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La sentencia del caso Odebrechet será leída mañana por el Pleno de la SCJ.
La sentencia sobre el caso Odebrecht sera leído mañana por el pleno de la Suprema Corte de Justicia, que motivará su decisión mediante la cual se desapoderó del expediente de la empresa multinacional y lo remitió a la Sala Penal de esa alta corte y a un tribunal colegiado del Distrito Nacional.
De igual manera los jueces que votaron en contra, cuatro de ellos miembros de la sala que tendrá que celebrar el juicio al senador Tommy Galán Grullón, deberán decir por qué difieren de sus colegas.
A partir de la lectura íntegra del fallo en el caso seguido a los imputados por los 92 millones de dólares que Odebrecht admitió haber pagado en soborno en República Dominicana para ser beneficiaria de obras del Estado, los abogados de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista García, Juan Roberto Rodríguez y el senador Galán, disponen de 10 días para recurrir la decisión en oposición.
Dijo, además, que hasta que no transcurra ese tiempo, el expediente no se debería enviar a la Sala Penal ni al Distrito Nacional.
El pleno dijo que en la sentencia íntegra se darán a conocer a profundidad las razones que los motivaron abandonar la jurisprudencia de aplicación del arrastre a la jurisdicción privilegiada a aquellas personas que no son funcionarios públicos.
También, tendrán que explicar en qué se basaron para mandar a la cámara penal el expediente del senador debido a que es la propia Constitución la que establece que los juicios en esa alta corte se conocerán en única instancia.
Debido a esta decisión, las audiencias para realizar los juicios a los seis imputados comenzarán de cero. La Suprema volverá a conocer los incidentes y solicitudes de nulidad que plantee el senador Galán, en tanto que el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que resulte apoderado del caso tendrá que hacer lo mismo en cuanto a los otros imputados.
Los imputados por los sobornos pagados por Odebrecht plantearon varias acciones por las cuales consideran que no se debía celebrar el juicio de fondo pero no todas fueron resolutadas por el pleno debido a que solo se refirieron a su competencia para seguir en el proceso después de que el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, determinó que no existe asociación de malhechores porque los hechos por los que el Ministerio Público acusa a los procesados no encajan para esa tipificación de delito.
Las solicitudes se sustentaron en violación a derechos fundamentales, debido proceso, incompetencia y control de convencionalidad.
Aunque se declaró incompetente, el tribunal, rechazó anular todos los actos del proceso que fueron llevados en la Suprema y por el juez Ortega Polanco e indicó que el efecto de la sentencia que se leerá mañana es aplicable en lo por venir.
Para garantizar el derecho a recurrir que debe tener todo imputado, el pleno decidió que el caso del senador fuera a la Sala Penal para que ellos como pleno queden habilitados para conocer una posible impugnación a la decisión que se emita.
Santo Domingo.-Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), informó que la justicia dominicana está inmersa en un proceso de transformación profundo en busca de la protección del Estado de Derecho y “garantizar una justicia al día, que respete y promueva la dignidad de las personas”.
Al dictar la conferencia “Justicia al día y dignidad de las personas: un compromiso Compartido”, organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en el contexto de la Cátedra “Dr. Manuel Bergés Chupani”, destacó que la independencia de las y los jueces significa que estos deben actuar bajo las normas del Derecho y no bajo presiones externas.
Precisó el magistrado Molina que, en el ordenamiento jurídico de República Dominicana, las juezas y jueces están obligados a seguir un orden jerárquico de normas, donde la Constitución y las leyes tienen prioridad absoluta sobre otras disposiciones de menor rango, lo que garantiza que sus decisiones se basen únicamente en lo que dicta el Derecho.
“Una Justicia eficiente es esencial para el desarrollo institucional y para asegurar que los derechos de las personas sean protegidos, es un pilar clave para atraer inversiones, mejorar la competitividad de nuestro país y fomentar el desarrollo humano en todas sus dimensiones, es decir, para el funcionamiento de la República”, aseguró Henry Molina, quien también preside el Consejo del Poder Judicial. Asimismo, manifestó que, en el camino de alcanzar una justicia al día, mantener la independencia judicial y la confianza en la justicia dominicana han enfrentado grandes desafíos, pero también se han logrado avances significativos.
“Un claro ejemplo es el aumento de la confianza pública en nuestro sistema de justicia, reflejado en nuestro ascenso en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, el país ha subido año tras año, aumentando ocho posiciones en el ranking global; mientras gran parte de los países de la región descienden”, aseguró el magistrado Molina.
Manifestó que la justicia debe ser eficiente y transparente para mantener su legitimidad, por lo que desde el Poder Judicial se esfuerzan en crear una justicia cercana, eficiente y en diálogo con la ciudadanía, pues solo así puede cumplir con su misión esencial de poner en el centro la dignidad humana y proteger los derechos.
En la actividad estuvo presente el juez de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco y decano de la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la referida universidad. También participaron jueces, juristas, funcionarios (as) del Poder Judicial y estudiantes de la citada casa de altos estudios.
Santo Domingo, R.D.-Fue levantada la prisión domiciliara en favor del mayor general Adán Cáceres por parte de un tribunal que también le quitó el grillete electrónico al exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Cáceres Silvestre, el principal imputado en el caso de corrupción denominado Coral.
Durante el conocimiento de revision dela medida de coercion, la jueza presidenta del tribunal, Giselle Méndez, ademas le mantuvo la garantia economica que pesa en contra de Cáceres, así como el impedimento de salida.
De acuerdo a la defensa de este imputado, indicó que el tribunal entendió que esta medida era desproporcional y no correspondía con lo que se había “lucidado” en el comportamiento de su defendido.
Cáceres estuvo 18 meses en la cárcel de Najayo-Hombres, pero luego un tribunal le varió la medida de coerción, imponiéndole arresto domiciliario y la colocación del dispositivo.
En el mes de febrero, el imputado había acudido ante la Segunda Sala Penal de la Corte, en busca de la variación de la medida de coerción, pero el tribunal declaró inadmisible el recurso de apelación, alegando que la acción fue interpuesta fuera del plazo.
Varios meses y audiencias después, al imputado, quien era el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina (2012-2020), le levantan la prisión domiciliaria.
Nacionales
El Dotolcito otra vez frente a tribunal el 31 de octubre para ver si anulan su sentencia.
Santo Domingo, R.D.-Quedó en estado de fallo la decisión de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para ver si anula la sentencia que condena a Wesly Vincent Carmona, conocido como “El Dotolcito”, a 15 años de prisión y otros dos por su participación en la muerte del joven Joshua Fernández.
El tribunal presidido por Rosalba Garib Holguín e integrado por Teófilo Andújar y Delio German fijaron para el 31 de octubre la lectura de su decisión de si confirma la condena, ordena la celebración de un nuevo juicio o si por el contrario dicta su propia sentencia.
Durante la audiencia del recurso de apelación los abogados de El Dotolcito, Allyson de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) condenado a 30 años de prisión y Luis Alberto “Luisito” Brito condenado a 20 años, solicitaron a los jueces anular la sentencia dictada en su contra.
Asimismo, pidieron al tribunal anular la sentencia para que se conozca el juicio de nuevo desde cero por otro tribunal distinto al que dictó la sentencia condenatoria.
Mientras que el Ministerio Público solicitó al tribunal mantener la sentencia condenatoria dictada en contra del grupo y que se mantenga la prisión que pesa en su contra.
Chuquito y Luisito, al tomar un turno en la Corte alegaron que no fueron bien asesorados por sus anteriores abogados sobre lo que tenían que decir en el tribunal de primera instancia donde fueron sentenciados.
Chiquito declaró en el tribunal que quiere que se haga justicia, ya que él quiere salir de prisión, debido a que tiene dos hijos y que además tiene dos semanas con disípela.
Mientras que El Dotolcito dijo que no es cierto que él siempre se mantuviera en el vehículo el día que en ocurrió el hecho de sangre y que él llegó a entrar a la discoteca Kiss Bar.