Opinión
RD: Pendiente enjabonada hacia la recolonización radical
Por Narciso Isa Conde
Sobresale en las imposiciones a sus subalternos dominicanos el rol de la USAID, agencia bajo el mando de la CÍA y el Departamento de Estado, tristemente célebre en el Continente y en el Mundo; sin que se queden atrás la Embajadora Beinstein y el propio Pompeo.
El país y el mundo deben saberlo: en medio de la decadencia del modelo neoliberal impuesto en Repúblicas Dominicana a partir de la década de los 80 y de una alta impugnación al sistema de corrupción e impunidad bajo control del ya fraccionado Partido de la Liberación Dominicana-PLD… la partidocracia tradicional y el gran empresariado, desde las entidades partidistas y las instituciones bajo su mando, compitiendo entre sí en grados de sumisión a EEUU, han acelerado y radicalizado el proceso de recolonización de nuestro país.
Esto se intensifica en momentos en que se profundiza la desconfianza y el cuestionamiento popular al sistema de partidos, gobierno, empresariado, mecanismos electorales, policía, fuerzas armadas…; circunstancias que la administración Trump aprovecha al máximo para reforzar su intervención, su presencia directa en las instituciones del Estado y sus mandatos a las fuerzas políticas subalternas, procurando evitar una descomposición mayor y una eventual crisis de gobernabilidad.
A las tutelas implantadas tipo los grilletes económicos del FMI y el Banco Mundial, a la pesada carga de una deuda externa que asciende a más del 50% del PBI y consume más del 40% del Presupuesto Nacional; a controles eficaces en las Fuerzas Armada y sus equipos de inteligencia (Cuerpo de Asesores Militares-MAAG) en la Policía (FBI), la Dirección Nacional Antidrogas-DNI (DEA), la Dirección Nacional de Investigaciones-DNI (CÍA), y a las injerencias permanentes y descaradas de la Embajada estadounidense en múltiples aspectos de la vida económica, política y cultural del país… se le agrega una ascendente intervención directa de EEUU en la política partidista interna, con una sobredosis en el tema y el sistema electoral.
· INSTRUMENTOS, ACCIONES INTERVENCIONISTAS y LOGROS.
Sobresale el rol de la USAID, agencia bajo el mando de la CÍA y del Departamento de Estado, tristemente célebre en el Continente y en el Mundo; sin que se queden atrás la Embajadora Beinstein y el propio Pompeo.
-La Embajadora se las pasa pautando las conductas de los más connotados negociantes de la política, en continuas visitas y contactos de doble vía.
-Pompeo, con una llamada telefónica directa, inmediatamente publicitada por la Embajada, contuvo el empecinado esfuerzo reeleccionista del Presidente Danilo, evitando un incremento de las tensiones al interior del sistema de dominación y en la sociedad, fracturando de paso el Partido de Gobierno y abriéndole cancha y posibilidades competitivas a una opción opositora abigarrada (mezcla de derechas, centro-derecha, ultra-derecha y neofascismo.
-En ese tenor Pompeo (personero de la CÍA de alto calibre), junto a su embajadora, intervienen para que oficialismo y oposición -espacios integrados por facciones políticas sumisas al poder de Washington y altamente deslegitimadas- compitan por el primer lugar en materia de entreguismo en política interna e internacional; siempre en busca de respaldo imperial, activando viejos y nuevos lobistas en EEUU.
-Así han logrado que ambos bloques de partidos -como también Gobierno, Estado, Gran empresariado, Medios de Comunicación- se sumen a lo peor del Continente y del Mundo; coincidiendo con los tenebrosos designios de Trump y del Grupo de Lima, con el apoyo a Guaidó y a los golpes ultra-derechistas; evadiendo a la vez toda condena a las masacres perpetradas en Irak, Irán, Afganistán, Libia, Palestina, Yemen, Siria, Ucrania.
-El bloque opositor -encabezado por el Partido Revolucionario Moderno-PRM y su candidato presidencial Luis Abinader- ha sido apasionado abanderado de la intensificación de las agresiones de Estado Unidos y del régimen neofascista colombiano a la Venezuela Bolivariana, haciendo causa común con Juan Guaidó y la ultra-derecha venezolana. Abinader tiene como asesor en asunto de seguridad al ex Alcalde de New York, y actual asesor legal de Donald Trump, Rudy Giuiliani.
-Mientras que el Gobierno y su partido, desde hace unos meses, presionado por EEUU, cesó en sus vínculos oportunistas de cooperación con los gobiernos legítimos y soberanos del Continente, para militar en la contraofensiva imperialista, llegando incluso a reconocer la farsa de Guaidó como presidente de Venezuela.
-Igual en esa tesitura ha hecho nuevas concesiones a corporaciones eléctricas y mineras norteamericanas, cediendo a las exigencias gringas y “compensándole” así sus recientes vínculos con China Popular, objetados por Trump. Su oportunismo en política exterior ha cedido cada vez más a la fuerte presión imperial.
· MÁS ENTREGUISMO SE TRADUCE EN MÁS COLONIAJE.
En esa pendiente enjabonada de aceptación del endurecimiento del coloniaje estadounidense contra nuestro país, el Gobierno Dominicano decidió acompañar a Pompeo, al Presidente Duque, al payaso Guaidó y a representantes de Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Uruguay, en la reunión de la III Conferencia Ministerial del Grupo de Lima realizada en Bogotá, expresamente destinada a sentar las bases de nuevas agresiones al proceso bolivariano de Venezuela, fresco aun el asesinato del general iraní Soleimani y sus compañeros en Irak.
En ese contexto, con un gobierno lacayo y una oposición de igual calaña, no ha sido difícil pasar a una fase de intervención más directa de la Junta Central Electoral y sus mecanismos automatizados, en procura de avanzar hacia un mayor control de esa desacreditada entidad estatal, para lo que al parecer no son suficientes las presiones desde fuera a cargo de las ONGs que el imperio financia.
Tal función ha sido asignada a la USAID y a la Fundación de Sistemas Electorales (IFES) de EEUU, financiamiento y operación incluidos.
Es conocido que la USAID es empleada, entre otras cosas, para tutelar o eliminar instituciones, entrenar policías en crímenes, favorecer opciones electorales de derecha, controlar sistemas de información y procedimientos digitales, influir en las redes sociales, abrir mercados y espacio de poder a empresas y asesores gringos, auspiciar políticas neoliberales y saqueos mineros, crear redes de ONGs bajo su control e infiltrar movimientos en lucha y protestas, para desactivarlas.
La USAID es una fachada para financiar las guerras de cuarta y quinta generación, edulcorada con ayudas humanitarias, defensa de la democracia, causas éticas-morales y lucha por la paz.
Y todo eso está en marcha en esta isla caribeña, en Dominicana y en la vecina, intervenida y convulsionada República de Haití, por lo que el combate liberador, poniendo en su centro la soberanía propia y la autodeterminación continental, es insoslayable.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.