de miles y miles de millones de dólares”, esto es, abrir paso a su “conversión en el HONG KONG del Caribe”, a partir de estos ejes:
-Financierización total de la economía de la isla.
-Paraíso fiscal sin nadie que pueda hacerle competencia.
-Eliminación de impuestos a los ingresos de las corporaciones y magnates especuladores que operen en la isla o hacia la isla (siempre que pasen allí 183 días, equivalente justamente al invierno estadounidense).
-Parque de atracciones para los multimillonarios de la “cripto-divisas”, incluido yoga, drogas, juegos, surfing, golf, playas hermosas y ciudades privadas.
-Infierno para el pueblo empobrecido, compelido a un éxodo mayor.
-Sectores medios forzados a vender sus propiedades a precios irrisorios.
-Religiones ficticias usadas para encubrir la real: la evasión de impuesto y la especulación financiera.
A contracorriente de ese nuevo engendro de los capitales volátiles, como resultado de la convicción colectiva de no pocos componentes de pueblo boricua apabullado por el capitalismo del desastre, brota la necesidad imperiosa de otro modelo.
Sí, esa necesidad brota de hechos que muestran como sobreviven o renacen con rapidez -después del impacto desbastador de esos fenómenos naturales- sobre todo lo que se sale de las imposiciones foráneas.
Las alternativas brotan precisamente de lo que ha estado fuera de los mecanismo de importación, los sistemas energéticos convencionales, la depredación ambiental, la burocracia corrupta, la transformación de los servicios públicos en negocios, la usura sin límites y los mega-proyectos vulnerables a las descargas naturales.
El drama sufrido, la dimensión del desastre, el descubrimiento de sus causas… están permitiendo aquilatar el valor los huertos escolares, del trabajo colectivo en la reconstrucción, los proyectos comunitarios, los proyectos agro-ecológicos, las unidades de energía alternativa, la igualdad de género, la auto-gestión, los programas de educación agrícola, los centros de apoyo mutuo, la vida comunitaria…
Es la lucha por su sobrevivencia como pueblo y como país, que desde la indignación acumulada, está obligando a buscar y a crear rutas de igualdad, predominio de lo común y avances hacia una sociedad solidaria, justa y sostenible.
Está ya más claro que todo eso fue caldo de cultivo -ahora más potenciado que antes- de las movilizaciones multitudinarias que se llevaron de paro al elitista y corrupto Gobernador Roselló, apuntando a fortalecer ejercicio de la democracia de calle y el poder de revocación del soberano.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.