Opinión
RD: Pendiente enjabonada hacia la recolonización radical
Por Narciso Isa Conde
Sobresale en las imposiciones a sus subalternos dominicanos el rol de la USAID, agencia bajo el mando de la CÍA y el Departamento de Estado, tristemente célebre en el Continente y en el Mundo; sin que se queden atrás la Embajadora Beinstein y el propio Pompeo.
El país y el mundo deben saberlo: en medio de la decadencia del modelo neoliberal impuesto en Repúblicas Dominicana a partir de la década de los 80 y de una alta impugnación al sistema de corrupción e impunidad bajo control del ya fraccionado Partido de la Liberación Dominicana-PLD… la partidocracia tradicional y el gran empresariado, desde las entidades partidistas y las instituciones bajo su mando, compitiendo entre sí en grados de sumisión a EEUU, han acelerado y radicalizado el proceso de recolonización de nuestro país.
Esto se intensifica en momentos en que se profundiza la desconfianza y el cuestionamiento popular al sistema de partidos, gobierno, empresariado, mecanismos electorales, policía, fuerzas armadas…; circunstancias que la administración Trump aprovecha al máximo para reforzar su intervención, su presencia directa en las instituciones del Estado y sus mandatos a las fuerzas políticas subalternas, procurando evitar una descomposición mayor y una eventual crisis de gobernabilidad.
A las tutelas implantadas tipo los grilletes económicos del FMI y el Banco Mundial, a la pesada carga de una deuda externa que asciende a más del 50% del PBI y consume más del 40% del Presupuesto Nacional; a controles eficaces en las Fuerzas Armada y sus equipos de inteligencia (Cuerpo de Asesores Militares-MAAG) en la Policía (FBI), la Dirección Nacional Antidrogas-DNI (DEA), la Dirección Nacional de Investigaciones-DNI (CÍA), y a las injerencias permanentes y descaradas de la Embajada estadounidense en múltiples aspectos de la vida económica, política y cultural del país… se le agrega una ascendente intervención directa de EEUU en la política partidista interna, con una sobredosis en el tema y el sistema electoral.
· INSTRUMENTOS, ACCIONES INTERVENCIONISTAS y LOGROS.
Sobresale el rol de la USAID, agencia bajo el mando de la CÍA y del Departamento de Estado, tristemente célebre en el Continente y en el Mundo; sin que se queden atrás la Embajadora Beinstein y el propio Pompeo.
-La Embajadora se las pasa pautando las conductas de los más connotados negociantes de la política, en continuas visitas y contactos de doble vía.
-Pompeo, con una llamada telefónica directa, inmediatamente publicitada por la Embajada, contuvo el empecinado esfuerzo reeleccionista del Presidente Danilo, evitando un incremento de las tensiones al interior del sistema de dominación y en la sociedad, fracturando de paso el Partido de Gobierno y abriéndole cancha y posibilidades competitivas a una opción opositora abigarrada (mezcla de derechas, centro-derecha, ultra-derecha y neofascismo.
-En ese tenor Pompeo (personero de la CÍA de alto calibre), junto a su embajadora, intervienen para que oficialismo y oposición -espacios integrados por facciones políticas sumisas al poder de Washington y altamente deslegitimadas- compitan por el primer lugar en materia de entreguismo en política interna e internacional; siempre en busca de respaldo imperial, activando viejos y nuevos lobistas en EEUU.
-Así han logrado que ambos bloques de partidos -como también Gobierno, Estado, Gran empresariado, Medios de Comunicación- se sumen a lo peor del Continente y del Mundo; coincidiendo con los tenebrosos designios de Trump y del Grupo de Lima, con el apoyo a Guaidó y a los golpes ultra-derechistas; evadiendo a la vez toda condena a las masacres perpetradas en Irak, Irán, Afganistán, Libia, Palestina, Yemen, Siria, Ucrania.
-El bloque opositor -encabezado por el Partido Revolucionario Moderno-PRM y su candidato presidencial Luis Abinader- ha sido apasionado abanderado de la intensificación de las agresiones de Estado Unidos y del régimen neofascista colombiano a la Venezuela Bolivariana, haciendo causa común con Juan Guaidó y la ultra-derecha venezolana. Abinader tiene como asesor en asunto de seguridad al ex Alcalde de New York, y actual asesor legal de Donald Trump, Rudy Giuiliani.
-Mientras que el Gobierno y su partido, desde hace unos meses, presionado por EEUU, cesó en sus vínculos oportunistas de cooperación con los gobiernos legítimos y soberanos del Continente, para militar en la contraofensiva imperialista, llegando incluso a reconocer la farsa de Guaidó como presidente de Venezuela.
-Igual en esa tesitura ha hecho nuevas concesiones a corporaciones eléctricas y mineras norteamericanas, cediendo a las exigencias gringas y “compensándole” así sus recientes vínculos con China Popular, objetados por Trump. Su oportunismo en política exterior ha cedido cada vez más a la fuerte presión imperial.
· MÁS ENTREGUISMO SE TRADUCE EN MÁS COLONIAJE.
En esa pendiente enjabonada de aceptación del endurecimiento del coloniaje estadounidense contra nuestro país, el Gobierno Dominicano decidió acompañar a Pompeo, al Presidente Duque, al payaso Guaidó y a representantes de Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Uruguay, en la reunión de la III Conferencia Ministerial del Grupo de Lima realizada en Bogotá, expresamente destinada a sentar las bases de nuevas agresiones al proceso bolivariano de Venezuela, fresco aun el asesinato del general iraní Soleimani y sus compañeros en Irak.
En ese contexto, con un gobierno lacayo y una oposición de igual calaña, no ha sido difícil pasar a una fase de intervención más directa de la Junta Central Electoral y sus mecanismos automatizados, en procura de avanzar hacia un mayor control de esa desacreditada entidad estatal, para lo que al parecer no son suficientes las presiones desde fuera a cargo de las ONGs que el imperio financia.
Tal función ha sido asignada a la USAID y a la Fundación de Sistemas Electorales (IFES) de EEUU, financiamiento y operación incluidos.
Es conocido que la USAID es empleada, entre otras cosas, para tutelar o eliminar instituciones, entrenar policías en crímenes, favorecer opciones electorales de derecha, controlar sistemas de información y procedimientos digitales, influir en las redes sociales, abrir mercados y espacio de poder a empresas y asesores gringos, auspiciar políticas neoliberales y saqueos mineros, crear redes de ONGs bajo su control e infiltrar movimientos en lucha y protestas, para desactivarlas.
La USAID es una fachada para financiar las guerras de cuarta y quinta generación, edulcorada con ayudas humanitarias, defensa de la democracia, causas éticas-morales y lucha por la paz.
Y todo eso está en marcha en esta isla caribeña, en Dominicana y en la vecina, intervenida y convulsionada República de Haití, por lo que el combate liberador, poniendo en su centro la soberanía propia y la autodeterminación continental, es insoslayable.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD.
Las escaseces de divisas, alimentos, medicamentos, salarios y servicios públicos, como la electricidad, etc., predominan y se agravan en Cuba, donde no ha estallado una poblada contra el orden socio-político instaurado principalmente por la comprensión ciudadana del inhumano bloqueo económico-financiero y comercial de Estados Unidos y su inspiración en el líder histórico de su Revolución, Fidel Alejandro Castro Ruz. Ese prodigio comprueba el poder de la ideología y la herencia de los sistemas de valores como pilares para mantener el control del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
La naturaleza sui generis de los tribunales Ad-Hoc los constituye al mismo tiempo como jurisdicciones que tienen un carácter limitado tanto ratione temporis como ratione loci.El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia solo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1 de enero de 1991 en el territorio de la Ex República Federal Socialista de Yugoslavia mientras que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda tiene una competencia temporal aún más restringida dado que sólo puede juzgar los crímenes cometidos durante el año 1994 en el territorio de Ruanda.
Por su parte, la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente que tiene una competencia ratione temporis de carácter prospectivo, vale decir, se aplica sólo a los crímenes cometidos luego del 1 de julio del 2002, fecha de la entrada en vigor de su Estatuto. Además, su competencia ratione loci se basa en el principio de territorialidad y no en el principio de jurisdicción universal.
Por otro lado, conviene destacar que la forma de creación de los tribunales penales internacionales determina a su vez el modo como estos tribunales internacionales se relacionan con las jurisdicciones internas.
Así por ejemplo, la Corte Penal Internacional se rige por el principio de complementariedad en relación a la jurisdicción interna de los Estados. Esto tiene particular relevancia en los casos de competencia concurrente con la jurisdicción nacional, dado que la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional no es complementaria de la jurisdicción nacional, sino que en su lugar se trata de una jurisdicción internacional que tiene primacía sobre las instancias nacionales.
Lo anterior permite que en cualquier estado de un proceso ante un tribunal nacional tanto el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda puedan requerir a los tribunales nacionales la remisión del caso a sus respectivas competencias.
En relación a la existencia de mecanismos de cooperación judicial entre los tribunales penales internacionales, es pertinente subrayar que esta instituciones responden a principios distintos de aquellos que son propios del derecho penal internacional propios del derecho internacional privado y es en esta línea conservadora que ninguno de los estatutos de los tribunales internacionales contiene disposiciones específicas sobre cooperación entre ellos.
Así por ejemplo, el Estatuto de Roma regula las relaciones de cooperación y asistencia judicial sólo entre los Estados Parte y la Corte Penal Internacional y conforme al Artículo 2 de su Estatuto, se prevé en virtud del acuerdo entre la CPI y las Naciones Unidas, relaciones de cooperación con esta organización internacional.
Por tanto, el tratado de Roma no contiene referencias relativas a la forma como la Corte Penal Internacional podría vincularse con otros tribunales del sistema de justicia penal internacional.
Finalmente, tal como se observa en las líneas precedentes no existe un vínculo normativo entre la Corte Penal Internacional y los tribunales Ad-Hoc . No obstante, es innegable que la valiosa y extensa jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda servirán como referente en el desarrollo del trabajo jurisprudencial de la CPI.