Opinión
Puerto Rico: causas del desastre
Por Narciso Isa Conde
Es conocido, y muy sentido por los seres humanos sensibles ante las desgracias en otros países, que el potente huracán María devastó la isla de Puerto Rico, ocasionándole enormes calamidades a su pueblo.
También se sabe que una reciente cadena de terremotos ha sumado más tragedia sobre aquel desastre colosal.
Mucho se habla –y con razón- del cambio climático y los graves daños ocasionados a la naturaleza por el actual orden mundial como factor acelerador de esos “fenómenos naturales” y sus “poderes destructivos”.
Pero poco se conoce y se dice –algo fríamente calculado en la agenda del poder mediático- que Puerto Rico estaba en quiebra antes del impacto de esos fenómenos.
- LA DIMENSIÓN DE LA QUIEBRA.
En quiebra y amenazado por el plan de austeridad anti-popular, por la Ley Promesa y la imposición estadounidense de la Junta de Control Fiscal destinada a intervenir la administración; todo esto en el contexto y como consecuencia del endurecimiento del coloniaje y las políticas neoliberales.
De las privatizaciones.
Del brutal aumento de las desigualdades sociales, los despidos masivos, cierre de escuelas, centros de salud y traslado a otras zonas más rentables de numerosas empresas productivas.
Del deterioro ambiental y éxodo masivo a la metrópolis de una gran parte de su fuerza intelectual y de trabajo.
De la degradación de la agropecuaria y la corrupción e ineptitud gubernamental a niveles sin precedentes.
De la apropiación privada del sistema eléctrico y el recorte brutal de las políticas sociales.
De la profunda dependencia de las importaciones de alimentos y mercancías vitales.
Del endeudamiento externo a tono con la usura imperialista.
De la voracidad y las mega-ganancias del gran capital.
- CAPITALISMO DEL DESASTRE Y CICLÓN NEOLIBERAL.
Así, la economía y la vida social recibieron en Puerto Rico, antes del huracán María y los terremotos, golpes tras golpes que la condujeron a la quiebra.
El poderoso ciclón neoliberal, y lo que los boricuas críticos del poder establecido han llamado “capitalismo del desastre”, pasaron antes con sus efectos devastadores por esa hermosa isla caribeña.
El verdadero desastre ha sido, por tanto, causado por una tragedia política y social impuesta por EEUU y los súper-ricos boricuas, que a su vez han incrementado dramáticamente la vulnerabilidad de la sociedad y el territorio puertorriqueño frente a huracanes y terremotos.
Una tragedia a la que han pretendido agregarle el pago compulsivo de una deuda de 73 mil millones de dólares; disfrutada y saqueada por los detentadores del poder, y rechazada por gran parte de la sociedad.
En ese sentido tienen gran tino y valor las palabras de la Alcaldesa independentista Carmen Yulín Cruz cuando caracterizó así la situación de su país después del impacto de los dos últimos huracanes:
“Los huracanes Irma y María han desenmascarado el colonialismo al que enfrentamos en Puerto Rico y la desigualdad que fomenta creando una grave crisis humanitaria” (Comentario al libro “LA BATALLA POR EL PARAÍSO.- Puerto Rico y el capitalismo del desastre” de Naomi Klein, contraportada, Haymarket Book, Chicago, Illinois.)
Algo similar puede también afirmarse luego de los daños ocasionados por los fuertes temblores de tierra que en días reciente volvieron a azotar el archipiélago borinqueño.
Pero vale decir en este caso que “no hay mal que por bien no venga”, porque la conformación de ese cuadro dramático ha abierto cauce a una interesante confrontación de ideas y acciones respecto al qué hacer para superar la tragedia social y la destrucción material del país; confrontación a todas luces irreconciliable entre los/as patriotas puertorriqueños/as, de una parte, y los colonialistas y pro-colonialista súper-enriquecidos, de la otra.
- EL CAMINO A SEGUIR.
¿Cómo recrear la isla?
¿Cuál modelo establecer?
Es obvio que el colonialismo y sus recetas han fracasado.
Está claro que el neoliberalismo le ha impreso con dureza el sello del desastre al capitalismo de estos tiempo; desastre agravado por la gansterización de la globalización del gran capital y sus vasallos.
Pero los sustentadores de los modelos derivado de la nefasta restructuración del capitalismo ejecutada desde sus centros de decisiones en EEUU y Europa Occidental, se empecinan en profundizarlos y remodelarlos con una fuerte impronta post-moderna, que en el caso de Puerto Rico procura transformarlo en “epicentro de un mercado de miles y miles de millones de dólares”, esto es, abrir paso a su “conversión en el HONG KONG del Caribe”, a partir de estos ejes:
-Financierización total de la economía de la isla.
-Paraíso fiscal sin nadie que pueda hacerle competencia.
-Eliminación de impuestos a los ingresos de las corporaciones y magnates especuladores que operen en la isla o hacia la isla (siempre que pasen allí 183 días, equivalente justamente al invierno estadounidense).
-Parque de atracciones para los multimillonarios de la “cripto-divisas”, incluido yoga, drogas, juegos, surfing, golf, playas hermosas y ciudades privadas.
-Infierno para el pueblo empobrecido, compelido a un éxodo mayor.
-Sectores medios forzados a vender sus propiedades a precios irrisorios.
-Religiones ficticias usadas para encubrir la real: la evasión de impuesto y la especulación financiera.
A contracorriente de ese nuevo engendro de los capitales volátiles, como resultado de la convicción colectiva de no pocos componentes de pueblo boricua apabullado por el capitalismo del desastre, brota la necesidad imperiosa de otro modelo.
Sí, esa necesidad brota de hechos que muestran como sobreviven o renacen con rapidez -después del impacto desbastador de esos fenómenos naturales- sobre todo lo que se sale de las imposiciones foráneas.
Las alternativas brotan precisamente de lo que ha estado fuera de los mecanismo de importación, los sistemas energéticos convencionales, la depredación ambiental, la burocracia corrupta, la transformación de los servicios públicos en negocios, la usura sin límites y los mega-proyectos vulnerables a las descargas naturales.
El drama sufrido, la dimensión del desastre, el descubrimiento de sus causas… están permitiendo aquilatar el valor los huertos escolares, del trabajo colectivo en la reconstrucción, los proyectos comunitarios, los proyectos agro-ecológicos, las unidades de energía alternativa, la igualdad de género, la auto-gestión, los programas de educación agrícola, los centros de apoyo mutuo, la vida comunitaria…
Es la lucha por su sobrevivencia como pueblo y como país, que desde la indignación acumulada, está obligando a buscar y a crear rutas de igualdad, predominio de lo común y avances hacia una sociedad solidaria, justa y sostenible.
Está ya más claro que todo eso fue caldo de cultivo -ahora más potenciado que antes- de las movilizaciones multitudinarias que se llevaron de paro al elitista y corrupto Gobernador Roselló, apuntando a fortalecer ejercicio de la democracia de calle y el poder de revocación del soberano.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?